Autor: Construnoticias Central

Las exportaciones de oro ilegal en Perú superaron los US$11.500 millones durante 2025, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra representa un incremento de 55% respecto a 2024 y multiplica por 6,5 el valor registrado hace una década, consolidando el crecimiento de esta actividad ilícita en el país.

El avance de la minería ilegal también se refleja en el sistema judicial. De acuerdo con el IPE, las denuncias registradas en el Ministerio Público pasaron de 1.266 en 2021 a 2.601 en 2025. Las regiones con mayores incrementos fueron La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, territorios donde la presencia de minería informal e ilegal continúa expandiéndose.

En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS alcanzaron los US$6.036 millones en 2025. El monto cuadruplica lo reportado en 2024 y representa un crecimiento ocho veces mayor frente a los niveles registrados en 2016, evidenciando el aumento de flujos financieros asociados a esta actividad.

El IPE señaló que esta expansión responde principalmente al incremento del precio internacional del oro, que superó los US$4.500 por onza durante 2025, y a las limitaciones del Estado para controlar territorios donde convergen distintas economías ilegales. En zonas como Pataz y Tambopata, la minería ilegal convive con actividades vinculadas al narcotráfico y otras redes ilícitas.

Además del impacto ambiental y fiscal, el avance de la minería ilegal ya afecta inversiones formales por más de US$12.000 millones. Entre los proyectos comprometidos figuran Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. El deterioro de la competitividad minera peruana también se refleja en el retroceso del país en el ranking del Instituto Fraser.

Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía revisó las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en siete ejes relacionados con el combate a la minería ilegal, entre ellos formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo y presencia estatal. Según el análisis, Fuerza Popular presenta iniciativas en seis de esos ejes, mientras que Juntos por el Perú plantea propuestas en dos.

Uno de los principales cuestionamientos del IPE es que ninguna de las agrupaciones propone eliminar el REINFO ni establecer plazos definitivos para la formalización minera, pese a que solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de diez años. En el caso de Juntos por el Perú, además, se plantea impulsar cooperativas y parques mineros bajo supervisión estatal, modelo que ha sido cuestionado por experiencias previas en Bolivia.

En materia de trazabilidad, Juntos por el Perú propone una mayor participación del Estado en la comercialización del oro, incluso mediante esquemas de exclusividad estatal. El IPE considera que, sin mecanismos sólidos de control y trazabilidad, estas medidas podrían terminar facilitando la legitimación de producción ilegal en lugar de combatirla.

Finalmente, ambas agrupaciones coinciden en plantear reducciones en los plazos de las concesiones mineras. El IPE advierte que este tipo de propuestas podrían generar mayor incertidumbre jurídica y desincentivar la inversión formal, en un contexto donde los proyectos mineros requieren décadas para entrar en producción. A ello se suma la propuesta de revisar regalías y contratos mineros, pese a que Perú ya mantiene una carga fiscal minera superior a la de países como Chile y Australia, según datos del FMI.

En minería, gran parte de la eficiencia de una operación se define mucho antes del inicio de actividades. La selección de equipos, la capacidad proyectada de procesamiento y el nivel de integración tecnológica durante las primeras etapas del proyecto son factores que pueden impactar directamente en la rentabilidad y sostenibilidad de una operación a largo plazo.

De acuerdo con Lennin Graterol, Gerente de Capital Equipment de Multotec Sudamérica, “Aunque los proyectos mineros se diseñan para horizontes de largo plazo, muchas veces los equipos y capacidades iniciales se definen bajo escenarios conservadores que rápidamente quedan exigidos frente a la realidad operacional.”

Este descalce entre diseño y realidad impacta directamente en la operación futura, obliga a realizar modificaciones tempranas, incrementa el CAPEX y reduce la eficiencia del sistema desde sus primeros años. “Cuando las bases no están bien definidas, el proyecto parte con limitaciones que luego son difíciles y costosas de corregir”, añade.

La ingeniería temprana: donde se juega la eficiencia

En el modelo EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management), el momento crítico para asegurar la confiabilidad de una planta ocurre durante la ingeniería conceptual y básica. Según Graterol, es en esta etapa donde se define la capacidad real de procesamiento y se establecen los criterios que sostendrán toda la operación.

“Si la ingeniería inicial no es lo suficientemente robusta, el proyecto puede avanzar durante años con errores estructurales. En muchos casos, cuando estos se detectan, ya es inviable retroceder por los costos y tiempos comprometidos”, advierte.

Más complejidad, mayor exigencia tecnológica

El contexto actual de la minería, marcado por minerales más complejos y menores leyes,  está elevando la exigencia sobre los sistemas de muestreo y procesamiento. Ya no se trata solo de contar con equipos confiables, sino de incorporar tecnología que permita mejorar la calidad de los datos y optimizar la toma de decisiones.

“Los sistemas de muestreo han demostrado su confiabilidad durante décadas, pero hoy el diferencial está en cómo se integran con nuevas tecnologías para entregar información más precisa y oportuna”, señala el ejecutivo.

Brownfield: el mayor reto de integración

Al comparar proyectos, los mayores desafíos técnicos se concentran actualmente en desarrollos brownfield. A diferencia de los proyectos greenfield, donde existe mayor flexibilidad de diseño; en los brownfield los nuevos equipos deben adaptarse a infraestructuras existentes.

“Esto implica mayores horas de ingeniería, estudios especializados y soluciones a medida. No se trata solo de instalar equipos, sino de hacerlos calzar en un entorno que no fue diseñado originalmente para ellos”, explica Graterol.

Además, el contexto regional muestra una mayor concentración de inversiones en este tipo de proyectos, debido a que cuentan con avances en permisología, lo que incrementa aún más su relevancia técnica.

El rol estratégico del proveedor desde el inicio

Frente a este escenario, el rol del proveedor tecnológico está evolucionando hacia una participación más activa en las etapas tempranas del proyecto. Su involucramiento permite anticipar riesgos, optimizar el diseño y mejorar la calidad de las decisiones técnicas. Sin embargo, esta participación no está exenta de desafíos. “Involucrarse desde el inicio implica invertir recursos sin garantía de adjudicación. Es una decisión estratégica, pero necesaria si se busca aportar valor real al proyecto”, sostiene.

Finalmente, Graterol destaca la importancia de avanzar hacia un modelo más colaborativo entre compañías mineras y proveedores, especialmente en mercados como el peruano. “El proveedor no solo suministra equipos, también aporta conocimiento clave para construir mejores bases de ingeniería. Integrarlo desde etapas tempranas puede ser determinante para el éxito del proyecto”, concluye.

La minera británica Nativo Resources informó la definición de un objetivo de exploración bajo el estándar internacional JORC (2012) para los sistemas de vetas Bonanza, Tesoro, Tesoro 1 y Morrocota, ubicados dentro de su concesión Tesoro, en la región de Arequipa. La compañía destacó que este avance representa un paso importante para evaluar el potencial aurífero del proyecto.

De acuerdo con las estimaciones preliminares de la empresa, el proyecto podría contener entre 6.686 y 195.434 onzas de oro, asociadas a un volumen de roca mineralizada estimado entre 79.051 y 316.200 toneladas. Además, la minera identificó aproximadamente 6.200 metros de vetas aflorantes en superficie, estructuras visibles donde se concentra la mineralización aurífera.

El director ejecutivo de Nativo Resources, Stephen Birrell, señaló que los resultados obtenidos refuerzan la confianza de la compañía en el potencial de crecimiento del proyecto. Según indicó, las altas leyes identificadas respaldan la posibilidad de desarrollar una producción significativa de oro en distintas vetas dentro de la concesión.

La compañía explicó que las estructuras mineralizadas identificadas presentan espesores estimados entre 5 y 20 centímetros. Sin embargo, precisó que un objetivo de exploración bajo estándar JORC corresponde únicamente a una evaluación conceptual temprana, por lo que todavía no existe información suficiente para definir un recurso mineral formal ni confirmar viabilidad económica.

En ese contexto, la empresa indicó que la siguiente etapa del proyecto estará enfocada en desarrollar una estimación de recursos minerales conforme al estándar JORC, avanzando hacia evaluaciones más detalladas que permitan determinar el verdadero potencial productivo de la concesión Tesoro.

A inicios de este año, Nativo Resources ya había informado resultados positivos de muestreo superficial en las vetas de la concesión, validando registros históricos y respaldando su estrategia para reiniciar operaciones en la mina Bonanza. Los trabajos incluyeron excavación de zanjas, rehabilitación de labores subterráneas e identificación de nuevas zonas con potencial aurífero.

El programa de exploración de la minera abarca cerca de 400 hectáreas e incluye actividades de mapeo geológico, análisis geoquímico y muestreo sistemático en superficie y labores subterráneas. Hasta el momento, la empresa ha recolectado unas 250 muestras superficiales y más de 150 muestras subterráneas en la mina Bonanza, con el objetivo de caracterizar las leyes de mineralización presentes en las vetas.

A partir de los resultados obtenidos, la compañía identificó tres zonas clave dentro del sistema de vetas: Bonanza, Tesoro 1 y Tesoro, además del sector Morrocota. Según Stephen Birrell, las leyes registradas en la veta Bonanza serían suficientes para respaldar el reinicio de la explotación, mientras que otras zonas cercanas también muestran potencial para el desarrollo de nuevos yacimientos auríferos.

La minería ilegal en Perú continúa expandiéndose y consolidándose como una de las principales amenazas económicas, ambientales y de seguridad del país. Durante 2025, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$11.500 millones, una cifra que representa un crecimiento de 55% respecto al año anterior y multiplica por 6,5 el valor registrado hace una década.

El crecimiento de esta actividad también se refleja en el sistema penal y financiero. Las denuncias relacionadas con minería ilegal registradas por el Ministerio Público pasaron de 1.266 en 2021 a 2.601 en 2025. Las regiones más afectadas fueron La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, donde el incremento de casos ha sido particularmente acelerado en los últimos años.

En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas vinculados a minería ilegal presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, cuadruplicando el monto registrado durante 2024. En comparación con otros delitos, el crecimiento de estos reportes ha sido considerablemente mayor, evidenciando la creciente dimensión económica de esta actividad ilícita.

Especialistas atribuyen esta expansión principalmente a dos factores. El primero es el fuerte aumento del precio internacional del oro, que durante 2025 superó los US$4.500 por onza, elevando significativamente la rentabilidad de la minería ilegal. El segundo es la limitada capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre territorios donde convergen distintas economías ilícitas, como ocurre en zonas de Pataz y Tambopata.

Las consecuencias no solo afectan al medio ambiente y a la recaudación fiscal. El avance de la minería ilegal también ha comprometido inversiones formales superiores a US$12.000 millones, incluyendo proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. A ello se suma la pérdida de competitividad minera del país, reflejada en el retroceso de Perú dentro del ranking del Instituto Fraser.

Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía (IPE) evaluó las propuestas de los partidos con mayores posibilidades de avanzar a una segunda vuelta presidencial: Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El análisis consideró siete ejes prioritarios relacionados con formalización minera, fiscalización, trazabilidad, presencia estatal y cooperación interinstitucional. Según el estudio, Fuerza Popular presenta iniciativas en seis de esos ejes, mientras que Juntos por el Perú aborda dos.

Pese a las diferencias entre ambas agrupaciones, ninguna plantea eliminar el REINFO ni establecer plazos definitivos para la formalización minera, pese a que solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de una década. Además, Juntos por el Perú propone impulsar cooperativas y parques mineros bajo administración estatal, además de una mayor intervención del Estado en la comercialización del oro. Analistas advierten que, sin mecanismos sólidos de trazabilidad y control, estas medidas podrían terminar facilitando la legitimación del oro ilegal en lugar de reducir su expansión.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), supervisó el vaciado de concreto del reservorio Las Palmas, como parte del proyecto de agua potable y alcantarillado de los esquemas José Gálvez y Villa Alejandro, que beneficiará a más de 159 000 vecinos de Villa María del Triunfo, Pachacamac y Lurín.

El reservorio tiene una capacidad de 2000 metros cúbicos y está destinado al almacenamiento y regulación de agua para abastecer exclusivamente su área de servicio proyectada, denominada AP-8. Además, será alimentada mediante una línea de impulsión proveniente de la cisterna proyectada C-Palmas, así como por una línea de conducción que llegará desde la nueva cámara de ingreso 315-452.

Entre sus componentes, la estructura hidráulica de tipo apoyado incluye casetas de válvulas, caseta del operador, caseta de telemetría y cerco perimétrico, convirtiéndose en un elemento clave para el abastecimiento de agua de Lima Sur.

Durante la inspección se reportó que, hasta abril del 2026, las obras civiles alcanzan un 52,99 % de avance, mientras que el equipamiento hidráulico, electromecánico y comunicaciones registra un 37,86 % de avance, cifras que mantienen la tendencia positiva del proyecto.

“El vaciado de concreto del reservorio Las Palmas es un hito concreto de que las obras avanzan a buen ritmo y con estándares técnicos exigentes. Esta infraestructura, junto con las redes de agua y desagüe que ya se ejecutan, cambiará la calidad de vida de los habitantes de Lima Sur”, señalaron desde el Ministerio de Vivienda.

El proyecto integral, cuya culminación está prevista para agosto del 2027, incluye la instalación de 6587 nuevas conexiones de agua potable, 1008 conexiones mejoradas, 5738 nuevas conexiones de alcantarillado y 1508 conexiones mejoradas, así como más de 70 kilómetros de redes secundarias, estaciones de bombeo y reservorios.

Asimismo, contempla la planificación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cuya gestión del terreno ya se coordina con Sedapal.

De esta manera, el MVCS reafirma su compromiso con el cierre de brechas en saneamiento, por medio de acciones que garanticen el acceso al agua y alcantarillado de las poblaciones más vulnerables, mejorando sus condiciones de salubridad y calidad de vida.

Con el objetivo de impulsar acciones concretas para recuperar la transitabilidad y la atención integral de la vía que conecta las regiones de Cusco y Madre de Dios, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora regional de Madre de Dios, Lisett Revollar Cáceres, así como con alcaldes de la provincia del Manu y del distrito de Fitzcarrald.

En la reunión también participaron el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, y el director ejecutivo de Provías Descentralizado, César Alvis Tafur, junto a autoridades regionales y locales, quienes abordaron la problemática del corredor vial alimentador N° 04 Pisac (Cusco) – Nuevo Edén (Madre de Dios), una vía fundamental para la integración territorial, el desarrollo económico y la conectividad de cientos de familias de ambas regiones.

Durante la jornada, se informó que, debido a las constantes inundaciones en la zona, la vía se ha visto afectada. Ante esta situación, las autoridades lograron establecer una ruta de solución conjunta. Como parte de los acuerdos alcanzados, el Gobierno Regional de Madre de Dios realizará la transferencia física contable del corredor vial alimentador N° 04, posteriormente se gestionará un convenio que permitirá garantizar la continuidad de los servicios, la atención de emergencias y el mantenimiento de la carretera en beneficio de la población.

El ministro Aldo Prieto Barrera reafirmó el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de trabajar de manera articulada con las autoridades regionales y locales para asegurar una conectividad segura, eficiente y sostenible, especialmente en zonas estratégicas para el desarrollo social y económico del país.

Por su parte, la gobernadora regional destacó la importancia de esta coordinación interinstitucional para atender las demandas de las provincias y distritos beneficiados por esta importante vía de integración entre Cusco y Madre de Dios.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto permitirá avanzar hacia una solución definitiva que mejore las condiciones de transitabilidad, fortalezca la integración regional y garantice una mejor calidad de vida para la población de ambos departamentos.