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Codelco entrega más de 56 mil documentos por accidente en El Teniente

Codelco informó ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados los avances en la entrega de antecedentes al Ministerio Público por la investigación del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025 en la División El Teniente, que dejó seis trabajadores fallecidos. La estatal señaló que ha puesto a disposición de la Fiscalía más de 56 mil documentos relacionados con la investigación.

Los abogados de Codelco, Julián López Masle y René García Cusacovich, detallaron que entre el 14 de julio y el 25 de septiembre de 2026 la Corporación realizó nueve entregas de información. En conjunto, estas remisiones contienen 56.253 documentos y responden a 1.004 requerimientos incluidos en 27 oficios enviados por el Ministerio Público el pasado 3 de junio.

A estos antecedentes se suman otros 14.139 archivos, equivalentes a 75 GB de información, que habían sido entregados previamente por la División El Teniente. Entre ellos se encuentran los informes preliminar y definitivo elaborados después del accidente, correspondientes a agosto y diciembre de 2025, respectivamente.

Investigación contempla miles de requerimientos

De acuerdo con la información presentada ante la Cámara, los 27 oficios de la Fiscalía contienen 3.520 requerimientos dirigidos a seis gerencias y abarcan antecedentes relacionados con la operación de El Teniente desde 1905. Codelco estimó que responder las solicitudes en los términos planteados inicialmente habría demandado cerca de 110.000 horas-hombre, equivalentes al trabajo de unas 60 personas durante un año.

Frente a esta situación, la Corporación recurrió al Juzgado de Garantía. En una audiencia realizada el 1 de julio, el tribunal estableció criterios para la entrega de información, señalando que Codelco no debía procesar los antecedentes en la forma originalmente solicitada, generar información que no existiera ni entregar material estratégico o reservado o documentación bibliográfica sobre la cual no tuviera derechos de autor.

Bajo estos criterios, la empresa calcula que todavía debe responder 1.967 requerimientos adicionales y proyecta completar el proceso durante el primer trimestre de 2027. Los abogados de la Corporación señalaron ante la Comisión que las entregas realizadas han sido informadas y validadas judicialmente y que el Ministerio Público no ha formulado observaciones por retrasos.

Codelco también entregó información adicional

La estatal indicó que, además de responder las solicitudes de la Fiscalía, ha proporcionado antecedentes que no fueron requeridos directamente. Entre ellos figuran la auditoría sobre el Panel Invariante y el informe del Panel de Expertos Internacionales, presidido por Mark Cutifani, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público el 13 de febrero de 2026.

Asimismo, el 29 de mayo fueron entregadas tres auditorías relacionadas con los reportes E-300, los permisos sectoriales vinculados con el método de explotación y la gestión de permisos de Recursos Norte. Codelco también ha facilitado recursos para apoyar las diligencias, incluyendo vehículos, implementos de seguridad, equipos especializados de perforación, torres de iluminación, plataformas elevadoras y drones con tecnología LiDAR.

El proceso de entrega de información continuará durante los próximos meses conforme a los criterios establecidos por el tribunal. La documentación busca contribuir a la investigación que desarrolla el Ministerio Público para determinar las circunstancias y causas del accidente ocurrido en El Teniente, mientras la división mantiene en paralelo medidas de reforzamiento de sus controles de seguridad y riesgos geomecánicos.

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ProInversión avanza en reorganización de Petroperú con fondos internacionales

ProInversión informó avances en el proceso de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú, iniciativa que busca fortalecer la situación financiera de la empresa estatal, mejorar su eficiencia y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país. El proceso se desarrolla bajo el encargo establecido por el Decreto de Urgencia N.° 010-2025.

Durante una presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Ángel Delgado, director del proyecto de reorganización de Petroperú, explicó que el esquema contempla una combinación de capital internacional, eficiencia operativa y modernización de la estructura de la compañía. La propuesta considera la conformación de bloques patrimoniales y la participación de operadores privados mediante contratos de operación y gerencia.

Uno de los principales componentes financieros corresponde a una operación de hasta US$2.000 millones proveniente de la banca internacional. De acuerdo con ProInversión, estos recursos no utilizan fondos del Tesoro Público y serán canalizados mediante una estructura financiera separada, con supervisión técnica de la agencia para asegurar que el dinero sea destinado a los objetivos establecidos.

Como parte de esta operación, Petroperú concretó en septiembre un primer desembolso de US$475 millones. Los recursos son administrados mediante un fideicomiso supervisado por ProInversión y están destinados a necesidades operativas, entre ellas la adquisición de crudo, servicios esenciales y otras obligaciones vinculadas con la continuidad de las actividades de la petrolera.

El esquema busca además separar los recursos destinados a la operación de la empresa de otros flujos financieros. Esta estructura pretende establecer mecanismos de control sobre el uso del capital internacional y permitir el seguimiento de los desembolsos dentro del proceso de reorganización.

En paralelo, ProInversión trabaja en la estructuración financiera y en los planes de promoción de los principales bloques patrimoniales de Petroperú. La estrategia contempla incorporar conocimiento y capacidad de gestión privada mediante contratos de operación, mientras los activos considerados estratégicos para la continuidad de la empresa permanecen bajo titularidad de Petroperú y del Estado peruano, según lo señalado por la agencia.

Otro componente del proceso es la evaluación de activos inmobiliarios considerados no estratégicos para la operación petrolera. Su eventual monetización forma parte de las medidas previstas para mejorar la estructura patrimonial y generar recursos dentro del proceso de reorganización.

La reorganización también comprende el análisis técnico y operativo de los principales activos de la empresa. ProInversión y Deloitte realizaron visitas de trabajo a instalaciones como la Nueva Refinería Talara, además de otros activos de Petroperú, con el objetivo de recopilar información operativa, técnica y comercial que sirva para estructurar las siguientes etapas del proceso.

Con este proceso, ProInversión busca avanzar hacia una estructura que permita mejorar la sostenibilidad financiera y operativa de Petroperú, atraer participación privada y mantener la continuidad de la cadena de abastecimiento de hidrocarburos. La ejecución de los bloques patrimoniales y la administración de los recursos internacionales serán componentes centrales de las siguientes etapas de la reorganización.

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Construcción crece 10,6% hasta agosto y Capeco alerta por El Niño

El sector construcción habría registrado un crecimiento de 10,6% entre enero y agosto de 2026, acumulando 16 meses consecutivos de expansión, de acuerdo con el Informe Económico de la Construcción (IEC) N.° 105 de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). El resultado estaría impulsado principalmente por el dinamismo de la inversión privada y el desempeño de las principales actividades vinculadas al sector.

Durante julio, la construcción volvió a registrar una de las mayores tasas de crecimiento entre los principales sectores de la economía peruana. Capeco señaló que, sin considerar el efecto rebote posterior a la pandemia, el resultado representó la mayor expansión para dicho mes desde 2013. En el acumulado enero-agosto, el consumo de cemento habría aumentado 11,7%, mientras que la ejecución de obra pública avanzó 8,3%.

El comportamiento del sector está relacionado con el mayor dinamismo de la inversión privada, particularmente en actividades vinculadas con minería e infraestructura. El Banco Central de Reserva del Perú elevó de 12,5% a 14% su proyección de crecimiento de la inversión privada para 2026, mientras que mantuvo en 1% su estimación para la inversión pública. Capeco indicó que el mayor ritmo de la inversión minera explica una parte importante de esta revisión.

Otro componente que viene ganando relevancia es el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Según Capeco, las adjudicaciones mediante este mecanismo aumentaron 140% hasta setiembre frente al mismo periodo de 2025. De mantenerse el ritmo observado, el gremio estima que las adjudicaciones podrían superar los S/11.700 millones al cierre de 2026.

El Niño representa un riesgo para las obras

A pesar del crecimiento acumulado, Capeco advirtió que la actividad podría enfrentar dificultades durante los próximos meses debido a la posibilidad de un Fenómeno El Niño de gran intensidad. Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo del gremio, señaló que estos eventos suelen afectar especialmente al sector durante el primer trimestre, cuando las lluvias pueden dificultar la ejecución normal de obras y afectar la infraestructura utilizada para transportar materiales.

El impacto podría darse a través de interrupciones en los trabajos y mayores costos logísticos. El deterioro de carreteras o puentes puede dificultar el traslado de insumos hacia los proyectos, mientras que las lluvias también pueden generar paralizaciones temporales en obras que se desarrollan al aire libre o en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.

La preocupación se suma a otros factores que podrían moderar el ritmo de expansión del sector. Capeco identificó una reducción de las expectativas empresariales asociada, entre otros aspectos, al incremento de precios y a la incertidumbre frente al comportamiento climático. A ello se añade la necesidad de mantener el flujo de inversión pública y privada para evitar una desaceleración más pronunciada durante el último tramo del año.

El gremio constructor considera que la prevención será determinante para reducir el impacto del fenómeno climático sobre la actividad. En ese sentido, plantea fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar la continuidad de las obras, especialmente en infraestructura vulnerable a lluvias intensas y eventos asociados a El Niño.

De esta manera, la construcción llega al tramo final de 2026 con un crecimiento acumulado de 10,6%, respaldado por el consumo de cemento, la inversión privada, la obra pública y mecanismos como las OxI. Sin embargo, la evolución del sector durante los próximos meses estará condicionada por la capacidad de mantener la inversión y enfrentar oportunamente los posibles efectos del Fenómeno El Niño sobre las obras y la infraestructura nacional.

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Anillo Vial acelera liberación de predios con S/28 millones

La liberación de terrenos para el Anillo Vial Periférico de Lima y Callao registra un nuevo avance con la entrega de 13 cheques por un total de S/28 millones a propietarios de siete predios ubicados en los tramos 1 y 3 del proyecto. La medida permitirá continuar con la disponibilidad progresiva de las áreas requeridas para la futura ejecución de esta infraestructura vial.

Los pagos forman parte del proceso de adquisición y liberación predial que desarrolla ProInversión desde febrero de 2026, cuando asumió este encargo. Según la entidad, desde entonces se han realizado más de diez entregas de cheques a propietarios de terrenos involucrados en el proyecto, con el objetivo de agilizar una de las etapas necesarias para avanzar hacia la construcción de la vía.

Uno de los elementos que está permitiendo acelerar este proceso es el financiamiento adelantado por el concesionario del Anillo Vial. Los recursos destinados a compensar a los propietarios son posteriormente reembolsados por el concedente mediante los Certificados de Avance de Liberación Predial (CALP), mecanismo contemplado en el contrato de concesión.

De acuerdo con ProInversión, este esquema permite reducir los tiempos entre la tasación de un predio y el pago correspondiente. Actualmente, los beneficiarios pueden recibir los recursos aproximadamente un mes después de realizada la tasación, frente a los plazos que podían generarse bajo mecanismos tradicionales de liberación predial.

La disponibilidad de los terrenos constituye un componente clave para el desarrollo del Anillo Vial Periférico, debido a que permite habilitar progresivamente las áreas sobre las que se ejecutará la infraestructura. El proyecto contempla una extensión de 34,8 kilómetros y conectará el Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana.

La infraestructura busca mejorar la conectividad entre diferentes sectores de Lima y Callao y reducir los tiempos de desplazamiento. Como referencia, ProInversión estima que los recorridos entre Ate e Independencia podrían realizarse en unos 15 minutos; entre Ate y San Juan de Lurigancho, en 10 minutos; y entre San Juan de Lurigancho e Independencia, en aproximadamente cinco minutos, frente a trayectos que actualmente pueden superar una hora.

El mecanismo CALP forma parte de los nuevos esquemas financieros incorporados a las Asociaciones Público-Privadas, en el marco de la evolución hacia el denominado modelo APP 5.0. Su aplicación permite que el concesionario adelante recursos para determinadas adquisiciones prediales y que estos sean reconocidos posteriormente conforme a los avances establecidos en el contrato.

Con esta nueva entrega de recursos, ProInversión continúa con la liberación progresiva de los predios necesarios para el proyecto. El avance de esta etapa será determinante para que los siguientes componentes del Anillo Vial Periférico puedan continuar desarrollándose hasta llegar a la fase de ejecución de una de las principales intervenciones de movilidad previstas para Lima y Callao.

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Trapiche atrae interés de inversionistas de cinco países

El proyecto cuprífero Trapiche, ubicado en Apurímac y desarrollado por Compañía de Minas Buenaventura, despertó el interés de potenciales inversionistas de China, Reino Unido, Japón, Chile y Estados Unidos. La compañía mantiene conversaciones con distintas empresas interesadas en participar como socios, aunque hasta el momento no se ha concretado ninguna alianza.

Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, señaló que la empresa continúa avanzando con los estudios de factibilidad de Trapiche antes de definir una eventual asociación. El objetivo es incrementar el valor del proyecto y contar con mayor información técnica antes de tomar decisiones sobre su estructura de financiamiento y desarrollo.

La iniciativa requerirá una inversión superior a los US$2.000 millones y la compañía estima que podría iniciar producción entre 2031 y 2032. La magnitud del capital necesario ha llevado a Buenaventura a evaluar la incorporación de un socio estratégico que permita compartir los riesgos asociados con la construcción, manteniendo su participación en el desarrollo del activo.

Trapiche se encuentra en la provincia de Antabamba, región Apurímac, y constituye uno de los proyectos de cobre que forman parte de la cartera de Buenaventura. La iniciativa corresponde a un depósito de cobre y molibdeno y su desarrollo se mantiene sujeto a los resultados de los estudios de factibilidad, además de las decisiones de inversión y las autorizaciones correspondientes.

El interés internacional por el proyecto se produce mientras Buenaventura busca ampliar su exposición al cobre y fortalecer su cartera de crecimiento. La empresa también viene desarrollando actividades de exploración en Cusco, Puno, Pasco, Cajamarca y Apurímac, con el objetivo de identificar nuevos recursos y ampliar el potencial de sus activos existentes.

En este contexto, la compañía también destaca el potencial de Tambomayo, operación de oro y plata ubicada en Arequipa, donde continúa explorando para incrementar los recursos disponibles. En Pasco, los trabajos se mantienen alrededor de Yumpag, mientras que en Cajamarca se evalúan oportunidades de exploración y desarrollo vinculadas con La Zanja.

La búsqueda de un socio para Trapiche también se vincula con el interés por atraer capital hacia la macrorregión centro del país. Benavides resaltó el papel que pueden cumplir espacios como Andesmin 2026, encuentro que reunirá entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre a inversionistas y representantes de proyectos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín. Estas regiones concentran una cartera minera estimada en alrededor de US$15.000 millones.

El encuentro cuenta con la participación de la Mancomunidad Regional de Los Andes y el impulso de ProInversión y el Ministerio de Energía y Minas. Para Buenaventura, este tipo de espacios permite acercar potenciales fuentes de capital a proyectos que requieren financiamiento y promover una mayor descentralización de las inversiones mineras.

Con Trapiche todavía en etapa de estudios de factibilidad y conversaciones con potenciales socios, Buenaventura mantiene abierta la posibilidad de incorporar capital internacional para avanzar con una de las iniciativas cupríferas de mayor escala de su cartera. La definición del socio, el cierre de la estructura financiera y los siguientes estudios serán determinantes para establecer el camino hacia la eventual construcción y producción del proyecto.

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Perú y Chile concentran el reto de transformar su producción de cobre

Perú y Chile producen conjuntamente alrededor de 8 millones de toneladas métricas de cobre al año, pero solo cerca del 20% corresponde a cobre refinado, mientras que el 80% restante se comercializa como concentrado. Una parte importante de estos concentrados tiene como destino China, donde son procesados para obtener cobre refinado y otros productos de mayor valor agregado.

La situación fue expuesta por Juan Carlos Ortiz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante el último Jueves Minero, donde analizó los desafíos que enfrentan los países productores de minerales críticos en un escenario marcado por la transición energética, la sostenibilidad y el crecimiento de la infraestructura digital.

Ortiz señaló que esta estructura de la cadena evidencia una elevada concentración de la capacidad de transformación de minerales. China ha desarrollado una importante infraestructura de refinación para cobre, zinc, plomo y tierras raras, mientras que otras economías han reducido o postergado inversiones destinadas a ampliar sus capacidades de procesamiento.

Para el especialista, una elevada dependencia de un solo mercado para la transformación de los concentrados puede limitar la capacidad de negociación de los países productores frente a cambios en las condiciones internacionales. En ese sentido, planteó la necesidad de diversificar los destinos y fortalecer las capacidades de transformación en los propios países productores.

Refinación enfrenta mayores costos

Uno de los principales obstáculos para avanzar hacia una mayor capacidad de refinación está relacionado con la rentabilidad de estas instalaciones. Según explicó Ortiz, mientras los proyectos mineros pueden alcanzar retornos de entre 15% y 20%, e incluso superiores en determinados escenarios de precios, las refinerías de metales como cobre, zinc o aluminio pueden registrar retornos cercanos al 4% o 5%.

Esta diferencia de rentabilidad contribuye a que los inversionistas prioricen el desarrollo de nuevos yacimientos antes que la construcción o modernización de grandes instalaciones de refinación. A ello se suman los elevados requerimientos de capital, energía y agua, además de las exigencias ambientales asociadas a este tipo de infraestructura.

El presidente del IIMP estimó que, para transformar una proporción mucho mayor de los concentrados producidos por Perú y Chile, sería necesario desarrollar una capacidad equivalente a unas 15 o 20 grandes refinerías. Sin embargo, señaló que una expansión de esta magnitud enfrenta importantes desafíos económicos, ambientales y de infraestructura.

Tecnología como alternativa para aumentar el valor agregado

Ante estas limitaciones, Ortiz planteó que el desarrollo tecnológico podría abrir nuevas posibilidades para incrementar la transformación local del cobre sin depender exclusivamente de grandes refinerías tradicionales. Entre las alternativas mencionó procesos asociados con la hidrometalurgia y otras tecnologías actualmente en desarrollo.

El objetivo sería encontrar soluciones capaces de transformar los concentrados de cobre en productos refinados con menores requerimientos de inversión y costos operativos. Esto permitiría que los países productores puedan capturar una mayor parte del valor generado a lo largo de la cadena minera.

La relevancia de esta discusión también se observa en el comercio internacional del cobre. Datos del Servicio Geológico de Estados Unidos muestran que China fue el principal destino de las exportaciones de cobre de Chile en 2024, con aproximadamente 52% del total exportado por ese país. Además, durante 2026 Perú ha mantenido una participación importante como proveedor de concentrados para el mercado chino.

En este contexto, el desafío para Perú y Chile no se limita a mantener o incrementar su producción minera. El desarrollo de infraestructura de procesamiento y nuevas tecnologías de refinación aparece como un componente relevante para diversificar mercados, fortalecer las cadenas de suministro y aumentar el valor agregado generado en los países productores de uno de los minerales considerados estratégicos para la transición energética.

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Trazabilidad del oro se convierte en barrera para la banca de pequeños mineros

La falta de trazabilidad del oro se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que los pequeños mineros y mineros artesanales que buscan formalizarse puedan acceder al sistema financiero. Para Dante Vera, especialista de V&C Analistas, las dificultades de bancarización no responden únicamente a la percepción de inseguridad que existe alrededor del manejo de efectivo, sino también a la imposibilidad de demostrar con claridad el origen lícito del mineral y de los recursos obtenidos por su comercialización.

Vera señaló que existe una tendencia a colocar en un mismo grupo a la minería ilegal y a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que busca avanzar hacia la formalización. Según el especialista, cambiar esta percepción requiere mecanismos que permitan verificar el origen del oro y diferenciar a los productores que operan dentro de la legalidad. Para las entidades financieras, contar con esa información resulta fundamental antes de asumir el riesgo de manejar recursos cuyo origen no puede ser comprobado.

Una de las propuestas planteadas consiste en implementar un sistema nacional, digital e interoperable de trazabilidad, capaz de registrar el recorrido del mineral desde su extracción hasta su llegada al mercado internacional. El mecanismo no debería limitarse al productor minero, sino incorporar también a acopiadores, comerciantes, transportistas, plantas de procesamiento y empresas exportadoras, de manera que cada actor pueda acreditar el origen y destino del oro que maneja.

La necesidad de este mecanismo se refleja en la diferencia entre las cifras de producción y exportación. De acuerdo con los datos citados por Vera, durante 2025 el Ministerio de Energía y Minas registró alrededor de 109 toneladas de producción de oro, mientras que los registros de Aduanas contabilizaron exportaciones por aproximadamente 209 toneladas. El especialista cuestionó el origen de la diferencia y señaló que el volumen adicional representaría alrededor de US$11.000 millones.

La trazabilidad también podría incorporar herramientas de control desde el primer punto de la cadena. La propuesta contempla laboratorios que permitan determinar el peso, la ley y la humedad del mineral extraído, generando información para establecer su valor desde el momento en que sale del socavón. Además de facilitar la supervisión, estos mecanismos podrían reducir espacios para prácticas abusivas en las operaciones entre pequeños productores, compradores y acopiadores.

Otro componente planteado es la bancarización de las operaciones de la cadena aurífera. La contratación de trabajadores, adquisición de maquinaria e insumos y pagos por productos y servicios podrían quedar registrados mediante el sistema financiero. Para Vera, este seguimiento permitiría generar un historial de las operaciones y, al mismo tiempo, contribuiría a identificar movimientos asociados con el comercio ilegal de insumos químicos fiscalizados y mercurio.

El proceso de formalización también debería incorporar a los trabajadores de la pequeña minería. La propuesta considera que el registro no se limite al mineral y al dinero, sino que incluya aspectos relacionados con derechos laborales, seguridad ocupacional, seguro social y pago de remuneraciones mediante canales bancarios. De esta manera, la trazabilidad abarcaría diferentes etapas de la actividad y no solamente el recorrido físico del oro.

El acceso a servicios financieros es precisamente una de las brechas identificadas en estudios sobre la minería artesanal y de pequeña escala en Perú. Un diagnóstico publicado en el marco de planetGOLD Perú encontró que 86,7% de las operaciones de la MAPE se realizaban sin bancarización, mientras que las entidades financieras identificaban riesgos legales, ambientales y económicos como factores que limitaban su atención al sector.

La política pública peruana también reconoce la trazabilidad y el acceso a financiamiento como elementos vinculados a la incorporación de la pequeña minería y minería artesanal a cadenas formales de valor. La Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030 plantea mejorar los mecanismos de trazabilidad y generar ofertas formales de crédito como parte de las medidas para reducir estas brechas.

En este contexto, la discusión sobre la formalización de la MAPE trasciende el registro de los productores y plantea la necesidad de conocer el recorrido completo del mineral. Para el sector, contar con información verificable sobre quién extrae, compra, transporta, procesa y comercializa el oro podría convertirse en una condición para facilitar su integración al sistema financiero formal y fortalecer el control de la cadena productiva.

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Andes Maq, unidad de maquinaria del Grupo Kaufmann, e Hitachi Construction Machinery firman alianza estratégica para desarrollar su operación en Chile

La alianza se concretó en el marco de la expansión regional de Hitachi Construction
Machinery, que estableció en Santiago su sede para Latinoamérica y prepara una nueva
etapa de su negocio bajo la marca LANDCROS.
Santiago de Chile, 30 de septiembre de 2026. Andes Maq, unidad de maquinaria del
Grupo Kaufmann, e Hitachi Construction Machinery sellaron un acuerdo para desarrollar la
operación de la compañía japonesa en Chile, incorporando las capacidades de ambas
organizaciones para atender las necesidades de los sectores de minería, construcción e
infraestructura.
La firma del acuerdo fue encabezada por Hidefumi Sameshima, President de Hitachi
Construction Machinery, Alexander Köhler, CEO Grupo Kaufmann y Fran Benito, Gerente
Corporativo de Maquinaria, y se enmarca en el desarrollo de la operación de Hitachi
Construction Machinery en el mercado chileno.
Durante 2025, Hitachi Construction Machinery estableció en Santiago su sede para
Latinoamérica, desde donde coordina sus operaciones en 32 países. La elección de Chile
responde, entre otros factores, al peso de la minería, la concentración en el país de las
sedes regionales de importantes compañías de la mencionada industria y la disponibilidad
de profesionales especializados en los sectores de minería y construcción.
Esta estructura contempla capacidades asociadas a la distribución de equipos, post venta,
servicio y capacitación. En Chile, el negocio considera un Centro de Capacitación y
Demostración en Santiago y un Centro de Remanufactura en Antofagasta, además de una
red de suministro de repuestos orientada a mejorar su disponibilidad y reducir los tiempos
de entrega.
En este contexto se concretó el acuerdo con Grupo Kaufmann, a través de Andes Maq
como nuevo distribuidor autorizado de Hitachi Construction Machinery en Chile,
incorporando las competencias de ambas compañías para desarrollar el negocio en el país.
“Para Grupo Kaufmann, este acuerdo se enmarca en nuestra estrategia de seguir
desarrollando el negocio de maquinaria y ampliando nuestras facultades en industrias
productivas. La incorporación de Hitachi Construction Machinery a través de Andes Maq nos
permite iniciar, oficialmente, una nueva operación en Chile y construir una relación de largo
plazo, combinando el conocimiento del mercado local con la experiencia de Hitachi en
maquinaria y soluciones para minería y construcción”, comentó Fran Benito, Gerente
Corporativo de Maquinaria.
Por su parte, Edwin Vildósola, Vice President Parts and Service de Hitachi Construction
Machinery, dijo lo siguiente: “Chile tiene un rol relevante dentro de nuestra estrategia
regional y la instalación de nuestra sede para Latinoamérica en Santiago es parte de ese
proceso. El acuerdo con Andes Maq nos permite fortalecer nuestra presencia local y
avanzar en el desarrollo de capacidades de distribución, servicio y soporte. Esta alianza

también se produce en un momento de transformación para Hitachi Construction Machinery,
que durante 2027 iniciará una nueva etapa bajo la marca LANDCROS, incorporando nuevas
tecnologías y soluciones para las operaciones de nuestros clientes”.
LANDCROS: una nueva etapa para Hitachi Construction Machinery
La alianza también se produce en un momento de transformación para Hitachi Construction
Machinery. A partir del 1 de abril de 2027, la multinacional adoptará el nombre y la marca
LANDCROS, como parte de una nueva etapa orientada a ampliar su propuesta desde la
maquinaria hacia soluciones que incorporen servicios digitales, optimización de operaciones
e integración tecnológica.
Este proceso responde a una evolución en las necesidades de sus clientes, que buscan
soluciones asociadas no solo a los equipos, sino también a su operación, productividad y
gestión. La transición a LANDCROS contempla además el desarrollo de tecnologías
vinculadas a inteligencia artificial, operación remota, robótica y otras herramientas digitales.
Acerca de Andes Maq
Andes Maq, unidad de negocios de maquinaria del Grupo Kaufmann ofrece soluciones
integrales con presencia nacional -como también en Perú, Colombia, Panamá y Costa Rica-
gracias a una amplia red comercial y de servicio post venta. Su propósito es aportar al
desarrollo económico de la región y la industria, con los más altos estándares de calidad y
compromiso social, ofreciendo equipos confiables y un acompañamiento técnico de
excelencia para sectores como construcción, forestal, agrícola, portuario, elevación, minero
e infraestructura.

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Incauca prepara cinco proyectos para ampliar su negocio energético

Incauca prepara cinco nuevos proyectos para ampliar su participación en el negocio energético y espera que este segmento represente entre 13% y 14% de los ingresos de la compañía en 2027. La estrategia contempla iniciativas de eficiencia energética, generación solar y aprovechamiento de subproductos de la caña de azúcar, en línea con el modelo de economía circular que desarrolla el ingenio.

Roberto Klinger, presidente de Incauca, explicó que la compañía recibió ofertas para los cinco proyectos que fueron llevados a licitación en agosto. En conjunto, estas iniciativas podrían incorporar entre 10 y 12 megavatios adicionales a su capacidad, fortaleciendo una operación que ya posiciona a Incauca como uno de los principales cogeneradores de energía del país.

La empresa actualmente cuenta con una capacidad de despacho de hasta 60 megavatios, luego de una inversión de $220.000 millones ejecutada entre 2019 y 2022. Su modelo utiliza principalmente el bagazo de la caña, residuo que queda después del proceso de extracción de los jugos, para alimentar las calderas y generar energía. En 2025, Incauca reportó 352.193 MWh de cogeneración y 165.001 MWh de excedentes entregados a la red.

Para 2026, la compañía estima ventas de energía por aproximadamente $110.000 millones, mientras que para 2027 proyecta alcanzar entre $140.000 millones y $150.000 millones. Con este crecimiento, el negocio energético pasaría a representar alrededor de 13% o 14% de los ingresos del ingenio, frente a su participación actual.

Entre los nuevos proyectos se encuentra uno enfocado en eficiencia energética, que contempla reemplazar equipos de la planta que presentan altos consumos. También se desarrollará una iniciativa para aprovechar la hoja de la caña que queda en los campos y utilizarla como combustible adicional en las calderas, aumentando la disponibilidad de biomasa para la generación eléctrica.

La compañía también contempla un proyecto solar asociado a los pozos de agua utilizados en sus operaciones. La iniciativa utilizaría paneles instalados dentro del ingenio para generar energía destinada a estos sistemas, bajo un esquema relacionado con comunidades energéticas. A esto se suma la evaluación de una planta para producir pellets a partir de bagazo, cachaza y otros subproductos del proceso azucarero.

Estos proyectos serían desarrollados mediante alianzas con terceros. Incauca aportaría el conocimiento técnico y los socios asumirían las inversiones, aunque la compañía todavía no ha revelado quiénes serían los inversionistas debido a que los procesos de selección no han concluido. La inversión de corto plazo prevista para estas iniciativas rondaría los US$30 millones, equivalentes a unos $100.000 millones.

La estrategia energética también contempla proyectos de mayor escala en biogás e hidrógeno, aunque ambos permanecen en evaluación. Incauca estima que estas iniciativas podrían requerir inversiones adicionales de entre US$40 millones y US$50 millones a largo plazo. La compañía considera que el aprovechamiento de residuos agrícolas puede ofrecer alternativas ante el incremento de los costos del gas y las necesidades de generación energética de la industria.

Con esta expansión, Incauca busca profundizar la transformación de su modelo productivo: además de azúcar y etanol, la generación energética se consolida como una de sus líneas estratégicas. La empresa señala que su operación permite aprovechar los residuos de la caña para producir energía renovable y entregar excedentes al sistema eléctrico colombiano.

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Caribe colombiano concentra oportunidades de inversión en infraestructura

El Caribe colombiano concentra un conjunto de proyectos de infraestructura que podrían marcar la agenda de inversión de la región en los próximos años. Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte, destacó durante el XVII Encuentro Regional de Infraestructura y Sostenibilidad el avance de iniciativas relacionadas con transporte, aeropuertos y conectividad regional.

Entre los proyectos señalados se encuentra la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, que contempla tanto una iniciativa privada contratada por la Gobernación del Magdalena como la construcción de viaductos en el corredor Ciénaga-Barranquilla. Esta infraestructura es considerada estratégica para mejorar la conexión vial entre los departamentos de la región Caribe y facilitar el transporte de pasajeros y mercancías.

El componente aeroportuario también representa una oportunidad para el desarrollo de infraestructura. La CCI Norte identificó como proyectos relevantes la ampliación de la pista del aeropuerto de Santa Marta y la modernización de los aeropuertos Rafael Núñez de Cartagena y Ernesto Cortissoz de Barranquilla. A estos se suma el proyecto para construir el nuevo aeropuerto de Cartagena, conocido como aeropuerto de Bayunca.

En materia vial, la agenda regional incluye además los corredores que conectan Barranquilla con Cartagena, así como proyectos destinados a fortalecer la red de vías secundarias y terciarias. Estas obras buscan mejorar la conectividad entre los principales centros urbanos y las zonas productivas, al tiempo que permiten ampliar el acceso a mercados y servicios en diferentes territorios del Caribe.

Otro de los proyectos mencionados es el Canal del Dique, cuya continuidad forma parte del conjunto de iniciativas de infraestructura que la región busca destrabar. De acuerdo con Carbonell, el avance de este y otros proyectos permite configurar un portafolio de obras que podría impulsar nuevas inversiones en transporte y conectividad durante los próximos años.

El XVII Encuentro Regional de Infraestructura y Sostenibilidad reunió a más de 500 empresarios del sector, además de autoridades nacionales y regionales. Durante el encuentro se revisaron los principales proyectos del Caribe y las necesidades de infraestructura que deberán atenderse para fortalecer la competitividad y la integración territorial de la región.

De esta manera, la agenda de infraestructura del Caribe colombiano combina proyectos de gran escala en carreteras, aeropuertos y corredores logísticos con intervenciones en vías secundarias y terciarias. El desarrollo de estas iniciativas será determinante para ampliar la capacidad de transporte y conectividad de una región que concentra importantes actividades productivas, comerciales y turísticas del país.