“Mi teoría es simple: los representantes de la academia, los sindicatos y los usuarios tienen requisitos. No es que llegue cualquiera a la entidad, eso tiene unas condiciones. Pero la siguiente es que sería un proceso por votación. Si los cinco expertos técnicos tienen la razón en elegir, ¿por qué se van a dejar ganar de los tres que entran a adicionar el panel de expertos de la CREG? Esa discusión hay que darla”, expresó el representante del Partido Liberal.
Frente a cuestionamientos acerca de que si los seis comisionados que deberían estar en la mesa de la CREG son insuficientes (solo hay cuatro a diciembre de 2025), sumado a que, de aprobarse el plan, los tres adicionales serían pagados con recursos públicos, Cardona señaló que la posición del Gobierno es clara: quieren que los sectores mencionados (usuarios, sindicatos y academia) tengan un rol en el organismo.
Entre los cambios propuestos en las proposiciones avaladas en el primer debate está que, si pasa el plan del gobierno, habría cinco expertos con dedicación exclusiva en la entidad, nombrados por el presidente por cuatro años, así como los tres expertos de los sectores anteriormente señalados, quienes también serían designados por un periodo de cuatro años, para un total de ocho comisionados. En contraste con los seis funcionarios que a diciembre de 2025 deben integrar el organismo.
Pero volviendo a la iniciativa, estos cinco expertos deberán ser colombianos y ciudadanos en ejercicio, contar con título universitario y de posgrado (no se define uno específico en las proposiciones avaladas), y haberse desempeñado en cargos de coordinación o dirección en asuntos energéticos, tanto en entidades públicas como privadas, o haber sido profesores en una universidad de alta calidad.
Todo esto tiene diferencias con cambios realizados en 2021 en la organización de la comisión, en los cuales se planteó que los seis comisionados con dedicación exclusiva deben contar con un título universitario en economía, administración de empresas, derecho o similares, y haber desempeñado cargos relevantes de mínimo seis años, no cuatro (como lo estipulan las proposiciones avaladas).
Por otro lado, el experto del sector académico en la comisión reguladora deberá ser colombiano, contar con cinco años de experiencia en una universidad acreditada, tener al menos una investigación en servicios públicos de energía y gas, y tres años de experiencia específica en asuntos energéticos, además de títulos de posgrado y de maestría como mínimo.
Mientras que el experto del sector sindical también deberá ser colombiano y ciudadano en ejercicio, con una experiencia mínima de cinco años en el ejercicio profesional en el sector energético o afines, y contar con al menos cinco años de actividad sindical.
Ninguno de ellos podría ser elegido en un cargo directivo en entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente a la finalización de su periodo. De pasar la ponencia en el primer debate, esos puntos quedarían incluidos para el resto de la discusión.
Cabe mencionar que la CREG es una entidad fundamental en energía y gas; este organismo fue diseñado para que seis comisionados expertos tomen decisiones regulatorias, alineadas a los planes de política pública del Gobierno, con el fin de que el resto de los actores del sistema puedan maniobrar y así ofrecer servicios públicos de manera eficiente, tanto para empresas como para los usuarios.
Cambios en la opción tarifaria y cargo por confiabilidad
En cuanto a la opción tarifaria, el ponente del proyecto manifestó que una alternativa es que la paguen los deudores (mayoría estratos uno y dos); la otra es que los usuarios con más capacidad paguen la deuda, señalando que, independientemente de la decisión, debe darse la discusión.
Adicionó que, si bien las generadoras pueden seguir teniendo el cargo por confiabilidad, estas deben señalar hacia dónde fueron los recursos que ya se han pagado.
“Si lo que el sistema demanda no son $6,2 billones, sino $10 billones, lo que habría que hacer no es bajar el cargo por confiabilidad, sino subirlo. Pero llevamos más de un mes esperando que nos den una explicación técnica que no aparece. Hemos hecho dos audiencias, y lo único que se dice es que no se puede quitar, pero necesitamos una explicación técnica”, enfatizó.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), expresó en anteriores ocasiones que la modificación de la manera como funciona el cargo por confiabilidad afectó al sector eléctrico. Señaló que cambiaron los riesgos para los agentes generadores, las subastas dejaron de ser atractivas para nuevos participantes, y se alteraron las reglas de juego del esquema, lo que puso al sector en una compleja situación.
Otras proposiciones avaladas en el primer debate
Todas las empresas deberán publicar semestralmente su estructura tarifaria desagregada, indicando los costos de generación, transmisión, distribución y comercialización, así como las pérdidas técnicas y cualquier otro componente. Esta información deberá ser accesible en su sitio web y estar explícitamente detallada en la factura.
También se señaló que el Ministerio de Minas y Energía deberá establecer políticas públicas para limitar la exposición de los usuarios a la volatilidad de los precios de la bolsa de energía, aumentar la contratación bilateral de largo plazo con el fin de estabilizar las tarifas, y reglamentar medidas para la compra unificada de energía a través de contratos de largo plazo, para atender la demanda regulada que atienden las empresas públicas.
Las fechas en el legislativo
El calendario por el que el Gobierno optaría para que esta ley entre en vigencia sería el siguiente: el 16 de diciembre de 2025 se votaría la primera ponencia. Como el Congreso entra en receso, en abril de 2026 se reanudaría el debate con la segunda ponencia.
En mayo llegaría a la Comisión Quinta del Senado, para luego pasar a la plenaria. Entre julio y agosto de ese año iría a conciliación entre Cámara y Senado. En caso de que ninguno de estos procesos frene la iniciativa, esta iría a sanción presidencial antes de que el Gobierno Petro culmine el 7 de agosto de 2026.
No obstante, otros analistas señalan que, si se aprueban las ponencias, el proyecto tendría plazo hasta el 20 de junio de 2027 para culminar su trámite en el Congreso.
