Entre los límites de Ica y Ayacucho, donde domina la aridez del desierto, un sol sofocante, cerros polvorientos y piedras puntiagudas, la historia del Perú se escribió con geoglifos. La cultura nazca se comunicaba con extensos y estéticos gráficos trazados en la tierra, un idioma que trascendió a su tiempo por su impresionante despliegue, apreciado incluso desde el cielo, pero que hoy está siendo destruido. En la actualidad es depredado por los que no creen en la vigencia del pasado: los mineros informales.
La reducción del polígono arqueológico dispuesta por el Ministerio de Cultura (Mincul), el pasado 28 de mayo, ha expuesto la conservación de estos restos milenarios ubicados en Nazca.
El ministro Fabricio Valencia ha insistido en que las reconocidas Líneas de Nazca, declaradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en 1994, no corren peligro; pero ha omitido que otras representaciones igual de importantes y poco exploradas han quedado a merced de la extracción indiscriminada de oro y cobre, los principales minerales que se mezclan con el suelo en ese territorio.
En el espacio ahora liberado hay figuras de estilo trapezoide y vestigios preíncas que no han sido sometidos a estudios exhaustivos. Solo no tienen la propaganda y fama del colibrí, el mono, la araña o la ballena.
Perú21 acudió al límite poligonal y, tras realizar prolongados recorridos, corroboró que los mineros informales, que operan en las laderas de los cerros, trabajan gracias al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que el Gobierno de Dina Boluarte pretendió convertirlo en hereditario.
Durante el viaje se constató el uso de explosivos, cuyas detonaciones para abrir socavones se escuchaban como un estruendo. En una de las minas, los mineros informales reconocieron que el socavón estaba operando desde el 2012, el año en que fue creado el Reinfo.
Valencia ha minimizado la actividad minera en los exteriores del nuevo polígono; sin embargo, con la resolución viceministerial que reduce de 5,600 km2 a 3,200 km2 el área protegida, los beneficiados directos son los mineros informales.
En solo cinco días, del 30 de mayo al 2 de junio, se presentaron ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) más de 60 pedidos para separar denuncios mineros, la mayoría por 100 hectáreas, de acuerdo con los datos del Geocatmin. Por esa extensión de predio pagaron US$300.
Aunque la razón por la que es más accesible tener terreno minero en este lugar es que, al no ser parte del polígono, ya no es necesario tramitar el Plan de Evaluación Arqueológica (PEA).
El PEA es un requisito indispensable que garantiza que en la propiedad requirente no hay restos arqueológicos. Ese informe es elaborado por un arqueólogo, lo que implica realizar un gasto económico mayor. Con el cambio ordenado por la cartera de Cultura, esta gestión ha sido mutilada.
La arqueóloga Corina La Torre dijo a este diario que la disposición emitida por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa, tomó por sorpresa al gremio y aseguró que fue aprobada sin realizar constataciones mínimas en el campo.
“El Ministerio de Cultura no ha contemplado el trabajo de campo; el arqueólogo no es de oficina, no es de gabinete. Se pueden usar drones para hacer barridos, pero esa tecnología no ayuda a ver con precisión si hay cerámicas o entierros. Ese (constatación en campo) es el único modo de hacer un trabajo minucioso para reducir la poligonal, un trabajo que yo no he visto hacer al ministerio”, expresó.
El reclamo de La Torre se condice con el reporte que sustentó la reducción del polígono.
El documento fue elaborado en menos de un mes por ocho funcionarios del ministerio, plazo en el que, de acuerdo con expertos consultados, es improbable haber inspeccionado todo el polígono original.
Informe exprés
La reunión que inició todo el proceso para la nueva delimitación del área protegida sucedió el 26 de abril último, de acuerdo con el acta a la que accedió Perú21.
En ese registro se señala que fue Johny Isla, funcionario de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica (DDCI), el que propuso hacer la “actualización” del polígono.
Isla es un servidor público al que el Mincul aprobó cubrir los gastos de defensa legal por una investigación penal que se le abrió por abuso de autoridad cuando era responsable del Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural del Territorio de Nasca y Palpa.
En la referida acta, se proyectó, además, el tiempo en que se terminarían las diligencias que sustentaría el informe de cambio de zonificación.
La etapa técnica, la que debía demandar más labores de campo, solo necesitaría de 11 días. Es decir, el reporte estaría listo el 9 de mayo. Aunque en la realidad este estuvo terminado el 18 de mayo, 20 días después de la primera cita de coordinación.
El escrito fue enviado por Isla a Jeanette Gutiérrez Achulla, subdirectora de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales de Ica; ella es uno de los ocho funcionarios que impulsaron la modificación. Con Gutiérrez salta un hecho particular.
Su hermano Augusto Gutiérrez Achulla requirió en 2018 al Ingemmet tener derecho minero sobre 100 hectáreas que estaban ubicadas en el antiguo polígono, según el mapa de Geocatmin.
Augusto Gutiérrez falleció y ese predio ahora es solicitado por otra persona, que presentó su pedido el pasado 4 de junio al notar que ya no tiene protección arqueológica.
Finalmente, la polémica resolución viceministerial fue emitida el 28 de mayo. En otras palabras, todo el trámite concluyó en poco más de un mes.
Fuentes del mismo Mincul señalaron a este diario que la reducción del polígono arqueológico fue ejecutada con secretismo, ya que en la DDCI los principales funcionarios desconocían del asunto hasta que fue publicado.
El ministro Valencia será interpelado en el Congreso por estos hechos que, en lugar de sospechosos, denotan una clara actitud política por cederle más poder a la minería criminal.
Mincul retrocede
Este domingo 8 de junio, el Ministerio de Cultura anunció que restableció el polígono arqueológico de más de 5,000 Km2 ante los cuestionamientos. No obstante, indicó que conformará una mesa técnica para analizar la delimitación del área protegida.
