Autor: Cathy Montalva

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, indicó que su región liderará el cambio de matriz energética. Por lo que han separado 16 mil hectáreas de terreno para un parque industrial de energía renovable. Así lo señaló en el reciente lanzamiento de PERUMIN 37 en Lima, en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Asimismo, señaló que este proyecto se realizaría con inversión privada para impulsar la generación de energías limpias. «Complementario a ello, en Arequipa venimos implementando la más grande planta de hidrógeno verde de Sudamérica con una inversión de US$ 2,500 millones. Lo que permitirá también entonces dotar del hidrógeno verde y de toda esta energía renovable a la industria minera», señaló.

El gobernador también afirmó que vienen desarrollando el primer Parque Minero Metalúrgico de 400 hectáreas en el distrito de Chapara, en la provincia de Caravelí. «Nos permitirá también abordar el tema de la tecnificación y solucionar los problemas alrededor a la extracción del oro que se da bajo modalidades ilegales o informales», acotó.

Además, Sánchez manifestó que su gestión también busca que el Perú sea reconocido como un referente portuario. «En el último quinto Consejo de Estado regional, se aprobó que se haga la invitación internacional al inversionista privado para que se unan al Mega puerto de Las Américas, el cual es único en el Pacífico, y así dinamizar la economía», acotó.

Cabe señalar que el evento contó con la participación de Jimena Sologuren, presidente de PERUMIN 37; Darío Zegarra, presidente del IIMP; Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas; y Sabine Bloch, embajadora de Alemania – País Aliado de PERUMIN 37.

Líderes indígenas de Perú han hecho un llamado urgente a países como Estados Unidos, Suiza, India y Arabia Saudí para que detengan la compra de “oro sucio” extraído ilegalmente de la Amazonía. Esta denuncia fue presentada durante el encuentro titulado “Defensa de la Amazonía ante el infierno minero”, organizado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) en Lima. Wilfredo Tsamash, un líder awajún y representante de pueblos indígenas de San Martín, compartió una estadística alarmante: “El 70% del oro exportado del Estado peruano es dinero ilegal”.

Tsamash hizo un llamado directo a los principales compradores internacionales, instándolos a cesar sus actividades. “Este mineral está manchado con la vida que ha cobrado de pueblos indígenas y la biodiversidad”, enfatizó. Los líderes indígenas también solicitan la promoción de investigaciones para rastrear el origen del oro y combatir la minería ilegal.

Según Aidesep, en la última década (2014-2024), la minería ilegal ha generado alrededor de US$7800 millones, una cifra que supera en más de 11 veces lo estimado para el narcotráfico. La situación es especialmente grave en Madre de Dios, descrita por el presidente de Aidesep como “un cáncer que presenta metástasis”. Las consecuencias de esta actividad ilegal son devastadoras para el medio ambiente y la salud de las comunidades, con emisiones estimadas de 185 toneladas métricas de mercurio al año, un contaminante que afecta el desarrollo cognitivo de la población.

Los representantes indígenas también señalaron al Ejecutivo y al Legislativo como parte del problema, acusándolos de fomentar la informalidad que permite la explotación minera ilícita. Denuncian la promulgación de leyes que facilitan esta actividad, como el registro de formalización minera y la reciente modificación de la ley forestal.

Frente a esta crisis, los líderes indígenas demandan una mayor vigilancia en el territorio amazónico para destruir las dragas mineras ilegales y más recursos para investigar la presencia de mercurio en aguas, flora y fauna. Esta situación resalta la urgente necesidad de acciones concretas tanto a nivel nacional como internacional para combatir la minería ilegal y proteger la Amazonía y sus comunidades.

Las exportaciones son fundamentales para la economía peruana, especialmente en un contexto de apertura económica. Recientemente, cambios en las políticas económicas han llevado a un rendimiento exportador variado, siendo el sector minero uno de los más beneficiados. Según el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el primer trimestre de 2024 se observaron aumentos significativos en la producción de metales como cobre, oro, zinc, plata, plomo, hierro, estaño y molibdeno.

El informe del Idexcam destaca que en los últimos meses, el oro y la plata han tomado protagonismo en el sector minero, con crecimientos del 55,61% y 95,49%, respectivamente, entre enero y julio de 2024. Este notable aumento se atribuye en gran parte a la alta demanda de oro por parte del Banco Popular de China, que está ampliando sus reservas. Este interés por el oro se da en un contexto de caída en las valoraciones del mercado inmobiliario, llevando a los inversionistas a buscar activos alternativos.

India también ha incrementado sus compras de oro, ocupando el primer lugar entre los países importadores de este mineral desde Perú, con un 24% de participación en el mercado. Canadá sigue de cerca con un 23%. La industria india requiere un oro de mayor pureza, lo que ha impulsado las proyecciones de crecimiento en este sector, que se espera que alcance un 9,40% para finales de 2024 en comparación con el año anterior.

En términos de exportaciones, se prevé que el sector cierre el año con un crecimiento del 34%, alcanzando los 11.675 millones de dólares. En cuanto a la plata, las proyecciones son aún más optimistas, con un aumento estimado del 127%, acumulando 1.291 millones de dólares. Sin embargo, el cobre podría enfrentar desafíos debido a la caída de su precio en los últimos meses, afectada por preocupaciones sobre la demanda en China y un aumento en los inventarios globales.

A medida que se avanza hacia el final de 2024, se anticipa que las exportaciones de cobre disminuirán en un 1%, lo que podría tener implicaciones para la economía peruana. A pesar de estos desafíos, el auge del oro y la plata continúa ofreciendo una perspectiva alentadora para el sector minero del país.

El Ejecutivo aún no ha definido una fecha para nombrar al nuevo directorio de Petroperú. En declaraciones recientes, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, reiteró que, a más tardar, a finales de esta semana se tomará una decisión sobre este asunto, que lleva más de tres semanas de espera. A pesar de la importancia de este nombramiento, la Junta de Accionistas, que incluye a los ministros de Economía y Energía y Minas, no ha podido reunirse debido a la agenda.

Arista indicó que hay un interés persistente tanto de él como del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, en mantener al actual directorio liderado por Oliver Stark. Sin embargo, la presidenta Dina Boluarte ha expresado su preferencia por que el cargo sea ocupado por Alejandro Narváez, quien fue titular de la empresa anteriormente.

El ministro también destacó que la producción de la Refinería de Talara está en aumento, alcanzando actualmente los 80,000 barriles por día. Se anticipa que este crecimiento se mantenga y que para diciembre se logre una producción de entre 90,000 y 95,000 barriles diarios, lo que es una señal positiva para la operación de la refinería.

La falta de un nuevo directorio es una preocupación, especialmente considerando que ya hay un plan de salvataje en marcha que requiere una gestión efectiva. La situación resalta la necesidad de una administración sólida para garantizar el éxito de las operaciones de Petroperú en el futuro.

A través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), las empresas mineras en Perú financiaron 185 proyectos por S/ 3787 millones, orientados a cerrar brechas en  educación, transportes, salud y saneamiento de 16 regiones, informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN.

De este resultado acumulado en 16 años, desde el lanzamiento del mecanismo OxI, el 69% de las inversiones se orientaron a proyectos de educación (S/ 957.6 millones), transportes (S/ 900 millones), salud (S/ 771 millones) y saneamiento (S/ 768 millones).

Desde entonces, a la fecha, 31 las empresas mineras financiaron proyectos mediante OxI, siendo Antamina la que lidera, con un monto estimado de S/ 1826.5 millones, seguida por Southern Peru con S/ 1133 millones y Volcan S/ 113 millones.

Los proyectos se ejecutaron en 16 regiones, pero Áncash (42.5%), Moquegua (11.5%) y Tacna (9.1%) lideran el ranking con inversiones de S/ 1610 millones, S/ 436 millones y S/ 346 millones, respectivamente.

Los proyectos de mayor inversión fueron el Puente Chilina (S/ 260 millones), del Gobierno Regional de Arequipa, financiado por Southern Perú, Interbank y Backus. En tanto, la empresa Antamina financió el proyecto de Agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales de Huarmey (S/ 221.8 millones) y el Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud de Huari – Áncash (S/ 206 millones), del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y del Ministerio de Salud (MINSA).

Cuatro Proyectos

En lo que va de 2024, las empresas mineras han adjudicado cuatro proyectos mediante Obras por Impuestos por más de S/ 53 millones con el Ministerio de Educación (S/ 29.3 millones), Municipalidad Provincial de Cajamarca (S/ 12.3 millones), Universidad Nacional de San Agustín (S/ 8.4 millones) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/3.4 millones).

Se debe precisar que el mecanismo Obras por Impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite ejecutar rápidamente proyectos de calidad con participación de la empresa privada, contribuyendo al cierre de brechas. En cada proyecto adjudicado, PROINVERSIÓN brindó asesoría y acompañamiento técnico a las entidades estatales durante todo el proceso del mecanismo, desde la fase de priorización hasta el otorgamiento de la buena pro.

El Ejecutivo ha publicado un nuevo Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1362, el cual regula la promoción de la inversión privada a través de Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

Además, se han realizado cambios en el Decreto Legislativo Nº 1543, que establece medidas para optimizar la gestión de proyectos y los procesos de promoción de la inversión privada.

Estas modificaciones buscan fortalecer el desarrollo y la ejecución de proyectos de inversión privada en sus diversas modalidades. Se considera que uno de los principales obstáculos para implementar efectivamente políticas públicas que impulsen el crecimiento económico y el desarrollo social es la falta de infraestructura pública adecuada y la deficiente provisión de servicios públicos.

Esta determinación fue formalizada mediante el Decreto Legislativo Nº 1691, publicado recientemente en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El objetivo del nuevo Decreto Legislativo es modificar los artículos 5, 6, 7, 8, 8.B, 12, 15, 18, 20, 24.A, 30, 36, 41, 55, 59 y la Novena Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1362.

La norma ha sido firmada por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén; y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo.

Con estos cambios, el Gobierno busca promover un ambiente más favorable para la inversión privada, facilitando así el avance de proyectos esenciales para el desarrollo del país.

En setiembre de 2024, se desembolsaron 1,230 créditos hipotecarios con recursos del Fondo Mivivienda, número que casi cuadruplica el que se alcanzó en agosto (334) y que implica un incremento de 47% respecto al obtenido en setiembre del año precedente. De esta manera, Mivivienda logró recuperar el ritmo promedio de operaciones experimentado en los cuatro meses previos. Entre enero y setiembre, se concedieron 6,833 préstamos con fondos de Mivivienda, por lo que CAPECO estima que se superarían los 9,300 desembolsos al cierre del 2024, de mantenerse la tendencia de los primeros tres trimestres del año.

Aunque esta cifra sería menor en poco más de 18% a la que se dio en el 2023, hay que tener en cuenta que – en los últimos doce meses – las operaciones del Fondo Mivivienda han sido afectadas por varias dificultades administrativas que no tienen que ver con las condiciones de mercado ni con la capacidad de gestión de la entidad.

El primer problema fue la insuficiencia de los recursos asignados para el otorgamiento de subsidios habitacionales, que provocó una reducción del ritmo mensual de colocaciones. Luego siguió la decisión abrupta de dejar de financiar la adquisición de viviendas con precios superiores a los 355 mil soles, el llamado “rango 5”, vacío que no ha podido ser cubierto totalmente por las instituciones financieras con sus propios recursos.

En tercer término, se han presentado para el desarrollo de proyectos habitacionales en varios distritos de Lima Metropolitana por la oposición de sus autoridades municipales, aduciendo que el componente de vivienda social que estos incluyen afecta la “residencialidad” (sic) en sus respectivas circunscripciones. Finalmente, el bajo desempeño del mes de agosto debe atribuirse a la modificación del procedimiento que se sigue en el sistema presupuestal para el desembolso de los subsidios, medida cuya eficacia e idoneidad está todavía por verificarse.

Pese a todo, de mantenerse la recuperación experimentada en el mes de setiembre se terminaría el 2024 con una cifra aceptable de colocaciones – dadas las contingencias señaladas – y permite esperar un mejor desempeño en el próximo año.

Abona en favor de este pronóstico que en el Presupuesto General de la República 2025 se haya asignado 1,556 millones de soles para subsidios habitacionales, lo que permitirá promover casi 49 mil viviendas en los programas Mivivienda y Techo Propio, número que es 36% superior al que se alcanzaría al final del presente año, de mantenerse las tendencias que se han presentado hasta setiembre. Contar desde el inicio del ejercicio con todo el dinero requerido para cumplir con la meta programada contribuirá sin duda a generar confianza entre promotores, instituciones financieras y beneficiarios, condición indispensable para el fortalecimiento de estos programas.