Metro de Bogotá enfrenta retrasos por problemas en la estación 16 y redes de servicios públicos

La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá enfrenta nuevos desafíos en su etapa final, debido a dificultades técnicas en una de sus estaciones y al incremento de las intervenciones necesarias sobre las redes de servicios públicos. El alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, explicó que estos factores tendrán repercusiones en el cronograma de ejecución, pese a que el proyecto registra un avance general del 84 % al cierre de octubre de 2026.

El mandatario señaló que la obra atraviesa una de sus fases más complejas, debido a la necesidad de integrar el viaducto elevado, las estaciones, los trenes, las redes de servicios, el espacio público y los sistemas tecnológicos. Esta coordinación resulta fundamental para garantizar que los distintos componentes funcionen de manera conjunta antes de iniciar la operación comercial.

Suelos blandos complican la construcción de la estación 16

Uno de los principales inconvenientes se presenta en la estación 16, ubicada en el sector de El Lago, cerca de la calle 72. Particularmente, el edificio oriental de esta infraestructura ha registrado dificultades durante los trabajos de cimentación debido a las características del terreno, compuesto por suelos blandos.

Esta condición obligó a realizar ajustes técnicos en las intervenciones y afectó los tiempos previstos para completar la estructura. Según Galán, ya se estableció una ruta de solución y los trabajos correspondientes se encuentran en marcha, aunque reconoció que el inconveniente tuvo repercusiones en el cronograma.

La estación forma parte de los componentes que deben completarse para garantizar la continuidad de la primera línea, cuyo recorrido conectará el suroccidente de Bogotá con el sector norte de la ciudad.

Traslado de redes aumenta de 130 a 320 kilómetros

El segundo desafío está relacionado con las redes de servicios públicos que deben ser trasladadas o renovadas durante la ejecución del proyecto. En la planificación inicial se contemplaba intervenir aproximadamente 130 kilómetros de redes; sin embargo, durante el desarrollo de las obras se determinó que la necesidad real alcanza los 320 kilómetros.

Esto representa casi 2,5 veces la longitud inicialmente prevista y exige mayores recursos, tiempo de ejecución y coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos.

La situación también afecta la recuperación del espacio público y la finalización de la malla vial, debido a que estas intervenciones dependen de que primero concluyan los trabajos subterráneos.

El alcalde aseguró que la Administración distrital ya gestionó los recursos necesarios y definió una hoja de ruta para atender las intervenciones adicionales. No obstante, reconoció que el volumen de trabajos tendrá efectos sobre los tiempos previstos.

Falta de trabajadores también preocupa a los organismos de control

A las dificultades técnicas se suma la disponibilidad de personal para completar las actividades pendientes. La Contraloría General de la República advirtió sobre un déficit aproximado de 1.500 trabajadores que, según información del concesionario, serían contratados en China, con un costo cercano a los US$10 millones.

El organismo de control anunció visitas de campo para verificar las necesidades reales de personal, los tiempos de vinculación y quién deberá asumir los costos asociados a esta contratación.

Por su parte, Galán indicó que ha solicitado al concesionario Metro Línea 1 reforzar su equipo de trabajo para acelerar los acabados de las estaciones, la construcción de cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación.

Avance de la obra no es homogéneo

Aunque la Primera Línea registra un avance general del 84,68 % al 31 de octubre de 2026, los diferentes componentes presentan ritmos de ejecución desiguales.

Mientras el viaducto, el patio taller y los trenes se encuentran en etapas avanzadas, las estaciones, los sistemas y equipos, la malla vial y el espacio público todavía requieren intervenciones importantes. La Contraloría ha señalado especialmente los retrasos en las estaciones 11 y 15, además de las actividades pendientes para completar la infraestructura complementaria.

Esta diferencia entre los niveles de avance representa un desafío para la fase de integración, que requiere que todos los componentes estén disponibles y cumplan las condiciones técnicas necesarias para las pruebas.

¿Se retrasará la entrada en funcionamiento del Metro de Bogotá?

La Primera Línea del Metro tiene prevista su entrada en operación comercial para el 12 de marzo de 2028. La Empresa Metro de Bogotá ha sostenido que mantiene esa fecha como objetivo, aunque los organismos de control han advertido sobre los riesgos derivados de los retrasos en determinados frentes de trabajo.

El gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, señaló que las pruebas y la marcha blanca están previstas para 2027. También explicó que, si algunas obras complementarias no están completamente terminadas al momento de iniciar la operación, se priorizarán los componentes indispensables para garantizar el servicio.

Hasta el momento, la Alcaldía no ha anunciado oficialmente una nueva fecha de apertura. Sin embargo, los problemas de cimentación, el aumento de las redes por intervenir y la falta de personal mantienen bajo presión el cronograma de construcción.

El avance de estos trabajos será determinante para establecer si el proyecto consigue cumplir los hitos previstos y poner en funcionamiento uno de los megaproyectos de transporte más importantes de Colombia.

Antioquia presenta 24 megaproyectos por US$6.299 millones para atraer inversión internacional

Antioquia, Colombia, presentará una cartera de 24 megaproyectos valorados en aproximadamente US$6.299 millones durante la primera edición de Milagro Week 2026, un encuentro internacional que busca conectar iniciativas de inversión con capital nacional y extranjero. La propuesta reúne proyectos públicos y privados de infraestructura, energía, hotelería, agroindustria y tecnología, con el propósito de impulsar su financiación y desarrollo.

La cartera contempla inversiones en puertos marítimos, corredores viales, generación eléctrica, centros de datos, complejos turísticos y soluciones biotecnológicas. Entre las iniciativas de mayor envergadura destacan el Puerto Progreso de Urabá, el Puerto Pisisí y dos centros de datos que concentran buena parte de los recursos previstos.

Infraestructura lidera la cartera con US$2.880 millones

El sector de infraestructura reúne siete proyectos que representan inversiones por US$2.880 millones. Entre ellos sobresale el Puerto Progreso de Urabá, ubicado en Turbo, con una inversión estimada de US$1.300 millones. La iniciativa busca desarrollar una terminal marítima para el movimiento de contenedores, graneles y vehículos.

También figura el Puerto Pisisí, con US$751,1 millones, otro proyecto portuario orientado a fortalecer la capacidad logística y comercial de la región.

La cartera incluye además el Tren Multipropósito de Antioquia, valorado en US$442,3 millones; Vías del Altiplano, con US$240 millones para la operación, mantenimiento y ampliación de corredores viales; la concesión Vía Láctea, con US$97 millones; Masterplan Contree, con US$30 millones, y el Parque Industrial Girardota, con US$20 millones.

Estas iniciativas buscan fortalecer la conectividad regional, ampliar la infraestructura logística y generar nuevas oportunidades para el transporte de mercancías y el desarrollo industrial.

Centros de datos concentran las mayores inversiones en energía

El sector energético agrupa cinco proyectos por US$2.696,6 millones, con una participación destacada de las instalaciones destinadas al procesamiento y almacenamiento de información.

El Centro de Datos del Norte de Antioquia contempla una inversión de US$1.770 millones, mientras que Medellín East Data Center proyecta recursos por US$760 millones. Ambos proyectos reflejan el interés por desarrollar infraestructura tecnológica capaz de responder al crecimiento de los servicios digitales y la inteligencia artificial.

La cartera también incorpora iniciativas de generación eléctrica, como la hidroeléctrica Hidroarma, con US$26 millones; la pequeña central hidroeléctrica Colibrí, con US$60,6 millones, y el parque solar La Achira, con US$80 millones.

Hotelería y turismo suman US$263,7 millones

El segmento hotelero contempla seis iniciativas que, en conjunto, representan US$263,7 millones. Entre los proyectos presentados se encuentran Montecielo, en El Peñol, con US$58,3 millones; Hotel RHY7, con US$48,5 millones; Mama Shelter Medellín, con US$60,1 millones, y Wake Medellín, con US$36,8 millones.

La lista también incluye el hotel Hampton, en Apartadó, con una inversión de US$15 millones, y Sunum by Click Clack Hotel, en Santa Marta, con US$45 millones.

Estos desarrollos buscan ampliar la oferta de alojamiento y fortalecer la actividad turística, mediante nuevas instalaciones y propuestas orientadas a diferentes segmentos del mercado.

Agroindustria y tecnología completan el portafolio

La agroindustria reúne tres proyectos por US$160,28 millones, relacionados principalmente con la producción y exportación de aguacate Hass, además de iniciativas para la fabricación de fertilizantes.

Por su parte, el sector tecnológico concentra tres proyectos valorados en US$298,4 millones. Entre ellos se encuentran VaxThera, Aerialoop y Melonn, iniciativas vinculadas con el desarrollo de soluciones biotecnológicas y tecnológicas.

La inclusión de estos sectores amplía el alcance de la cartera más allá de las obras tradicionales y muestra el interés por atraer capital hacia actividades con potencial de crecimiento y diversificación productiva.

Milagro Week busca conectar proyectos colombianos con inversionistas

La primera edición de Milagro Week se desarrolla en Nueva York como parte de una estrategia del Gobierno colombiano para promover oportunidades de inversión y financiación ante empresarios y fondos internacionales.

A escala nacional, Colombia recibió 250 propuestas de inversión y seleccionó 97 proyectos que avanzaron hacia reuniones de negocios, con expectativas de inversión y financiación cercanas a US$41.900 millones. La participación de Antioquia busca posicionar sus iniciativas dentro de esta oferta y facilitar el contacto con potenciales socios financieros.

La presentación de estos megaproyectos representa una oportunidad para impulsar inversiones en infraestructura logística, transporte, energía y tecnología. Sin embargo, su materialización dependerá de la capacidad de estructuración financiera, la consecución de inversionistas y el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios de cada iniciativa.

Acuerdo entre ANI y Vía Sumapaz destraba obras pendientes del tercer carril Bogotá-Girardot

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Vía Sumapaz alcanzaron un acuerdo para superar los obstáculos prediales que mantenían pendientes algunas intervenciones del proyecto Tercer Carril Bogotá-Girardot, en Colombia. El convenio permitirá continuar con la adquisición de terrenos necesarios para completar las obras en cuatro unidades funcionales, que actualmente registran un avance superior al 97 %.

El acuerdo quedó establecido mediante la firma de un otrosí al contrato de concesión y busca garantizar la continuidad de la operación y el mantenimiento del corredor, así como la entrega de la infraestructura bajo las condiciones previstas inicialmente: tres carriles por sentido. La carretera tiene una extensión de 144,81 kilómetros y registra un tránsito superior a los 18 millones de vehículos al año.

Gestión predial permitirá completar las obras pendientes

Uno de los principales obstáculos para finalizar el proyecto era la falta de disponibilidad de terrenos requeridos para ejecutar determinadas intervenciones. Esta situación se originó en 2014, durante la anterior concesión Bosa-Granada-Girardot, y se prolongó durante varios años, impidiendo concluir completamente las obras.

Con el nuevo acuerdo, Vía Sumapaz asumirá la gestión predial y social de los inmuebles pendientes, por su cuenta y riesgo y en representación de la ANI, hasta completar su adquisición y registro a nombre de la Nación.

Por su parte, la entidad estatal financiará la compra de los terrenos y el pago de las compensaciones socioeconómicas correspondientes. Los recursos provendrán del Fondo de Contingencias del riesgo predial de la antigua concesión, mecanismo que permitirá atender estos compromisos sin generar nuevas obligaciones para el Presupuesto General de la Nación.

Concesionaria renuncia a reclamaciones por más de $185.000 millones

Otro de los componentes centrales del convenio es la solución de una controversia económica entre el Estado y la concesionaria. Como parte del acuerdo, Vía Sumapaz renunció de manera expresa e irrevocable a reclamaciones superiores a $185.000 millones relacionadas con los predios pendientes, dentro del arbitraje internacional que adelanta ante el Centro Internacional de Resolución de Disputas (CIRD).

La negociación también busca evitar una eventual terminación anticipada del contrato, escenario que habría obligado al Estado a asumir directamente la operación y el mantenimiento del corredor.

El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, destacó que el entendimiento permite proteger los recursos públicos y establecer las condiciones necesarias para completar las intervenciones que permanecían pendientes desde hace varios años.

¿Qué cambiará para los viajeros de la vía Bogotá-Girardot?

Para los usuarios, el principal beneficio esperado será contar con un corredor completamente terminado, con tres carriles por sentido y mejores condiciones de conectividad entre Bogotá, Girardot y las regiones del suroccidente del país.

La carretera también cumple una función estratégica para el transporte de mercancías hacia el puerto de Buenaventura y para la movilidad turística hacia destinos del centro y sur de Colombia.

El proyecto contempla beneficiar a cerca de un millón de personas y generar más de 14.000 empleos durante su ejecución, de acuerdo con la ANI. La continuidad de las obras permitirá completar las intervenciones que quedaron condicionadas por los procesos de adquisición de terrenos.

Sin embargo, el acuerdo no significa que todas las obras pendientes estén terminadas de inmediato. La concesionaria todavía deberá completar la gestión de los predios y desarrollar las intervenciones correspondientes para habilitar plenamente las unidades funcionales involucradas.

Acuerdo busca garantizar la continuidad del proyecto

La negociación entre la ANI y Vía Sumapaz representa un avance para resolver uno de los principales obstáculos contractuales del tercer carril Bogotá-Girardot. Además de permitir la continuidad de las obras, establece una distribución de responsabilidades para concluir la adquisición de terrenos y cerrar las reclamaciones económicas relacionadas con la antigua concesión.

El siguiente paso será materializar los compromisos prediales y completar las intervenciones restantes. Con ello, el Gobierno colombiano busca asegurar la entrega integral de uno de los corredores viales más transitados del país y fortalecer la conectividad para pasajeros y transporte de carga.

Colectora, Sirius y Cerrejón enfrentan demoras por consultas y trámites ambientales en Colombia

Varios proyectos estratégicos de energía, minería e infraestructura en Colombia enfrentan retrasos asociados a los tiempos de las consultas previas y los procedimientos de licenciamiento ambiental. Un informe de Corficolombiana advierte que estas dificultades están generando incertidumbre, mayores costos y posibles efectos sobre la ejecución de inversiones fundamentales para el desarrollo del país.

El análisis, presentado en el foro de sostenibilidad Luz Verde: acuerdos para el desarrollo, señala que actualmente existen cerca de 2.197 consultas previas activas. De ese total, el 64 % lleva más de tres años en trámite y el 42 % permanece en su etapa inicial, una situación que evidencia las dificultades para avanzar en los procesos de participación comunitaria.

Colectora acumula cerca de diez años de trámites

Uno de los casos más representativos es el proyecto Colectora, considerado estratégico para conectar la generación de energía renovable de La Guajira con el Sistema Interconectado Nacional. La iniciativa acumula aproximadamente diez años de trámites e involucra a 261 comunidades en procesos de consulta previa.

La prolongación de estos procedimientos representa un desafío para el desarrollo de la infraestructura de transmisión eléctrica, necesaria para transportar la energía desde las zonas de generación hasta los principales centros de consumo.

El informe advierte que las consultas sucesivas y la incorporación de nuevas comunidades durante el desarrollo de los proyectos pueden extender los cronogramas y aumentar los costos asociados a su ejecución.

Sirius y Cerrejón también enfrentan procesos comunitarios

En el sector de hidrocarburos aparece Sirius, uno de los mayores descubrimientos de gas natural de Colombia. Su desarrollo enfrenta más de 120 procesos comunitarios, una condición que representa un reto para avanzar con las actividades necesarias para aprovechar el potencial energético del hallazgo.

Por su parte, Cerrejón, una de las principales operaciones de minería de carbón a cielo abierto del país, requiere consultas previas con 510 comunidades. De estas, 445 alcanzaron acuerdos entre 2024 y 2025, según las cifras presentadas por Corficolombiana.

Estos casos reflejan la complejidad de desarrollar proyectos de gran escala en territorios donde se requiere garantizar la participación de las comunidades y atender las condiciones sociales y ambientales correspondientes.

Licencias ambientales tardan más del doble del plazo legal

El estudio también identifica dificultades en los procedimientos de licenciamiento ambiental. Actualmente, Colombia expide alrededor de 130 licencias ambientales al año, menos de la mitad de las registradas en 2014.

Además, los tiempos de trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se ubican entre 180 y 188 días hábiles en promedio, más del doble del plazo legal de 90 días.

Entre los proyectos afectados por esta situación se encuentra la subestación Norte-Sogamoso, una infraestructura de transmisión eléctrica que busca atender hasta el 32 % de la demanda nacional. Su licencia ambiental ante la ANLA tardó 943 días hábiles, desde el inicio del trámite en 2016 hasta su otorgamiento en 2020. Posteriormente, también registró suspensiones de términos y solicitudes de modificación entre 2023 y 2026.

Otro caso es Komodo-1, proyecto de exploración de hidrocarburos en aguas ultraprofundas del Caribe colombiano, cuyo potencial de gas se estima en hasta 17 veces las reservas probadas actuales del país. Su proceso ambiental incluyó solicitudes de estudios adicionales sobre biodiversidad marina y recursos de la Procuraduría con 57 objeciones, antes del otorgamiento de la licencia y la posterior simplificación de algunos requisitos.

Corficolombiana propone un modelo basado en tres ejes

Frente a este panorama, Corficolombiana plantea un modelo de acuerdos claros basado en tres principios: certidumbre, coordinación y confiabilidad. La propuesta busca mejorar la planeación de los proyectos, reducir duplicidades institucionales y fortalecer la relación entre las empresas, las autoridades y las comunidades.

En materia de certidumbre, el informe propone identificar desde las etapas iniciales a las comunidades involucradas y los posibles impactos de cada iniciativa. También plantea un licenciamiento ambiental diferencial, con exigencias proporcionales al nivel de riesgo y a los efectos reales de cada proyecto.

En cuanto a la coordinación, recomienda integrar las evaluaciones ambientales y unificar criterios entre la ANLA, las CAR y los ministerios, con el propósito de evitar procedimientos repetidos y decisiones contradictorias.

Finalmente, el eje de confiabilidad apunta a recuperar la confianza de las comunidades mediante acuerdos que permitan su participación en los beneficios de las iniciativas. El objetivo es que las poblaciones no sean consideradas únicamente como actores consultados, sino también como participantes activos en el desarrollo de los proyectos.

Trámites ambientales representan un desafío para la inversión

El diagnóstico pone de manifiesto la necesidad de mejorar los tiempos y la articulación de los procedimientos sin debilitar las garantías de participación comunitaria ni la protección ambiental.

Para Colombia, resolver estas dificultades será relevante para avanzar en proyectos de transmisión eléctrica, exploración de gas y minería, sectores que requieren inversiones de largo plazo y condiciones regulatorias previsibles.

La implementación de reglas más claras y mecanismos de coordinación institucional podría contribuir a reducir la incertidumbre en los cronogramas y facilitar la ejecución de iniciativas estratégicas para la infraestructura y la seguridad energética del país.

Atentados amenazan la infraestructura vial de Colombia y la CCI exige medidas de seguridad

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) solicitó al Gobierno de Colombia reforzar las medidas de seguridad en los principales corredores viales del país, tras una serie de atentados contra carreteras concesionadas y estaciones de peaje. El gremio advirtió que estos hechos representan una amenaza para la continuidad de los proyectos de infraestructura y ponen en riesgo a trabajadores, usuarios y comunidades que dependen de estas vías.

El pronunciamiento, difundido el 15 de noviembre de 2026, también expresó preocupación por las nuevas modalidades de ataques contra instalaciones de transporte. Según la organización, la situación requiere una respuesta coordinada entre las autoridades y las empresas responsables de la construcción, operación y mantenimiento de la red vial.

CCI se reunirá con los ministerios de Defensa y Transporte

Como parte de las gestiones para atender esta problemática, la CCI anunció una reunión durante la semana del 16 de noviembre con los ministerios de Defensa y Transporte. El encuentro tendrá como objetivo revisar los hechos recientes, conocer las necesidades de las empresas del sector y avanzar en medidas concretas para proteger la infraestructura y al personal que trabaja en los corredores afectados.

La organización también destacó la importancia de mantener los espacios de diálogo con el Gobierno Nacional y fortalecer la coordinación institucional para responder a los riesgos que enfrenta el sistema de transporte.

Ataques afectan carreteras concesionadas y estaciones de peaje

Entre los hechos recientes se encuentran atentados contra estaciones de peaje en diferentes regiones del país. De acuerdo con reportes publicados el 15 de noviembre, durante las últimas semanas se registraron ataques en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila y Meta.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el peaje de Pipiral, en la vía al Llano, donde una explosión ocasionó daños en las instalaciones de recaudo. También se reportaron afectaciones en estaciones como Neiva y Mondomo, esta última atacada en más de una ocasión.

Estos episodios han generado preocupación en el sector debido a sus consecuencias sobre la operación de las carreteras, la seguridad de los usuarios y la prestación de servicios esenciales para la movilidad y el transporte de mercancías.

Gremio pide reforzar vigilancia y coordinación con la Fuerza Pública

La CCI insistió en la necesidad de fortalecer las labores de prevención, vigilancia y control en los corredores estratégicos, mediante un trabajo articulado con la Fuerza Pública. Asimismo, planteó la implementación de estrategias integrales que permitan identificar amenazas y responder a nuevas modalidades de violencia contra la infraestructura de transporte.

El gremio considera que la protección de estas instalaciones debe contemplar tanto las obras físicas como la seguridad de quienes participan en su construcción y operación. La continuidad de los proyectos viales depende, en parte, de que existan condiciones adecuadas para desarrollar las actividades sin poner en peligro a trabajadores y usuarios.

Seguridad vial, un factor clave para la competitividad del país

La organización señaló que garantizar la seguridad de la infraestructura de transporte es fundamental para preservar la movilidad, fortalecer la competitividad y mantener la conectividad entre las regiones colombianas.

Los atentados no solo generan daños materiales y posibles interrupciones en los servicios, sino que también pueden afectar la logística de carga, los tiempos de desplazamiento y la confianza de las empresas que participan en proyectos de concesión.

La reunión anunciada con las carteras de Defensa y Transporte será un espacio clave para evaluar la situación y avanzar en soluciones que permitan proteger los corredores viales. Para el sector de infraestructura, el desafío será convertir las medidas de seguridad en acciones coordinadas y sostenidas que garanticen la operación de las carreteras del país.

Construcciones El Cóndor revierte pérdidas operacionales y reduce su deuda en Colombia

Construcciones El Cóndor logró revertir sus pérdidas operacionales durante los primeros nueve meses de 2026, pese a registrar una disminución significativa en sus ingresos. La compañía colombiana reportó una utilidad operacional de $62.446 millones, frente a las pérdidas de $74.809 millones obtenidas en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con sus estados financieros del tercer trimestre.

Entre enero y septiembre, los ingresos de la constructora alcanzaron los $444.593 millones, una caída del 35,1 % frente a los $685.448 millones registrados un año antes. A pesar de esta reducción, la mejora en la estructura de costos permitió que el margen operacional pasara de -10,9 % a 14 %, lo que representa un avance de 24,9 puntos porcentuales.

Finalización de proyectos impactó los ingresos

La disminución de la facturación estuvo relacionada principalmente con la culminación del proyecto Magdalena 2. Los ingresos asociados a esta obra pasaron de $257.941 millones en los primeros nueve meses de 2025 a $10.807 millones en el mismo periodo de 2026.

Este efecto fue compensado parcialmente por el avance de otros proyectos que actualmente ejecuta la empresa. Asimismo, los costos de ventas disminuyeron un 50,5 %, hasta ubicarse en $370.255 millones, mientras que los gastos administrativos se redujeron un 3,9 %, alcanzando los $16.310 millones.

La reducción de costos estuvo relacionada con el menor nivel de actividad y con los sobrecostos reconocidos durante 2025, factores que contribuyeron a mejorar el desempeño operacional.

Pérdidas netas disminuyeron 97,9 %

Aunque la compañía consiguió recuperar su rentabilidad operacional, todavía registró pérdidas en el resultado neto. Al cierre de septiembre, el saldo negativo fue de $4.756 millones, una reducción del 97,9 % frente a los $226.950 millones de pérdidas reportadas durante los primeros nueve meses del año anterior.

Otro indicador favorable fue la disminución de los gastos financieros, que pasaron de $130.888 millones a $74.464 millones, una caída del 43,1 %. Este comportamiento estuvo relacionado con el proceso de reducción de obligaciones financieras que adelanta la compañía.

Endeudamiento financiero disminuyó durante el tercer trimestre

Al cierre de septiembre de 2026, el endeudamiento financiero de Construcciones El Cóndor se ubicó en $651.906 millones, frente a los $714.357 millones registrados en junio. Esto representa una reducción de $62.451 millones en el tercer trimestre.

La empresa explicó que la disminución estuvo relacionada principalmente con el pago de obligaciones mediante recursos provenientes del cash-out de VinúS y la venta de maquinaria.

Adicionalmente, continúa trabajando en el reperfilamiento de sus compromisos financieros de largo plazo, la monetización de activos y la materialización de reclamaciones pendientes. Estas medidas forman parte de su estrategia para fortalecer su posición financiera y mejorar su capacidad de cumplimiento.

Pagos pendientes de obras y controversias representan riesgos

Entre los riesgos identificados por la compañía se encuentran los retrasos del Instituto Nacional de Vías (Invías) en los pagos correspondientes a las obras ejecutadas en la Variante San Francisco-Mocoa, así como los tiempos de reconocimiento y pago de los laudos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

En este último caso, la empresa destacó el laudo arbitral de Ruta al Mar, por $3,58 billones, que se encuentra en firme y ejecutoriado. Según la compañía, el recurso extraordinario de anulación presentado por la ANI y admitido por el Consejo de Estado el 16 de septiembre no suspende sus efectos.

La evolución de estos procesos será relevante para la recuperación financiera de la constructora, debido a su posible incidencia en el flujo de caja y en la capacidad de reducir sus obligaciones.

Constructora busca consolidar su recuperación financiera

Los resultados del tercer trimestre muestran una mejora importante en la operación de Construcciones El Cóndor, aunque la empresa todavía enfrenta desafíos para regresar a terreno positivo en sus ganancias netas.

La reducción de los costos, los menores gastos financieros y la disminución del endeudamiento representan avances en su proceso de recuperación. Sin embargo, la normalización de los pagos pendientes y la ejecución de su estrategia de monetización de activos serán factores determinantes para consolidar su estabilidad financiera.

La compañía anunció que realizará su teleconferencia de resultados el 19 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., para presentar los principales indicadores de su desempeño durante el periodo.

Crisis de Nvidia genera incertidumbre sobre la demanda de metales vinculada a los centros de datos

La salida de Jensen Huang de la dirección de Nvidia abrió un nuevo escenario de incertidumbre para la industria tecnológica y el sector minero, debido a las posibles repercusiones sobre las inversiones en centros de datos e infraestructura energética. La compañía confirmó el 12 de noviembre de 2026 que Huang dejó los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración, mientras que Colette Kress, hasta entonces directora financiera, asumió la dirección ejecutiva de manera interina.

El cambio de liderazgo se produjo en medio de cuestionamientos sobre el gobierno corporativo y una investigación independiente relacionada con presuntas operaciones de inteligencia extranjera. La empresa, por su parte, aseguró que sus operaciones, compromisos con clientes y desarrollo de productos continuarán sin interrupciones. Sin embargo, la situación generó preocupación entre los inversionistas por el posible impacto en el crecimiento del negocio de inteligencia artificial (IA).

Incertidumbre sobre las inversiones en centros de datos

Para la industria minera, el principal riesgo no está directamente relacionado con la fabricación de procesadores, sino con el ritmo de construcción de los centros de datos y de las instalaciones necesarias para abastecerlos de energía.

Una eventual reducción o postergación de estos proyectos podría desplazar las compras de materias primas hacia periodos posteriores. Esto afectaría especialmente a los metales utilizados en redes eléctricas, subestaciones, sistemas de refrigeración y generación energética.

No obstante, las inversiones anunciadas por las principales empresas tecnológicas muestran que la demanda de infraestructura continúa siendo elevada. Microsoft destinó US$45.200 millones a inversiones durante el trimestre finalizado el 30 de septiembre y proyecta un gasto anual cercano a los US$170.000 millones. Por su parte, Alphabet mantuvo su previsión de inversión de entre US$195.000 millones y US$205.000 millones para 2026.

Una parte importante de estos presupuestos se concentra en procesadores, servidores y equipos de red. Por ello, el efecto sobre la minería dependerá principalmente de si las compañías modifican sus planes de construcción de instalaciones físicas y de infraestructura eléctrica.

Cobre y aluminio, entre los metales más expuestos

El cobre y el aluminio podrían verse afectados por una desaceleración en el desarrollo de centros de datos, debido a su utilización en redes de transmisión, conexiones eléctricas y sistemas de refrigeración.

Según estimaciones de S&P Global citadas en el análisis, el consumo mundial de cobre podría aumentar de 28 millones de toneladas en 2025 a 42 millones en 2040. De ese crecimiento, aproximadamente dos millones de toneladas estarían vinculadas con los centros de datos y la inteligencia artificial.

En este contexto, el principal riesgo para los productores sería el retraso de proyectos y de las adquisiciones de materiales, más que una desaparición de la demanda. La expansión de las redes eléctricas y la electrificación de las economías seguirían siendo factores importantes para el consumo de cobre a largo plazo.

El aluminio también mantiene una relación directa con el desarrollo de infraestructura tecnológica y energética. Una menor actividad constructiva podría moderar parte de su demanda, especialmente en los mercados donde se concentra la expansión de instalaciones para servicios digitales.

Plata y uranio también enfrentan posibles efectos

La plata presenta una relación diferente con el crecimiento de la inteligencia artificial. Aunque la infraestructura tecnológica contribuyó a respaldar su consumo durante 2025, la demanda industrial total retrocedió un 3%, debido principalmente a que los fabricantes de paneles solares redujeron la cantidad de metal utilizada mediante alternativas y sustitutos, según información del Silver Institute.

En el caso del uranio, su exposición depende de los proyectos nucleares destinados a garantizar el suministro eléctrico de los centros de datos. Un ejemplo es el acuerdo de 20 años entre Microsoft y Constellation Energy para reactivar la central nuclear Crane, en Pensilvania, cuya puesta en marcha está prevista para 2027.

Una eventual desaceleración de las inversiones tecnológicas podría dificultar el desarrollo de nuevos proyectos nucleares vinculados con este mercado, aunque no implicaría necesariamente una reducción de la demanda de combustible de las centrales que ya se encuentran operativas.

El consumo eléctrico de los centros de datos seguirá creciendo

Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) dimensionan la importancia de esta infraestructura para el mercado energético. El organismo estima que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos pasará de 485 teravatios-hora en 2025 a 950 teravatios-hora en 2030, lo que representaría prácticamente el doble en cinco años.

Este crecimiento plantea desafíos para las redes de transmisión, la generación eléctrica y el suministro de materias primas necesarias para ampliar la infraestructura. En consecuencia, cualquier modificación significativa de los planes de inversión de las grandes tecnológicas podría repercutir en las perspectivas de consumo de distintos metales.

Resultados de Nvidia marcarán una próxima referencia para el mercado

Los resultados financieros de Nvidia, programados para el 17 de noviembre de 2026, serán observados por los inversionistas para evaluar la evolución del negocio de inteligencia artificial y las perspectivas de la compañía tras el cambio de liderazgo.

Sin embargo, para el sector minero también será importante seguir las decisiones de inversión de sus principales clientes, los cronogramas de construcción de centros de datos y los contratos de suministro energético.

La evolución de estos indicadores permitirá determinar si la crisis corporativa de Nvidia representa un riesgo temporal para la confianza del mercado o si podría traducirse en retrasos concretos en proyectos de infraestructura. Por ahora, el escenario apunta a una posible postergación de parte de la demanda de metales, en lugar de una cancelación generalizada de las inversiones vinculadas con la inteligencia artificial.

PACMIN 2026 inicia mañana en Lima: el Perú debate cómo convertir más de 6,000 pasivos ambientales mineros en activos de desarrollo

El III Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas reunirá del 17 al 19 de noviembre a autoridades, empresas mineras y academia, con la meta de pasar del diagnóstico a soluciones concretas.

El Perú tiene más de 6,000 pasivos ambientales mineros, de los cuales 740 están clasificados como de alto y muy alto riesgo. En ese contexto, desde mañana y hasta el 19 de noviembre se realizará en Open PUCP, Plaza San Miguel (Lima), el III Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas – PACMIN 2026, bajo el lema «Cerrando brechas, recuperando territorios y construyendo un futuro sostenible».

El encuentro es organizado por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima), que preside Jorge Soto Yen, también director general de Minería del MINEM. Cuenta con el respaldo académico de la Escuela de Posgrado de la PUCP, a través de su Maestría en Regulación, Gestión y Economía Minera.

Del pasivo al activo

Fernando Valdez, presidente de PACMIN 2026, planteó que el objetivo es ir más allá de la remediación: “Queremos pasar del pasivo al activo”. La propuesta es reaprovechar los pasivos, rehabilitar las áreas impactadas y recuperar productivamente los territorios, sin descuidar los recursos hídricos, los ecosistemas ni a las comunidades.

El tema cobra urgencia por el pipeline minero. La viceministra de Minas, Mayra Figueroa, informó que el país tiene 66 proyectos de inversión por más de US$ 64,000 millones y 69 proyectos de exploración por US$ 757 millones. Por ello, subrayó la necesidad de planificar el cierre desde las primeras etapas para no generar nuevos pasivos.

Agenda y participantes

El programa incluye conferencias magistrales, paneles, mesas técnicas y reuniones empresariales B2B. Entre los debates principales:

  • El futuro del cierre de minas en el Perú: regulación, sostenibilidad, inversión y responsabilidad de largo plazo.
  • Articulación interinstitucional para transformar pasivos mineros en activos de desarrollo.
  • Garantías financieras para el cierre de minas: cómo conciliar la protección ambiental con la eficiencia financiera.

El simposio se organiza en ocho ejes: regulación, inteligencia artificial, monitoreo inteligente, innovación tecnológica, remediación ambiental, economía circular, recuperación de ecosistemas y financiamiento y transición territorial.

Participarán los titulares de la ANA (Juan Carlos Castro), OEFA (Joanna Fischer), SENACE (Silvia Cuba), INGEMMET (Walther León) y AMSAC (Dante Aguilar), junto a ejecutivos de Cerro Verde, Buenaventura, Barrick, Gold Fields y Summa Gold, entre otras empresas.

Cifras del evento: más de 500 asistentes, 65 expositores nacionales e internacionales y representantes de más de 30 compañías mineras.

Ficha del evento

  • Evento: III Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas – PACMIN 2026
  • Fechas: 17, 18 y 19 de noviembre de 2026
  • Lugar: Open PUCP, Plaza San Miguel, Lima
  • Organiza: Capítulo de Ingeniería de Minas, CIP Lima
  • Más información e inscripciones: https://pacmin.ciplima.org.pe/

“Imagen referencial generada con IA”.

Barrick Mining supera las expectativas de ganancias impulsada por el precio del oro

Barrick Mining Corporation registró resultados financieros por encima de las estimaciones del mercado durante el tercer trimestre de 2026, impulsada principalmente por el incremento del precio del oro. La compañía reportó ganancias ajustadas de US$0,82 por acción, frente a los US$0,79 que esperaban los analistas, mientras que sus ingresos alcanzaron los US$5.070 millones, un crecimiento interanual del 22%.

Pese a que los ingresos quedaron ligeramente por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a US$5.130 millones, la minera consiguió mejorar su rentabilidad gracias al mayor valor de venta del metal precioso. Después de la presentación de los resultados, sus acciones avanzaron un 0,8%.

Mayores precios del oro impulsan la rentabilidad

Durante el trimestre, Barrick obtuvo un precio realizado promedio de US$4.243 por onza de oro, un incremento del 23% frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento permitió compensar parcialmente la reducción de los volúmenes de producción y el aumento de los costos operativos.

La compañía registró ganancias netas de US$1.320 millones, frente a los US$1.300 millones del tercer trimestre del año anterior. Asimismo, el EBITDA ajustado atribuible llegó a US$2.470 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 22%.

Producción de oro y cobre durante el tercer trimestre

Entre julio y septiembre de 2026, Barrick produjo 816.000 onzas de oro, un aumento del 3% respecto al segundo trimestre. Sin embargo, la cifra fue inferior a las 829.000 onzas registradas en el mismo periodo de 2025.

En cobre, la compañía alcanzó una producción de 50.000 toneladas durante el trimestre. Entre los factores que influyeron en el desempeño de sus operaciones destacaron el avance de Goldrush, en Nevada, y la mejora productiva de Loulo-Gounkoto, que incrementó su producción un 16% frente al trimestre anterior.

La empresa también señaló que las condiciones climáticas extremas en la mina Veladero y el retraso en el acceso a mineral de mayor ley en North Mara afectaron sus resultados productivos. No obstante, espera acceder a ese material de mayor calidad durante el cuarto trimestre.

Costos operativos mantienen presión sobre la compañía

A pesar del crecimiento de los ingresos, Barrick enfrentó mayores costos de producción. Los costos totales de sostenimiento (AISC) del oro alcanzaron los US$1.911 por onza, frente a los US$1.538 registrados en el tercer trimestre de 2025, lo que representa un incremento aproximado del 24%.

La minera atribuyó esta variación al procesamiento de mineral con menores leyes, al aumento de las regalías asociado a los mayores precios del oro y al encarecimiento del diésel. Estos factores limitaron parcialmente el efecto positivo de las mejores cotizaciones internacionales.

Barrick mantiene sus previsiones de producción para 2026

La compañía ratificó sus proyecciones anuales de producción, con una meta de entre 2,90 y 3,25 millones de onzas de oro, mientras que para el cobre prevé alcanzar entre 190.000 y 220.000 toneladas métricas durante todo el ejercicio.

Además, informó que generó US$2.490 millones en flujo de caja operativo durante el trimestre y que terminó septiembre con una posición de caja neta de US$900 millones. También destinó US$1.040 millones a la retribución de sus accionistas mediante recompra de acciones y dividendos.

Los resultados reflejan el impacto favorable de los elevados precios del oro sobre las finanzas de las grandes compañías mineras, aunque también evidencian los desafíos relacionados con los costos operativos y la continuidad de los niveles de producción.

Mina Tizapa de Industrias Peñoles recibe el Reconocimiento al Mérito Ambiental 2026 en México

La unidad minera Tizapa, perteneciente a Industrias Peñoles y ubicada en el municipio de Zacazonapan, Estado de México, recibió el Reconocimiento al Mérito Ambiental 2026, otorgado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la entidad, en la categoría Sector Empresarial.

La distinción reconoce a las empresas que destacan por el cumplimiento de la normativa ambiental y la implementación de medidas para reducir el impacto de sus actividades productivas. Para obtener este reconocimiento, las organizaciones participantes debían acreditar resultados verificables en materia ambiental durante los últimos cinco años.

Gestión ambiental respaldada por certificación internacional

Uno de los aspectos considerados para otorgar el reconocimiento fue el Sistema de Gestión Ambiental implementado por Tizapa, que opera bajo la certificación internacional ISO 14001.

Este sistema integra mecanismos de prevención de riesgos, cumplimiento normativo y mejora continua, con el propósito de fortalecer el desempeño ambiental de las operaciones y reducir los impactos asociados a la actividad minera.

La certificación permite establecer procedimientos para identificar y gestionar los aspectos ambientales de las operaciones, así como evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos establecidos por la compañía.

Reutilización del agua y eficiencia hídrica

En materia de gestión del agua, Tizapa destaca por operar bajo un esquema de cero descargas, mediante el cual reutiliza el líquido en sus procesos productivos. La unidad registra una tasa de recirculación del 63%, indicador que refleja el aprovechamiento del recurso dentro de sus instalaciones.

Estas medidas forman parte de las acciones orientadas a reducir el consumo de agua fresca y mejorar la eficiencia hídrica de las operaciones mineras, especialmente en un contexto en el que la disponibilidad del recurso representa un desafío para distintas regiones productoras de México.

Energías renovables y reducción de emisiones

La compañía también ha incorporado progresivamente fuentes de energía renovable, que actualmente representan el 14% del suministro energético utilizado en sus operaciones.

Según los datos reportados por Industrias Peñoles, esta incorporación ha permitido evitar la emisión de 2.171 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e).

La medida se integra a los esfuerzos de la unidad para reducir su huella ambiental y avanzar hacia un modelo operativo que combine eficiencia energética y aprovechamiento de fuentes de menor impacto ambiental.

Reciclaje de residuos y conservación de la biodiversidad

Otro de los resultados destacados corresponde a la gestión de residuos. Tizapa reporta una tasa de reciclaje del 82% de los materiales generados, una práctica que contribuye al aprovechamiento de recursos y a la reducción de desechos mediante principios de economía circular.

Asimismo, la unidad desarrolla iniciativas para conservar la biodiversidad local y fortalecer la relación con las comunidades cercanas a sus instalaciones. Estas acciones buscan integrar la gestión ambiental con programas de vinculación y desarrollo social en su área de influencia.

Peñoles refuerza su estrategia de minería sostenible

El Reconocimiento al Mérito Ambiental 2026 representa un reconocimiento a las prácticas implementadas por Tizapa durante los últimos cinco años. Los resultados en reutilización de agua, incorporación de energías renovables y reciclaje de residuos fueron algunos de los elementos destacados para obtener la distinción.

Con estas iniciativas, Industrias Peñoles busca fortalecer la integración de criterios ambientales en sus operaciones y avanzar hacia una actividad minera que combine productividad, cumplimiento normativo y protección del entorno.