A medida que el Tren Maya avanza, las comunidades mayas se preguntan sobre la calidad de los empleos que les esperan. Si serán los de siempre: puestos menores, de servicio, explotados y precarios.
En tres meses concluirá la construcción de esta mega obra, con la cual se habrán creado más de 300,000 puestos de trabajo, según ha informado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero las personas indígenas fueron las menos beneficiadas y, de no cambiar la política, lo seguirán siendo una vez que se eche a andar el proyecto.
Es lo que explican en entrevista Armando Dzul Mex, comisariado del ejido Pisté, y Jeremías Cimé Ciau, presidente del comisariado ejidal de Xcalakoop, comunidades mayas aledañas a la zona arqueológica de Chichen Itzá, en el municipio de Tinum, Yucatán.
Pero primero aclaran: “No tenemos nada en contra del Tren Maya y el rescate arqueológico, estamos de acuerdo con la obra, va beneficiar a mucha gente. Pero a los más pobres no nos están llegando los apoyos”, dice Armando Dzul.
Chichén Itzá es el sitio prehispánico más visitado del país, según el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH). En 2022, recibió a más 2.5 millones de turistas, generando un ingreso de más de 889 millones de pesos.
Sin embargo, esa derrama económica no se refleja en una mejor calidad de vida para las poblaciones locales. “Carecemos de servicios de salud, de una buena economía y de empleos dignos”, dice Armando Dzul.
Entre 2010 y 2020, de los 106 municipios de Yucatán, “44 tuvieron un incremento en el porcentaje de población en situación de pobreza”, según el Informe de Pobreza y Evaluación 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La lista de esos municipios la encabeza Tinum, con 24.5 puntos porcentuales. En cuanto a pobreza extrema, también es la localidad con la mayor población en esa condición, con 16 por ciento.
“Chichen Itzá es una de las Siete Maravillas del Mundo, pero como descendientes mayas nos ha correspondido muy poco de la economía que genera esta región”, señala Dzul.
Jeremías Cimé, presidente del comisariado ejidal de Xcalakoop, apunta: “Yo sé que el presidente López Obrador hace todo lo posible para incluir a la gente, pero lamentablemente en esta zona eso no está funcionando. Por ejemplo, para la operación del próximo Centro de Atención a Visitantes hay muy poca gente de las comunidades. No nos han tomado en cuenta para trabajar ahí”.
Tres brechas laborales para las comunidades mayas
La construcción del Tren Maya, la obra más importante de esta administración y la más grande desde hace varias décadas, inició en junio de 2020. La inversión total será de aproximadamente de 479,000 millones de pesos. Pasará por Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Es verdad que el proyecto ha dado muchos empleos, reconocen ambas autoridades comunales. “Mucha gente de afuera vino a trabajar acá, vinieron de Guerrero, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Veracruz”, pero muy pocas plazas fueron para habitantes de las comunidades locales”, apunta Jeremías Cimé.
Muchos de las trabajos requerían cierto nivel de especialidad. Eso generó una brecha de oportunidades para las poblaciones indígenas. “Los jóvenes de mi comunidad sólo aspiran a llegar a la preparatoria, porque ésa es la facilidad que nos ha dado el gobierno y la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, cuenta Jeremías Cimé.
“Si quieren estudiar algo más, tienen que desplazarse a la ciudad de Mérida o de Valladolid. Eso implica gastos para los papás, por eso muchos jóvenes deciden no seguir estudiando y entonces ya no fueron aptos para trabajar como ingenieros, topógrafos o tener un papel importante en el Tren Maya”.
La mayor parte de las personas en su comunidad, dice, “todavía vive de la agricultura. Pero también nos hemos adaptado a lo largo del tiempo, hemos soportado el desplazamiento de nuestra cultura hacia el turismo”. El problema es que el sistema nunca se adapta a su forma de vida y sus saberes.
El autoempleo ha sido la vía. “Jóvenes y adultos se han vuelto artesanos, se han adaptado al modo de vida económico del turismo. Unos trabajan la madera, las mujeres bordan servilletas y las venden en Chichén Itzá, pero viven al día”.
La segunda brecha ha sido la edad. Xcalakoop “tiene casi 1,500 habitantes, de los cuales el 20% son personas de 80 a 100 años. El resto, de 80 años para abajo y muchos tienen más de 60 años”. Aunque hay muchas más personas jóvenes, muchas no podrían tomar los empleos que se ofrecieron porque son mayores, explica.
El tercer problema estructural es que “la mayoría de la gente no sabe de leyes, derechos o trámites. Para trabajar en el Tren Maya exigen un montón de cosas, como el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o seguro médico. Hay gente que no está familiarizada con ese tipo de trabajos, porque la mayoría labora en el campo. Por eso desisten de trabajar en el tren”.
Empleo sí habrá, pero ¿de qué tipo?
La narrativa del gobierno federal y de los gobiernos estatales es que el Tren Maya llevará el desarrollo al sureste del país y se crearán más empleos en el turismo, por ejemplo.
Armando Dzul y Jeremías Cimé no lo dudan, el punto es qué tipo de empleos. “Si serán trabajos en tiendas OXXO, en grandes cadenas o cualquier empresa que busque mano de obra barata en las comunidades, si los nuevos empleos van a explotar como siempre a la gente, mejor no”.
Aún no saben si podrán integrarse a los Centros de Atención a los Visitantes o si ya están concesionados los espacios para comerciantes de artesanías, por ejemplo. Artesanías que elabora la población maya, pero que no siempre pueden venderlas directamente.
“Por los miles de visitantes que Chichén Itzá recibe cada año hay una derrama económica muy fuerte que nunca vemos. El dinero se va a otros lugares, no se queda en nuestras comunidades”.
Debido a ello, presentaron amparos en contra el INAH “por su omisión a garantizar su derecho a la cultura, la identidad y al patrimonio cultural en cuanto al aprovechamiento económico, así como a la participación, la información e inclusión en la administración, desarrollo y/o manejo de la zona arqueológica de Chichén Itzá”.
Lo que piden es que los proyectos de empleo vayan acompañados de “personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que nos ayuden a hacer los trámites que requiere la contratación formal”.
También “necesitamos una universidad para que en mi comunidad haya más profesionales, más gente apta para estos tipos de proyectos federales donde piden a personas acreditadas para hacer el trabajo”.
Esa perspectiva es la que “debería estar analizando el gobierno federal, buscar cómo incluir realmente a los pueblos indígenas en estos en este proyecto y en los siguientes proyectos federales”.
