Un nuevo frente de debate en torno al Puerto de Chancay podría iniciar pronto. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) instaló el 22 de abril una comisión multisectorial con 13 ministerios para definir intervenciones sociales en la zona de influencia del megaproyecto. En este espacio, la cartera pondría sobre la mesa la posibilidad de que el puerto tenga un “fondo social”.
Esta propuesta nace de una marcha pacifica que se realizó el pasado 30 de abril en Chancay para exigir que el Gobierno nacional atienda un pliego de demandas sociales. Una de ellas es alcanzar “un compromiso justo del fondo social para las obras en Chancay”, destaca Juan Álvarez, alcalde distrital de la localidad, a Gestión.
Para ese fin, el titular del Midis, Julio Demartini, indica a este diario que la comisión que preside busca entregar un diagnóstico de las necesidades de la comunidad en 150 días, bajo dos informes técnicos. Estos documentos contendrían un listado de acciones concretas a ejecutar en diferentes plazos para que tanto la inversión privada como pública en torno al megapuerto tengan orden.
Propósito
Al enterarse de la marcha, un equipo del Midis acudió al distrito para invitar al Frente de Defensa de Chancay a la comisión. El propósito es que esta propuesta en concreto pueda ser expuesta en ese fuero.
“Es legítimo que tengan demandas. Esa propuesta pasa por la Ley N.° 27613, que es la que asigna la renta de aduanas. Callao ya lo recibe y le ha permitido a las autoridades tener ingresos sin depender de tributos. Es un apalancamiento al desarrollo. Eso debería pasar en Chancay, lo discutiremos”, asegura Demartini.
Sin embargo, Álvarez aclara que su idea es que el fondo vaya aparte de la renta de aduanas. “Es un adicional. Lo reciben todos los años ya otros puertos de su naturaleza. La municipalidad debería tener ese beneficio para poder mitigar las necesidades que tendremos aquí. Se van a incrementar seriamente”, refiere.
El último en fijar una propuesta similar, recuerda el alcalde, es el Nuevo Puerto de Marcona, adjudicado por ProInversión a finales de marzo a la empresa china Jinzhao. La obra que demandará US$ 405 millones de inversión en Ica tendrá un fondo social del 3% de los ingresos brutos generados. El Puerto de Chancay, solo en su primera fase, triplica a Marcona con US$ 1,300 millones inyectados.
Demartini precisa que los recursos del fondo dependerían del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Hecho que genera molestias en Álvarez, ya que esta cartera no forma parte de la comisión multisectorial. “No entiendo por qué no se ha sumado. Es el eje para desarrollar inversiones”, indica.
El ministro señala que citará a Cosco Shipping a la comisión para que opine respecto a la aplicación de un fondo social en su puerto. Así, buscarían evitar un nuevo roce, luego de que se pusiera en duda su exclusividad sobre los servicios esenciales del puerto. Como reveló Gestión, por este hecho el inversor de capitales chinos abrió la puerta a un eventual arbitraje contra Perú.
“El Estado debe ser un socio estratégico para la inversión privada. Solo con orden las reglas de juego serán claras. Lo que pasó fue que Transportes avanzó los términos regulatorios por una parte, el regulador portuario por otra y los gobiernos locales lo suyo”, considera Demartini.
Pero Cosco no ve viable la propuesta, ya que el Puerto de Chancay es un puerto privado de uso público, según explicaron a Gestión. “Mantenemos contacto continuo con la comisión, pero el tema no ha sido abordado. Es importante considerar que la naturaleza de los ‘fondos sociales’ está vinculada a los contratos de los concesionarios, lo que es distinto al esquema normativo bajo el cual se desarrolla el Puerto de Chancay”, dijeron.
Orientación
Demartini precisa que, aparte de discutir la posibilidad del fondo social, los informes de su comisión tendrán que darle orden a la inversión. Así, fijarán plazos establecidos y articularán las obras sectoriales que ya están en ejecución.
Hay dos ministerios, especialmente, que hoy corren contra el tiempo para completar algunas tareas en la zona de influencia del puerto. Vivienda acelera la elaboración de planes de desarrollo urbano, mientras Transportes avanza por partes con obras viales que serán necesarias para sostener el flujo de transporte de carga y personas que moverá el proyecto.
“En Perú, históricamente, cuando se desarrolló infraestructura, se generó un crecimiento desordenado. Pasó con el Puerto del Callao. Ahora no puede extenderse porque se asentaron comunidades al lado de la obra”, ejemplifica el ministro, quien también dice que el Gobierno proyecta que se requieren S/ 4 mil millones de inversión pública en el ámbito de Chancay.
Los informes de la comisión también sentarán las bases para promover otras megaobras aledañas al puerto. Una de ellas sería el Parque Industrial de Ancón, la pieza del llamado “hub portuario” junto a los puertos de Chancay y el Callao que todavía no arranca.
“Las municipalidades de Ancón y el Callao se han acercado para participar de la comisión, pero hemos arrancado con la zona de influencia directa. Les hemos dicho que en el desarrollo de las conclusiones (de los informes) se les invitará. Con Chancay recibiremos un comercio internacional importante. Será necesario fortalecer Ancón y que el Callao se empareje”, refiere Demartini.
Empadronamiento
A finales del 2022, el Midis aprobó la nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Con su actualización, la cartera empezó a medir la pobreza con un enfoque multidimensional, incluyendo al que hasta entonces era el único criterio para definir las carencias sociales: la capacidad monetaria.
Con esa visión renovada, Demartini señala que su gestión inició un empadronamiento masivo en 2023 en “ciudades grandes” para visibilizar a quienes no eran considerados en el registro del Midis hasta entonces.
Este proceso no es menor, ya que según esta clasificación socioeconómica se permite hoy postular a los programas asistenciales del sector como Pensión 65, Juntos o Beca 18. En el caso del distrito de Chancay, al 31 de marzo de este año, el Midis tiene clasificados socioeconómicamente a 9,599 hogares. De ese total, 5,490 son pobres o pobres extremos. 4,109 no lo son. Esto significa que el 57% de los hogares identificados hasta ahora en la localidad donde se desarrolla el megapuerto carecen de condiciones óptimas para vivir.
“Sirve para que las intervenciones que hacen los otros sectores también sean más eficaces porque sabrán a quienes realmente atender. No todos requieren lo mismo. Algunos requieren mayor protección social, otros de repente no son pobres, pero son vulnerables y podrían caer nuevamente. Otros ya consolidados, necesitan otras intervenciones, como son líneas de crédito con tasas más asequibles”, explica Demartini.
MTC espera que Congreso cierre controversia
Gestión también conversó con el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, quien indicó que esperan que el Congreso vote por segunda vez los cambios a la Ley del Sistema Portuario Nacional (LSPN) esta semana, con los que se arreglaría la controversia en torno a la exclusividad de los servicios del Puerto de Chancay.
“Entiendo se ha presentado una solicitud de reconsideración para que se vuelva a votar en el pleno y no pase a la comisión de Economía”, dijo. La modificación legislativa tuvo una primera votación favorable en abril, pero el 3 de mayo el Congreso aprobó una cuestión previa. Pérez Reyes señaló que esto se produjo por desinformación.
“He conversado con algunos congresistas, y entiendo que les faltaba información sobre el proyecto, particularmente sobre de la renovación de la administración por 30 años. Algunos entendieron que es automática y no: es condicionada a que la empresa plantee compromisos de inversión y que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) lo apruebe”, aseguró.
Por eso, resaltó, sus coordinadores parlamentarios están informando a los legisladores al respecto, con ayudas memoria que el MTC está armando.
