La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Minas y Energía, pretende dejar atrás el modelo extractivista tradicional.
El Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley denominado “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, una propuesta que busca redefinir las reglas del sector minero en Colombia bajo criterios ambientales, sociales, económicos y de planificación territorial.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Minas y Energía, pretende dejar atrás el modelo extractivista tradicional y situar la minería en el centro de la transición energética, la protección de los ecosistemas y la reindustrialización del país, al tiempo que fortalece el papel del Estado como rector del sector y garante de los derechos de las comunidades en los territorios.
Un cambio de modelo: de lo extractivo a lo sostenible
Según el Gobierno, la ley busca superar décadas de un enfoque extractivo que privilegió la explotación de recursos sin suficiente planeación, lo que derivó en impactos ambientales, conflictividad social y limitaciones para el desarrollo regional.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, subrayó que el proyecto “abre una discusión alrededor de la organización del sistema minero en el país, que protege a los trabajadores y reivindica el trabajo de la minería tradicional y ancestral, distinto al extractivismo que ha habido en Colombia”.
La propuesta se presenta como un instrumento normativo moderno que articula la minería con la política ambiental, el respeto a los derechos sociales y la necesidad de avanzar hacia una economía menos dependiente de la extracción y más enfocada en la industrialización con valor agregado.
Principales ejes de la Ley Minera en Colombia
El proyecto se estructura en varios ejes que redefinen las bases de la actividad minera en Colombia:
- Soberanía estatal sobre los recursos: los minerales se declaran propiedad exclusiva, inalienable e imprescriptible de la Nación. El Estado asume un rol más activo en la planificación, regulación y supervisión de la actividad.
- Ordenamiento territorial y ambiental: se establecen Zonas Aptas para la Minería y Zonas Excluidas, en las que se priorizará la protección del agua, la biodiversidad y los derechos de las comunidades. El agua se considera un bien prevalente sobre la actividad extractiva.
- Restricciones a prácticas nocivas: se prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y se plantea el cierre progresivo de minas a cielo abierto, en línea con estándares internacionales de sostenibilidad.
- Formalización de pequeños mineros: la norma busca integrar a los mineros artesanales y de pequeña escala mediante asistencia técnica, jurídica y financiera, con programas que reconozcan la importancia económica y cultural de esta actividad.
- Reforma contractual: se plantea un modelo más transparente, equitativo y con reglas claras para cada etapa del ciclo minero: asignación, exploración, explotación, cierre y post-cierre de minas.
- Minería e industria: la propuesta vincula la actividad minera con la reindustrialización nacional, fomentando encadenamientos productivos regionales y el uso estratégico de minerales críticos —como cobre, níquel y litio— para impulsar la transición energética.
Una visión diferente de la minería
El Gobierno plantea que esta no será una ley de corto plazo, sino un marco estructural de largo aliento.
“Queremos una minería al servicio de la vida, de los territorios y de la transición energética justa. Esta no es una ley para el pasado, es una ley para el futuro”, afirmó el ministro Palma.
La viceministra de Minas, Sorrel Aroca, enfatizó que la norma busca equilibrar la minería con otras vocaciones del territorio:
“La monoeconomía y el extractivismo han generado conflictividad, pobreza y miseria en torno a la actividad minera. Este proyecto pretende diversificar los usos del suelo y reconocer que, junto a los minerales, debe estar el respeto por la agricultura y por el derecho sagrado al agua”.
Implicaciones económicas, sociales y ambientales
De ser aprobada, la ley permitiría al Estado ejercer un mayor control sobre la explotación de minerales estratégicos y alinear la actividad con los compromisos internacionales de lucha contra el cambio climático.
Además, promueve una minería que genere valor agregado en la cadena productiva y fortalezca la economía regional.
En lo social, se busca reducir la conflictividad mediante procesos de consulta, mayor participación de comunidades y la formalización de miles de pequeños mineros que hoy operan en la informalidad. En lo ambiental, se busca garantizar que la minería respete los ecosistemas sensibles, en especial las fuentes hídricas, las rondas de protección y los territorios con alta vocación agrícola.
El proyecto inicia ahora su trámite legislativo en el Congreso, donde se anticipa un debate amplio y complejo, en el que participarán comunidades, pueblos étnicos, sindicatos, empresarios y congresistas.
El Gobierno ha invitado a todos los sectores a sumarse a la discusión con el fin de construir consensos alrededor de una minería que combine justicia social, sostenibilidad ambiental y competitividad económica.
