Autor: Cathy Montalva

Las Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos Activos (PA) de Proinversión están preparando adjudicaciones significativas para el último trimestre del año. Entre septiembre y diciembre de 2024, se destinarán aproximadamente US$2.927 millones para 11 proyectos clave. Entre estos se encuentran el Parque Industrial de Ancón, con una inversión de US$762 millones, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puerto Maldonado, por US$98 millones. También se incluyen el nuevo hospital de emergencia de Villa El Salvador, que requerirá US$290 millones, y la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, con una inversión de US$1.542 millones. Estos tres últimos proyectos son de iniciativa estatal y se financiarán parcialmente.

Adicionalmente, se llevarán a cabo siete proyectos eléctricos de iniciativa estatal autofinanciada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que suman US$235 millones en inversión.

El monto adjudicado hasta agosto de 2024 asciende a US$6.076 millones con 12 proyectos, casi el triple de lo reportado en el año anterior. En total, desde enero de 2023 hasta agosto de 2024, se adjudicaron 26 proyectos con una inversión estimada de US$8.408 millones en APP y PA. En 2023, la inversión alcanzó los S/2.332 millones, con US$1.369 millones destinados a proyectos eléctricos, US$640 millones a telecomunicaciones y US$323 millones a salud. Este año, se destacan proyectos como el Anillo Vial Periférico, con US$3.396 millones, la ampliación de fosfatos de Bayóvar, por US$940 millones, y el Terminal Portuario San Juan de Marcona, con US$405 millones.

Para 2025, se prevé la adjudicación de 27 proyectos con una inversión superior a US$6.500 millones. Entre estos, se incluyen iniciativas en inmuebles, turismo y generación de suelo urbano, que suman US$1.181 millones. Destaca el proyecto de la Península del Puerto del Pacífico, con una inversión de US$767 millones. Además, se plantean 11 proyectos en saneamiento, salud, educación e irrigación, con una inversión de US$1.930 millones, como la PTAR de Trujillo por US$398 millones y la operación y mantenimiento del Instituto de Salud del Niño por US$125 millones.

En el sector de Transportes y Telecomunicaciones, se adjudicarán 11 proyectos por US$2.432 millones, destacando el corredor vial Chiguata – Santa Lucía – Mañazo – Negromayo, con una inversión de US$448 millones. En minería e hidrocarburos, se proyecta el Proyecto Minero El Algarrobo, con una inversión de US$1.000 millones.

Para 2026, se espera adjudicar un total de 38 proyectos con una inversión de US$9.200 millones. La meta para los próximos dos años es alcanzar 65 proyectos con un total de US$15.811 millones en inversión.

José Salardi, Director Ejecutivo de Proinversión, comentó: “Estamos trabajando intensamente para recuperar la confianza y atraer inversión privada para la provisión de infraestructura y servicios en sus diferentes modalidades. El 2024 tiene el potencial de convertirse en un año récord en adjudicaciones APP”.

En relación a las Obras por Impuestos (OxI), desde 2009 hasta la fecha, más de 22 millones de peruanos se han beneficiado de 566 proyectos por un monto total de S/9.897 millones. Este año, el monto adjudicado superará los S/2.000 millones, lo que representa cuatro veces más que en 2023, cuando se adjudicaron S/528 millones.

En cuanto a la inversión por sector durante estos 16 años, el 23% (S/2.304 millones) se destinó a Educación, el 21% (S/2.083 millones) a Salud, otro 21% (S/2.082 millones) a Transporte, el 13% (S/1.253 millones) a Saneamiento, el 9% (S/884 millones) a Seguridad, y el 13% (S/1.290 millones) a otros sectores como Gestión, Deporte, Cultura, Comercio y Desarrollo Urbano.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Witthembury, confirmó que el proyecto de agua potable y alcantarillado que beneficiará a 130 mil vecinos de Ate y Santa Anita, se licitará en noviembre de este año.

En reunión con los dirigentes de los Comités de Monitoreo Participativo de Obra (COMIPO) y representantes de los vecinos de ambos distritos quienes llegaron hasta la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el titular del sector afirmó que «el proyecto sí va», y que se cuenta con presupuesto asignado.

“La licitación de la obra, definitivamente, va a ser este año. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para sacar adelante este proyecto porque ustedes lo necesitan”, agregó.

Además, tras el diálogo con los actores sociales, firmó un acta de compromiso donde se plantean los pasos a seguir para que el proyecto salga adelante en los plazos establecidos de acuerdo a ley.

“El proyecto cuenta con un presupuesto y no se perderá porque es justo y es lo que ustedes necesitan. Estamos consultando ante el MEF sobre la concepción técnica acerca de la fuente de agua, y estamos a la espera de una respuesta hasta el 20 de setiembre de este año, que es el plazo establecido para este tipo de procedimientos”, explicó.

El proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Ate y Santa Anita tiene un monto de inversión de más de S/ 1,778 millones.

Diálogo con avances reales

Durante la cita, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes, dio a conocer que la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), se comprometieron a realizar el saneamiento físico legal de los predios pendientes de liberación para la ejecución del proyecto para el 15 de octubre de este año.

Asimismo, señaló que desde su despacho se está “tratando de buscar las mejores alternativas para que este expediente salga lo más rápido posible”, precisó.

Homar Lozano, gerente general de CIEMAM y también director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), afirmó que remediar pasivos ambientales mineros e incluso transformarlos en activos que los pongan en valor, es insostenible actualmente en el Perú.

“Transformar pasivos mineros en activos hoy no es sostenible en el Perú. No lo queremos decir con ánimo de pesimismo, sino con una dosis de realidad para que tomemos las medidas correctas que nos permitan a nosotros aprovechar estas oportunidades, como estamos viendo que lo hacen en otras partes del mundo”, señaló en el Encuentro Minero del IIMP.

Cabe mencionar que los pasivos ambientales son una herencia histórica de operaciones mineras del pasado, cuando aún no existía normativa ambiental.

Al respecto, Lozano sintetizó 10 retos por los que se dificulta el avance y optimización del cierre de pasivos ambientales.

1) La destrucción de trabajos de remediación por el crecimiento de la minería ilegal.

“Lo peor es que la atribución de responsabilidad según las autoridades de fiscalización ambiental, en este caso OEFA, se indica que es responsabilidad de la empresa (que ejecuta la remediación) tener que velar por estos espacios, donde eximen responsabilidad a ellos como fiscalización, mencionando que esto es competencia de la Dirección Regional de Minería (…) En verdad, esto desalienta a que podamos encontrar una solución”, manifestó.

2) El impedimento social de acceso para realizar trabajos de remediación de pasivos ambientales mineros. Lozano explicó que, muchas veces, las comunidades piensan que todos son compañías mineras, cuando no es así, por ejemplo, CIEMAM es una consultora especializada en soluciones ambientales. Existen también expectativas económicas y de empleo que condicionan su trabajo en la zona.

3) La falta de una correcta caracterización del estado situacional de los pasivos ambientales mineros por parte del Estado para poder evaluar mejor la manera de brindar soluciones sostenibles. “Es un problema porque a veces tú como remediador voluntario puedes tener una expectativa de la zona y, al final no es así, eso encarece mucho los proyectos y no hay incentivos correctos para arrancar su remediación”, apuntó.

4) La utopía sobre el Certificado de Cierre Final de Pasivos Ambientales Mineros. Según dijo, el proceso parte de tener un pasivo, desarrollar el plan de cierre, luego viene la etapa de post cierre durante cinco años, y después de ello, viene la obtención del certificado de cierre final. Dicho documento acredita la remediación y te exime de responsabilidad sobre fiscalización ambiental, para que puedas darle un valor agregado al territorio.

“Sin embargo, en 20 años de la Ley de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros, solo se han otorgado 2 certificados de cierre final y han sido de componentes pequeños, uno de Buenaventura y uno de Pan American Silver (…) Activos Mineros, que es la empresa que ha tenido mayor capital para hacer remediación durante los últimos 20 años, no ha logrado hasta la fecha un solo certificado de cierre final”, recalcó Lozano.

5) El concepto perverso, desde su análisis y perspectiva, de la “perpetuidad”. Esto se explica en que si no logras el certificado de cierre final, la etapa de post cierre y fiscalización se extiende a perpetuidad a cargo de la empresa ejecutora.

Otras carencias

6) La fiscalización sin propósito. Lozano explicó que el enfoque actual de OEFA sobre la remediación de pasivos ambientales es netamente legal y no permite el aliento del sector privado a continuar remediando de manera voluntaria. Además que no se permite actualizar los planes de cierre de pasivos ambientales con mejoras o innovaciones tecnológicas, a pesar de tener más de 2 décadas.

7) La falta de actualización de planes de cierre de pasivos ambientales que no permite aprovechar la innovación e investigación.

8) La falta de reconocimiento e incentivos para remediadores voluntarios, usos alternativos, reutilización y reaprovechamiento.

9) La necesidad de nuevos modelos de financiamiento e incentivos para involucrar al sector privado.

10) La actualización la ley y reglamento de pasivos ambientales mineros.

“Esta ley nació en 2004, la última modificatoria que se hizo a un par de artículos fue en 2009. Tenemos 20 años sin cambios de fondo, que no cuestionamos esto y es un problema latente que daña la reputación de la industria, que no alienta al sector privado a encontrar una forma distinta de resolver estos pasivos y  no alienta las nuevas innovaciones y tendencias que vemos en el mundo”, enfatizó Lozano.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó este martes que su gobierno está comprometido con la recuperación de Petroperú y que no tiene intención de privatizar la compañía. Boluarte subrayó que los problemas de Petroperú han sido acumulativos a lo largo de los años, atribuyéndolos a factores como corrupción, ineficiencia y falta de capacidad.

La mandataria aseguró que su administración está trabajando para restaurar la empresa estatal a su antiguo esplendor. «Nuestro objetivo es recuperar lo que Petroperú solía ser», dijo. Además, Boluarte mencionó que el gobierno aún mantiene deudas con Petroperú, aunque también hizo un llamado a los funcionarios de la empresa para que realicen una autocrítica.

Boluarte enfatizó que no se puede mantener una planilla burocrática durante una crisis, pero también descartó la privatización de Petroperú. «La empresa estatal es crucial, ya que proporciona combustible en lugares donde las empresas privadas no llegan», destacó.

El comentario de la presidenta se produjo tras la renuncia del directorio de Petroperú, anunciada por la mañana. Los exdirectivos indicaron que su decisión se debió a la falta de respuesta del gobierno a sus propuestas para abordar la crisis que enfrenta la petrolera.

En respuesta a la renuncia del directorio, Boluarte aseguró que se nombrarán nuevos funcionarios comprometidos con el país. «Vamos a designar a personas que amen la patria y que puedan aportar soluciones efectivas», afirmó la presidenta.

El comunicado de los exdirectivos señalaba que el gobierno no había tomado decisiones sobre el futuro de la compañía a pesar de las reiteradas solicitudes. «Después de varios días sin una respuesta, los directores designados por la JGA, de manera unánime, hemos decidido presentar nuestra renuncia», indicaron en su comunicado.

Boluarte también hizo un llamado a la cooperación constructiva para avanzar. «Podemos aceptar críticas constructivas, pero todos debemos contribuir al progreso», añadió.

Con estos cambios, la presidenta Boluarte busca mostrar un compromiso renovado con Petroperú y garantizar que la empresa continúe desempeñando su papel estratégico en el país.

El economista y socio de Macroconsult, Elmer Cuba, afirmó que la minería ilegal podría movilizar hasta US$4,000 millones en exportaciones ilícitas este 2024 a causa del mayor precio del oro y la falta de capacidad del Estado para evitar la propagación de la actividad. Así lo indicó en una entrevista con el programa Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“El valor de las exportaciones puede llegar a US$3,500 millones o US$4,000 millones. Normalmente es un mercado de US$2,000 millones, solamente el oro ilegal”, refirió el entrevistado.

De acuerdo al experto, el precio del oro históricamente ha estado por debajo de los US$1.000/oz, pero este año ha llegado a sobrepasar los US$2.500/oz.  “El oro es un mineral mucho más ‘líquido’, fácil de contrabandear, y se le puede vender a cualquier postor”, a diferencia de otros metales como el cobre y la plata, señaló Cuba.

Asimismo, indicó que esta actividad ilícita sigue creciendo debido a que no se pagan impuestos ni regalías al Estado. “Si fueras una empresa formal minera, dejas al Estado más o menos el 40% de tu utilidad, entre regalías y el pago de impuesto a la renta, y el minero ilegal, deja 0. Nos está robando un recurso que es de toda la Nación”, detalló al IIMP.

De cara a la lucha contra la minería ilegal, el socio de Macroconsult manifestó  que es más barato y efectivo tratar de capturar a mineros ilegales a través de unidades de inteligencia financiera y el Poder Judicial, porque es menos riesgoso que tratar de destruir la maquinaria y sus centros de operaciones.

«Hoy en día los fiscales peruanos están enfocados en investigar a los políticos y no en tratar de erradicar las grandes mafias», finalizó.

En el segundo trimestre de 2024, Petrotal consolidó su posición como el principal productor de petróleo en Perú, con un promedio de 18,290 barriles por día (bopd) en el Lote 95 (Loreto), lo que representa el 45% de la producción nacional. La empresa también completó la adquisición del Lote 131 (Ucayali, Huánuco y Pasco) de Cepsa y absorbió a Petrolífera Petroleum del Perú, que explora el Lote 107 (Huánuco y Pasco). Estos movimientos forman parte de su estrategia de expansión, con una inversión prevista de US$260 millones en instalaciones a partir de 2025. Guillermo Flórez, gerente general de la compañía, ofrece detalles sobre estos desarrollos.

Durante el primer semestre, Petrotal cerró el acuerdo para adquirir Cepsa Peruana, que opera en el Lote 131 con una producción de 800 barriles por día en el campo Los Ángeles. La empresa planea aumentar la producción de este campo y aprovechar sinergias con los Lotes 95 y 107. La aprobación del cambio de garante corporativo por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) es clave para estos planes, con la esperanza de que se concrete en octubre.

En el Lote 95, Petrotal ha continuado con la campaña de perforación, alcanzando niveles históricos de producción con dos meses por encima de los 20,000 barriles. La empresa espera que el pozo 20H, actualmente en perforación, se complete para finales de septiembre. Los siguientes pozos, 21H, 22H y 23H, están previstos para mediados del primer trimestre del próximo año. La inversión en perforación se elevará a cerca de US$160 millones en 2024, superior al presupuesto inicial de US$130 millones.

A pesar de los desafíos estacionales, como la vaciante del río Ucayali, Petrotal se mantiene en línea con su guía de producción anual de entre 16,500 y 17,500 bopd. La compañía anticipa que, una vez que mejoren las condiciones del río, la producción aumentará para alcanzar los niveles esperados.

El proyecto de ampliación de la planta está en revisión en Senace. Aunque la primera presentación del expediente fue rechazada en julio, se volvió a presentar la semana pasada. Esta demora afectará el cronograma de inversiones y el crecimiento proyectado para el campo Bretaña. La compañía espera que la capacidad de producción aumente a entre 25,000 y 30,000 barriles por día, con la ejecución completa del proyecto prevista para el próximo año.

En cuanto al Lote 131, Petrotal planea aumentar su producción tras tomar control del activo, una vez se publique el decreto supremo correspondiente. Se están evaluando sinergias con el Lote 107, que está ubicado a unos 120 km y podría compartir infraestructura en el futuro.

La empresa también está explorando nuevas oportunidades en Perú y en otros países, incluyendo licitaciones de Perupetro y posibles adquisiciones relacionadas con petróleo y gas. En cuanto al transporte de crudo, Petrotal ha concluido la adecuación de la ruta hacia Ecuador, con barcazas llegando al puerto de Pompeya a principios de septiembre. La empresa busca diversificar sus rutas comerciales y está en diálogo con Petroperú y el Minem para mejorar el despacho vía el Oleoducto Nor Peruano (ONP).

Por último, Petrotal ha impulsado el Fondo 2.5, con más de US$18 millones aportados para el desarrollo de proyectos de infraestructura. La empresa sigue colaborando para la efectiva ejecución de estos proyectos y la mejora en la infraestructura del sector hidrocarburos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anticipa que los precios del cobre y del oro, que son los principales productos de exportación del Perú, se mantendrán elevados en los próximos tres años. Así lo declaró hoy el titular del MEF, José Arista Arbildo, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

En su presentación, Arista Arbildo indicó que los precios de las materias primas han sido revisados al alza en el último informe de actualización de las proyecciones macroeconómicas. En el caso del cobre, mencionó que el precio promedio del mineral entre el 1 y el 9 de septiembre de este año era aproximadamente 4,08 dólares por libra.

“Desde enero hasta septiembre de este año, el precio promedio del cobre ha sido de 4,14 dólares por libra”, añadió el ministro. “Esto ha llevado a un ajuste en nuestra proyección inicial de 3,8 dólares por libra, que hemos incrementado a 4,1 dólares por libra, gracias a la recuperación de la demanda global”, explicó.

Arista Arbildo también destacó un ajuste en las proyecciones para el oro. Inicialmente, se estimaba un precio de 2 dólares por onza troy, pero se ha elevado a 2,19 dólares por onza troy, basándose en el comportamiento reciente de los precios.

En cuanto al petróleo, el ministro señaló que el precio previsto para 2024 se mantiene en 80 centavos por barril, impulsado por las interrupciones en el transporte de combustible en Medio Oriente debido a conflictos geopolíticos y a la extensión de los recortes voluntarios de producción por parte de los miembros de la OPEP.

A mediano plazo, Arista Arbildo anticipa que los precios del petróleo se moderarán, pero continuarán en niveles elevados, en consonancia con la recuperación de la actividad económica y el mayor dinamismo de los mercados financieros.

“No esperamos una reducción en los precios de estos dos minerales en los próximos tres años, especialmente considerando que Perú es uno de los mayores exportadores de cobre a nivel mundial, siendo el segundo productor global después de Chile”, afirmó el titular del MEF.

Respecto a la economía global, Arista Arbildo pronosticó un crecimiento del 3,2% para 2024, superando la previsión anterior del 3,1%. Este impulso se debe principalmente a las economías emergentes, especialmente las asiáticas como China, que están experimentando una dinámica estable en el consumo privado, la recuperación de la inversión, la producción industrial, y las exportaciones.

El ministro también mencionó la potencial reducción de la tasa de interés de referencia del Federal Reserve Bank en Estados Unidos como un factor favorable. Además, destacó la fortaleza de la economía estadounidense, impulsada por el sólido consumo privado y un mercado laboral robusto.

Para el período 2025-2028, Arista Arbildo prevé que la economía mundial crecerá a una tasa promedio del 3%, en un escenario de estabilización de la demanda interna y convergencia de la inflación hacia los objetivos establecidos por los bancos centrales.

El titular del MEF señaló que, tras la pandemia, muchos países enfrentaron problemas con la inflación y el déficit. Sin embargo, con el tiempo, han enfocado sus esfuerzos en reducir la inflación y el déficit.

“En Perú, también hemos trabajado en estas áreas, y los resultados ya son visibles. El Banco Central de Reserva ha anunciado que hemos alcanzado el rango objetivo de inflación de entre 1% y 3%, con una tasa actual del 2%”, concluyó Arista Arbildo.