Corficolombiana logra el archivo definitivo del caso Odebrecht en Estados Unidos

Corficolombiana, filial del Grupo Aval, logró el archivo definitivo del proceso penal que enfrentaba en Estados Unidos por el caso Odebrecht, luego de que un tribunal ordenara desestimar la acusación tras la terminación del acuerdo de enjuiciamiento diferido suscrito con el Departamento de Justicia estadounidense (DOJ) en agosto de 2023.

La decisión se produjo después de que las autoridades dieran por cumplidas las obligaciones establecidas en el acuerdo, conocido como Deferred Prosecution Agreement (DPA). Con este pronunciamiento concluye el procedimiento penal en Estados Unidos relacionado con los hechos contemplados en dicho convenio, vinculados con el esquema de sobornos para obtener el contrato del proyecto de infraestructura Ruta del Sol II, en Colombia.

Según informó la compañía, el cierre del proceso representa el cumplimiento de los compromisos asumidos ante las autoridades estadounidenses y pone fin a una etapa judicial que tuvo repercusiones financieras y reputacionales para la organización.

El caso estuvo relacionado con la construcción de Ruta del Sol II

Las investigaciones se remontan al esquema de corrupción asociado con la constructora brasileña Odebrecht, que recurrió al pago de sobornos para obtener contratos de obras públicas en distintos países de América Latina.

En Colombia, el caso estuvo vinculado con el proyecto Ruta del Sol II, una concesión vial destinada a mejorar la conexión entre el centro del país y la costa Caribe. De acuerdo con los antecedentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Corficolombiana reconoció su responsabilidad bajo la legislación estadounidense por hechos relacionados con un acuerdo con Odebrecht para pagar más de US$23 millones en sobornos a funcionarios colombianos entre 2012 y 2015, con el propósito de conseguir el contrato.

La investigación examinó la participación de la compañía en los hechos y las obligaciones relacionadas con los controles corporativos y la contabilidad. El caso se convirtió en uno de los episodios de mayor impacto para el sector de infraestructura colombiano, debido a las implicaciones sobre la contratación pública y los mecanismos de supervisión empresarial.

¿Qué establecía el acuerdo firmado en 2023?

En agosto de 2023, Corficolombiana suscribió un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia estadounidense. Este mecanismo permitió suspender el avance del proceso penal bajo determinadas condiciones, cuyo cumplimiento era necesario para que las autoridades pudieran solicitar posteriormente el archivo de la acusación.

El convenio contempló una sanción penal de US$40,6 millones, además de obligaciones de cooperación con las autoridades y fortalecimiento de los controles internos de la compañía.

Paralelamente, las actuaciones relacionadas con el caso incluyeron un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Según la información divulgada en 2023 por Grupo Aval y Corficolombiana, los compromisos económicos contemplaban pagos de US$20,3 millones al DOJ y US$40,27 millones a la SEC, para un total de US$60,57 millones.

Estas obligaciones formaron parte de los acuerdos alcanzados en el marco de las investigaciones. El anuncio de octubre de 2026 se refiere específicamente a la terminación del acuerdo con el Departamento de Justicia y al archivo de la acusación penal correspondiente.

El cumplimiento de las obligaciones permitió cerrar el proceso

El archivo definitivo llegó después de que el DOJ diera por terminado el acuerdo de enjuiciamiento diferido y solicitara la desestimación de los cargos. Posteriormente, el tribunal competente ordenó el cierre del caso.

Este tipo de acuerdo condiciona el desenlace del procedimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas. En el caso de Corficolombiana, la compañía señaló que atendió los compromisos establecidos en 2023, lo que permitió avanzar hacia la conclusión del proceso.

El anuncio supone el cierre de esta causa penal en Estados Unidos, aunque debe distinguirse de otros posibles procedimientos o responsabilidades que puedan corresponder a distintas autoridades y jurisdicciones. La decisión judicial se limita al proceso contemplado en el acuerdo y no modifica por sí sola los antecedentes históricos del caso.

Grupo Aval destaca sus compromisos de cumplimiento corporativo

Tras conocerse la decisión, Grupo Aval afirmó que la terminación del acuerdo y el archivo de la acusación confirman el cumplimiento de las obligaciones asumidas por su filial ante las autoridades estadounidenses.

La organización reiteró su compromiso con los estándares de ética empresarial, transparencia y cumplimiento normativo, así como con el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y gobierno corporativo.

El desenlace representa un hito para Corficolombiana, que ahora cierra el procedimiento penal estadounidense relacionado con el caso Odebrecht. Sin embargo, el episodio continúa siendo un antecedente relevante para el debate sobre integridad empresarial, supervisión de contratos de infraestructura y prevención de la corrupción en la contratación pública.

Cuatro grupos empresariales competirán por la construcción de la PTAR Canoas en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá abrió oficialmente la licitación para seleccionar a la empresa o consorcio que financiará, construirá y operará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, una de las obras de saneamiento ambiental más importantes de Colombia. El proceso cuenta con cuatro proponentes precalificados, que recibieron la autorización para presentar sus ofertas después de obtener la no objeción del Banco Mundial.

El proyecto busca avanzar en la descontaminación del río Bogotá mediante el tratamiento de las aguas residuales generadas en la capital y en el municipio de Soacha. Su desarrollo permitirá completar el esquema de saneamiento de la cuenca media del afluente y reducir el volumen de vertimientos que actualmente llegan al río sin recibir tratamiento.

La apertura de la licitación, anunciada el 27 de octubre de 2026, marca una nueva etapa para una infraestructura cuya ejecución ha enfrentado dificultades financieras, técnicas y administrativas durante varias décadas. De acuerdo con el cronograma divulgado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la adjudicación está prevista para mediados de 2027.

Cuatro proponentes buscan quedarse con el megaproyecto

El proceso de selección reúne a compañías internacionales con experiencia en infraestructura, tratamiento de aguas y desarrollo de proyectos de gran escala. Los cuatro grupos o empresas habilitados para presentar sus propuestas son:

  • APCA Aguas Canoas: integrada por Beijing Enterprises Water Group Limited, Shanghai Chengtou Sewage Treatment Co. Ltd. y China Harbour Engineering Co. Ltd., sucursal Colombia.
  • Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de C.V.: participa como empresa individual, sin conformar un consorcio.
  • Unión PTAR de la Sabana: conformada por Acciona Agua Colombia S.A.S. y Sacyr Concesiones Colombia Participadas I S.A.S.
  • APCA PTAR Canoas: integrada por Veolia Holding Colombia S.A. y Mitsui & Co. Infrastructure Solutions S.A. de C.V.

La selección del concesionario definirá quién estará a cargo de desarrollar las distintas etapas de la obra. El contrato contempla la financiación, elaboración de estudios y diseños, construcción de las unidades de tratamiento, gestión social y ambiental, puesta en marcha, estabilización, operación y mantenimiento de la planta.

El adjudicatario también deberá cumplir las condiciones contractuales relacionadas con la posterior reversión de la infraestructura. Por ahora, las cuatro propuestas están habilitadas para competir, por lo que aún no existe un ganador confirmado.

Una infraestructura para tratar las aguas residuales de Bogotá y Soacha

La PTAR Canoas tiene como objetivo tratar aproximadamente el 70 % de las aguas residuales de Bogotá y el 100 % de las generadas en el casco urbano de Soacha. Con ello, complementará el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre y permitirá ampliar la cobertura del sistema de saneamiento de la región.

Según las proyecciones de la EAAB, para 2035 la infraestructura podrá tratar las aguas residuales de aproximadamente 6,5 millones de habitantes de Bogotá y Soacha. El impacto ambiental esperado se extenderá más allá de estos territorios, con beneficios para las poblaciones ubicadas en la cuenca baja del río Bogotá y a lo largo del río Magdalena.

En total, el proyecto podría beneficiar a más de 9,6 millones de personas, equivalentes a cerca del 17 % de la población colombiana. La mejora en la calidad del agua también contribuiría a recuperar las condiciones ambientales de los ríos Bogotá, Fucha, Tunjuelo y Soacha.

La reducción de contaminantes podría generar efectos positivos en los ecosistemas, la salud pública y las actividades económicas que dependen de la disponibilidad de agua en mejores condiciones. De acuerdo con estimaciones de la empresa de acueducto, los beneficios económicos podrían alcanzar cerca de $600.000 millones anuales, asociados a mejoras en la producción agrícola, el uso del suelo, la salud y la recuperación ambiental.

Un proyecto clave para completar el saneamiento del río

La construcción de Canoas forma parte de los esfuerzos para cumplir las decisiones judiciales que ordenan la recuperación integral del río Bogotá. Durante años, el proyecto ha requerido coordinación entre diferentes entidades, debido a la magnitud de la inversión y a la distribución de responsabilidades financieras y administrativas.

La nueva etapa de contratación representa un avance en ese proceso, aunque la apertura de la licitación no significa que la obra ya haya sido adjudicada ni que la descontaminación se produzca de inmediato. El resultado dependerá de la evaluación de las ofertas, la firma del contrato y el cumplimiento de los plazos de construcción y puesta en operación.

El siguiente hito será la selección del concesionario, prevista para mediados de 2027. A partir de ese momento, el desarrollo del proyecto deberá avanzar de acuerdo con las obligaciones contractuales y los requisitos técnicos, ambientales y financieros establecidos.

Con la PTAR Canoas, Bogotá busca completar una infraestructura estratégica para reducir la contaminación hídrica y mejorar las condiciones ambientales de una cuenca que afecta a millones de habitantes. La competencia entre los cuatro proponentes definirá quién asumirá la responsabilidad de ejecutar y operar una obra considerada fundamental para el saneamiento de la región.

MinHacienda defiende traslado de recursos del Metro de Bogotá para atender crisis energética

El Ministerio de Hacienda de Colombia defendió la reprogramación de recursos presupuestales destinados a la primera línea del Metro de Bogotá y a las obras de la calle 13, con el objetivo de financiar medidas para enfrentar el riesgo de desabastecimiento eléctrico en la región Caribe. La propuesta contempla trasladar $750.000 millones de partidas previstas para ambos proyectos, en medio de cuestionamientos de sectores políticos sobre sus posibles efectos en la financiación de la infraestructura de la capital.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó ante las comisiones económicas del Congreso que los recursos corresponden a desembolsos que no se ejecutarían durante 2026 debido a modificaciones previas en los cronogramas de inversión. El funcionario atribuyó estos ajustes a decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro y sostuvo que la propuesta actual busca reasignar fondos disponibles para atender necesidades urgentes del sistema energético.

$750.000 millones cambiarían de destinación presupuestal

De acuerdo con la propuesta presentada por el Gobierno, del total de $750.000 millones, unos $437.000 millones corresponden a la financiación de las obras de la calle 13 y $313.000 millones a la primera línea del Metro de Bogotá.

El Ejecutivo sostiene que la modificación responde a la reprogramación de desembolsos que no estaban comprometidos para ejecución durante la actual vigencia presupuestal. Por ello, Hacienda argumenta que el ajuste no implica modificar el valor total de los aportes pactados para los proyectos, sino cambiar temporalmente el destino de recursos que estaban contemplados en el presupuesto de 2026.

La iniciativa hace parte de una modificación presupuestal más amplia por $3,9 billones, presentada al Congreso para financiar medidas relacionadas con la crisis energética y la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto. Su aplicación depende de la aprobación legislativa correspondiente.

Gobierno busca evitar interrupciones en el suministro eléctrico

El traslado de los recursos está vinculado con la necesidad de atender las obligaciones financieras de las empresas del sector eléctrico y garantizar los pagos a las generadoras térmicas, en un contexto de preocupación por la disponibilidad de energía en la región Caribe.

Según la propuesta, parte de los fondos se destinaría al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que puede utilizar recursos para atender necesidades financieras de empresas de servicios públicos. El objetivo es aliviar las presiones de liquidez que afectan a los agentes del mercado eléctrico y reducir el riesgo de interrupciones en el suministro.

La iniciativa también contempla recursos procedentes del sector energético para completar la financiación prevista. El Gobierno sostiene que la medida busca responder a una necesidad inmediata de estabilidad del sistema, sin afectar los aportes destinados a los sistemas de transporte público de otras regiones del país.

MinHacienda atribuye la reprogramación al gobierno anterior

Durante su intervención, Gómez Martínez rechazó las críticas según las cuales el Ejecutivo estaría retirando recursos comprometidos con Bogotá. El ministro afirmó que la modificación del calendario de desembolsos de la primera línea del metro se originó en un otrosí firmado durante la administración de Gustavo Petro, mediante el cual se aplazaron pagos inicialmente previstos para 2026 hacia 2027 y años posteriores.

El funcionario sostuvo que el Gobierno actual está dando una nueva destinación a recursos que, según su explicación, no fueron ejecutados durante la vigencia prevista. Sus declaraciones generaron una controversia política, debido a que sectores de oposición cuestionaron la utilización de partidas relacionadas con proyectos estratégicos de infraestructura.

La discusión se centra en el alcance de la reprogramación, la disponibilidad presupuestal y las consecuencias que podría tener el cambio de destinación sobre el flujo de financiación de las obras.

Debate sobre el financiamiento del Metro de Bogotá

La primera línea del Metro de Bogotá es uno de los principales proyectos de movilidad de la capital y cuenta con un esquema de cofinanciación entre la Nación y el Distrito. Los cambios en el calendario de desembolsos han generado diferencias entre las administraciones nacional y distrital sobre la ejecución de los compromisos financieros y los posibles efectos en el desarrollo de la infraestructura.

En este escenario, la propuesta presupuestal abre un nuevo debate sobre la prioridad que debe darse a las necesidades inmediatas del sistema energético frente a la continuidad financiera de las obras de transporte. Mientras el Gobierno defiende la reprogramación como una medida para atender riesgos urgentes, sus críticos advierten sobre la importancia de proteger los recursos destinados a proyectos de movilidad de largo plazo.

La decisión final dependerá del trámite en el Congreso y de las condiciones bajo las cuales se apruebe la modificación presupuestal. Hasta entonces, el traslado debe entenderse como una propuesta del Ejecutivo y no como una reducción definitiva de los aportes totales comprometidos para el Metro de Bogotá.

Puente peatonal de la carrera Novena en Bogotá supera el 72 % de avance tras años de retrasos

La construcción del puente peatonal de la carrera Novena con calle 112, en la localidad de Usaquén, Bogotá, alcanzó un avance del 72,09 %, de acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El proyecto busca mejorar la movilidad y la seguridad de los peatones en el norte de la capital colombiana, especialmente de las personas con movilidad reducida, y beneficiaría a más de 76.000 habitantes.

La obra ha enfrentado cerca de cinco años de retrasos, dificultades contractuales y modificaciones técnicas que afectaron su cronograma inicial. Pese a estos inconvenientes, la infraestructura entró en una nueva fase de ejecución con la instalación de componentes estructurales y el avance del montaje de la pasarela central. La administración distrital espera continuar los trabajos durante 2027 hasta completar la construcción.

Avances en cimentación y montaje estructural

Uno de los principales hitos del proyecto es la culminación de los 104 pilotes que conforman la cimentación del puente. Estos elementos subterráneos proporcionan estabilidad y permiten transmitir las cargas de la estructura al terreno.

También se instaló el mástil principal, de aproximadamente 22 metros de altura, compuesto por una base de concreto reforzado de 160 toneladas y una sección de acero estructural de 95 toneladas. A este elemento se incorporaron cuatro tensores que contribuyen al soporte de la estructura atirantada.

En paralelo, comenzó el izaje de la pasarela central. Hasta el último reporte se habían instalado dos secciones de aproximadamente 22 metros de longitud y 18 toneladas de peso cada una, ubicadas sobre la calzada occidental de la carrera Novena, en sentido norte-sur. La fabricación de la estructura metálica en taller supera el 82 % de ejecución.

El puente tendrá una longitud total de 226 metros, incluidas las rampas de acceso, y un ancho útil de tres metros. Su diseño busca facilitar el desplazamiento peatonal y ofrecer condiciones adecuadas de accesibilidad en un corredor con circulación vehicular y ferroviaria.

Dificultades contractuales y ajustes técnicos

El contrato se adjudicó en 2020 y contemplaba inicialmente la entrega de la obra en 2021. Sin embargo, el proyecto sufrió cambios después de que el contratista cediera el contrato en 2022 y la empresa que asumió posteriormente tampoco cumpliera con los compromisos establecidos.

En 2023, la Administración distrital tomó el control del contrato y durante 2024 se reanudaron las actividades, luego de revisar las obras existentes. Las evaluaciones técnicas determinaron que los pilotes construidos previamente en el costado oriental no cumplían los requisitos de resistencia y asentamiento, por lo que no podían reutilizarse en la nueva etapa.

Además, fue necesario actualizar el diseño para ajustarlo a las normas vigentes de accesibilidad. Entre los cambios se incluyó la ampliación del tablero de 2,4 a tres metros, lo que obligó a modificar las dimensiones y la resistencia de algunos elementos metálicos.

Estas circunstancias aumentaron la complejidad del proyecto y exigieron revisar tanto las soluciones de ingeniería como las actividades pendientes antes de continuar con el montaje definitivo.

Beneficios para la movilidad peatonal en Usaquén

Una vez terminada, la infraestructura conectará ambos costados de la carrera Novena y facilitará el tránsito de peatones en este sector del norte de Bogotá. Su diseño busca mejorar las condiciones de acceso para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios que necesitan desplazarse de manera segura entre los dos lados de la vía.

El puente tendrá una altura libre variable, desde 5,79 metros sobre la calzada hasta 7,39 metros sobre el corredor férreo. La estructura atirantada alcanzará un peso aproximado de 300 toneladas.

La intervención forma parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura peatonal y reducir las dificultades de movilidad en sectores urbanos con importantes barreras físicas. No obstante, sus beneficios dependerán de la finalización de los trabajos y de la puesta en servicio de todos los accesos.

El reto de completar la obra durante 2027

El avance superior al 72 % representa un progreso importante frente a los retrasos acumulados, pero todavía quedan actividades de montaje, terminación y adecuación necesarias para habilitar el puente.

El IDU continuará supervisando la ejecución de los trabajos, mientras la administración distrital prevé que las actividades se prolonguen durante 2027. La fecha definitiva de entrega dependerá del cumplimiento del cronograma actualizado y de la conclusión de las labores estructurales pendientes.

La culminación del proyecto permitirá disponer de una conexión peatonal diseñada para mejorar la accesibilidad y la seguridad en Usaquén. También pondrá fin a una intervención que ha requerido ajustes técnicos y contractuales durante varios años, y cuya entrega es esperada por los habitantes del norte de Bogotá.

Falla en regasificadora y crisis de Afinia elevan riesgo de apagón en Colombia

El sistema energético colombiano enfrenta una creciente presión por la menor disponibilidad de gas natural, las dificultades financieras de empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad y la posibilidad de una reducción en la generación hidroeléctrica por el fenómeno de El Niño. La situación se agravó tras una nueva falla en la Regasificadora de Cartagena y las dificultades de liquidez de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que atiende a usuarios de la región Caribe.

La combinación de estos factores ha encendido las alertas sobre la continuidad del suministro energético. Aunque no significa que se haya confirmado un apagón nacional, sí evidencia riesgos operativos y financieros que podrían afectar a determinados sectores y usuarios si no se adoptan medidas para garantizar el abastecimiento de combustibles y el cumplimiento de las obligaciones del mercado eléctrico.

Nueva falla reduce la capacidad de la regasificadora de Cartagena

El 27 de octubre de 2026, la Regasificadora de Cartagena, operada por la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), volvió a presentar una contingencia en uno de sus cuatro trenes de regasificación. Esta infraestructura recibe gas natural licuado importado y lo convierte nuevamente en estado gaseoso para incorporarlo al sistema nacional.

Como consecuencia de la falla, la capacidad de regasificación pasó de 533 millones a 400 millones de pies cúbicos diarios. La empresa estimó que los trabajos correctivos durarían entre siete y ocho días, periodo durante el cual se mantendría la capacidad reducida.

La contingencia llevó al Ministerio de Minas y Energía a establecer un racionamiento programado de gas natural para administrar la disponibilidad del combustible. Las restricciones podrían afectar especialmente a los usuarios industriales no prioritarios, mientras se procura proteger la demanda esencial y atender los requerimientos de generación térmica contemplados en las disposiciones oficiales.

La repetición de incidentes en menos de un mes también ha generado preocupación sobre la dependencia del país de esta infraestructura. Según cifras citadas por el Ministerio de Hacienda, alrededor del 32% del gas consumido en Colombia proviene del exterior, una proporción que podría aumentar ante la disminución de la producción nacional.

Menos gas disponible aumenta la presión sobre la generación eléctrica

La reducción de la capacidad de importación de gas tiene implicaciones que van más allá de los consumidores industriales. Las centrales térmicas que utilizan este combustible son importantes para respaldar la generación eléctrica, especialmente cuando disminuye la disponibilidad de agua para las hidroeléctricas.

Un fenómeno de El Niño puede reducir los aportes hídricos a los embalses y obligar al sistema a recurrir en mayor medida a otras fuentes de generación. Si al mismo tiempo se restringe el suministro de gas, las plantas térmicas pueden enfrentar mayores dificultades para disponer del combustible necesario para operar.

Expertos del sector han advertido que la dependencia de una terminal de regasificación concentra riesgos para el abastecimiento nacional. La falta de capacidad alternativa suficiente limita la respuesta ante fallas técnicas y puede incrementar los costos de suministro para los usuarios que deben recurrir a combustibles sustitutos.

Entre las soluciones de mediano y largo plazo se encuentran diversificar las fuentes de abastecimiento, ampliar la infraestructura de importación y desarrollar proyectos que permitan fortalecer la producción nacional de gas. Sin embargo, estas medidas requieren inversiones y plazos de ejecución que impiden resolver de inmediato las contingencias actuales.

Afinia enfrenta dificultades de liquidez y deudas en el mercado eléctrico

A la presión sobre el suministro de gas se suma la situación financiera de Afinia, empresa que opera en departamentos de la región Caribe y atiende aproximadamente a 1,4 millones de usuarios, de acuerdo con la información divulgada por EPM.

El gerente de EPM, John Maya, informó que Afinia recupera cerca de $57 por cada $100 que destina a la compra de energía para atender a sus clientes. Esta diferencia limita su capacidad para cumplir oportunamente con las obligaciones frente a proveedores, generadores y otros participantes del mercado eléctrico.

Según las cifras expuestas por EPM, la filial registra un déficit mensual de caja cercano a los $400.000 millones. A ello se suman obligaciones pendientes por $131.000 millones con XM, operador del sistema y administrador del mercado mayorista, así como deudas de entidades estatales con Afinia por aproximadamente $420.000 millones a septiembre de 2026.

EPM indicó que transfirió $1,5 billones a su filial durante 2025 para contribuir a sostener su operación. Sin embargo, la empresa matriz ha advertido que necesita una solución estructural para continuar respaldando financieramente a Afinia y atender las necesidades de inversión de sus propias operaciones.

La situación también está relacionada con los niveles de recaudo y las pérdidas de energía. Según Maya, Afinia registra un recaudo de entre el 83% y el 84%, mientras que sus pérdidas agregadas alcanzan aproximadamente el 29%, por encima del promedio nacional señalado por el directivo.

Riesgo de restricciones eléctricas en la región Caribe

Las dificultades financieras de Afinia han generado preocupación por el cumplimiento de sus obligaciones ante los agentes del mercado. XM mantiene procedimientos relacionados con los compromisos de la compañía, por lo que existe el riesgo de que se apliquen mecanismos que limiten su participación en el suministro eléctrico si no se resuelve la situación.

No obstante, la existencia de estos procedimientos no significa que los cortes de energía estén confirmados ni que todos los usuarios de Afinia vayan a quedarse sin servicio. La materialización de eventuales restricciones dependerá de la evolución de las obligaciones pendientes y de las decisiones que adopten las entidades competentes.

La situación es relevante para el sistema nacional porque el mercado eléctrico de la región Caribe representa una parte importante de la demanda del país. Si las dificultades financieras afectan los pagos entre comercializadores, distribuidores y generadores, podrían extenderse las presiones sobre otros participantes de la cadena energética.

EPM ha señalado que busca alternativas con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para ampliar los plazos de pago y dar tiempo a Afinia para conseguir los recursos necesarios. El objetivo es evitar que las dificultades de liquidez se traduzcan en afectaciones operativas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones del mercado.

Gobierno busca medidas para contener la crisis energética

Ante este panorama, el Gobierno colombiano ha planteado destinar $1,2 billones a las plantas térmicas para facilitar la compra de combustibles y respaldar la generación de electricidad. También mantiene conversaciones con EPM para buscar una salida a la crisis financiera de Afinia.

Estas acciones buscan aliviar las presiones inmediatas, aunque persisten desafíos estructurales vinculados con la disponibilidad de gas, la dependencia de infraestructura crítica, el estado financiero de los agentes del mercado y la exposición del sistema a condiciones climáticas adversas.

La evolución del abastecimiento durante los próximos días será determinante para conocer el alcance de las restricciones derivadas de la falla en la regasificadora. Paralelamente, la capacidad de Afinia para cumplir sus compromisos será clave para reducir los riesgos de interrupciones en la región Caribe.

Colombia enfrenta así dos desafíos simultáneos: garantizar el combustible necesario para mantener la generación eléctrica y preservar la estabilidad financiera de las empresas responsables de llevar la energía hasta los usuarios. Resolver ambos frentes será fundamental para proteger la continuidad del servicio, sin que ello implique que un apagón nacional sea inevitable.

ISA inicia asamblea extraordinaria para reformar estatutos y elegir nueva Junta Directiva

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) inició este miércoles 28 de octubre de 2026 su Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la que se analizarán modificaciones a los estatutos de la compañía y se elegirá una nueva Junta Directiva para completar el periodo 2026-2028. La reunión se desarrolla de manera virtual y contempla decisiones sobre el gobierno corporativo y el procedimiento para seleccionar al presidente de la empresa.

Uno de los asuntos centrales es una propuesta de reforma estatutaria presentada por Ecopetrol, accionista mayoritario de ISA. La iniciativa busca modificar el mecanismo de elección del presidente de la compañía y dar mayor flexibilidad a la Junta Directiva para organizar el proceso de selección, con la posibilidad de recurrir al Comité de Talento Organizacional y a una firma especializada en búsqueda de ejecutivos, sin que su participación sea obligatoria.

Reforma estatutaria: cambios en la elección del presidente

Actualmente, el procedimiento contempla la participación del Comité de Talento Organizacional y el apoyo obligatorio de una firma especializada en selección de ejecutivos. Con la reforma propuesta, la Junta Directiva podría gestionar directamente el proceso y decidir si requiere asistencia del comité o de una firma cazatalentos.

El cambio busca modificar las reglas internas que rigen la selección de la presidencia de ISA. La aprobación dependerá de la votación de los accionistas durante la asamblea.

La propuesta abre una discusión sobre la estructura de gobierno corporativo de la compañía y el papel que tendrán los órganos internos en la selección de su máximo ejecutivo. Aunque el mecanismo podría simplificarse, la designación deberá seguir los criterios de idoneidad y los requisitos aplicables al cargo.

Nueve candidatos para completar la Junta Directiva

Otro punto principal de la agenda es la elección de los nueve miembros de la Junta Directiva para el periodo restante de 2026 a 2028. La plancha presentada a los accionistas incluye cinco candidatos postulados por Ecopetrol, tres por los fondos de pensiones y uno por Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Los candidatos postulados por Ecopetrol son Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond, Nelsy Lourdes Carreño Acevedo y Ricardo Peláez Restrepo. Este último figura como independiente.

Por parte de los fondos de pensiones se encuentran Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz, todos propuestos como miembros independientes. La lista se completa con Sandra Gómez Arias, postulada por EPM, también en calidad de independiente.

La elección busca completar la composición del órgano directivo tras las renuncias de integrantes anteriores. La nueva Junta tendrá la responsabilidad de orientar la estrategia corporativa, supervisar la gestión de la compañía y participar en las decisiones relacionadas con su dirección ejecutiva.

Decisiones relevantes para el gobierno corporativo

La asamblea extraordinaria constituye un espacio de decisión para los accionistas, quienes deberán pronunciarse tanto sobre la reforma estatutaria como sobre la composición de la Junta Directiva. Los resultados definirán las reglas internas para el proceso de selección de la presidencia y la integración del órgano directivo durante el periodo restante.

Por su participación mayoritaria, Ecopetrol tiene un papel central en las propuestas sometidas a consideración, aunque las decisiones deben seguir los procedimientos de votación establecidos para la asamblea.

Los cambios también serán relevantes para los inversionistas y el mercado, dado que ISA opera infraestructura estratégica de transmisión de energía y concesiones de infraestructura en varios países de América Latina.

La definición de la nueva Junta y la eventual aprobación de la reforma estatutaria marcarán una nueva etapa en el gobierno corporativo de ISA. El alcance definitivo de los cambios dependerá de las decisiones que adopten los accionistas durante la reunión.

Holcim invierte 53 millones de pesos para modernizar su flota de concreto en Monterrey

Holcim México destinó 53 millones de pesos a la modernización de su flota de distribución de concreto premezclado en el área metropolitana de Monterrey, mediante la incorporación de 27 camiones revolvedores. La inversión busca elevar la productividad logística, mejorar la continuidad del suministro para proyectos de construcción y reducir las emisiones contaminantes asociadas al transporte.

De acuerdo con las proyecciones de la compañía, las nuevas unidades permitirán incrementar en 30% la productividad por vehículo y disminuir en 18,5% las emisiones anuales de dióxido de carbono (CO₂). La renovación forma parte de los esfuerzos de la empresa por mejorar la eficiencia operativa y responder a las exigencias ambientales de las actividades industriales y constructivas.

Nuevas unidades para mejorar la distribución de concreto

Los 27 camiones incorporados cuentan con una capacidad de ocho metros cúbicos cada uno y motores con certificación Euro VI, estándar orientado a limitar las emisiones contaminantes de los vehículos. Las unidades reemplazarán camiones antiguos, por lo que la operación no supone ampliar el número total de vehículos, sino reorganizar la capacidad logística existente.

Según Holcim, las nuevas revolvedoras podrán realizar un trabajo equivalente al de 35 unidades de la flota anterior. Esta mejora permitirá reducir las interrupciones por fallas mecánicas, los tiempos destinados al mantenimiento y las dificultades para conseguir repuestos de modelos descontinuados.

Los vehículos operarán entre distintas plantas de concreto de la región para atender la demanda de obras de construcción y reforzar el suministro destinado a proyectos de pisos industriales. La empresa espera que la actualización contribuya a mejorar la puntualidad de las entregas y la disponibilidad de unidades para sus clientes.

Reducción de emisiones y mejoras en seguridad

En el componente ambiental, Holcim estima que la renovación reducirá las emisiones anuales de CO₂ en 18,5%. Asimismo, proyecta disminuciones del 92% en las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y del 90% en las emisiones de material particulado, en comparación con los camiones reemplazados.

Estas reducciones corresponden a estimaciones comunicadas por la compañía y están asociadas a la sustitución de las unidades antiguas por vehículos con tecnología de emisiones más reciente.

Los nuevos camiones también incorporan sistemas de monitoreo vehicular, rastreo por GPS, cámaras de seguridad y asistencia para los operadores. Estas herramientas permiten supervisar el desempeño de la flota, mejorar el seguimiento de las entregas y reforzar las medidas de seguridad durante las operaciones de transporte.

Pedro Garza, director de Ventas de Concreto y Agregados de Holcim México, señaló que la renovación busca elevar la eficiencia logística y garantizar un suministro continuo para proyectos de alta exigencia, al mismo tiempo que reduce el impacto ambiental de la operación.

Incorporación progresiva de la flota

Holcim informó que 16 de los 27 camiones ya fueron entregados y se encuentran en funcionamiento, mientras que las 11 unidades restantes se incorporarían durante noviembre de 2026.

Con esta renovación, la empresa reporta una flota nacional de más de 200 vehículos de bajas emisiones. La inversión en Monterrey se suma a otras iniciativas de Holcim México dirigidas a modernizar sus operaciones, incorporar tecnologías más eficientes y reducir la huella ambiental de sus actividades.

La actualización de la flota permitirá a la compañía reforzar su capacidad de distribución en una región con una importante actividad industrial y constructiva. La eficiencia del transporte resulta especialmente relevante para el concreto premezclado, un material que requiere una coordinación precisa entre la producción, la entrega y los tiempos de colocación en obra.

Con la inversión, Holcim busca combinar productividad, confiabilidad del suministro y reducción de emisiones para atender las necesidades de los proyectos de construcción en Monterrey y su área metropolitana.

Surface Finishing México 2026 impulsará la proveeduría industrial en Querétaro

La industria mexicana de acabados, recubrimientos y tratamientos superficiales se prepara para una nueva edición de Surface Finishing México 2026, encuentro especializado que se realizará los días 24 y 25 de noviembre en el Club de Industriales de Querétaro. Organizado por la Asociación Mexicana de Industriales de Acabados Superficiales (AMAS), el evento busca fortalecer las capacidades técnicas de las empresas, fomentar la innovación y generar oportunidades comerciales para proveedores de diferentes sectores manufactureros.

La presentación oficial se realizó el 27 de octubre en Querétaro, con la participación de representantes de AMAS, la Industria Nacional de Autopartes (INA) y el Aeroclúster de Querétaro. Bajo el concepto de una industria en evolución, el encuentro pretende responder a las nuevas exigencias de calidad, especialización y competitividad de las cadenas de suministro automotrices, aeroespaciales y de manufactura avanzada.

Capacitación técnica y nuevas tecnologías para la manufactura

La edición 2026 contempla actividades de formación especializada, conferencias técnicas, exhibición de tecnologías y espacios de vinculación empresarial. La agenda está dirigida a compañías que trabajan con procesos como galvanoplastia, anodizado, pintura líquida y en polvo, preparación de superficies, recubrimientos y automatización industrial.

Estas tecnologías cumplen una función importante en la fabricación de componentes, ya que permiten mejorar su resistencia, durabilidad, calidad y desempeño. Por ello, la actualización de equipos, materiales y procedimientos resulta relevante para empresas que buscan cumplir con los estándares exigidos por industrias de alto valor agregado.

Entre los temas abordados durante la presentación se encontraron las perspectivas de la industria automotriz hacia 2027 y los requisitos técnicos que deben cumplir los procesos especiales utilizados en el sector aeroespacial. La intención es acercar a los proveedores mexicanos a las tendencias de sus principales mercados y facilitar la incorporación de mejores prácticas en sus operaciones.

AMAS y Aeroclúster de Querétaro fortalecen la colaboración

Uno de los anuncios centrales fue la firma de un convenio de colaboración entre AMAS y el Aeroclúster de Querétaro. El acuerdo busca impulsar la capacitación especializada y el desarrollo de proveedores en acabados, recubrimientos y tratamientos superficiales, con especial atención a las necesidades de la industria aeroespacial.

La alianza pretende facilitar la identificación de capacidades técnicas entre las empresas mexicanas, promover programas de entrenamiento y ampliar las oportunidades de integración a cadenas de suministro que requieren procesos de alta precisión y controles rigurosos de calidad.

La colaboración también busca acercar a los proveedores a los requerimientos de fabricantes y empresas aeroespaciales, un sector en el que la confiabilidad de los componentes y el cumplimiento de estándares internacionales son fundamentales. El desarrollo de estas capacidades puede abrir oportunidades para que más compañías nacionales participen en mercados especializados.

Industria automotriz y desarrollo de proveedores nacionales

Durante la presentación, Julio Galván Cruz, gerente de Estudios Económicos de la INA, abordó las tendencias y perspectivas de la industria automotriz mexicana. La participación de este organismo destacó la relevancia de fortalecer la especialización de los procesos productivos y ampliar el valor agregado que incorporan los proveedores nacionales.

Los acabados superficiales intervienen en numerosas etapas de fabricación de autopartes, piezas metálicas y otros componentes industriales. En consecuencia, la mejora de estos procesos puede contribuir a elevar la calidad de los productos y responder a las exigencias de los fabricantes de equipo original y de sus proveedores.

El encuentro también ofrecerá oportunidades para establecer contactos comerciales entre usuarios finales, fabricantes de tecnología y empresas especializadas. Estos espacios permiten identificar posibles alianzas, conocer soluciones para optimizar la producción y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Querétaro como plataforma de vinculación industrial

La elección de Querétaro responde a la presencia de un ecosistema manufacturero con participación en las industrias automotriz y aeroespacial. La región constituye un punto de encuentro para empresas, proveedores tecnológicos y organizaciones que buscan fortalecer las capacidades industriales y la transferencia de conocimiento.

Con Surface Finishing México 2026, AMAS busca consolidar un espacio de actualización profesional y colaboración empresarial que vaya más allá de la exhibición comercial. La capacitación técnica y el desarrollo de proveedores serán componentes centrales para mejorar la competitividad de las compañías participantes.

El encuentro se realizará el 24 y 25 de noviembre en el Club de Industriales de Querétaro. La organización ha señalado que contará con cupos limitados y que la información sobre el registro estará disponible mediante sus canales oficiales.

CANACINTRA reúne a empresarios en Coahuila y plantea prioridades para la industria mexicana

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) reunió a empresarios, industriales y representantes de distintos sectores productivos de México durante su Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas Industriales 2026, realizada en Saltillo, Coahuila. El encuentro, desarrollado del 21 al 23 de octubre, estuvo orientado a fortalecer la vinculación empresarial, impulsar nuevas oportunidades de negocio y definir acciones para mejorar la competitividad de la industria nacional.

En el marco del 85.º aniversario del organismo, la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, destacó la necesidad de construir una agenda industrial conjunta entre el sector público y la iniciativa privada. Entre las prioridades planteadas figuran la certeza jurídica para las inversiones, la simplificación de trámites, el desarrollo de proveedores mexicanos y la consolidación de cadenas de valor con mayor participación nacional.

Certeza jurídica y reglas claras para invertir

Uno de los principales planteamientos de CANACINTRA fue establecer condiciones que permitan a las empresas invertir, ampliar sus operaciones e incorporar nuevas tecnologías con mayor previsibilidad. Para el organismo, contar con reglas claras y procedimientos regulatorios eficientes es fundamental para fortalecer la actividad productiva y atraer capital.

La cámara también propuso avanzar hacia una política industrial de largo plazo que coordine los esfuerzos gubernamentales y empresariales. Esta estrategia buscaría evitar que las iniciativas de desarrollo dependan únicamente de medidas coyunturales y permitiría orientar las inversiones hacia objetivos de productividad, innovación y generación de empleo.

La seguridad, el Estado de derecho y la estabilidad para las operaciones empresariales también forman parte de los factores que el sector considera necesarios para sostener el crecimiento industrial.

Proveedores nacionales y participación de las MiPyMEs

Otro eje central de la convención fue ampliar la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a las cadenas de suministro de las grandes industrias. CANACINTRA señaló que estas compañías deben contar con mejores oportunidades para convertirse en proveedoras, desarrollar capacidades técnicas y participar en proyectos de mayor escala.

Como parte de las actividades del encuentro, se organizó una Expo de Enlaces Productivos e Innovación Tecnológica con 48 empresas expositoras, además de reuniones de negocios entre compañías compradoras, fabricantes y proveedores. Las actividades estuvieron dirigidas a facilitar contactos comerciales y promover nuevas relaciones entre empresas de diferentes regiones y sectores.

La vinculación entre empresas tractoras y proveedores nacionales puede contribuir a fortalecer la producción local y reducir algunas de las dependencias de insumos importados. Para lograrlo, será necesario mejorar la productividad, el acceso a tecnología y las capacidades de las empresas de menor tamaño.

Comercio exterior y fortalecimiento del mercado interno

La agenda empresarial también incluyó el fortalecimiento del comercio exterior y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el impulso al mercado interno y al consumo de productos nacionales.

Estos objetivos adquieren relevancia en un contexto en el que las cadenas de suministro regionales y las condiciones comerciales internacionales influyen en las decisiones de inversión de las compañías manufactureras. Para CANACINTRA, México necesita aprovechar sus vínculos comerciales sin descuidar el desarrollo de capacidades productivas propias.

La cámara planteó que una mayor coordinación entre gobierno e industria puede facilitar la incorporación de empresas mexicanas a las oportunidades de inversión, producción y sustitución de importaciones. La intención es que el crecimiento manufacturero genere beneficios más amplios para los proveedores locales y el empleo.

Coahuila como punto de encuentro industrial

La elección de Coahuila como sede permitió destacar la importancia de su actividad manufacturera, particularmente en los sectores automotriz, de autopartes, ferroviario y minero. Durante la convención también se abordaron temas relacionados con la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la competitividad y las perspectivas económicas de México para 2027.

El evento congregó a representantes de empresas, cámaras industriales, autoridades y especialistas, con el propósito de generar vínculos comerciales y discutir los desafíos que enfrenta el sector productivo.

Con las prioridades expuestas en Saltillo, CANACINTRA busca impulsar una agenda que combine certidumbre para la inversión, fortalecimiento empresarial, innovación y desarrollo de proveedores. El desafío será traducir estos planteamientos en medidas concretas que permitan elevar la competitividad de las empresas mexicanas y ampliar su participación en las cadenas nacionales e internacionales de valor.

COMCE prevé que México supere los US$800.000 millones en exportaciones durante 2026

México podría cerrar 2026 con más de US$800.000 millones en exportaciones, de acuerdo con las perspectivas difundidas en torno al Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE). La proyección refleja el fuerte dinamismo del comercio exterior mexicano, impulsado principalmente por las manufacturas y la creciente demanda internacional de productos electrónicos, equipos de cómputo y componentes vinculados con el desarrollo de la inteligencia artificial.

El escenario representa un nuevo récord potencial para la economía mexicana, cuya plataforma industrial mantiene una estrecha integración con los mercados internacionales, especialmente con Estados Unidos. Sin embargo, alcanzar esta cifra dependerá de que se sostenga el ritmo de los envíos al exterior durante los últimos meses del año y de la evolución de las condiciones comerciales de Norteamérica.

Manufactura y tecnología impulsan las ventas al exterior

El sector manufacturero continúa siendo el principal componente de las exportaciones mexicanas. Dentro de esta actividad, los productos electrónicos, los equipos eléctricos y los bienes relacionados con el procesamiento de datos han adquirido mayor relevancia, favorecidos por las inversiones en infraestructura tecnológica y centros de datos en Estados Unidos.

Los datos recientes muestran la magnitud de esta expansión. Durante septiembre de 2026, las exportaciones mexicanas de mercancías alcanzaron aproximadamente US$77.797 millones, mientras que el acumulado de enero a septiembre llegó a US$627.194 millones, un crecimiento interanual del 30,3%.

Las manufacturas no automotrices destacaron entre los principales motores del avance. Este comportamiento evidencia una modificación en la composición de las ventas externas, con una mayor contribución de los equipos electrónicos y otros productos industriales, mientras que el sector automotriz ha registrado un crecimiento más moderado.

Integración comercial con Estados Unidos

La relación comercial con Estados Unidos continúa siendo un factor central para el desempeño exportador mexicano. La proximidad geográfica, las cadenas de suministro integradas y la capacidad manufacturera instalada permiten que las empresas establecidas en México abastezcan diferentes industrias del mercado norteamericano.

No obstante, el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), junto con las medidas arancelarias y las discusiones sobre reglas de origen, representa un elemento de incertidumbre para las compañías que dependen de este intercambio comercial.

En este contexto, el sector empresarial considera importante fortalecer las condiciones para la inversión, preservar la competitividad de las exportaciones y mantener la certidumbre para las empresas que participan en las cadenas regionales de producción.

El desafío de generar mayor valor dentro de México

El crecimiento de las exportaciones también plantea retos para la economía nacional. Una parte importante de los bienes manufacturados para la venta internacional utiliza componentes, maquinaria e insumos importados. Por ello, el aumento de los envíos al exterior no necesariamente se traduce en un incremento equivalente del valor agregado generado dentro del país.

Entre los desafíos se encuentra ampliar la participación de proveedores mexicanos en las cadenas industriales, fortalecer las pequeñas y medianas empresas y desarrollar capacidades tecnológicas que permitan producir localmente una mayor proporción de los insumos requeridos por las grandes compañías exportadoras.

Esta estrategia podría contribuir a que el dinamismo del comercio exterior tenga mayores efectos sobre la inversión productiva, la generación de empleo especializado y el desarrollo industrial.

Perspectivas para el cierre de 2026

La posibilidad de superar los US$800.000 millones en exportaciones situaría a México ante un nuevo máximo histórico y reforzaría su posición como plataforma manufacturera internacional. El resultado dependerá de la continuidad de la demanda externa, la evolución de los sectores tecnológicos y la capacidad de las empresas para mantener sus operaciones en un entorno comercial cambiante.

Además del volumen exportado, será relevante evaluar cuánto valor permanece en la economía mexicana y cómo el crecimiento del comercio exterior se refleja en la productividad, la inversión y el empleo.

De concretarse la proyección, 2026 marcaría un periodo excepcional para las ventas mexicanas al exterior. El reto posterior será convertir ese desempeño comercial en beneficios más amplios y sostenibles para la industria y la economía del país.