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Arica aprueba desalinizadora de US$64,5 millones para reforzar el suministro de agua potable

La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región de Arica y Parinacota aprobó por unanimidad el proyecto de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar destinada a la producción de agua potable en la comuna de Arica. La iniciativa, impulsada por Aguas del Altiplano, filial del Grupo Aguas Nuevas, contempla una inversión estimada de US$64,5 millones y una capacidad de producción de 200 litros por segundo.

La aprobación ambiental representa un avance importante para el desarrollo de esta infraestructura sanitaria, que busca diversificar las fuentes de abastecimiento de la ciudad y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema frente a los problemas de escasez hídrica que afectan al norte de Chile.

Infraestructura para fortalecer la seguridad hídrica

La futura instalación producirá agua desalada para su posterior potabilización y funcionará como una fuente complementaria a las captaciones continentales que actualmente abastecen a la población. De esta manera, el proyecto permitirá incorporar una alternativa adicional al sistema de producción de agua potable y reducir la dependencia de las fuentes tradicionales de suministro.

La iniciativa también apunta a mejorar la resiliencia de la infraestructura sanitaria regional ante la variabilidad en la disponibilidad de los recursos hídricos. En ese contexto, la desalación se presenta como una alternativa para reforzar la continuidad y seguridad del abastecimiento en una zona que enfrenta importantes desafíos relacionados con la disponibilidad de agua.

Inversión y generación de empleo local

Además de su aporte al sistema de abastecimiento, la construcción y posterior operación de la planta tendrán efectos en la actividad económica de Arica. Según lo informado por la empresa, el proyecto generará oportunidades laborales durante sus distintas etapas y contribuirá al dinamismo de la economía local.

El gerente de Regulación y Medio Ambiente del Grupo Aguas Nuevas, Mario Calderón Barbas, destacó que la aprobación ambiental permitirá avanzar hacia la incorporación de una nueva fuente de agua para consumo humano y fortalecer la capacidad del sistema sanitario frente a las exigencias hídricas de las ciudades del norte del país.

Desalación como alternativa para las ciudades costeras

Por su parte, Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), valoró la decisión de la comisión y señaló que este tipo de infraestructura permite complementar las fuentes continentales utilizadas para la producción de agua potable.

El representante del gremio destacó que las plantas desalinizadoras pueden ofrecer un respaldo a las ciudades costeras frente a las variaciones en la disponibilidad de agua proveniente de ríos y otras fuentes continentales.

Con la aprobación unánime de la COEVA, el proyecto de Aguas del Altiplano supera un hito relevante de su evaluación ambiental y avanza en su tramitación. Su desarrollo busca fortalecer la seguridad hídrica de Arica y ampliar las alternativas de abastecimiento para la población de la región.

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Codelco Andina refuerza controles ambientales tras incidente en sistema de relaves

Codelco División Andina informó sobre las medidas de control y vigilancia ambiental implementadas tras el incidente registrado el 5 de noviembre en su sistema de transporte de relaves, en la zona cordillerana del río Blanco, en la Región de Valparaíso, Chile. La compañía comunicó que los monitoreos realizados en los ríos Blanco y Aconcagua no detectaron alteraciones significativas en la calidad del agua.

Los antecedentes fueron presentados durante una reunión del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Provincial de Los Andes, convocada por la Delegación Presidencial. En el encuentro participaron autoridades, representantes de servicios públicos, empresas vinculadas al suministro de agua y organizaciones de usuarios del recurso hídrico.

Detención de operaciones y activación de protocolos

Tras detectar una obstrucción en el sistema de transporte de relaves, Codelco dispuso la detención inmediata de la planta concentradora, interrumpiendo tanto la generación como el transporte de estos residuos mineros.

La empresa también activó sus protocolos de emergencia e informó a las autoridades, comunidades cercanas, regantes y compañías vinculadas, entre ellas Esval y Colbún. Paralelamente, inició monitoreos ambientales mediante una entidad técnica acreditada.

Según los antecedentes preliminares presentados por la División, entre 1 y 5 metros cúbicos de material habrían alcanzado el cauce del río Blanco. La investigación interna busca determinar las causas de la obstrucción y establecer medidas correctivas para evitar nuevos incidentes.

Monitoreos no detectaron alteraciones significativas en el agua

Los análisis efectuados en los ríos Blanco y Aconcagua no evidenciaron variaciones significativas en parámetros como pH, conductividad eléctrica y temperatura. Tampoco se identificaron cambios relevantes en la apariencia del agua, y los indicadores evaluados permanecieron dentro de sus rangos habituales.

Esval confirmó que sus propios controles tampoco registraron alteraciones. Por ello, la empresa sanitaria pudo retomar la captación superficial de agua desde el río Aconcagua, luego de una suspensión preventiva durante la cual mantuvo el abastecimiento mediante fuentes alternativas.

La Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua también informó que sus monitoreos no detectaron cambios en la calidad del recurso. La organización había dispuesto el cierre preventivo de compuertas tras recibir la comunicación de la minera.

Codelco investigará las causas y reforzará inspecciones

El gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de División Andina, Luis Hernán Concha, señaló que la compañía inició una investigación técnica interna para identificar el origen del incidente y definir acciones correctivas de mayor alcance.

Entre las medidas previstas se encuentran el fortalecimiento de las inspecciones de la canaleta de transporte de relaves, una mayor vigilancia aérea y en terreno, y el refuerzo de los controles preventivos relacionados con el deshielo y las condiciones de alta montaña.

La División también mantendrá el seguimiento permanente del sistema y comunicará los resultados de los monitoreos a las autoridades y organismos competentes.

Fiscalización ambiental continúa bajo supervisión de la SMA

El incidente también motivó la intervención de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que inició un procedimiento de fiscalización y solicitó a Codelco antecedentes técnicos sobre la obstrucción, el volumen de material derramado, las superficies potencialmente afectadas y las medidas de limpieza ejecutadas.

El organismo estableció dos plazos para la entrega de información: dos días hábiles para los antecedentes iniciales y cinco días hábiles para un informe técnico consolidado que incluya las causas de la falla, la evaluación de posibles impactos ambientales y las acciones para prevenir nuevas contingencias.

La fiscalización contempla además inspecciones en terreno para verificar el alcance del incidente y la efectividad de las medidas adoptadas por la minera.

Con estas acciones, Codelco Andina busca mantener bajo control el sistema de transporte de relaves y reforzar la vigilancia ambiental de sus operaciones. No obstante, la investigación técnica y la fiscalización de la autoridad deberán determinar las causas del evento y establecer si las medidas implementadas son suficientes para prevenir su repetición.

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Expertos y Autoridades Analizarán el Cierre de Minas y Remediación Ambiental en PACMIN 2026

PACMIN 2026 reunirá a altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, autoridades ambientales, líderes de importantes compañías mineras y representantes de la academia para debatir el reaprovechamiento de pasivos ambientales, la recuperación de áreas impactadas y los desafíos económicos, financieros y ambientales del cierre de minas en el Perú.
Lima, noviembre de 2026. El Perú enfrenta el desafío de gestionar más de 6,000 pasivos ambientales mineros, de los cuales 740 están clasificados como de alto y muy alto riesgo. A esta problemática se suma la necesidad de garantizar cierres sostenibles de las operaciones mineras que culminan su ciclo productivo o agotan sus reservas, procesos que requieren importantes inversiones y el cumplimiento de las exigencias ambientales establecidas por la legislación peruana.
Estos desafíos serán abordados en el III Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas – PACMIN 2026, que se realizará del 17 al 19 de noviembre en Open PUCP, Plaza San Miguel, Lima, con la participación de autoridades del Estado, ejecutivos de compañías mineras, especialistas nacionales e internacionales y representantes de la academia.
El encuentro es organizado por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, presidido por Jorge Enrique Soto Yen, quien también se desempeña como director general de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Cuenta, además, con la participación académica de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su Maestría en Regulación, Gestión y Economía Minera.
La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, también integra la Comisión Organizadora, fortaleciendo la participación de representantes del Estado en este espacio de articulación entre el sector público, la industria minera y la academia.
DEL PASIVO AMBIENTAL AL ACTIVO DE DESARROLLO
“Queremos pasar del pasivo al activo”, afirmó Fernando Valdez, presidente de PACMIN 2026, al destacar la necesidad de superar una visión centrada exclusivamente en la remediación ambiental y avanzar hacia el reaprovechamiento de pasivos mineros, la rehabilitación de áreas impactadas y la recuperación productiva de los territorios.
Este enfoque busca promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo económico, sin dejar de lado la protección de los recursos hídricos, la recuperación de ecosistemas y la sostenibilidad de las comunidades.
El desafío adquiere especial relevancia frente al crecimiento de la industria minera. Durante el lanzamiento del simposio, la viceministra Mayra Figueroa destacó que el Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos de inversión minera por más de US$ 64,000 millones, distribuidos en 19 regiones, además de 69 proyectos de exploración por US$ 757 millones. Este potencial de inversión exige fortalecer la planificación ambiental y financiera desde las primeras etapas de las operaciones, con el objetivo de prevenir la generación de nuevos pasivos.
AUTORIDADES Y LÍDERES MINEROS DEBATIRÁN SOLUCIONES
PACMIN 2026 contempla la participación de representantes de entidades estratégicas del Estado, entre ellos Juan Carlos Castro, jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); Joanna Fischer, presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE); Walther León, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); y Dante Aguilar, gerente general de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC).

INFORMACIÓN DEL EVENTO
III Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas – PACMIN 2026
Fecha: 17 al 19 de noviembre de 2026 Lugar: Open PUCP – Plaza San Miguel, Lima Web: https://pacmin.ciplima.org.pe Contacto comunicaciones: comunicaciones.minas@ciplima.org.pe Teléfono: (+51) 976 198 216
Oficina de Comunicaciones Capítulo de Ingeniería de Minas Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima

 

 

 

Entre los principales debates destacan los paneles «El futuro del cierre de minas en el Perú: regulación, sostenibilidad, inversión y responsabilidad de largo plazo» y «Articulación interinstitucional para la transformación de pasivos mineros en activos de desarrollo», orientados a analizar los desafíos regulatorios, ambientales y económicos que enfrenta el sector.
La Comisión Organizadora, presidida por Fernando Valdez, cuenta con la participación del ingeniero Raúl Benavides, reconocido empresario y líder de la industria minera, además de past president de PACMIN, cuya trayectoria aporta experiencia y visión estratégica al encuentro.
También participan destacados ejecutivos del sector, entre ellos Jaime Polar, gerente general de Summa Gold; Tomás Gonzales, gerente general de Cerro Verde; Paul Gómez, gerente general de GoldFields en Perú, Percy Montoya, gerente de Gestión Ambiental de Compañía de Minas Buenaventura; y Aldo León, gerente de Permisos y Cierre en Perú de Barrick Mining Corporation, junto con otros representantes del ámbito empresarial y académico.
CIERRE DE MINAS: EL DESAFÍO DE GARANTIZAR SU SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y FINANCIERA
Uno de los temas de mayor relevancia será el costo que representa el cierre de las operaciones mineras, especialmente aquellas que culminan su producción o agotan sus reservas. El desafío consiste en garantizar que los recursos financieros destinados al cierre sean suficientes para cumplir las obligaciones ambientales exigidas por la normativa peruana, incluyendo la rehabilitación de áreas intervenidas, la estabilidad física y química de las instalaciones y el monitoreo posterior al cierre.
En este contexto, la mesa redonda «Garantías financieras para el cierre de minas: desafíos y oportunidades para conciliar la protección ambiental y la eficiencia financiera» analizará los mecanismos que permitan asegurar el financiamiento de estas obligaciones, mejorar la predictibilidad regulatoria y equilibrar la protección ambiental con la eficiencia en el uso del capital.
Asimismo, el simposio abordará ocho ejes temáticos relacionados con regulación, inteligencia artificial, monitoreo inteligente, innovación tecnológica, remediación ambiental, economía circular, recuperación de ecosistemas, financiamiento y transición territorial.
Desde el ámbito académico, la Escuela de Posgrado de la PUCP, a través de su Maestría en Regulación, Gestión y Economía Minera, contribuirá al análisis de estos desafíos. Su director, José Antonio Gutiérrez Amaya, ha destacado la importancia de comprender el cierre de minas no solo como el término de una operación, sino como el inicio de una nueva etapa de desarrollo para los territorios y sus comunidades.
MÁS DE 500 PARTICIPANTES Y 65 EXPOSITORES
PACMIN 2026 proyecta congregar a más de 500 asistentes, 65 expositores nacionales e internacionales y representantes de más de 30 compañías mineras, mediante conferencias magistrales, paneles de alto nivel, mesas técnicas y reuniones empresariales B2B.
Bajo el lema «Cerrando brechas, recuperando territorios y construyendo un futuro sostenible», el encuentro busca llevar el debate del diagnóstico a las soluciones concretas, promoviendo una gestión responsable de los pasivos ambientales y una planificación del cierre de minas que considere sus implicancias ambientales, económicas y sociales.
El gran desafío del Perú no es solo recuperar los pasivos ambientales existentes, sino garantizar que las operaciones mineras actuales culminen su ciclo productivo sin convertirse en los pasivos ambientales del futuro.

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Academia AMSAC: Estudiantes universitarios conocen técnicas de remediación ambiental en la región Lima

● Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos participaron en una visita técnica organizada por Academia AMSAC para conocer los procesos de recuperación de áreas afectadas por la actividad minera.
Lima, noviembre de 2026. – Como parte de las actividades del programa Academia AMSAC, 25 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), integrantes de distintas especialidades, realizaron una visita técnica al proyecto de remediación ambiental Tablachaca, ubicado en la región Lima, con el propósito de conocer el trabajo que desarrolla la empresa en la gestión y remediación de pasivos ambientales mineros.
La visita, realizada en el marco del programa Academia AMSAC, contó con la participación de 25 estudiantes de las especialidades de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil, Ingeniería de Minas y Derecho, quienes tuvieron la oportunidad de complementar su formación académica a través de una experiencia de aprendizaje en campo.
Durante el recorrido, Juana Yauri, especialista en Post Cierre y Mantenimiento de AMSAC, explicó las características del proyecto Tablachaca, las técnicas empleadas en su remediación y los principales aspectos técnicos, ambientales y normativos que intervienen en la recuperación de espacios impactados por la actividad minera.
Esta experiencia permitió a los estudiantes complementar su formación académica mediante el aprendizaje directo en campo, conocer los procedimientos aplicados en la gestión de pasivos ambientales mineros y comprender el trabajo especializado que requiere la recuperación ambiental de estos espacios.
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Colombia incorporó 42 proyectos de generación eléctrica en el tercer trimestre de 2026

El sistema eléctrico colombiano incorporó 42 nuevos proyectos de generación durante el tercer trimestre de 2026, con una capacidad conjunta de 698,2 megavatios (MW). La mayoría corresponde a instalaciones solares, lo que refleja el avance de esta tecnología dentro de la matriz energética del país y el crecimiento de las inversiones en fuentes renovables.

De acuerdo con información del operador del mercado eléctrico XM, 39 proyectos fueron solares, con una capacidad de 607,32 MW; dos correspondieron a generación térmica, que sumaron 81 MW, y uno fue una pequeña central hidroeléctrica, con 9,9 MW. Las iniciativas ingresaron al Sistema Interconectado Nacional entre julio y septiembre y se distribuyeron en 15 departamentos.

La energía solar concentra la mayoría de las incorporaciones

La tecnología fotovoltaica representó la mayor parte de la nueva capacidad de generación incorporada durante el trimestre. Los proyectos solares sumaron 607,32 MW, frente a los 81 MW de las dos iniciativas térmicas y los 9,9 MW de la central hidroeléctrica.

Las nuevas instalaciones se distribuyeron en La Guajira, Atlántico, Cesar, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

Con corte al 30 de septiembre de 2026, la capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional alcanzó los 22.196 MW. En la composición de la matriz, la generación hidráulica representó el 59,7%, la térmica el 28,8% y la solar el 11,5%.

Este comportamiento evidencia una mayor participación de la generación fotovoltaica, aunque las fuentes hidráulicas continúan concentrando la mayor proporción de la capacidad del sistema.

Más de 1.100 MW permanecen en pruebas iniciales

XM también reportó que, al cierre de septiembre, había 140 proyectos de generación en pruebas iniciales, con una capacidad conjunta de 1.147,97 MW.

De ese total, 133 iniciativas correspondían a tecnología solar, tres a generación eólica, tres a térmica y una a hidráulica. Los proyectos se encontraban distribuidos en departamentos como Valle del Cauca, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Tolima, Cundinamarca, Cesar, Meta, Atlántico y Sucre.

Estas instalaciones todavía deben completar las verificaciones técnicas y los procedimientos regulatorios correspondientes antes de declarar su operación comercial. Por ello, su capacidad no debe contabilizarse como generación ya incorporada al sistema.

La entrada progresiva de estos proyectos podría ampliar la disponibilidad de energía y diversificar las fuentes de abastecimiento, siempre que las iniciativas superen satisfactoriamente sus etapas de prueba.

Cinco proyectos de transmisión fortalecen la infraestructura eléctrica

El balance de XM también registró la entrada en operación de cinco proyectos de transmisión durante el tercer trimestre de 2026. Tres corresponden al Sistema de Transmisión Nacional y dos están asociados con conexiones de carga y redes regionales.

Entre las principales intervenciones se encuentra el traslado de dispositivos FACTS de ISA Intercolombia desde el enlace Santa Marta-Termocol hacia la línea Termocol-La Guajira, de 220 kilovoltios.

También ingresó en operación una bahía de transformación de 500 kV en la subestación Nueva Esperanza, desarrollada por Empresas Públicas de Medellín (EPM), y el segundo transformador de Enel en esa misma subestación, con capacidad de 500/115 kV.

Este último proyecto busca fortalecer el abastecimiento eléctrico del área Oriental, mejorar la transferencia de energía hacia las redes regionales y reducir las restricciones existentes en la infraestructura.

Nuevas subestaciones mejoran la atención de la demanda

En el componente regional, Caribemar de la Costa declaró en operación comercial el segundo transformador de la subestación La Marina, de 66 kV, el 9 de julio de 2026.

Por su parte, EPM amplió la capacidad de transformación de la subestación Caucheras, de 110 kV, cuya entrada en operación comercial fue registrada el 29 de julio.

Estas intervenciones buscan reforzar la capacidad de atención de la demanda y disminuir las restricciones operativas en las redes de transmisión regional.

En el acumulado de enero a septiembre de 2026, XM contabilizó la entrada en operación de 128 nuevas plantas de generación, con una capacidad conjunta de 1.038,85 MW, además de diez proyectos de transmisión.

Colombia avanza en la diversificación de su matriz energética

La incorporación de nuevas plantas solares, térmicas e hidráulicas representa un avance en la expansión de la capacidad de generación eléctrica colombiana. Sin embargo, el crecimiento de la oferta también requiere inversiones complementarias en líneas, subestaciones y sistemas de transformación que permitan transportar la energía hacia los centros de consumo.

Los datos de XM muestran que la expansión del sistema no depende únicamente de construir nuevas centrales, sino también de fortalecer la infraestructura de transmisión para integrar la generación y atender el crecimiento de la demanda.

Con los proyectos que ingresaron durante el tercer trimestre y aquellos que permanecen en pruebas, Colombia continúa ampliando su capacidad energética y diversificando las tecnologías que participan en el suministro eléctrico nacional.

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Colombia gestionará $861.000 millones para obras en el río Magdalena y el puerto de Barranquilla

El Gobierno de Colombia avanza en la gestión de recursos para desarrollar proyectos de infraestructura fluvial, portuaria, vial y aeroportuaria en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Entre las principales iniciativas se encuentran las obras de estabilización de Bocas de Ceniza y profundización del río Magdalena, la continuidad del dragado del canal de acceso al puerto, la intervención del Canal del Dique y la deconstrucción del antiguo puente Pumarejo.

Los proyectos fueron revisados durante una reunión de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con representantes de ProBarranquilla, la Cámara de Comercio de Barranquilla y empresarios de la región. El encuentro permitió evaluar las necesidades de financiación y los mecanismos para acelerar las intervenciones que buscan fortalecer la conectividad y reducir los costos logísticos.

Más de $861.000 millones para fortalecer el río Magdalena

Uno de los principales componentes de la agenda corresponde a dos proyectos para mejorar la navegabilidad del río Magdalena. El Gobierno busca gestionar un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la estabilización de los tajamares y diques de encauzamiento en Bocas de Ceniza, con una inversión estimada de $491.000 millones.

La segunda intervención contempla obras de profundización del río hasta Barrancabermeja, por cerca de $370.000 millones. En conjunto, ambos proyectos representan recursos estimados en $861.000 millones.

Las iniciativas cuentan con estudios y diseños en fase III elaborados por Cormagdalena. Sin embargo, todavía deben concretar sus fuentes de financiación antes de avanzar hacia la ejecución.

Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de navegación y facilitar el transporte de mayores volúmenes de carga entre el Caribe y el interior del país, fortaleciendo el papel del río Magdalena dentro de la infraestructura logística colombiana.

Dragado del puerto de Barranquilla continuaría hasta 2027

Otro de los compromisos es garantizar la continuidad del dragado del canal de acceso al puerto de Barranquilla hasta agosto de 2027. Para ello, se adelantan trámites de vigencias futuras de Cormagdalena ante el Ministerio de Hacienda y se gestionan recursos adicionales que permitan mantener las condiciones de navegabilidad durante todo el año.

Además, el Gobierno estudia estructurar una asociación público-privada (APP) para profundizar el canal de acceso hasta alcanzar 12 metros y asegurar su mantenimiento.

La iniciativa busca ofrecer mayor capacidad operativa al puerto y facilitar el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño. La definición del esquema de financiación y ejecución será determinante para avanzar hacia ese objetivo.

Canal del Dique y antiguo puente Pumarejo

El Canal del Dique constituye otro de los proyectos estratégicos de la agenda regional. El Gobierno espera iniciar sus obras en 2027, con intervenciones en los departamentos de Bolívar, Sucre y Atlántico.

La iniciativa contempla acciones para reducir el riesgo de inundaciones, especialmente en comunidades del sur del Atlántico, además de ajustes en las esclusas para permitir el tránsito de embarcaciones de mayor tamaño y aprovechar el potencial del transporte fluvial.

Por su parte, para el antiguo puente Pumarejo se tramitan vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda. El Gobierno prevé suscribir un convenio entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Alcaldía de Barranquilla por $160.800 millones para ejecutar su deconstrucción.

La intervención permitirá liberar el espacio necesario para facilitar el paso de embarcaciones de mayor altura hacia las instalaciones portuarias ubicadas aguas arriba del puente, mejorando las condiciones de navegación en este tramo del río Magdalena.

Cuatro proyectos viales buscan mejorar la conectividad regional

Durante la reunión también se revisaron cuatro prioridades de infraestructura vial cuyos mecanismos de financiación se encuentran en evaluación.

La primera es completar la conexión Barranquilla-Ciénaga, conocida como Vía Milagro, que contempla la construcción de un viaducto, intervenciones en la unidad funcional 3, en el sector de Tasajera, y la gestión de permisos ambientales para los tramos restantes.

La segunda corresponde a los segmentos pendientes de doble calzada de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena. Para su financiación se estudian posibles adiciones de hasta el 50% a los contratos, sujetas a la reforma de la Ley de APP propuesta por el Gobierno, además de recursos de obra pública.

El tercer proyecto busca garantizar el mantenimiento de La Cordialidad, corredor que revirtió de la ANI al Invías. También se analiza la posibilidad de estructurar una nueva asociación público-privada.

Finalmente, el Gobierno busca recursos para intervenir la Calle 30, entre Malambo y Barranquilla, con el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la capital del Atlántico.

Aeropuerto Ernesto Cortissoz contempla modernización con inversión privada

En materia aeroportuaria, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) evalúa una iniciativa privada para modernizar el aeropuerto Ernesto Cortissoz, que atiende a Barranquilla y su área metropolitana.

La propuesta contempla adecuaciones de la terminal de pasajeros, fortalecimiento de las operaciones de carga y desarrollo de servicios de mantenimiento de aeronaves. Este último componente permitiría ampliar las actividades especializadas vinculadas con la industria aeronáutica.

De manera complementaria, la Alcaldía de Barranquilla adelanta intervenciones transitorias en el lado tierra para recuperar las condiciones de servicio a los pasajeros, mientras se define una solución de largo plazo mediante inversión privada.

Proyectos dependen de financiación y acuerdos institucionales

Las iniciativas presentadas tienen diferentes niveles de avance. Mientras algunas cuentan con estudios y diseños en fase III, otras dependen de la aprobación de vigencias futuras, la estructuración de asociaciones público-privadas, créditos internacionales o permisos ambientales.

Por ello, los recursos anunciados no representan todavía un presupuesto totalmente asegurado ni obras que hayan iniciado su ejecución.

La agenda busca articular las inversiones fluviales, portuarias, viales y aeroportuarias para fortalecer la competitividad de Barranquilla y el Atlántico. Su desarrollo permitiría mejorar la conexión entre los centros productivos, los puertos y los mercados nacionales e internacionales, además de ampliar la capacidad logística de la región.

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Colombia acuerda reactivar el Muelle 13 de Buenaventura con inversión portuaria

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Grupo Portuario S. A. firmaron un memorando de entendimiento para establecer una hoja de ruta que permita reactivar las operaciones del Muelle 13, ubicado en el puerto de Buenaventura, Colombia. El acuerdo busca resolver la controversia jurídica entre las partes y evitar que el Estado continúe enfrentando un litigio con pretensiones económicas cercanas a los US$30 millones.

El documento fue suscrito por el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe Pino, y el representante de Grupo Portuario, Álvaro Rodríguez. Según la entidad, el entendimiento permitirá avanzar en la definición de las condiciones necesarias para recuperar la actividad de esta terminal y fortalecer la competitividad logística del principal puerto colombiano sobre el Pacífico.

Terminal busca recuperar su capacidad operativa

Con la reactivación, el Muelle 13 proyecta atender más de 50 buques al año, incorporar 50,000 toneladas métricas adicionales de capacidad de almacenamiento y disponer de más de 70,000 metros cuadrados para el acopio de minerales.

Estas instalaciones representan una infraestructura relevante para las operaciones de carga y el movimiento de productos vinculados con el comercio exterior. Su recuperación también permitiría reducir los cuellos de botella logísticos y los sobrecostos asociados a la suspensión de actividades.

De acuerdo con la ANI, la paralización de la terminal afectó la eficiencia del puerto de Buenaventura y generó dificultades para transportadores, importadores y empresas vinculadas con las cadenas de abastecimiento.

Un acuerdo para evitar un litigio de US$30 millones

La controversia entre la ANI y Grupo Portuario se remonta a diciembre de 2023, cuando la entidad autorizó inicialmente una modificación del contrato de concesión que contemplaba extender la operación del terminal por otros 20 años, hasta 2045.

Sin embargo, cinco días después, el Consejo Directivo de la ANI reconsideró la decisión y posteriormente formalizó su revocatoria en enero de 2024. El Gobierno argumentó que existían cuestionamientos relacionados con los requisitos legales, portuarios y ambientales de la modificación contractual.

Grupo Portuario acudió a los tribunales al considerar que se habían vulnerado sus derechos y el debido proceso. En diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decretó una medida cautelar que suspendió los efectos de las resoluciones de la ANI. En julio de 2025, el Consejo de Estado confirmó dicha medida.

El memorando de entendimiento representa un avance hacia una solución concertada, aunque establece una ruta de trabajo y no significa que las operaciones se hayan reanudado automáticamente.

Recuperación de empleos y competitividad portuaria

La ANI estima que la recuperación de las operaciones permitiría restablecer alrededor de 500 empleos directos y 1,500 indirectos vinculados con la actividad portuaria.

El impacto también alcanzaría a transportadores, proveedores, empresas de almacenamiento y otros participantes de la cadena logística. La reactivación contribuiría a recuperar servicios de carga y reducir los costos adicionales que enfrentan los operadores del comercio exterior.

Además, el fortalecimiento de Muelle 13 podría ampliar la capacidad de Buenaventura para atender operaciones de carga y atraer nuevos negocios relacionados con el almacenamiento y la movilización de minerales.

Próximos pasos para la reactivación

Tras la firma del memorando, la ANI y Grupo Portuario deberán avanzar en la construcción de la hoja de ruta que permita solucionar los asuntos pendientes y establecer las condiciones para el retorno de las actividades.

Entre los aspectos centrales se encuentran la definición de los compromisos de las partes, la resolución de la controversia contractual y la determinación de una fecha para la reanudación de operaciones.

El acuerdo abre una oportunidad para recuperar infraestructura portuaria estratégica y fortalecer la capacidad logística de Buenaventura. Sin embargo, su impacto dependerá de que los compromisos establecidos se traduzcan en acciones concretas y en el restablecimiento efectivo de los servicios del terminal.

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Bogotá propone megaproyecto para conectar El Dorado con el Metro y Regiotram

Bogotá busca convertir al aeropuerto internacional El Dorado en un eje de desarrollo económico, logístico y de movilidad mediante el megaproyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto. La iniciativa plantea conectar la terminal aérea con el Metro de Bogotá y el Regiotram, además de impulsar infraestructura especializada para la industria aeronáutica, atraer inversiones y fortalecer la formación de talento humano.

La propuesta fue presentada por la Secretaría Distrital de Planeación para que sea incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Su objetivo es articular las necesidades de transporte, infraestructura y desarrollo productivo de Bogotá con las de los municipios de su entorno, aprovechando la importancia estratégica de El Dorado para el comercio y la conectividad nacional.

Durante 2025, el sistema aeroportuario colombiano movilizó más de 57,5 millones de pasajeros. Además, en el primer semestre de 2026, los aeropuertos El Dorado y José María Córdova, en Rionegro, concentraron el 59,6% del movimiento nacional de pasajeros.

Conexión con el Metro y Regiotram

Uno de los componentes centrales del megaproyecto es mejorar la integración del aeropuerto con los sistemas de transporte público de Bogotá y la región. Para ello, se plantea avanzar en su conexión con el Metro y el Regiotram, facilitando los desplazamientos de pasajeros, trabajadores y visitantes desde distintos puntos de la capital y municipios cercanos.

La propuesta requiere coordinación entre el Gobierno nacional, el Distrito y las autoridades regionales para definir las prioridades, estructurar las alternativas de conexión y evaluar los mecanismos de financiación.

Sin embargo, estas conexiones todavía forman parte de una iniciativa en etapa de formulación. Su presentación no significa que las obras estén contratadas, que tengan recursos asegurados o que exista un cronograma definitivo de ejecución.

Centro de innovación y formación aeroespacial

Bogotá Ciudad Aeropuerto también contempla la creación de un Centro de Innovación y Aviación Civil y el desarrollo de un campus de formación aeroespacial. Ambos espacios buscarían fortalecer las capacidades técnicas y profesionales necesarias para atender la demanda de una industria aeronáutica en expansión.

Otro de los objetivos es promover el desarrollo de servicios MRO, sigla que corresponde al mantenimiento, reparación y operaciones de aeronaves. Este segmento comprende actividades especializadas para conservar aviones y sus componentes en condiciones adecuadas de funcionamiento.

De acuerdo con Invest in Bogotá, la capital busca aprovechar la posición estratégica de El Dorado para atraer empresas internacionales vinculadas con mantenimiento aeronáutico, ingeniería, manufactura de componentes y servicios técnicos especializados.

El fortalecimiento de estas actividades podría ampliar las oportunidades de inversión y empleo calificado, además de diversificar la actividad económica relacionada con el aeropuerto.

Seis líneas de acción para transformar el entorno aeroportuario

La iniciativa está organizada en seis frentes de trabajo: coordinación institucional, planeación territorial, talento humano, transformación digital, innovación y articulación del turismo con el transporte aeroportuario.

Estos componentes buscan ordenar el crecimiento de las zonas vinculadas con El Dorado, mejorar la eficiencia logística y preparar las capacidades laborales que necesitarán las nuevas actividades económicas.

Asimismo, el plan contempla identificar y promover proyectos de inversión nacional e internacional en logística especializada, carga aérea, comercio electrónico, mantenimiento de aeronaves, manufactura aeronáutica y servicios de ingeniería.

La articulación de estos sectores permitiría ampliar el impacto económico del aeropuerto más allá del transporte de pasajeros y mercancías, integrándolo con actividades industriales y tecnológicas.

Participación del sector público y privado

La propuesta busca reunir al Gobierno nacional, las autoridades distritales, los municipios de la región y las empresas vinculadas con el ecosistema aeroportuario.

En su presentación participaron representantes del Departamento Nacional de Planeación, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, la Cámara de Comercio de Bogotá, la ANDI, Camacol, ProBogotá, Avianca, OPAIN, Airbus y Odinsa, además de representantes de la Alcaldía de Funza.

La participación de estos actores responde a la dimensión regional del proyecto, que requiere coordinación en materia de transporte, ordenamiento territorial, infraestructura y desarrollo empresarial.

¿Qué falta para ejecutar Bogotá Ciudad Aeropuerto?

El siguiente paso es lograr que la iniciativa sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y alcance el reconocimiento como proyecto estratégico de interés nacional. Esto permitiría impulsar una agenda conjunta para definir responsabilidades, priorizar intervenciones y establecer posibles fuentes de financiación.

Posteriormente, será necesario avanzar en la estructuración técnica de cada componente y determinar cuáles proyectos pueden desarrollarse primero, bajo qué mecanismos y con qué recursos.

Por ahora, Bogotá Ciudad Aeropuerto constituye una propuesta de desarrollo regional y no un conjunto de obras cuya ejecución esté garantizada. Su avance dependerá de las decisiones institucionales y de la capacidad de convertir sus objetivos en proyectos concretos.

De materializarse, la estrategia podría fortalecer la conectividad de El Dorado, ampliar su capacidad como centro logístico y atraer nuevas inversiones en infraestructura y servicios aeronáuticos, consolidando su papel como motor económico para Bogotá, Cundinamarca y el país.

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Innomotics impulsa la productividad minera con plataformas de inteligencia de datos

La digitalización de los procesos industriales está transformando la gestión de equipos críticos en sectores como la minería, la generación de energía, la producción de cemento y la industria papelera. A través de plataformas de monitoreo y análisis de datos, las empresas pueden anticipar fallas, reducir interrupciones y mejorar la disponibilidad de sus instalaciones.

En este contexto, Innomotics México promueve el uso de soluciones digitales que recopilan información de motores y variadores de frecuencia para evaluar su comportamiento en tiempo real. Héctor Rodríguez, responsable de ventas de motores y variadores de media tensión de la compañía para México, Centroamérica y el Caribe, señaló que el objetivo es identificar posibles problemas antes de que afecten la continuidad de la producción.

Del mantenimiento reactivo al predictivo

Durante años, las industrias dependieron de inspecciones periódicas y reparaciones realizadas después de detectar una falla. Sin embargo, este modelo puede generar interrupciones inesperadas, mayores costos de mantenimiento y retrasos en las operaciones.

La incorporación de plataformas digitales permite cambiar este enfoque mediante la recopilación continua de información sobre el funcionamiento de los activos. Al analizar las variables operativas y compararlas con registros históricos, estos sistemas identifican desviaciones y patrones que podrían anticipar una avería.

Para la minería, donde los motores y sistemas eléctricos trabajan de manera continua y bajo condiciones exigentes, disponer de esta información resulta relevante para planificar intervenciones y evitar detenciones que afecten los niveles de producción.

Inspire IQ convierte datos operativos en diagnósticos

Una de las soluciones presentadas por Innomotics es Inspire IQ, plataforma diseñada para integrar información procedente de motores y variadores de frecuencia.

El sistema analiza variables de operación, registros históricos, alarmas e indicadores de desempeño para generar diagnósticos remotos y recomendaciones de mantenimiento predictivo. De esta manera, los responsables de mantenimiento pueden conocer el estado de los equipos y programar intervenciones de acuerdo con sus condiciones reales de funcionamiento.

Este enfoque también permite reducir reemplazos innecesarios, optimizar los recursos destinados al mantenimiento y disminuir la probabilidad de paros no programados.

Variadores inteligentes para supervisar equipos críticos

La integración de Inspire IQ con equipos como el variador de frecuencia de media tensión Perfect Harmony GH180 constituye otro componente de esta estrategia tecnológica.

Este sistema incorpora capacidades de monitoreo continuo para supervisar el estado de componentes críticos y diferentes variables operacionales. La información recopilada es procesada por la plataforma digital, que puede identificar condiciones anómalas antes de que evolucionen hacia una falla.

Con estos datos, los equipos técnicos pueden tomar decisiones con mayor anticipación y definir el momento adecuado para realizar ajustes o trabajos de mantenimiento.

Digitalización para elevar la competitividad industrial y minera

La combinación de motores, variadores inteligentes y plataformas de análisis representa una evolución en la gestión de activos industriales. En lugar de esperar a que un equipo presente problemas, las empresas pueden utilizar información operacional para anticipar riesgos y mejorar la planificación de sus actividades.

En la industria minera, esta capacidad adquiere importancia por la dependencia de sistemas eléctricos y mecánicos que sostienen procesos de extracción, transporte y procesamiento de minerales. Una interrupción en estos equipos puede afectar distintas etapas de la cadena productiva.

La propuesta de Innomotics apunta a consolidar un modelo de mantenimiento basado en datos, en el que la supervisión continua y los diagnósticos digitales contribuyan a mejorar la disponibilidad de los activos, controlar los costos operativos y fortalecer la productividad de las instalaciones.

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Oro cae 0.7% y permanece por debajo de los US$4,000 por onza

El precio internacional del oro volvió a retroceder en el mercado de futuros de Nueva York y cerró por debajo de los US$4,000 por onza por tercera jornada consecutiva. El descenso se produjo luego de que el metal borrara las ganancias registradas al inicio de la sesión, en un contexto marcado por el fortalecimiento del dólar y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

En el Commodity Exchange (Comex), el contrato más activo del oro cayó 0.7% y finalizó la jornada del 3 de noviembre en US$3,940.40 por onza. Con este resultado, la cotización se mantuvo en sus niveles más bajos desde octubre de 2025, prolongando la corrección que comenzó después de alcanzar máximos históricos durante febrero.

Dólar y tasas de interés presionan al metal

Uno de los principales factores detrás del retroceso es la fortaleza del dólar estadounidense, que encarece la compra de oro para los inversionistas que operan con otras monedas. A ello se suma el incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, que reduce el atractivo relativo del metal precioso al tratarse de un activo que no genera intereses.

Las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal también influyen en el comportamiento del mercado. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignaban una probabilidad del 79% a un incremento de las tasas de interés en diciembre.

La posibilidad de que los tipos permanezcan elevados durante más tiempo ha generado presión adicional sobre el oro, que suele beneficiarse de entornos de menores tasas de interés y de una menor rentabilidad de los activos financieros tradicionales.

El oro acumula una caída de 24% desde febrero

La cotización del metal precioso registra una disminución aproximada del 24% frente al máximo histórico de US$5,320 por onza alcanzado en febrero. Además, desde el 24 de agosto, cuando superó los US$4,700 por primera vez desde mayo, acumula una pérdida cercana al 16%.

El retroceso también está vinculado con el contexto geopolítico y económico internacional. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, a finales de febrero, el precio ha descendido alrededor de 24%, tomando como referencia los niveles señalados por la publicación.

En el balance anual, el oro registra una caída aproximada del 10%, mientras que su variación en los últimos 12 meses se ubica en terreno negativo, con un descenso del 1.5%. Este comportamiento contrasta con el rendimiento interanual positivo de hasta 40% que había alcanzado durante los dos primeros meses de 2026.

El mercado mantiene la atención en las decisiones de la Fed

La evolución de los precios dependerá, entre otros factores, de las próximas señales de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, así como del comportamiento del dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Mientras los inversionistas evalúan estos indicadores, el oro continúa enfrentando dificultades para recuperar el umbral de los US$4,000 por onza. La persistencia de las presiones financieras mantiene la volatilidad en el mercado y prolonga la corrección de uno de los principales activos de referencia para el sector minero.