CMIC Jalisco llama a precandidatos a trabajar agenda conjunta para desarrollar infraestructura

Guadalajara, Jal. Debido a que la construcción es un sector que genera bienestar colectivo y oportunidades de crecimiento económico, la delegación Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), hizo un llamado a todos los aspirantes a ocupar cargos de elección popular «sin importar el color», a trabajar en conjunto en una agenda que impulse la infraestructura en la entidad.

«A todas y todos los precandidatos y precandidatas a los distintos cargos de elección popular, sin importar el color, les expresamos nuestro total y absoluto respeto así como nuestra apertura institucional para trazar una agenda que impulse el desarrollo de más y mejor infraestructura en el estado y en todos y cada uno de sus municipios», expresó el presidente de CMIC Jalisco, Juan Manuel Chávez, durante la sesión Plenaria 2023 de ese organismo cúpula.

El dirigente de los constructores en la entidad, destacó la importancia de esa industria en el desarrollo económico del estado y mencionó que Jalisco es el tercer estado a escala nacional, con mayor aportación de empleo en el sector de la construcción con un total de 156,000 trabajadores registrados en el IMSS.

Chávez Ochoa destacó la «inversión histórica» que el gobierno estatal ha realizado en obra pública, y mencionó que el reto será superar esa inversión «con la visión de que la construcción es la base de la economía».

Mérito constructor

Durante el evento, la cúpula constructora entregó el galardón CMIC 2023, al ingeniero Eduardo Padilla Quiroz, por su extensa y destacada trayectoria en el ramo de la construcción.

Entre sus principales obras destacan la construcción de la avenida principal de Puerto Vallarta «Francisco Medina Ascencio», la reconstrucción del anillo Periférico en Guadalajara, la construcción del primer centro comercial de América Latina «Plaza del Sol» y el haber sido el primer presidente nacional de CMIC fuera del centro del país.

Fitch Rebaja Calificación de Codelco a BBB+: Análisis y Futuro del Gigante del Cobre

La agencia calificadora Fitch ha rebajado la calificación crediticia de Codelco, la empresa estatal chilena y mayor productora de cobre del mundo, de A- a BBB+. Esta decisión, anunciada el miércoles, marca la primera rebaja de la compañía en cinco años, manteniendo, sin embargo, una perspectiva estable.

La Decisión de Fitch y su Impacto

La rebaja de la calificación de Codelco es el resultado de una disminución en su perfil crediticio independiente. Según Fitch, esto refleja una deterioración en el perfil de crédito de la empresa. Esta nueva calificación afecta tanto la calificación de emisor de moneda extranjera y local a largo plazo de Codelco como sus notas senior no aseguradas.

Codelco ha respondido a esta situación señalando que ha alcanzado un “punto de inflexión” en la producción y está progresando en proyectos clave. Esta respuesta sugiere un enfoque en la recuperación y el fortalecimiento de su posición en el mercado.

La última vez que Fitch rebajó la calificación crediticia de Codelco fue en 2018. Desde entonces, la agencia había mantenido la calificación A-, con una última afirmación de sus notas senior no aseguradas en septiembre.

A pesar de la rebaja, la nueva calificación de Codelco sigue siendo dos escalones por encima de la calificación de grado de inversión más baja de la agencia. Esto indica que, aunque hay preocupaciones, Codelco sigue siendo una entidad de inversión viable.

Perspectivas Futuras para Codelco

La rebaja de Fitch plantea varias preguntas sobre el futuro de Codelco. En primer lugar, está la cuestión de cómo esta rebaja podría afectar su capacidad para financiar nuevas iniciativas o expandir operaciones existentes. Además, está el impacto potencial en la confianza de los inversores y en las condiciones del mercado.

Sin embargo, la declaración de Codelco sobre alcanzar un punto de inflexión en la producción y el progreso en proyectos clave es alentadora. Indica un enfoque en la eficiencia y la innovación, elementos cruciales para mantener su posición de liderazgo en la industria del cobre.

La rebaja de la calificación de Codelco por Fitch es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la industria minera en un entorno económico global cambiante. Sin embargo, la respuesta de Codelco y su historial sugieren que está bien posicionada para adaptarse y prosperar a pesar de estos desafíos. Será crucial observar cómo la empresa implementa estrategias para mantener su solidez en el mercado y cómo esto influirá en su calificación crediticia a futuro.

Concesiones viales administradas por la ANI, 21 de 29 obras están enredadas en líos jurídicos, con $9 billones en juego

El hecho de que el subsector de obras civiles en Colombia haya decrecido en 15 % en el tercer trimestre del año, cuando la economía cayó en 0,3 %, no es algo para dejar pasar.

Este segmento de la construcción tiene un papel protagónico en la reactivación económica del país, tanto por ser altamente generador de empleo, como por el dinamismo que pone en la inversión y la irrigación de recursos.

Colombia saludó con esperanza la llegada de los proyectos viales conocidos como 4G (Cuarta Generación). La Agencia Nacional de Infraestructura ANI administra 29 de esos proyectos, pero 21 tienen enredos jurídicos que los retrasan y generan sobrecostos.

Los problemas de las megaobras de infraestructura vial que están en los tribunales tienen en juego billonarios recursos. Serían 9 billones de pesos, según las cuentas de la ANI, entidad de la cual se rumoró que se acabaría.

Durante el XX Congreso de Infraestructura que se realiza en Cartagena, el presidente Gustavo Petro desvirtuó esa versión y, por el contrario, dijo que las concesiones continúan.

Obras en tribunales

Las obras que están en tribunales, con líos jurídicos en curso, son claves para la conectividad terrestre del país. He aquí el listado

  • Perimetral
  • Antioquia – Bolívar
  • Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó (2 tribunales).
  • Neiva – Espinal – Girardot (en conciliación, construcción puente).
  • Mulaló – Loboguerrero
  • Ruta caribe 1
  • Santa Marta – Riohacha – Paraguachón
  • Bucaramanga – Pamplona (solicita terminación)
  • Pacífico 2
  • Coviandina
  • COVIANDES
  • Vías del Nus

Obras con fallos

  • Ruta del Sol 3
  • Coviandes Bogotá – Villavicencio
  • Gica Girardot – Cajamarca
  • Vías del Nus
  • Bucaramanga – Pamplona
  • Mulaló – Loboguerreo
  • Bogotá – Villavicencio, riesgo geológico

La apuesta financiera del Ministro de Transporte

Un monto de 140 billones de pesos para poner a andar el sector del transporte multimodal fue lo que anunció el ministro de Transporte, William Camargo, durante el congreso de empresas concesionarias.

Según el funcionario, en el plan se contemplan 73 billones, más de la mitad de los recursos, para poner en marcha el modo férreo, uno de los focos de la política para dinamizar el transporte. Pero también pasa por temas de dragado en Cormagdalena y en trenes interurbanos.

Camargo confirmó que andan en busca de nuevas fuentes de financiamiento, entre ellos, el cobro por valorización que viene en capilla desde hace meses.

En relación con los peajes, Camargo señaló que continúan en el proceso de establecer la forma en la cual se pondrán al día con el congelamiento en el costo, pues hasta el momento se tendrían que empezar a cobrar desde enero, en el caso del incremento que debió regir en 2023, más el de 2024.

“Colombia no debe depender de ningún país para suministro de gas”: presidenta de Naturgas

Recientemente se anunció el trabajo conjunto entre Ecopetrol y la venezolana estatal Pdvsa para la importación de gas natural a Colombia. Esta posibilidad ha generado revuelo sobre la viabilidad de esta opción y si pondría en riesgo la estabilidad energética y la autosuficiencia para el suministro de gas en Colombia.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, dijo que esta opción no se debe descartar. Sin embargo, que el gas importado, no solo desde Venezuela, debe reemplazar a la exploración y producción interna. Así lo afirmó desde el segundo Foro Regulatorio Internacional 2023, que se realiza en Medellín.

“Nosotros tenemos que ser autosuficientes. Hay que habilitar las posibilidades externas (como la importación), pero no podemos depender de ellas”, dijo. Y agregó que Colombia no solo tiene potencial para “garantizar autosuficiencia por décadas”, sino también “hasta convertirnos en exportadores”.

Las declaraciones llegan apenas días después de que Ecopetrol dijera que se está explorando la posibilidad de importar gas natural desde Venezuela a partir de diciembre de 2024.

“Desde Pdvsa se incluyeron opciones de proyectos bilaterales, tendientes, entre otras, a suministrar gas natural a Colombia a partir de diciembre de 2024, a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte”, comunicó la petrolera colombiana.

Cuál es la postura de Naturgas sobre la importación de gas

“Debemos ser autosuficientes y no depender de ningún país, porque la dependencia genera incertidumbre en el suministro”, explicó Murgas.

En ese sentido, explicó que desde la industria se ha propuesto la construcción de un Plan Integral de Seguridad Energética (PISE). Este, a grandes rasgos, necesita dos puntos. El primero es consolidar “un plan de incremento de oferta de gas local”. Y el segundo, “evaluar las fuentes de suministro de gas externos viables para mantener un respaldo”.

Así, Murgas fue enfática en que no se deben desechar ninguna fuente de suministro alterna, incluyendo la importación de gas natural, ya que este puede servir de respaldo para cubrir la demanda en épocas críticas como el Fenómeno de El Niño que, según el Ideam, irá hasta mayo de 2024. Pero también insistió en que es necesario “priorizar y agilizar la exploración y producción en el país”.

Además, recordó que “es más barato” el gas colombiano. Y también que “hoy la demanda no térmica de energía, es decir, hogares, residencia, comercios e industria, consumen gas natural producido 100 % en Colombia”.

La urgencia de reconformar la CREG

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, también hizo un llamado al Gobierno para que avance en la conformación de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG).

Esta semana se conoció que el comisionado experto Omar Fredy Prías será también su director ejecutivo. Sin embargo, aún faltan otros cuatro comisionados y tres de los anunciados son por encargo.

“Los primeros nombramientos, con uno en propiedad y tres encargos, pueden funcionar para tener quórum y tomar unas decisiones inmediatas, pero se necesitan decisiones en propiedad”, explicó Murgas. Y agregó: “confiamos en que el Gobierno de Colombia haga los nombramientos en el menor tiempo posible”.

Esa urgencia se entiende en el hecho de que la CREG participa en decisiones claves como la regulación de tarifas de energía. Y sin el quórum ni expertos comisionados expertos, no se encuentra habilitada para tomar decisiones.

“La CREG es una entidad clave para este sector, y desde Naturgas confiamos en que el Gobierno Nacional conformara la comisión de expertos con funcionarios nombrados en propiedad”, dijo.

La explotación ilegal de oro de aluvión aumentó en 2022 y llegó al 73 %, con un incremento de 5.000 hectáreas, según informe de UNODC

La explotación ilícita de oro sigue vigente en el país y los datos registrados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) muestran que los departamentos más golpeados por este fenómeno son Chocó, Antioquia y Nariño, en donde se presentan las mayores cifras de ilegalidad, además de aumentar en el país durante 2022 en un 73 % con un incremento de 5.000 hectáreas.

El estudio titulado “Informe de explotación de oro de aluvión 2022″ presentado este martes 21 de noviembre por UNODC, en su canal de YouTube, muestra cómo la minería ilegal afecta los diferentes territorios, destruye la biodiversidad y perjudica la vida de los colombianos. Un panorama en el que llama la atención que de las 94.733 hectáreas que el año pasado tenían explotación de oro de aluvión (Evoa), 69.123 eran de extracción ilícita.

“Para 2022, el sistema de monitoreo identificó 94.733 hectáreas de evidencias de explotación de oro de aluvión, de las cuales el 73 % proviene de explotaciones no autorizadas”, señaló Candice Welsch, representante regional de UNODC, durante la presentación del informe. Además, “el 21 % cuenta con los permisos técnicos y/o ambientales para la explotación y el 6 % se encuentran en tránsito a la legalidad”.

El reporte también indica que durante el monitoreo realizado, según Welsch, “en el 46 % de los territorios con presencia de Evoa en tierra, se identificaron también cultivos de coca, es decir, conviven varias economías ilícitas”.

La Evoa en tierra se distribuye proporcionalmente en dos categorías principales: en zonas excluibles de la minería se detectaron 46.550 hectáreas (49 % del total nacional) y en zonas libres de restricciones ambientales 48.183 hectáreas (51 %).

Chocó el más afectado

Y es que el porcentaje de presencia de ilegalidad está en los departamentos de Chocó (90 %), Antioquia y Bolívar, con el 85 % del total nacional, mientras que en 13 de los 32 departamentos del país hay explotación de oro de aluvión.

Para 2022, Chocó continúa ocupando el primer lugar con la mayor detección de Evidencias de Explotación de Oro Aluvión con 37.841 hectáreas (40 % del total nacional). También se reportó que el 45 % (43.702) de la Evoa en tierra se localizan en su mayoría (99 %) en tierras de las comunidades negras, principalmente en el departamento.

El informe también señala que en el ámbito municipal, 101 municipios (9 %) del total de 1.122 en el país, presentaron Evoa en tierra. “Diez municipios concentran el 56 % del consolidado nacional (52.896 ha): Nechí, Zaragoza, El Cantón de San Pablo, Nóvita, Cáceres, Ayapel, Istmina, El Bagre, Río Quito y Unión Panamericana, de donde se extrajo el 21 % de la producción nacional. El 70 % de la explotación de oro de aluvión con maquinaria en tierra de los diez municipios se realizó por fuera de cualquier figura de ley o en la categoría de explotación ilícita (36.872 ha)”.

“Entre 2018 y 2022 se perdieron alrededor de 24.000 hectáreas de coberturas vegetales de alto valor ambiental en los territorios con explotación no autorizada de oro no Evoa. Es una situación alarmante a largo plazo para los propósitos de conservación ambiental”, manifestó la representante.

El oro usado para lavado de activos

Respecto a la minería de subsistencia reporta un 45 % de oro en Colombia, casi el mismo porcentaje que registra la industria minera formal. “En este tipo de minería encontramos que confluyen varios tipos de delitos asociados a esta actividad, que incluyen el lavado de activos, la corrupción y la trata de personas por grupos del crimen organizado”.

“Debemos analizar la manera en la que el oro es utilizado para el lavado de activos, incluidos aquellos provenientes del narcotráfico, porque es muy atractivo usar el oro para lavar recursos de origen ilícito”, dijo Welsch.

En las zonas excluibles de la minería predomina la explotación ilícita con una participación del 88 % del total de esta categoría (41.081 ha). En estos territorios se ejerce esta actividad sin las autorizaciones técnicas y ambientales.

La extracción con los cultivos de coca

Aproximadamente en el 44 % de los territorios con presencia de Evoa en tierra se identificó presencia de cultivos de coca en 2021, señala el informe.

Además, Weslch indicó que los territorios donde se presentan estos tipos de extracción son de alta complejidad; por ejemplo, en el 45 % de los territorios con extracciones no autorizadas Evoa en tierra se identificaron cultivos de coca, en los que conviven varias economías ilícitas.

“En algunos de estos territorios se encuentran varios grupos criminales que financian sus actividades y se lucran de los beneficios económicos obtenidos de la coca y del oro, dando lugar al desarrollo de otros delitos”, explicó.

En estas zonas, el área sembrada con cultivos de coca alcanzó 18.939 ha y 28.676 ha de Evoa en tierra. “Del total del territorio afectado por cultivos de coca y presencia de Evoa en tierra, el 87 % de la Evoa detectada está bajo la categoría de explotación ilícita y se encuentra en mayor magnitud en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cauca. De los 101 municipios con Evoa en 2022, 76 presentaron siembra de cultivos de coca (6 más que el período anterior)”, dice el estudio de monitoreo.

En medio del panorama de ilegalidad, el informe también resalta los avances de Colombia por luchar contra este tipo de extracción: “Se han producido respuestas importantes en el marco jurídico en lo relativo a la protección ambiental, así como en materia de legalización y formalización”.

Sindicato de Ecopetrol apoya transición, pero advierte “medidas más drásticas” si se rebaja la inversión

El sindicato de la USO, el más importante de la industria petrolera en Colombia, ha venido alertando desde hace algunas semanas sobre la intención de la dirigencia de Ecopetrol para recortar el presupuesto de inversión del año 2024.

Más allá de esa denuncia, el sindicato y sus líderes han advertido que el proyecto de hacer inversiones desde la petrolera estatal colombiana para traer gas desde Venezuela tendría repercusiones en el rubro total de la inversión y, además afectaría el empleo de las regiones en donde hoy se realiza exploración y producción de ese hidrocarburo.

Valora Analitik conversó con César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) sobre las implicaciones de esos dos temas.

El líder sindical dijo que desde la Unión consideran válido que los países y las empresas hagan alianzas estratégicas para buscar convenios para fortalecer la transición energética.

Sin embargo, no comparte “bajo ninguna circunstancia que se afecte el presupuesto de Ecopetrol para invertir en otro país”.

Ya desde la Uso se había advertido sobre la eventual caída en el presupuesto de exploración y producción desde niveles de US$4.500 millones en el año 2023 hasta US$2.500 millones en el 2024.

Loza plantea al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a la Junta Directiva de Ecopetrol que se garantice mantener esos US$4.500 millones para las inversiones en 2024 en dichos segmentos.

No se puede perder de vista que las reservas petroleras dan para unos 7 años de soberanía energética, dijo Loza en entrevista con Valora Analitik.

“En lugar de estar pensando en llevar recursos a Venezuela, se le deben pagar a Ecopetrol los $24 billones del déficit del Fondo de Estabiliación de Precios de los Combustibles (FEPC) para que la empresa pueda ejecutar su plan de inversión de manera óptima”, aseveró.

El líder de la USO reveló que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, les ha dicho que esa deuda impide que la petrolera colombiana tenga los recursos disponibles para ejecutar ese presupuesto.

La decisión de hacer proyectos con juntos con la petrolera venezolana PDVSA fue “un anuncio sorpresivo, incluso para la USO”, dijo César Loza.

Venezuela no tiene buena industria petrolera

La industria petrolera venezolana, en palabras del líder de la USO, no tiene integralidad operativa, no tiene estándares de seguridad, no hay integridad en las facilitades de producción, ni en el bombeo o la refinación.

Por ejemplo, detalló que hay fugas en las tuberías petroleras en la zona de Maracaibo, en tanto el gasoducto Antonio Ricaurte tiene partes sin terminar. “Eso toca rehacerlo”, advirtió.

En su opinión, se necesita tener un plan B para la importación de gas para cuando en una coyuntura puntual se pueda necesitar, pero no se puede desaprovechar el potencial que tiene Colombia para su propia soberanía energía y no depender de terceros.

Reveló Loza detalles sobre que hay ocho departamentos colombianos que dependen de la industria petrolera con unos 200 mil trabajadores, mientras que el 52 % de las exportaciones nacionales se basan en el sector de hidrocarburos.

“Hacer la transición energética debe ser responsable”, reiteró.

No contempla paro de la USO, pero lanza advertencia

Loza y sus colegas de la USO no tienen contemplado “hacerle un paro al país y al Gobierno” porque están de acuerdo con la transición energética, pero quieren desarrollar el concepto y la forma sobre cómo se debe hacer esa transición.

La USO, dijo, ha planteado la necesidad de hacerlo de forma técnica y rigurosa para tener una curva básica de producción de crudo, incluso sin firmar nuevos contratos se puede hacer una curva de crecimiento de la producción de petróleo.

Al margen de ello, César Loza dijo que Ecopetrol no puede desinvertir para llevarse los recursos y, si lo hace, “nos veremos en la necesidad de tomar medidas más drásticas”.

Finalmente, dijo que el Asamblea de delegados de la USO en diciembre en San Andrés se analizará el panorama del país. Se lanzó a anticipar que la USO no va a hipotecar sus principios y que si eso afecta a los trabajadores colombianos “el sindicato defenderá su posición indiferente de la ideología del Gobierno”.

Principales mineras que operan en el país firman inédito acuerdo para medir emisiones de su cadena de suministro y proveedores

Las principales compañías mineras del país suscribieron un acuerdo para coordinar un único criterio en materia de las acciones concretas para medir los efectos de las emisiones de alcance 3 en el medio ambiente. El acuerdo, inédito en el sector, reúne a los principales actores de minería de cobre, para avanzar en la homologación de los estándares y metodologías existentes para medir las emisiones asociadas a su cadena de proveedores y suministro.

Es así como Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP, Codelco, Freeport-McMoRan, Glencore, Teck y la Corporación Alta Ley oficializaron un Acuerdo Marco de colaboración técnica para la conformación de la primera “Mesa de Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3” para la industria del cobre. La iniciativa les permitirá avanzar de forma conjunta y coordinada en dos frentes concretos de trabajo.

En primer lugar, se abordará la homologación de estándares y metodologías existentes, entregando un foco específico a la medición y reporte de emisiones de alcance 3 asociadas a la industria minera del cobre, un acuerdo calificado como inédito por las empresas firmantes del acuerdo.

Para ello, contarán con la colaboración de organizaciones relevantes en la industria minera global y particularmente del cobre, como la ICA y el ICMM, asegurando así que el trabajo esté en línea con las mejores prácticas y estándares internacionales, y también haga posible identificar y priorizar las principales fuentes de emisiones asociadas a la cadena de valor del cobre, de manera de administrar sus potenciales acciones de reducción de emisiones de forma posterior.

Adicionalmente, la Mesa promoverá la formación de capacidades mediante un proceso de trabajo colaborativo con sus proveedores y asociaciones tales como Aprimin y Minnovex, que contemplará, entre otros, un plan de capacitación destinado a brindarles apoyo en la utilización de la plataforma de huella de carbono alojada en el sitio web www.huellaminera.cl. De esta manera, el ecosistema minero podrá contar con productos y servicios con huellas de carbono que respondan a la realidad de la operación local y permitan generar representatividad dentro de los inventarios de emisiones del sector.

El trabajo está siendo coordinado por la Corporación Alta Ley. “Esta mesa para la Trazabilidad de Emisiones de Alcance 3 de la Minería, es una instancia de colaboración inédita entre empresas mineras, la ICA y el ICMM, con quienes trabajaremos alineados para diseñar una guía sectorial para la medición de las emisiones de alcance 3 en la industria del cobre, a partir de la homologación de protocolos y directrices reconocidos internacionalmente”, dijo Fernando Lucchini, presidente ejecutivo de la Corporación Alta Ley.

El ejecutivo agregó que “el desarrollo de este estándar permitirá consolidar y exportar globalmente el conocimiento en torno a la medición y reporte de emisiones de alcance 3 en la industria minera. Todo ello, sumado a los esfuerzos coordinados con nuestros proveedores de la minería y asociaciones como Aprimin y Minnovex, entre otras, para la capacitación y acompañamiento en el cálculo de huella de carbono.”

Este trabajo conjunto entre la industria y proveedores será liderado por un Comité Ejecutivo, compuesto por integrantes de cada compañía minera y de Alta Ley, el que involucrará también una constante interacción y co-construcción con instituciones clave del ecosistema, como el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), la Organización Internacional del Cobre (ICA) y asociaciones de proveedores y empresas mineras.

Impresiones de las mineras

Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American. “El cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrenta hoy la humanidad, y abordarlo requiere del trabajo conjunto de todos los actores de la sociedad. La colaboración es especialmente importante en la industria minera, pues producimos los metales que son claves para la transición energética. Por ello, nos sumamos de manera entusiasta a esta iniciativa, que está alineada con nuestras ambiciosas metas globales a 2040: ser carbono neutrales en todas nuestras operaciones y reducir nuestras emisiones de Alcance 3 en un 50%. Compartimos el objetivo de empujar la descarbonización para que Chile avance en proveer cobre bajo en emisiones, no solo respecto de las operaciones mineras, sino también en aquellas que se generan en toda la cadena de valor”.

Mario Larenas, Country Manager de Freeport-McMoRan Chile. “Necesitamos una mayor comprensión de las emisiones de alcance 3, para así mejorar nuestras estimaciones conforme a los marcos y estándares internacionales. Esta iniciativa a través del grupo de trabajo de la ICA y la ICMM, nos permitirá trabajar de manera consistente y colaborativa con otras compañías mineras, así como también con nuestros proveedores”.

René Muga, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP. “La minería del cobre tiene un rol fundamental que jugar en el camino hacia la descarbonización del planeta y la reducción de emisiones y, para ello, la colaboración es fundamental. Estamos muy contentos de unirnos como industria minera para buscar soluciones innovadoras y disruptivas que nos permitan trabajar juntos para construir un mundo mejor. En BHP seguiremos comprometidos para fomentar alianzas que nos permitan avanzar hacia una minería sostenible y responsable”.

Álvaro Baeza, Global Manager Decarbonization and Sustainable Operations de Glencore. “En Glencore somos conscientes del aumento en la demanda de metales y minerales para la transición energética, por lo que hemos asumido el compromiso de proveer de manera responsable estos productos. Sabemos que un gran porcentaje de las emisiones de GEI provienen de la cadena de valor, por lo que este tipo de iniciativas, que permiten un trabajo colaborativo y coordinado en la industria, son de gran relevancia para el desafío de reducir las Emisiones de Alcance 3”.

René Aguilar, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals. “Como industria tenemos el desafío y la responsabilidad de trabajar y apoyar en la reducción de la huella de carbono, no solo en los Alcances 1 y 2, sino que también en el Alcance 3. De ahí la relevancia de la conformación de esta Mesa, cuyo foco es que mandantes y proveedores trabajemos colaborativamente para lograr una eficiente gestión y reducción de emisiones en toda nuestra cadena de valor. En esta misma línea y, alineado con nuestro propósito, en Antofagasta Minerals estamos implementando el Programa “Proveedores para Un futuro Mejor” que busca fortalecer las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de los proveedores”.

Pablo Contreras, Gerente de Acción Climática de Codelco. “Codelco está comprometido con la cuantificación y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero, tanto las directas como aquellas generadas por terceros pero atribuibles a Codelco. Para lograrlo, en colaboración con Alta Ley, Codelco ha desarrollado una calculadora de huella de carbono destinada a proveedores de la industria minera, con el fin de apoyar la medición de las emisiones correspondientes al Alcance 3. Asimismo, se ha suscrito un convenio con el Ministerio del Medio Ambiente para integrar esta herramienta en el programa Huella Chile. A través de la colaboración en esta mesa, esperamos fortalecerla con los proveedores y lograr que se consolide como una herramienta transversal en la industria minera como bien público”.

Carolina Musalem, Directora de Relaciones Gubernamentales de Teck Sudamérica. “En el contexto de este estudio impulsado por la Corporación Alta Ley, Teck ha incluido en sus metas de cambio climático la ambición de lograr cero emisiones netas de GEI de Alcance 3 para 2050. Particularmente, estableciendo asociaciones con clientes y proveedores de transporte para establecer corredores de cadena de suministro de bajas emisiones para el transporte de nuestros productos y apoyar una reducción del 40% en la intensidad de las emisiones del transporte marítimo en 2030 para el transporte marítimo que contratamos”, indica

Destinarán 6 mil millones de pesos para proyectos de investigación de litio y salares

Las ministras de Ciencia y Medio Ambiente, Aisén Etcheverry y Maisa Rojas, junto a las subsecretarias de Economía y de Minería, Javiera Petersen y Suina Chahuán, y la directora nacional de ANID, Alejandra Pizarro, anunciaron una inversión de 6 mil millones de pesos en investigación de Litio y Salares. Esto, mediante el concurso “Anillos de Investigación en Litio y Salares” que se adjudicará en julio de 2024, con fondos del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible.

Según los lineamientos de la Estrategia Nacional del Litio, serán el conocimiento y la ciencia lo que permitirá a Chile explotar este recurso de acuerdo con los más altos estándares de cuidado del medioambiente. Para ello, el Ministerio de Ciencia está encabezando el trabajo interministerial para diseñar el futuro Instituto Tecnológico y de Investigación en Litio y Salares. En el intertanto, focalizó instrumentos ya disponibles de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para financiar aquellas líneas de investigación que se definieron como prioritarias en un proceso de conversación entre la comunidad científica, y los ministerios de Ciencia, Minería y Medio Ambiente

“Mientras más conozcamos sobre los salares, las comunidades que los rodean y las tecnologías para su extracción y uso, más rápido y más fácil podremos avanzar hacia una producción de litio sostenible. Con ese foco, y mientras se definen temas como el diseño y la gobernanza del futuro Instituto Tecnológico y de Investigación en Litio y Salares, hemos identificado áreas del conocimiento que debemos profundizar con mayor urgencia. Son esos fondos, para esas investigaciones primordiales, los que se concursarán a partir de hoy y se adjudicarán en julio de 2024”, señaló la ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry.

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que los temas de investigación definidos para este concurso fueron construidos de manera conjunta, de tal manera que la investigación aporte a los pilares de la Estrategia Nacional del Litio, incluyendo la comprensión de la biodiversidad de los salares: “Tenemos poco conocimiento y, por lo tanto, un gran espacio para aportar a nuestro entendimiento sobre estos ecosistemas tan frágiles, tan valiosos, y esto va a complementar también el pilar que nos toca a nosotros liderar, que es la parte de la protección y la creación de la Red de Salares. Esperamos que muchos investigadores e investigadoras postulen a este concurso para aportar a un mayor conocimiento en torno a los salares”, señaló.

Javiera Petersen, subsecretaria de Economía, afirmó que para cerrar brechas de productividad, generar empleos de calidad y avanzar hacia la carbono neutralidad, es fundamental que incorporemos más conocimiento a los procesos productivos. “Por eso, desde nuestro Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, donde participan seis ministerios, hoy podemos financiar este concurso que va a contribuir a la Estrategia Nacional del Litio y al avance de nuestro país en los desafíos productivos, sociales y medioambientales que hoy tiene nuestra economía, impactando positivamente en el bienestar de las personas”.

Por último, la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, destacó el carácter interministerial que tiene la Estrategia Nacional del Litio. “La apertura de esta nueva versión del concurso de Anillos Temáticos con foco en litio y salares refleja que el gobierno está comprometido con el desarrollo de una industria de litio sostenible capaz de generar conocimiento y tecnologías para mejorar los procesos de extracción y producción. Además, el lanzamiento de este importante instrumento da cuenta del carácter interministerial que tiene la estrategia con sus ocho hitos de trabajo que buscan, precisamente, agregar valor y nuevas capacidades a la industria mediante el fomento de tecnologías e investigaciones en materias como biodiversidad, reducción de impactos o reciclaje. Y sin lugar a duda, este concurso -impulsado por las carteras de Ciencia y Economía- está en concordancia con esos objetivos”.

Los fondos, correspondientes al instrumento “Anillos de Investigación en Áreas Temáticas Específicas”, ascienden aproximadamente a seis mil millones de pesos durante 3 años, para financiar un máximo de 10 proyectos. A ellos pueden postular universidades, centros de investigación e Institutos Tecnológicos y de Investigación Públicos (ITPs), en tres líneas ya definidas: 1. Ingeniería y Geología en Litio y Salares. 2.  Ecología y Biodiversidad en Salares y su conexión con la producción del litio. 3.  Desarrollo Social, Cultural y Territorial de la industria del Litio y los Salares. Ello permitirá investigar desde temas productivos como nuevos métodos de extracción de salmuera y obtención de litio, usos especiales en baterías diferentes a los tradicionales, recuperación y reutilización de materiales asociados a la cadena de valor del litio, hasta biodiversidad asociada a los salares, modelamiento del impacto de los procesos de explotación de salares, monitoreo eficiente de los ecosistemas, pasando por conflictos sociales y ambientales en las diferentes cuencas, relación entre la minería del litio y el desarrollo territorial o el balance entre tecnologías emergentes y sus posibles efectos e impactos socio-ambientales.

Para más información del concurso en el siguiente enlace.

Cámara despacha a Senado proyecto que modifica normativas mineras para mejorar implementación de la Ley N°21.420

Con 109 votos a favor y 8 en contra, la Cámara de Diputados y Diputadas, despachó a segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que, mediante la modificación de las disposiciones de un conjunto de normas vinculadas al sector minero, subsanan las inconsistencias de la Ley N°21.420 que afectarían el cumplimiento de las obligaciones que el sector debiese aplicar a su entrada en vigencia, permitiendo de este modo, una adecuada implementación de dicha iniciativa legal, la que fue aprobada a comienzos del año 2022 como uno de los mecanismos diseñados por la administración anterior, para financiar parte de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El proyecto, que introduce cambios al Código de Minería, a la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, a la Ley N°21.420 y al Decreto Ley N°3525, de 1980, que crea el Sernageomin, aportando mayor certidumbre al desarrollo de la actividad minera, incorpora beneficios para la pequeña minería y reconoce nuevas alternativas para acreditar trabajo, permitiendo acceder a rebajas en el pago de patentes mineras, entre otras medidas.

Al momento de la presentación del proyecto en sala, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó el proceso participativo que permitió levantar las inquietudes del sector minero y llamó a avanzar con premura en los pasos que siguen en el Congreso.

“Hemos hecho un trabajo en profundidad con la Comisión de Minería y Energía, así como con la Comisión de Hacienda, y quiero señalar que es importante continuar con la tramitación del proyecto en forma urgente, ya que la entrada en vigencia de la Ley N°21.420 es inminente, comienza a regir el 1° de enero próximo, generando varias implicancias tanto para los regulados, en particular para la pequeña minería de nuestro país, y para el Servicio Nacional de Geología y Minería”, afirmó la autoridad.

La secretaria de Estado enfatizó que, “este proyecto busca generar mayor dinamismo a la propiedad minera de nuestro país, otorgando herramientas que flexibilizan el cumplimiento normativo de la pequeña minería, segmento que es tan relevante en el norte de Chile”. En esa línea, la iniciativa mantiene los montos actuales de las patentes mineras que estén siendo trabajadas, generando más hipótesis de trabajo, junto con una serie de beneficios en favor de los pequeños mineros y mineras, para efectos de poder acreditar labores y acceder a una patente especial. Asimismo, se determina el procedimiento y forma de hacer entrega de información geológica, como también amplía el plazo de vigencia de la concesión de exploración.

Además, la iniciativa incorpora mejoras procedimentales para el Código de Minería en cuánto a publicaciones, ejercicio de acciones posesorias y suspende el cambio de Datum, de modo que éste se genere solo una vez que Sernageomin pueda implementar en forma adecuada e informada el cambio de coordenadas.

Con el resultado de la votación, el proyecto de ley pasa al Senado donde cumplirá su segundo trámite constitucional, con el propósito de avanzar en su discusión legislativa y lograr ser despachado a ley antes del 1 de enero de 2024, momento en el que entrarían en vigor las disposiciones que la Ley N°21.420 introdujo al sector minero.

Máximo Pacheco: “Desde el punto de vista financiero, el negocio de Codelco sigue siendo muy atractivo”

La rebaja crediticia que anunció la clasificadora Fitch Ratings sobre las emisiones de deuda de Codelco fue uno de los temas abordados por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, a la que asistió para presentar los resultados financieros de la compañía al cierre del tercer trimestre del año.

“Esta es una empresa con un tremendo nombre a nivel internacional y que es seguida de cerca por el mundo, porque (los países) saben que sin cobre no hay transición energética y cuando piensan en cobre, miran en primer lugar a Codelco”, describió inicialmente Pacheco.

“Tenemos derecho a dar opiniones distintas a las de los analistas. Nosotros contamos con un mejor conocimiento de las medidas que estamos tomando para revertir la situación actual, recuperar la producción y para asegurar que los proyectos estructurales mejoren y aceleren su entrada en  operación”, enfatizó tras la consulta del presidente de la comisión, el diputado Jaime Mulet, quien preguntó por qué la visión de la agencia calificadora dista de las proyecciones internas de la estatal, las cuales muestran que la producción comenzará a repuntar a contar de 2024, para alcanzar las 1,7 millones de toneladas hacia 2030.

En esa línea, mencionó que se están tomando acciones como “rediseños y ajustes organizacionales”. “Aquí no puede haber ninguna complacencia”, cerró el presidente del directorio.

Resultados financieros, destaca Ebitda

Respecto a los temas de su presentación, a la que asistió en compañía del vicepresidente (i) de Administración y Finanzas, Olivar Hernández, Pacheco relevó el Ebitda de US$ 3.237 millones alcanzado a septiembre de 2023, que equivale a una utilidad diaria de US$ 12 millones y que permitirá cumplir el compromiso de aportes al Fisco por US$1.411 millones establecido en el presupuesto del Ministerio de Hacienda.

“Es verdad que estamos preocupados por la caída en la producción y el retraso de los proyectos estructurales, pero desde el punto de vista financiero el negocio sigue siendo muy atractivo”, destacó.

Pacheco explicó a los diputados que los resultados son menores a igual fecha de 2022, principalmente por una menor venta de cobre, debido a la baja en la producción y el atraso en los proyectos estructurales, además de mayores costos operacionales y no operacionales.

Además, detalló a la comisión los datos entregados por la estatal en octubre, respecto de los resultados enero-septiembre: con producción de 966 mil toneladas de cobre y la evolución de los proyectos estructurales.

Respecto de estos últimos, se le consultó cuál sería el costo final del proyecto en la División Salvador, que en 2024 entrará en operación. “La inversión del proyecto reformulado en Rajo Inca es de aproximadamente US$ 2.400 millones de dólares”, respondió el presidente del directorio, con lo cual ratificó la cifra entregada en la Junta de Accionistas realizada en mayo.

Pacheco también reafirmó el compromiso de Codelco con la seguridad de los(as) trabajadores(as), lo cual definió como un valor fundamental para la organización. “Ningún resultado o meta justifica que expongamos a personas a riesgos no controlados”, aseguró.