Categoría: Economía

El Fifth Plenary Meeting & Launch del Consortium marcó el arranque formal de un espacio binacional de diálogo y colaboración enfocado en educación superior, innovación y desarrollo económico entre Baja California y California, con sede en la Universidad de California en San Diego (UC San Diego). El encuentro reunió a actores académicos, diplomáticos y representantes del sector público y privado, con el objetivo de fortalecer la integración regional Calibaja.

Durante la sesión, se destacó la creación del Consorcio de Educación Superior Calibaja (CHEC) como una plataforma para impulsar proyectos conjuntos, movilidad académica, investigación aplicada y transferencia de conocimiento, alineados con las necesidades productivas y tecnológicas de la región fronteriza. La iniciativa busca consolidar cadenas de valor basadas en talento y fomentar la competitividad regional.

Impulso académico y económico regional

El lanzamiento del CHEC subrayó la relevancia de la cooperación universitaria como motor de innovación, atracción de inversión y desarrollo de capital humano especializado. La participación de instituciones de ambos lados de la frontera refuerza un enfoque práctico orientado a resultados medibles para la economía del conocimiento.

En el marco del evento, se reconoció el papel de autoridades educativas y diplomáticas en la construcción de puentes institucionales que facilitan programas binacionales, estancias académicas y proyectos de investigación colaborativa, con impacto directo en sectores estratégicos de la región Calibaja.

Colaboración institucional y proyección Calibaja

La iniciativa contó con el respaldo del Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana, CETYS Universidad Campus Tijuana y San Diego State University, instituciones que fungirán como anclas académicas para la operación del consorcio. Su participación fortalece la gobernanza del proyecto y amplía la red de cooperación para nuevas alianzas.

Autoridades estatales señalaron que el enfoque binacional del consorcio permitirá alinear agendas educativas con prioridades económicas, promoviendo la innovación aplicada y la formación de perfiles profesionales acordes con la dinámica industrial y tecnológica de la frontera. “Este consorcio impulsará la colaboración educativa en la región Calibaja”, se destacó durante el encuentro.

El Fifth Plenary Meeting & Launch del Consortium sienta las bases para una agenda de trabajo continua que articula educación, innovación y economía, con miras a consolidar a Calibaja como un ecosistema binacional competitivo y orientado al crecimiento sostenible.

El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) reunió a líderes empresariales, especialistas y representantes de organismos estratégicos en el encuentro “México en la ruta de revisión del T-MEC y el impacto de los aranceles”, con el objetivo de evaluar los retos, oportunidades y escenarios que marcarán la revisión del acuerdo en 2026

Durante la inauguración, Sergio Contreras, presidente ejecutivo del COMCE, subrayó la dimensión estratégica de Norteamérica, al indicar que el T-MEC representa cerca de 30% del PIB mundial y un comercio regional de 1.93 billones de dólares. Añadió que, frente al crecimiento del comercio y de la inversión extranjera directa en la región, resulta necesario avanzar hacia una visión común entre México, Estados Unidos y Canadá para ampliar las oportunidades construidas a lo largo de tres décadas de integración

Análisis político y negociación comercial rumbo a 2026

En el análisis político-estratégico, Roberta S. Jacobson, exembajadora de Estados Unidos y socia fundadora de Dinámica Américas, señaló que la revisión del T-MEC será determinante para el rumbo de la región. Indicó que México deberá apoyarse en los mecanismos institucionales de la relación bilateral para navegar un entorno complejo, al tiempo que enfatizó el papel del país como factor clave para la competitividad estadounidense

Desde la óptica de la negociación comercial, Kenneth Smith, presidente del Comité Bilateral México–Estados Unidos del COMCE, afirmó que México deberá mantener una postura técnica, firme y estratégica frente a las presiones arancelarias, considerando que es el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos. En el ámbito jurídico, Mario Valencia explicó que la revisión tendrá un enfoque técnico, centrado en el cumplimiento de compromisos ambientales, energéticos y laborales

Sectores estratégicos y coordinación regional

El sector energético ocupó un lugar central en la discusión. Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de la Energía, planteó la necesidad de una política regional integral que fortalezca la seguridad energética y asegure inversiones en infraestructura. En industrias básicas, Antonio Ortiz Mena señaló que Norteamérica cuenta con condiciones para avanzar hacia una mayor autosuficiencia en acero y aluminio mediante una coordinación trilateral más estrecha

En la dimensión sectorial, Francisco González, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA), destacó el papel de México como proveedor estratégico de la industria automotriz estadounidense, factor que deberá reflejarse en la estrategia de revisión. A su vez, Armando Ortega propuso impulsar un capítulo sobre minerales críticos, orientado a asegurar las cadenas regionales de suministro vinculadas a la transición energética, la inteligencia artificial y la alta tecnología

Desde el gobierno federal, Ismael Ortiz, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, afirmó que México llega fortalecido al proceso de revisión gracias a su capacidad industrial, su ecosistema de innovación y su base de talento, elementos que pueden traducirse en mayor certidumbre y justicia comercial

El foro contó además con la participación de representantes del sector empresarial y analítico, como Valeria Moy, del Instituto Mexicano para la Competitividad; José Medina, del Consejo Coordinador Empresarial, así como integrantes de organismos financieros, aduanales y de negocios. El encuentro concluyó con un llamado a reforzar la coordinación regional y empresarial para convertir la revisión del T-MEC en una oportunidad de largo plazo para la integración económica de Norteamérica.

En un contexto de mayor integración productiva, el nearshoring ha incrementado la participación de empresas mexicanas en el comercio exterior. De acuerdo con datos del Banco de México, las exportaciones totales del país alcanzaron 617,677 millones de dólares en 2025, con Estados Unidos como principal destino. Para 2026, se prevé un mayor dinamismo exportador, impulsado por la relocalización de cadenas productivas.

Sin embargo, más allá de los retos logísticos, aduaneros o regulatorios, las empresas —en particular las pequeñas y medianas con capacidad productiva instalada— enfrentan un obstáculo menos visible: la gestión de pagos y cobros internacionales. Factores como los tiempos de liquidación, el tipo de cambio efectivo, las comisiones bancarias y la trazabilidad de los flujos financieros entre México y Estados Unidos se han convertido en variables críticas para la competitividad.

“Para una empresa que exporta, la frontera ya no está solo en la aduana; también está en su tesorería”, señaló Michel Domínguez, cofundador de Remzy. De acuerdo con el directivo, retrasos en la recepción de pagos en dólares, incertidumbre sobre el tipo de cambio o procesos manuales de conciliación pueden volver impredecibles los márgenes y limitar decisiones de inversión y crecimiento.

Pagos internacionales y presión operativa para las pymes exportadoras

Entre los patrones recurrentes se encuentran clientes que pagan en dólares, mientras que proveedores y nóminas se liquidan en pesos; la intermediación bancaria con estructuras complejas de comisiones y spreads cambiarios; y la fragmentación de la información financiera en múltiples plataformas. A ello se suma un entorno regulatorio más estricto, con mayores exigencias en materia de prevención de lavado de dinero y verificación de identidad en ambos países.

Infraestructura financiera como habilitador del nearshoring

Desde la perspectiva del sector financiero, el reto ya no se limita al costo por transacción, sino a la capacidad de las plataformas para ofrecer velocidad en la liquidación, visibilidad sobre los flujos futuros y gobernanza bajo marcos regulatorios formales. Estos elementos, señaló Domínguez, permiten a las empresas reducir la exposición cambiaria, acortar los ciclos de efectivo y liberar recursos internos para actividades de mayor valor agregado.

Cuando una pyme exportadora cuenta con liquidez oportuna en pesos y dólares, con un tipo de cambio transparente y con trazabilidad en cada operación, el impacto se refleja directamente en su operación diaria y en su capacidad de escalar. En ese sentido, la infraestructura financiera comienza a perfilarse como un habilitador clave del nearshoring.

“México tiene una ventana estratégica para consolidarse como socio de Estados Unidos en múltiples industrias. Pero para que más pymes participen, los pagos internacionales deben dejar de ser un freno y convertirse en una herramienta que acompañe su crecimiento”, señaló Domínguez.

La eficiencia financiera transfronteriza se perfila como uno de los factores decisivos que definirán qué empresas logran capitalizar plenamente las oportunidades del nearshoring en los próximos años.

La eficiencia energética en instalaciones y edificios se posicionó como la principal prioridad de infraestructura para las organizaciones en 2025, de acuerdo con el Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025. El rubro escaló desde el séptimo lugar registrado en 2023, lo que refleja un cambio en las estrategias corporativas orientadas a la descarbonización, la competitividad y la operación

El estudio, elaborado por Siemens, indica que 57% de las organizaciones planea incrementar su inversión en eficiencia energética durante el próximo año, mientras que 55% prevé destinar más recursos a tecnologías para edificios inteligentes y 54% a la electrificación de sistemas en inmuebles. Asimismo, más de la mitad de los encuestados afirmó estar preparada para implementar sistemas autónomos en edificios

Inversión y adopción tecnológica en edificios

En comparación con los resultados de 2023, una mayor proporción de participantes reportó avances en la producción de energía renovable in situ y en la electrificación de sistemas de calefacción y refrigeración, que ahora se encuentran en etapas maduras o avanzadas de adopción

No obstante, el informe identifica una brecha de financiación como uno de los principales obstáculos para acelerar la transición hacia edificios con emisiones netas cero. La falta de capital, el incremento en los precios de la energía y el costo de nuevos equipos y tecnologías continúan siendo los factores que más ralentizan los proyectos, a pesar de que muchas modernizaciones ofrecen retornos de inversión positivos

Digitalización y retos para la descarbonización

El estudio también subraya el papel de la digitalización en este proceso. El 55% de las organizaciones señaló que las tecnologías digitales tienen un impacto fuerte o transformador en la eficiencia energética, mientras que 56% espera reducciones de costos y 55% anticipa mejoras en la salud y seguridad del personal derivadas de su adopción

“Los edificios están siendo reconocidos como activos estratégicos en la transición de infraestructura”, señaló Susanne Seitz, CEO de Buildings en Siemens Smart Infrastructure, al destacar el uso de plataformas digitales, inteligencia artificial y sistemas autónomos para mejorar la eficiencia, la seguridad y el confort de los espacios

El informe advierte, además, que solo 50% de las organizaciones cuenta actualmente con los datos necesarios para tomar decisiones informadas sobre descarbonización, lo que limita la planeación de inversiones y la optimización del desempeño energético. Tras el retorno de inversión, la transparencia en el consumo y las emisiones se identificó como uno de los principales beneficios de las tecnologías para edificios inteligentes

El Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025 se basa en una encuesta a 1,400 altos directivos y representantes gubernamentales en 19 países, y analiza la evolución de la transición de infraestructura en los sectores de energía, edificios e industria, con énfasis en los avances y retos del proceso de descarbonización del sector inmobiliario.

Durante 2025, el gobierno federal presentó y logró la aprobación de un paquete arancelario con el objetivo de proteger hasta 350,000 empleos en sectores clave de la industria manufacturera nacional. La medida fue explicada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras un proceso legislativo que incluyó discusiones técnicas, ajustes sectoriales y diálogo con cámaras industriales y gobiernos extranjeros.

El funcionario señaló que el paquete fue enviado al Congreso el 8 de septiembre de 2025 y que su finalidad fue corregir condiciones de competencia desventajosa derivadas del incremento de importaciones con precios por debajo de referencias internacionales. Los sectores identificados con mayores afectaciones al empleo fueron textil, vestido, calzado, acero y automotriz.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las importaciones en estos rubros registraron crecimientos acelerados en los últimos dos años: 12.4% en acero, 20.8% en vestido, 22.3% en calzado y 34% en la industria automotriz. Bajo ese escenario, se estimó que, de no intervenir, hacia finales de 2026 podrían perderse hasta 350,000 empleos, considerando que el sector automotriz concentra alrededor de un tercio del empleo manufacturero del país.

Diseño del Paquete

El diseño del paquete no se estructuró por país de origen, sino por producto. Se incluyeron 1,466 fracciones arancelarias correspondientes a 17 sectores estratégicos, entre ellos autopartes, autos ligeros, siderurgia, plásticos, electrodomésticos, muebles, papel y cartón, aluminio, motocicletas, vidrio, jabones y cosméticos. Los aranceles aplicaron únicamente a importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratado comercial, respetando los compromisos internacionales vigentes.

Durante el proceso, se realizaron ajustes en sectores como autopartes, siderurgia, textil, vestido y aluminio, luego de que empresas advirtieran limitaciones para sustituir insumos importados en el corto plazo o posibles incrementos de costos. Estos cambios buscaron evitar impactos no deseados en la cadena productiva y presiones inflacionarias.

El paquete se alineó con los objetivos del Plan México, que planteó elevar el contenido nacional en las cadenas productivas, sustituir importaciones cuando fuera viable, reforzar la estrategia Hecho en México, aumentar la inversión nacional hasta 28% del PIB y generar 1.5 millones de empleos. Asimismo, se buscó fortalecer la proveeduría local, en particular de pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% de las unidades económicas del país.

La iniciativa contó con diálogo institucional con organismos como la Confederación de Cámaras Industriales, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, así como representantes de las industrias textil, vestido, aluminio, automotriz, autopartes, comercio y manufacturas eléctricas, entre otras. También se mantuvieron conversaciones con países exportadores relevantes como China, Corea del Sur, India e Indonesia.

En términos regionales, los empleos en riesgo se concentraron principalmente en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Las autoridades señalaron que la intervención buscó actuar de manera preventiva ante un desequilibrio comercial que alcanzó relaciones de hasta 10 a 1 entre importaciones y exportaciones en algunos rubros.

La Secretaría de Economía estimó que el impacto inflacionario del paquete sería acotado, cercano a 0.2 puntos porcentuales, tras realizar cálculos fracción por fracción. El enfoque, según se explicó, fue económico y comercial, orientado a la protección del empleo y a corregir prácticas de competencia desleal, sin un componente geopolítico.

Polos de desarrollo y política industrial

En paralelo, se presentó un balance de los Polos de Desarrollo impulsados por el gobierno federal. Para 2026, se contempló el avance de 15 polos enfocados en la promoción de inversiones, infraestructura, incentivos fiscales y fortalecimiento de capacidades locales. Los sectores con mayor inversión confirmada incluyeron automotriz, logística, energía, siderurgia, manufactura, economía digital y agroindustria.

Entre los proyectos destacados se mencionaron inversiones en automotriz en Durango, Tlaxcala, Puebla y Michoacán; desarrollos logísticos en Celaya, Hidalgo, Tlaxcala y Michoacán; una planta de producción de APIs farmacéuticas en Hidalgo con una inversión estimada en 2 mil millones de dólares; y proyectos agroalimentarios en Puebla, Michoacán y Campeche.