Con ello, y siguiendo las orientaciones de la Estrategia Nacional del Litio, se permitirá dar continuidad a la operación en el Salar de Atacama, aumentar la producción de manera sostenible mediante la introducción de nuevas tecnologías y el reemplazo de agua continental en el proceso productivo.

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) ingresó a trámite a la Contraloría General de la República (CGR), la resolución que aprueba las modificaciones de los Contratos para Proyecto en el Salar de Atacama y de Arrendamiento de Pertenencias Mineras OMA, suscritos con SQM Salar SpA, cuya vigencia se extiende hasta 2030; y los nuevos Contratos de Arrendamiento de Pertenencias Mineras en el Salar de Atacama con Codelco y su filial Minera Tarar SpA, que tendrán efecto desde 2031 hasta 2060.

Con ello, y siguiendo las orientaciones de la Estrategia Nacional del Litio, se permitirá dar continuidad a la operación en el Salar, aumentar la producción de manera sostenible mediante la introducción de nuevas tecnologías y el reemplazo de agua continental en el proceso productivo, e incorporar, tempranamente, al Estado en la operación, respetando los contratos vigentes, a través una alianza público-privada entre la empresa minera estatal Codelco y SQM.

“Este acuerdo se enmarca en la Estrategia Nacional del Litio que busca asegurar dos objetivos: una mayor participación del Estado de las rentas asociadas al litio y el aumento sostenible de su producción en un contexto global de creciente demanda por este mineral. Esta asociación permitirá al Estado el desarrollo, de mejor manera, de una minería de salares con mayores estándares de sostenibilidad ambiental y social, tanto para la actual explotación del litio como de otros minerales en el futuro que se encuentran contenidos en la salmuera”, sostuvo el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

Previo al ingreso a la CGR, y luego de concluido el proceso de Consulta Indígena que se estableció como requisito previo, el Consejo de la Corporación aprobó, el pasado lunes 15 de septiembre, la versión final de los contratos que establecen un sistema de pago de rentas de arrendamiento en función del precio del litio y los demás productos a consumidor final que se vendan a partir de la explotación del Salar (en términos equivalentes al contrato actual), además de aportes para el desarrollo territorial que se destinan al Gobierno Regional de Antofagasta, a las comunas de Antofagasta, San Pedro de Atacama y María Elena, y a las organizaciones indígenas atacameñas de la Cuenca del Salar, destinados a impulsar el desarrollo de diversos proyectos de inversión y fomento, entre otros. Los nuevos contratos establecen también aportes para el financiamiento de actividades de I+D en el país, que impulsen un desarrollo económico sostenible y mantienen las cláusulas que contemplan la venta a precio preferente de una cuota de productos de litio a empresas que seleccione Corfo y que ofrezcan desarrollar actividades productivas de mayor valor agregado en Chile.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo agregó que “un elemento sustantivo de todo este proceso ha sido el apego a la normativa vigente, respetando, particularmente, al Pueblo Lickanantay o Atacameño para lo cual Corfo desplegó una Consulta Indígena que se extendió por cerca de 10 meses y contempló más de 40 reuniones, con la activa participación de las organizaciones representativas, en la que finalmente logramos converger a entendimientos comunes en diversos temas de interés para el Pueblo Lickanantay o Atacameño, lo que da estabilidad y gobernabilidad a estos contratos”.

Otro elemento relevante de los nuevos contratos, que resultó especialmente fortalecido durante el proceso de Consulta Indígena, son los compromisos relacionados con el cuidado medioambiental, en concordancia con la normativa legal vigente en el país y con los estándares internacionales para garantizar una operación sustentable en el largo plazo. Ello implica la implementación de planes que permitan una disminución gradual de consumo de agua continental en las operaciones hasta su total reemplazo; la introducción gradual de nuevas tecnologías en el proceso productivo para una operación más sostenible; la realización de estudios y pilotajes; la utilización de energías limpias; y el fortalecimiento del sistema de monitoreo y de auditoría ambiental. De esta forma se establece que, en el segundo semestre de 2026, las empresas deberán ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental que permita llevar adelante el proyecto denominado Salar Futuro.

Finalmente, y también como resultado de la Consulta Indígena está el compromiso de participación activa de las organizaciones representativas del Pueblo Atacameño a través de una Mesa de Seguimiento -liderada por Corfo– de los compromisos que las empresas asumen en el marco de los contratos, junto con elevar los estándares de relacionamiento permanente con dichas organizaciones.