Categoría: Minería

El presidente de proEXPLO 2025 afirma que el Perú debería superar ampliamente la cantidad actual de proyectos de exploración en beneficio del país y la sostenibilidad de la industria.

Walter Tejada, presidente del XIV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores – proEXPLO 2025, indicó que, con miras al próximo año, el Perú debe apuntar a poner en valor su potencial minero mediante regulaciones competitivas para la exploración.

“Debemos buscar que nuestra cartera de exploración sea mucho más grande que la actual. Con nuestro potencial geológico deberíamos tener el doble o más proyectos de exploración que en la actualidad”, señaló en entrevista para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Cabe precisar que actualmente tenemos 70 proyectos en la cartera de exploración minera por una inversión de 520 millones de dólares. Del total, 39 proyectos se encuentran ejecutándose o por ejecutarse, según el Boletín Estadístico Minero correspondiente a setiembre del presente año.

Respecto a la reciente aprobación del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a las certificaciones ambientales de diez proyectos de exploración, Tejada consideró que es una buena noticia e hito importante; sin embargo, tras la aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) se requiere tramitar otros permisos para que el proyecto de exploración pueda empezar.

“En promedio, la duración total de los permisos en Perú va desde 14 a más de 24 meses contados desde la presentación del IGA, lo que es muy superior a la media internacional”, detalló.

Por ello, Tejada recalcó que es necesario agilizar toda la cadena de procedimientos para que los proyectos realmente avancen. En especial, recomendó apuntar a las causas raíz que originan que los proyectos se traben, hacer los cambios necesarios y evitar que posteriormente se tengan que buscar soluciones temporales para ‘destrabar’.

Además, explicó que la exploración es una actividad que lleva inversión a los lugares más remotos del país y tiene muy bajo e incluso nulo impacto ambiental, por lo que es urgente simplificar y acortar los permisos de acuerdo con la naturaleza de la actividad.

Agregó que también es importante contar con estabilidad política y un contexto con paz social, que permita llegar a consensos sobre la importancia de la minería para el desarrollo del país.

“Creadas esas condiciones, la inversión en exploración minera se multiplicará. Confío en que podemos lograrlo trabajando de manera conjunta y transparente el Gobierno con la industria”, afirmó.

La minería es un sector sumamente importante para las economías de la región debido al aporte que tiene en el Producto Bruto Interno (PBI) de los países, la generación de empleo y el desarrollo de las comunidades en donde se asienta.

Sin embargo, existen retos pendientes de afrontar para que el sector logre una transición productiva, con instituciones fortalecidas, licencia social, una mayor digitalización, entre otros.

En ese sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha propuesto ahondar los esfuerzos en cinco áreas clave:

1. Licencia social: La protección ambiental debe ser una prioridad para la industria extractiva; con diálogo inclusivo y participativo; soluciones colaborativas y beneficio compartido; y una coexistencia sostenible de la actividad extractiva con comunidades y entorno.

«Es necesario avanzar sobre el proceso, el grado de aceptación y apoyo que la comunidad y los distintos grupos de intereses tienen sobre los proyectos del sector minero si al final del día queremos transitar hacia economías bajas en carbono», refirió Lenin Balza, Economista principal del Sector de Infraestructuras del BID, durante su participación en el XXXIV Seminario Anual de Investigación 2023.

Balza mencionó que también es importante aminorar el impacto ambiental y mejorar la regulación y régimenes fiscales para el desarrollo del sector. Asimismo, destacó que los ingresos fiscales de la región están vinculados a los precios de las materias primas, por lo que se prevé menores ingresos debido a la descarbonización.

2. Instituciones: Será importante contar con instituciones fiscales transparentes para una transición suavizada. Para ello, el BID sugiere mejorar la calidad del gasto público, eficacia de reglas fiscales, reformas fiscales que mejoren la posición fiscal sin comprometer el crecimiento económico, fondos de estabilización y coberturas financieras para suavizar los efectos de la volatilidad de los precios de las materias primas.

«Es necesario que que los países de la región andina avancen en los procesos de reformas fiscales que mejoran la consolidación y el performance fiscal de los países. Para ello es necesario buscar reformas en sistemas de regalía que busquen una mayor equidad territorial, que reduzcan la volatilidad de los ingresos nacionales y formenten la eficiencia en el uso de los recursos», explicó.

El vocero del BID destacó que Perú ya cuenta con un conjunto de reglas fiscales, una regla de balance fiscal, límites de deuda al déficit fiscal y al crecimiento del gasto «que son súper importantes mirando hacia futuro, pero es importante seguir mejorando este estos instrumentos hacia hacia futuro otros países de la región andina».

3. Digitalización: Trae beneficios económicos, ambientales y sociales a la industria extractiva. Tecnologías como vehículos autónomos, perforación remota y drones pueden aumentar la productividad hasta en un 60%, según el BID.

Los retos para la región son la limitada disponibilidad de recursos económicos, falta de conocimiento sobre beneficios tecnológicos, aversión al riesgo en la adopción de nuevas tecnologías, escasez de infraestructura y acceso a internet en regiones remotas. Para ello se plantea introducir al sector dentro de un ecosistema digital, con redes celulares privadas 5G, marcos legales y políticas para fomentar adopción digital, cooperación entre gobiernos, academia y empresas.

«La digitalización es un catalizador clave hacia el futuro frente al proceso de descarbonización y de transición energética. La incorporación efectiva de tecnologías digitales que son disruptivas es clave dentro de los procesos productivos y dentro del sector extractivo», apuntó Balza.

4. Inclusión: El BID alertó que aún hay una baja presencia de mujeres en el sector extractivo (menos del 25% ocupa puestos administrativos), así como una desigualdad salarial. A ello se suman los obstáculos para el acceso de pymes a recursos financieros y tecnológicos, desconfianza hacia actores de la industria por parte de comunidades.

Para combatir estos retos se debe incentivar a las mujeres a estudiar carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), elevar la visibilidad de comunidades étnicas protegiendo sus derechos territoriales y culturales, y simplificar y agilizar los trámites para fomentar la formalización de pymes.

«Es súper importante que se aborden y se reconozcan estos problemas. Es necesario elaborar un entorno mucho más inclusivo y equitativo en el sector que, en última instancia, tendrá ramificaciones y efectos positivos hacia el resto de la economía y la sociedad», refirió Lenin Balza.

5. Encadenamientos: También interpretado como los vínculos entre sectores, estos son cruciales para la creación de empleo y el desarrollo local. Sin embargo, el BID indicó que existe una baja capacidad de innovación en la región andina, por lo que se debe apostar por aprovechar las capacidades locales, integrar proveedores locales en la cadena de suministro del sector extractivo con implementación de políticas a largo plazo.

«Si se quiere se ver qué ofrece la transición energética global, es necesario que los países de la región andina adopten un enfoque integral que promueva encadenamientos productivos aguas arriba y agua abajo. Estos vínculos, estos eslabones son particularmente importantes para la creación de empleo y el fomento del consumo», puntualizó el experto.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), ha inscrito más de 53,000 títulos de propiedad a escala nacional, lo que significa haber superado la meta establecida para el 2023.

En una ceremonia protocolar en la que se entregaron 2,020 títulos a beneficiarios de la región Piura, la presidenta Dina Boluarte afirmó: “Debemos reconocer el esfuerzo de Cofopri que este año ha superado la meta [52,087 títulos inscritos]. Tenemos una meta, pero cuando hay cariño y voluntad tenemos que rebasar nuestras metas y realizar aquellos sueños esperados por tantos años”.

Durante su intervención también resaltó que los títulos de Cofopri brindan una serie de beneficios. “Este título de propiedad los hace sujetos de derecho, pero también los hace sujetos de crédito: pueden ir a los bancos, al Banco de la Nación, a solicitar créditos a intereses bajos para poder seguir proyectando sus hogares”, destacó.

De acuerdo al presupuesto asignado, Cofopri se propuso inscribir 52,087 títulos a escala nacional durante el año 2023. No obstante, hasta fines de noviembre ha logrado inscribir en los Registros Públicos un total de 53,787 títulos en todo el territorio peruano.

Al cierre de año se incrementará la cantidad de títulos inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), lo que beneficiará a más familias peruanas al otorgarles un título de propiedad debidamente registrado.

Familias beneficiadas en Piura

Durante la actividad de entrega lotes de vivienda mediante el Bono Salvando Vidas y la entrega de títulos de propiedad a familias del caserío Papayo, del distrito de Castilla, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, destacó que, gracias a los títulos de propiedad, los beneficiarios tendrán la oportunidad de acceder a los préstamos para ampliar o iniciar un negocio.

“Hoy [ayer] entregamos 2,020 títulos de propiedad. Yo les llamo ‘títulos de la esperanza’, porque van a poder aplicar a los bonos del Fondo Mi Vivienda para mejorar su casa o construir su segundo piso. Seguiremos trabajando con nuestro compromiso, salvando vidas y protegiendo familias”, subrayó.

La entrega de 2,020 títulos de propiedad para familias y lotes de equipamiento urbano beneficia directamente a más de 6,900 piuranos de diversos asentamientos humanos y centros poblados de las provincias de Piura, Paita, Morropón, Sechura, Sullana y Talara.

El acto protocolar contó también con la participación del alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orué; el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro Franco; el director ejecutivo de Cofopri, Manuel Montes Boza; y el alcalde distrital de Castilla, Walther Guerrero Silva.

La empresa minera Summa Gold Corporation pretende extender la vida útil de su mina Isabelita (Operación El Toro) situada en Huamachuco (La Libertad) hasta el 2035, tras hallar reservas en el yacimiento, adelantó el gerente general de la empresa, Jaime Polar Paredes.

“Nosotros pagamos impuestos al Estado, a un ritmo aproximado entre los US$ 50 millones y US$ 70 millones, lo que significa que probablemente, durante la vida de la mina vamos a pagar entre S/ 600 millones y S/ 800 millones en impuestos, que representa una contribución para el país (…)”, expresó el ejecutivo a Rumbo Minero.

De este modo, Polar destacó el modelo de negocio de la mina peruana, el cual consiste en incorporar a los exmineros ilegales como trabajadores y contratistas que brindan servicios de construcción, carpintería, alimentación, albañilería, entre otros, contribuyendo así con la formalización en la región. Se estima que más de 5,000 mineros transitaron a la formalización.

En la víspera, Polar señaló a Gestión que en la mina Isabelita se logró consolidar y estabilizar la producción hasta el 2032 a un ritmo de 80,000 onzas de oro por año. “Seguimos trabajando en exploración, tanto en ‘greenfields’ (proyectos nuevos) como en ‘proyectos avanzados’. Nos ha ido mejor en proyectos avanzados y negociamos algunos acuerdos que apuntamos a cerrar en los siguientes meses”, indicó.

Asimismo, dijo que si bien su prioridad sigue siendo su proyecto de La Libertad, está abierta la posibilidad de nuevas inversiones. “No nos cerramos a otras regiones. Hemos visto otros proyectos interesantes sobre todo en la zona de Ayacucho. También hemos estado en Ecuador”,agregó.

La Ley de Adecuación del Transporte y Disposición Final de Relaves mineros, emitida el 2021, finalmente fue reglamentada en las últimas semanas, estableciendo las condiciones y plazos que deben cumplir determinadas empresas minero-metalúrgicas para adecuarse a esa regulación.

Para el efecto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), emitió en los últimos días el Decreto Supremo 031-2023, que aprueba el reglamento de la citada ley, y que se aplica a un segmento de las empresas del ramo.

¿A quiénes se aplica el reglamento?

Valentín Paniagua, socio del Estudio Echecopar, explicó que este dispositivo es de aplicación para aquellas empresas que cuentan con los Planes de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) y en general instrumentos de gestión ambiental (IGA) emitidos antes del 24 de abril del 2001.

El especialista indicó que, hasta antes de ese año, los procedimientos contenidos en dichos instrumentos ambientales eran más sencillos (y no tan detallados como ahora), por lo que deberán adecuarse a la nueva ley y su reglamento.

¿Qué establece el dispositivo?

Se establece que la finalidad del reglamento es que, durante el transporte y disposición final de los relaves, estos no entren en contacto directo con el suelo, ni infiltrarse al subsuelo y cursos de agua natural, sean superficiales y subterráneos.

La norma precisa que las compañías del ramo deberán contar con un sistema de contingencia para las situaciones de fuga o derrames de dichos materiales.

Las medidas que se implementen -indica el reglamento- deben priorizar la estabilidad física del depósito de relaves para evitar cualquier riesgo ambiental derivado de una posible desestabilización de este; sin perjuicio de considerar la estabilidad química e hidrológica, según corresponda.

Comunicación a las autoridades

Según la nueva disposición, las empresas deben comunicar a la autoridad ambiental competente (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace o el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA), en un plazo máximo de 30 días calendario, una descripción del actual sistema de relaves contemplada en el IGA.

Los titulares mineros que no cuenten con los Mecanismos de Protección en sus IGA, deben presentar, en un plazo de 90 días calendario de la entrada en vigencia del reglamento, el IGA de adecuación respectivo al Minem o el Senace.

Por la misma línea, una vez que se aprueben el IGA de adecuación, se deberán presentar la solicitud de autorización de modificación de concesión de beneficio a la Dirección General de Minería o Gobierno Regional.

Fechas para cumplir los plazos

Según el estudio Echecopar, el reglamento establece que el plazo para la obligación de presentar comunicación al Senace y el OEFA que describa el actual sistema de transporte de relaves y si el IGA contempla los mecanismos de protección, vence este 26 de diciembre.

La obligación de implementar medidas de adecuación, en caso el IGA aprobado no cuente con los mecanismos de protección señalados en el reglamento, se podrá cumplir hasta el 23 de febrero del 2024.

Dicha obligación tendrá plazo de 90 días si es que el titular únicamente tiene un PAMA y la autoridad competente es el Minem, o en caso contrario, si la autoridad competente es Senace.

El titular minero deberá revisar semestralmente el plan de contingencia, en lo referido al sistema de transporte y disposición final de relaves; y, en caso corresponda, optimizar dicho plan.

Obligaciones sin plazo

En el reglamento se establecen también obligaciones sin plazo, entre ellas, que los titulares mineros que cuenten con IGA aprobado antes y después de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y necesiten ejecutar las acciones de adecuación, deben presentar el IGA respectivo a la autoridad ambiental competente.

En segundo lugar, que el titular minero que cuente con un PAMA aprobado, y prevea la necesidad de realizar modificaciones, debe presentar un IGA de acuerdo a la categoría establecida en la clasificación anticipada para dicha actividad.

En su expansión en el sector eléctrico en Perú, Luz del Sur participa en los segmentos de distribución en la región Lima y de generación en el país. En este último, la compañía subsidiaria de China Yangtze Power Co (CYPC) tiene un portafolio de proyectos por US$ 1,000 millones para su ejecución en cinco años. Sin embargo, espera encontrar tres condiciones en el mercado local para su desarrollo. Así, el 2024 iría por dos iniciativas, mientras la expansión de las conexiones eléctricas continua.

Mario Gonzales, gerente general de Luz del Sur, señaló que el 2024 esperan comenzar con la construcción de la central hidroeléctrica (C.H.) Santa Teresa 2 (Cusco), que ya tiene todos los permisos. El proyecto de 280 megavatios (MW) demandará un capital de US$ 476 millones.

Asimismo, confían en ejecutar la ampliación de capacidad de la actual C.H. Santa Teresa (Cusco) en 40%, con una inversión de entre US$ 80 millones y US$ 100 millones.

Entre otras oportunidades, también explorarán opciones en energía solar, tras la luz verde de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a la compra de Sojitz Arcus lnvestment, dueño de dos centrales fotovoltaicas en Arequipa. Por lo pronto, la apuesta será por mejoras tecnológicas.

“Vamos a modernizar y sacar provecho de los activos. Estamos estudiando cómo maximizar el activo con tecnología, pero sin modificarlo. Estudiamos también el uso de baterías”, anotó.

No obstante, el ejecutivo precisó que la ejecución de los proyectos dependerá de tres condiciones que buscan en el Perú. Entre ellas, estabilidad, predictibilidad del marco jurídico y mejorar aspectos que aseguren la rentabilidad de las inversiones.

Si bien otra iniciativa que también tenía todo listo para construirse es la CH Lluclla (Arequipa), como componente principal de Majes Siguas II, las trabas en dicho proyecto de irrigación han impedido las obras de esa central eléctrica de 300 MW e inversión de US$ 500 millones.

Hoy, Luz del Sur tiene una capacidad de generación total de 144 MW y sumaría otros 500 MW con los proyectos del nuevo portafolio. Estas iniciativas se vienen gestionando desde el 2018.

El plan de conexiones eléctricas

En el segmento de distribución eléctrica, Luz del Sur opera en la zona sur y este de Lima, así como en distritos de Huarochirí y una parte de Cañete, en la región Lima. En el ámbito de esa concesión, la empresa tiene 1.3 millones de clientes, que representan un share de 46% en Lima y 14% a nivel nacional.

Debido a la generación de nuevos sectores de vivienda en zonas urbano-marginales y la demanda de más puntos en las zonas ya consolidadas, la demanda de suministro sigue. En el 2023, la empresa cerrará con 45,000 nuevas conexiones, aproximadamente.

Si bien Gonzales explicó que el plan de conexiones no tiene un número fijo y que el suministro se expande en función de los requerimientos, estimó que el 2024 tendrían hasta 60,000 nuevos clientes.

El Niño y las tarifas eléctricas

Consultado por el impacto de las menores lluvias del 2023 en las tarifas, Gonzales reconoció que la continuidad del periodo de menores precipitaciones relacionadas al fenómeno El Niño podría afectar la producción hidroeléctrica en el país. Sin embargo, afirmó que las tarifas para usuarios regulados (8.7 millones) no se incrementaría por ese efecto.

Al respecto, aseguró que la regulación protege a ese tipo de clientes ante potenciales variaciones de precios por coyunturas. Es más, sostuvo que la reducción de la inflación de los últimos meses puede generar menores tarifas.