Un nuevo episodio de violencia sacudió al municipio de Buriticá, Antioquia. Un atentado con explosivos registrado en las últimas horas al interior de la mina Buriticá, operada por la compañía Zijin Continental Gold, dejó como saldo un trabajador fallecido y otro más herido, según confirmaron la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la administración municipal.

A través de un comunicado, la ACM rechazó de manera categórica lo ocurrido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, así como con los trabajadores afectados por el ataque.

“Lo ocurrido en Buriticá es inaceptable. El Estado debe velar por la integridad y la vida de todos los ciudadanos, incluyendo los trabajadores del sector minero. Igualmente, debe garantizar la seguridad en las operaciones y enfrentar las estructuras criminales que se alimentan de la extracción ilícita de minerales y la ilegalidad”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente del gremio.

La organización advirtió que ningún trabajador debería salir de su hogar para cumplir con su labor y no regresar junto a su familia a causa de hechos violentos. Por ello, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que adopten medidas inmediatas que permitan proteger a quienes trabajan en la industria minera y esclarecer lo sucedido.

Alcaldía habló de atentado terrorista

Por su parte, la Alcaldía de Buriticá lamentó lo ocurrido y calificó los hechos como un “atentado con explosivos” ocurrido dentro de la operación minera.

En su pronunciamiento, la administración municipal aseguró que la situación vuelve a evidenciar los problemas de seguridad derivados de las acciones criminales asociadas a la minería ilegal.

El alcalde José Luis Rodríguez Úsuga señaló que el ataque no solo afecta a una empresa legalmente constituida y generadora de empleo para la región, sino que también representa una amenaza para la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de toda la población.

Además, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Fuerza Pública y a las autoridades judiciales para fortalecer las acciones institucionales que permitan recuperar plenamente la seguridad en el municipio y combatir las estructuras delincuenciales que continúan operando en la zona.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer quiénes están detrás del atentado, tanto la ACM como la Alcaldía coincidieron en exigir resultados rápidos por parte de las autoridades y reclamaron garantías para la seguridad de los trabajadores que diariamente desarrollan sus labores en uno de los proyectos mineros más importantes del país.

Las cifras de la minería ilegal

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) avanza en el proyecto de iniciativa privada (IP) Villeta – Guaduas – El Korán, una de las apuestas más ambiciosas contempladas actualmente para el centro del país.

El proyecto, ubicado en Cundinamarca, contempla un alcance de 140 kilómetros y busca beneficiar a cerca de 2,5 millones de personas. Además, prevé inversiones estimadas en $7,6 billones entre Capex y Opex, con cifras calculadas a diciembre de 2024.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en fase de factibilidad y en el inicio de los procesos de aprobación requeridos para su desarrollo.

Entre las obras contempladas en el proyecto se encuentran la rehabilitación de 58,3 kilómetros de doble calzada entre Guaduas y El Korán, la construcción de 18 kilómetros de nueva doble calzada entre Villeta y Guaduas, y el mejoramiento de otros 5 kilómetros de vía existente. Además, en el corredor Honda – Villeta – Guaduas se prevé la intervención de 58,5 kilómetros adicionales para ampliar y optimizar la doble calzada.

Frente al avance del proyecto, el vicepresidente de Estructuración de la ANI, Julián Rueda, aseguró que esta conexión es una de las prioridades estratégicas para el país.

“Tenemos algunos proyectos importantes en los que venimos avanzando, como Villeta – Guaduas. De hecho, cuando me preguntan cuál es el proyecto víal más importante que hoy necesita el país, siempre menciono Villeta – Guaduas. Es una necesidad importantísima”, afirmó el funcionario.

Rueda explicó que actualmente la ANI trabaja en el cierre de la factibilidad técnica y financiera del proyecto, paso necesario para iniciar los ciclos de aprobación ante las diferentes entidades del Gobierno Nacional, incluido el Ministerio de Hacienda.

“En este momento estamos en proceso de cierre de la factibilidad del proyecto para empezar todos los ciclos de aprobación y determinar el perfil de vigencias futuras que requiere. Estamos hablando de un Capex cercano a los $8 billones para lograr la materialización de lo que era la gran expectativa de la antigua Ruta del Sol”, indicó.

Según explicó la ANI, el proyecto busca fortalecer la conectividad logística y de transporte en el corredor Villeta – Guaduas – El Korán, considerado estratégico para la movilidad de carga y pasajeros entre el centro del país y otras regiones.

En Antioquia lo tenemos claro: las vías no son simplemente kilómetros de pavimento, túneles o puentes. Las vías son oportunidades, desarrollo y competitividad. Allí radica la gran apuesta del gobernador Andrés Julián Rendón y la ejecución que adelantamos desde la Secretaría de Infraestructura Física de obras estratégicas con las cuales no solo transformamos la geografía y la movilidad, sino también la vida de millones de antioqueños.

Hoy el departamento vive uno de los momentos más importantes de su historia en materia de conectividad. La nueva vía al mar, la segunda etapa del túnel de Oriente, la pavimentación de 1.200 km en todas las subregiones, la construcción placa huella en 100 municipios, la atención de puntos críticos olvidados donde estamos instalando puentes, representan mucho más que ingeniería: representan una visión de futuro.

Porque la infraestructura no solamente conecta territorios; también mueve la economía. Diversos estudios han demostrado que por cada peso invertido en obras civiles se generan entre $1,5 y $2 adicionales en sectores como el comercio, la industria, el transporte y los servicios. Esa capacidad de multiplicar crecimiento convierte a la infraestructura vial en uno de los motores más poderosos para el desarrollo regional.

Las proyecciones son contundentes. Una inversión conjunta cercana a los $9 billones en infraestructura podría generar un crecimiento adicional estimado entre el 3,5 % y el 5,7 % del PIB acumulado de Antioquia hacia el año 2028. En términos reales, esto significa una inyección cercana a los $14 billones adicionales circulando en la economía regional, fortaleciendo la competitividad y consolidando nuevas oportunidades para miles de familias.

La Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo —la obra de infraestructura más importante del país, con una inversión superior a los $5 billones— es quizá el mejor ejemplo de cómo Antioquia se proyecta hacia el futuro. Después de que el Gobierno Nacional decidiera no continuar con los tramos que estaban bajo su responsabilidad, el Departamento y el Distrito de Medellín tomaron la decisión de apropiar los recursos necesarios —más de $850.000 millones— para culminar el tramo 2 entre Santa Fe de Antioquia y Giraldo. Los recursos no sobraban, pero sí la voluntad, el liderazgo y la capacidad para sacar adelante una obra estratégica para la economía de Antioquia y de Colombia.

Este proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento hacia Urabá, acercará al Departamento a los puertos sobre el Caribe y consolidará una plataforma logística estratégica para el país. No es exagerado afirmar que el Toyo redefinirá la economía del Occidente colombiano.

Lo mismo ocurre con la segunda etapa del Túnel de Oriente, una obra que responde al crecimiento acelerado del Valle de San Nicolás y a la necesidad de fortalecer la conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño. Cada minuto que se ahorra en movilidad se traduce en productividad, turismo, inversión y calidad de vida.

Pero el desarrollo no puede quedarse únicamente en las megaobras. Nuestra prioridad también es llegar a cada rincón del Departamento. Por eso hoy avanza el proyecto de pavimentación de vías más grande del país: 1200 kilómetros que representan mucho más que una cifra, porque su verdadero valor es profundamente social y económico.

Estas obras representan empleo y reactivación económica. Miles de familias antioqueñas han encontrado oportunidades laborales gracias a los proyectos viales que avanzan actualmente en el Departamento. Detrás de cada túnel, puente o carretera hay ingenieros, obreros, transportadores, operadores y pequeños negocios que se benefician del movimiento económico que genera la construcción. Hoy, los proyectos de infraestructura vial que se adelantan en Antioquia y los que estamos por contratar, estiman la creación promedio de 36.000 a 72.000 empleos directos e indirectos.

Antioquia está demostrando que cuando hay voluntad, liderazgo y capacidad de gestión, las cosas pasan. El desarrollo de un territorio no se construye con discursos, sino con obras concretas que permanezcan en el tiempo y transformen la vida de la gente.

La infraestructura vial seguirá siendo la columna vertebral de la competitividad. Con trabajo, liderazgo y amor por Antioquia estamos conectando el departamento a paso firme, porque conectar territorios es conectar sueños, oportunidades y futuro.

Construcciones El Cóndor informó que identificó un presunto uso fraudulento de su nombre, NIT y experiencia contractual en al menos tres procesos de licitación pública adelantados en el país.

Según explicó la compañía, el pasado 27 de mayo de 2026 tuvo conocimiento de que la firma Grupo Civil JK S.A.S., constituida en diciembre de 2024 y con domicilio en Neiva (Huila), habría utilizado información falsa para presentarse en procesos licitatorios ante la Gobernación de Córdoba, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Alcaldía de Manizales.

De acuerdo con El Cóndor, la empresa habría presentado documentación falsa tanto ante las entidades contratantes como ante la Cámara de Comercio del Huila en el Registro Único de Proponentes (RUP), asegurando que la constructora contaba con una participación accionaria del 10 % en Grupo Civil.

La compañía señaló que el mecanismo utilizado consistió en la elaboración de un supuesto “Certificado de Accionistas” firmado bajo gravedad de juramento por la representante legal y el contador público del Grupo, documento que, según El Cóndor, carece de veracidad.

Además, indicó que dicha sociedad registró como experiencia propia un contrato ejecutado por El Cóndor dentro del Consorcio Constructor Américas con Vías de las Américas, contrato valorado en más de 1,5 millones de salarios mínimos mensuales legales vigentes y en el que la constructora tenía una participación del 66,67 %.

Con ese soporte, la firma habría participado en tres procesos de contratación pública: SI-LP-001-2026 de la Gobernación de Córdoba, 072-00-A-COFAC-DIFRA-2026 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y LP-009-2026 de la Alcaldía de Manizales.

Ante esta situación, Construcciones El Cóndor aseguró que “no es ni ha sido jamás accionista, socia ni partícipe” de Grupo Civil y reiteró que nunca autorizó el uso de su nombre, experiencia contractual o identificación tributaria.

La compañía informó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y otra ante la Superintendencia de Sociedades por presuntos actos de competencia desleal, solicitando además medidas cautelares urgentes.

Asimismo, envió comunicaciones formales a las tres entidades públicas involucradas para pedir que se abstengan de adjudicar los contratos mientras avanzan las investigaciones y remitió copias del caso a la Junta Central de Contadores por la actuación del contador que certificó la supuesta estructura accionaria.

El Cóndor advirtió que estos hechos representan un riesgo reputacional para la compañía debido al uso no autorizado de su identidad comercial en procesos de contratación estatal.

No obstante, aclaró que hasta el momento no ha comprometido recursos, garantías ni personal en ninguno de los procesos señalados y que, por ahora, no prevé un impacto financiero directo derivado de esta situación.

Por último, la constructora indicó que continuará monitoreando los procesos en la plataforma Secop II y comunicará cualquier novedad relevante al mercado.

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo definirá la continuidad o giro de la agenda minera colombiana. Inversionistas aguardan certeza en seguridad, regulación y estabilidad fiscal para proyectos cupríferos como Quebradona, Alacrán y Mocoa.

Las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de 2026, podrían marcar un punto de inflexión para una de las fronteras cupríferas menos exploradas de América Latina. El resultado no solo definirá la continuidad o el giro del actual ciclo político, sino también la capacidad del país para atraer miles de millones de dólares en inversión minera en medio de crecientes dudas sobre regulación, seguridad y estabilidad fiscal.

La contienda se ha instalado como un referéndum sobre el legado del presidente Gustavo Petro, luego de cuatro años marcados por reformas ambientales, mayores cargas tributarias y un deterioro de las condiciones de seguridad que ha inquietado a inversionistas de los sectores minero y energético. En la carrera destacan el senador Iván Cepeda, alineado con el Pacto Histórico y partidario de dar continuidad a la agenda actual, junto con figuras opositoras como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes han planteado un discurso centrado en recuperar la confianza empresarial, fortalecer la seguridad y reactivar la inversión privada. Diversos sondeos recientes muestran a Cepeda liderando la intención de voto, aunque el escenario apunta a una probable segunda vuelta.

Minería y cobre, en el centro de la incertidumbre

Para la industria minera, el resultado electoral será determinante. Colombia ha buscado posicionarse como un actor emergente en minerales críticos, en particular cobre, en un contexto global marcado por la electrificación, el desarrollo de energías renovables y la necesidad de nuevas fuentes de suministro. El país ha impulsado licitaciones sobre regiones estratégicas con potencial cuprífero y ha actualizado su listado de minerales prioritarios.

Sin embargo, los inversionistas mantienen cautela debido a cambios regulatorios, restricciones ambientales, mayores impuestos y dudas sobre los plazos de permisos y concesiones. Desde la perspectiva del capital minero, el desafío no se limita a quién gane la elección, sino a la capacidad del próximo gobierno para construir gobernabilidad y entregar estabilidad normativa. En proyectos de cobre, donde las decisiones de inversión se toman con horizontes de varias décadas, la incertidumbre sobre permisos, seguridad jurídica y fiscalidad puede frenar el avance de iniciativas clave.

Proyectos con potencial estratégico

Colombia cuenta con una cartera de proyectos cupríferos que podría cambiar su posición como productor marginal frente a Chile y Perú en los próximos años. Entre ellos figuran Quebradona, de AngloGold Ashanti; Alacrán, de Cordoba Minerals; y Mocoa, de Libero Copper, iniciativas que forman parte de una creciente línea de desarrollo asociada al cinturón metalogénico andino.

Compañías como Glencore, Rio Tinto y AngloGold Ashanti han observado por años el potencial geológico colombiano. No obstante, varios proyectos han enfrentado extensos procesos de evaluación, conflictos ambientales, oposición territorial y dificultades de seguridad en regiones con presencia de economías ilegales. El deterioro del entorno de negocios también ha golpeado la actividad minera. La combinación de menor exploración, mayores cargas tributarias e inseguridad ha limitado el dinamismo del sector, mientras algunas decisiones de inversión permanecen congeladas a la espera de mayor claridad política.

A esto se suma la presión fiscal. En abril de 2026, S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de Colombia a BB-, citando preocupaciones fiscales y el debilitamiento de sus métricas de deuda, un factor que elevó la atención de los mercados sobre la disciplina presupuestaria del próximo gobierno.

Seguridad e ilegalidad minera: otro factor crítico

La seguridad se ha transformado en uno de los temas centrales para el futuro de la minería colombiana. La violencia vinculada a la extracción ilegal de oro, el crimen organizado y grupos armados se ha expandido en zonas rurales, especialmente en regiones donde las economías ilegales controlan parte de las cadenas de suministro minero.

Analistas advierten que el fracaso de la política de «paz total» para contener a grupos armados ha permitido el fortalecimiento de redes de minería ilegal. Esta actividad se ha consolidado como una fuente de financiamiento para organizaciones criminales, especialmente en áreas remotas con débil presencia estatal. El oro ilegal puede mezclarse con exportaciones formales, dificultando la trazabilidad y aumentando los riesgos reputacionales para compradores, refinadores e inversionistas.

En ese contexto, la seguridad territorial, la fiscalización y la formalización minera serán variables clave para cualquier administración que busque atraer capital extranjero hacia operaciones legales y formales.

El dilema para los inversionistas

Para los inversionistas mineros, la elección colombiana no se reduce a una disputa ideológica. El punto central es la predictibilidad. La industria observa si el próximo gobierno será capaz de agilizar permisos, entregar reglas claras, fortalecer la seguridad en zonas mineras y recuperar la confianza en la estabilidad fiscal.

Si la próxima administración logra estabilizar el marco regulatorio y entregar certezas sobre los plazos de desarrollo, Colombia podría emerger como un proveedor estratégico de cobre y otros minerales críticos en América Latina. Pero si persisten la incertidumbre normativa, la inseguridad y la volatilidad fiscal, el país corre el riesgo de mantener paralizado uno de los potenciales mineros más relevantes y menos desarrollados de la región.

En un escenario global donde la demanda por cobre seguirá creciendo por la transición energética, Colombia enfrenta una decisión estratégica: transformar su potencial geológico en inversión real o quedar rezagada frente a jurisdicciones mineras más consolidadas.

FUENTE: REPORTE MINERO Y ENERGÉTICO

La posibilidad de crear nuevas rutas logísticas para el comercio y la exportación de minerales en Sudamérica vuelve a tomar protagonismo tras el anuncio del gobierno colombiano sobre el desarrollo de un corredor ferroviario interoceánico entre el Pacífico y el Caribe. La propuesta busca fortalecer la conectividad regional y posicionar a Colombia como un nuevo eje estratégico para el movimiento de carga en América Latina.

El proyecto contempla una línea férrea de aproximadamente 222 kilómetros que uniría los puertos de Juradó, en el Pacífico colombiano, y Titumate, en el Caribe. Según el gobierno del presidente Gustavo Petro, la iniciativa apunta a convertirse en una alternativa complementaria al Canal de Panamá, especialmente frente a los recientes problemas climáticos y restricciones operativas que afectaron el tránsito marítimo internacional.

Para el sector minero sudamericano, el anuncio genera interés debido a la necesidad de contar con corredores más eficientes para la exportación de minerales hacia mercados globales. Países como Perú, Chile y Brasil dependen en gran medida de rutas marítimas y portuarias para movilizar cobre, zinc, hierro y otros recursos estratégicos hacia Asia, Europa y Norteamérica.

Nuevas rutas logísticas para la minería regional

El avance de proyectos ferroviarios y corredores bioceánicos se ha convertido en un tema clave para mejorar la competitividad minera de la región. Analistas consideran que una infraestructura de este tipo podría reducir tiempos logísticos, diversificar rutas comerciales y generar alternativas frente a eventuales congestiones marítimas o crisis climáticas.

El gobierno colombiano sostiene que el proyecto permitiría fortalecer las capacidades logísticas del país mediante infraestructura ferroviaria, fibra óptica y nuevos polos portuarios. Además, estima que más de 258.000 personas podrían beneficiarse con empleo, conectividad y desarrollo económico en las zonas involucradas.

En paralelo, América Latina ya viene impulsando iniciativas similares. México puso en marcha el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mientras Brasil y Perú mantienen conversaciones sobre corredores bioceánicos que conecten el Atlántico con puertos del Pacífico peruano para facilitar exportaciones mineras y agroindustriales.

En el caso peruano, especialistas señalan que el fortalecimiento de corredores logísticos y ferroviarios podría representar una oportunidad para mejorar la competitividad minera nacional, considerando que el país es uno de los principales productores mundiales de cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética global.

Costos, impacto ambiental y viabilidad política

Pese al interés regional, el proyecto colombiano también enfrenta cuestionamientos relacionados con su viabilidad financiera y ambiental. Medios locales estiman que la obra podría requerir inversiones cercanas a los US$16.000 millones, una cifra elevada incluso para estándares regionales de infraestructura.

El economista y experto en infraestructura Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló en anteriores análisis sobre infraestructura ferroviaria que Colombia necesita ‘modernizar urgentemente su sistema logístico’ para reducir costos de transporte y aumentar competitividad exportadora.

Otro de los principales desafíos es el impacto ecológico. El trazado ferroviario atravesaría zonas de alta biodiversidad en el Darién y el Chocó biogeográfico, consideradas áreas ambientalmente sensibles. Esto ha generado preocupación en distintos sectores sobre los posibles efectos en ecosistemas estratégicos y comunidades locales.

A ello se suma la incertidumbre política. Aunque el gobierno colombiano busca posicionar la iniciativa como una apuesta de integración regional y modernización logística, todavía existen dudas sobre la continuidad del proyecto en la próxima administración. Sin embargo, el debate ya refleja cómo América Latina empieza a redefinir sus rutas de comercio y exportación en un contexto donde la minería y la conectividad serán claves para el desarrollo futuro.

Un avance significativo registra una de las obras de infraestructura más importantes para la movilidad en el sur de Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que el proyecto de la Autopista Sur con Avenida Bosa alcanzó un 44 % de ejecución y completó 21 de los 32 izajes de vigas contemplados para la estructura principal. La intervención busca reducir la congestión vehicular en este corredor estratégico y fortalecer la conexión con la Avenida Las Torres.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que, una vez finalice el proceso de instalación de las 32 vigas, comenzarán las labores de construcción del tablero del puente, espacio por el que circularán los vehículos. Según indicó el funcionario, la meta de la administración distrital es entregar la obra terminada en 2027, de acuerdo con el cronograma establecido por la Alcaldía de Bogotá.

Además del avance estructural, la entidad anunció la implementación de nuevas tecnologías para acelerar las obras y reducir el impacto sobre la movilidad de la zona. A partir de junio entrará en operación el sistema Pipe Jacking, un método que permite instalar redes de servicios públicos de manera subterránea sin necesidad de abrir zanjas en la vía.

De acuerdo con Molano, esta tecnología facilitará el desarrollo de las obras sin generar mayores afectaciones al tránsito vehicular. También destacó que más de 500 trabajadores participan diariamente en las labores del proyecto. Mientras los izajes de vigas se realizan en horario nocturno para disminuir las restricciones de movilidad, durante el día continúan otras actividades de construcción.

¿Cómo será la megaobra de los puentes en la Avenida Bosa?

El proyecto contempla la construcción de dos puentes vehiculares principales y cuatro conexiones viales que mejorarán la movilidad entre la Avenida Bosa, la NQS, la Autopista Sur y la localidad de Ciudad Bolívar.

Uno de los puentes tendrá una longitud de 288 metros y permitirá fortalecer la conexión entre Bosa y Ciudad Bolívar. El segundo contará con 260 metros y también facilitará la integración vial entre estos sectores del sur de la capital.

La megaobra incluye, además, la prolongación de la Avenida Las Torres, intervención que abarcará 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos. El proyecto también contempla la construcción de 1,30 kilómetros de ciclorruta y otros espacios destinados a mejorar la movilidad y la conectividad para peatones y ciclistas.

Según las proyecciones del Distrito, la obra beneficiará a más de un millón de habitantes y contribuirá a disminuir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de Bogotá.

Una de las obras más esperadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado concluyó su proceso de modernización. Se trata de la renovación de la zona de inmigración, una intervención que busca agilizar el ingreso de viajeros internacionales y fortalecer los controles migratorios en la principal terminal aérea del país.

El proyecto fue liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Migración Colombia y la concesionaria Opain. Las obras incluyeron ampliaciones físicas, instalación de nuevos módulos de atención y la incorporación de herramientas tecnológicas diseñadas para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo y del turismo internacional en Colombia.

Uno de los cambios más relevantes fue el aumento de la capacidad operativa en el área migratoria. El aeropuerto ahora cuenta con 61 puntos de control distribuidos en 33 módulos de atención manual y 28 módulos biométricos Biomig. Con esta ampliación se espera reducir los tiempos de espera de los pasajeros y optimizar la operación durante las horas de mayor afluencia.

La intervención también contempló la ampliación del espacio destinado al control migratorio. El área pasó de 1.624 metros cuadrados a 2.162 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 33 %. Según las entidades responsables, las obras se desarrollaron sin afectar el funcionamiento habitual del aeropuerto ni las operaciones internacionales.

Otro de los componentes del proyecto fue la entrega del nuevo Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia. Esta infraestructura cuenta con un área de 187 metros cuadrados y fue dotada con sistemas de videovigilancia, redes técnicas de seguridad y climatización especializada, con el propósito de fortalecer las labores de monitoreo y análisis migratorio.

¿Cuáles serán las modernizaciones que tendrá la zona de inmigración del aeropuerto El Dorado?

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que el proyecto permitió fortalecer los controles biométricos y mejorar los procesos de verificación de viajeros. Según explicó la funcionaria, estas herramientas facilitarán los procedimientos de ingreso y salida del país, además de reforzar las entrevistas migratorias orientadas a validar la información de los pasajeros y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Las obras demandaron una inversión superior a los $18.600 millones y fueron ejecutadas conforme al cronograma establecido. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, la modernización responde al incremento constante del flujo de viajeros internacionales registrado en los últimos años en la terminal aérea de Bogotá.

Por su parte, la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez Hernández, indicó que la reconfiguración de la infraestructura y la incorporación de nuevos módulos biométricos representan un avance para mejorar la eficiencia operativa y tecnológica de los procesos migratorios en Colombia.