El Congreso de la República aprobó el 20 de enero último la autógrafa de la “Nueva Ley de Organizaciones de Usuarios”, la que es percibida como una medida riesgosa para la minería.
Si bien la autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo, se supo que este último presentaría un proyecto alternativo tras la observación. Sin embargo, la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú (Conajup) planea reunirse con la presidenta Dina Boluarte en las siguientes semanas para que el Ejecutivo retroceda (en la presentación del proyecto alterno) y se allane el camino para la aprobación por insistencia en el Congreso.
En un documento del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ese despacho señala que la regulación propuesta por el Legislativo determina la exclusión de la participación de los usuarios no agrarios (como el sector minero) en la gestión de agua. Asimismo, critica la transferencia de la infraestructura hidráulica mayor (hoy a cargo de los gobiernos regionales) a las Juntas de Usuarios.
Considera esta propuesta inviable, pues las JU, por su naturaleza agraria, presentan diferentes intereses a los de los usuarios de agua no agrarios, y porque, en la práctica, se estaría eliminando los derechos de participación de estos últimos en la gestión de los recursos hídricos.
Julian Li, socio del área de recursos hídricos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, señaló que este punto es ambiguo, por lo que es entendible que se perciba como un riesgo para las operaciones mineras.
