Autor: Cathy Montalva

Al iniciar el 2023, la nueva gestión en el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco) encontró 17 proyectos paralizados, los cuales se redujeron a nueve este año y terminarían de destrabarse en los siguientes meses. Según comentó la gerente general del Gorehco, Leslie Zevallos, estas iniciativas se vienen encaminando a través de la ley de obras paralizadas.

“Huánuco tiene nueve obras paralizadas que estamos activando mediante la Ley de obras paralizadas que emitió el Gobierno Nacional el año pasado. Casi todas ya están prácticamente reactivándose bajo esa ley y solamente tenemos una que está demorando que es el Anillo Vial Héroes de Jactay, porque estamos todavía en la constatación física por parte del contratista”, comentó Zevallos a Gestión.

Entre las obras paralizadas que estarían en proceso de reactivarse están el puente Castillo Grande, la carretera ubicada en la provincia de Leoncio Prado, la carretera Monopampa en la provincia de Pachitea, el centro de salud Monzón en la provincia de Huamalíes Monzón, el hospital de Tingo María, así como otros tres proyectos de agua y desagüe.

La gerente general del Gobierno Regional de Huánuco señaló que los proyectos que se lograron destrabar fue porque son inversiones públicas que se podían enrolar al sistema de ejecución de obras.

“Las que no se han podido destrabar era porque necesitábamos un expediente de saldo de obra necesariamente o estaban bajo un alcance arbitral y necesitábamos que se resuelva ese proceso o se tengan más luces al respecto”, sostuvo.

Zevallos explicó que entre los proyectos en los que resulta más complicado hacer avances son aquellos en los que no se tiene sistema de agua y desagüe en la localidad, por lo cual “difícilmente podíamos destrabar algo si es que no teníamos una propuesta de cómo solucionar ese problema de fondo”.

La representante del Gorehco afirmó que el objetivo de la gestión es tener este año todos los saldos de obras de estos nueve proyectos, con lo cual el próximo año se haría la ejecución previa coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que se otorguen los recursos de financiamiento.

“Los saldos de obra son presupuestos importantes, seguramente vamos a requerir que el Ministerio de Economía y Finanzas bajo esa mirada de reactivación de obras, nos dé el presupuesto para la ejecución de la obra”, refirió.

Por el momento, indicó Zevallos, no se tiene información precisa sobre las pérdidas o depreciaciones que se puedan haber generado por los proyectos paralizados, pero indica que con el próximo expediente de saldo de obras se tendrá una certeza de dónde quedaron los proyectos y que es lo que se requerirá para ponerla en valor público.

La minería ilegal crece en Perú y gran parte de las causas para su expansión se explican por la poca formalización minera. Con una perspectiva futura de que metales como el oro y el cobre sigan con precios altos, Gestión conversó con Rodolfo García, alto comisionado para combatir la minería ilegal en el país. El funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalla cuáles son las consideraciones que el Estado tomará en cuenta para erradicar este delito.

Más allá del pedido de facultades reciente que el Ejecutivo solicitó al Congreso en este frente, García sostiene que hay varios aspectos por impulsar y otros por modificar para enfrentar la minería ilegal y acelerar la formalización.

El reto, admite también, es gigante. Perú es yael principal exportador de oro ilegal en la región y el más expuesto de todos a este delito, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) también ya advirtió que, no hay actividad ilícita vinculada al lavado de activos que mueva más volumen de dinero que la minería ilegal en el país.

Solos imposible

Como parte de la estrategia, García comentó que está buscando apoyo internacional. Un país que ya ha manifestado interés en contribuir al combate de la minería ilegal es Estados Unidos, quien ya coopera con Perú para enfrentar al narcotráfico.

“Lo maneja Cancillería, pero es un trabajo ya en curso. Hay reuniones bilaterales por hacer. Debemos articular con otros países para analizar el tema desde el punto de vista tecnológico, normativo y político”, sostuvo.

Bajo ese marco, el alto comisionado comentó que podría proponerse crear un comité similar al Consejo Fiscal (CF), pero en materia de formalización minera y combate a la minería ilegal, con apoyo extranjero, tanto privado como público.

“Podríamos tener una red de expertos en el tema, que vengan de otros países. Se podría hacer un benchmarking: lo que hizo bien un país, podría replicarse acá, adaptándolo por supuesto. Si conocemos que algo no funcionó, podríamos analizar si nos dará resultado a nosotros”, detalla.

Respecto a los máximos históricos de cobre y oro, que podrían generar mayor extensión de la minería informal e ilegal también según el IPE, García pone paños fríos.

“No puede ser una mala noticia. Es una oportunidad que hay que saber aprovechar adecuadamente. Habrá que insistir en la formalización, erradicación y recuperación del medio ambiente para reducir el impacto que pueda tener el incremento de los precios en la misma minería ilegal”, resalta.

Un frente a explotar, según dice García, sería la bancarización, que ayudaría a tener una mayor trazabilidad del traslado de minerales ilegales/informales. Aquí el ex ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, plantea que el Estado evalúe dar algún incentivo a las plantas de procesamiento, como un pago de impuestos diferenciado, por llevar el registro del mineral.

El ex titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) coincide también en que tener precios altos en metales clave es positivo para el país. Sin embargo, recuerda que hace poco se reveló que Perú cayó 25 posiciones en el ranking minero del Instituto Fraser, que mide el atractivo de un país para las inversiones mineras.

“Se critica el manejo político. Si no hay un combate fuerte a la minería ilegal, vamos a seguir bajando en esa evaluación. Sin acciones claras para promover formalización, las inversiones seguirán dudando de venir al Perú”, considera.

Incháustegui saluda que el alto comisionado proponga una colaboración internacional con “auditores” especializados que hagan un diagnóstico de Perú.

Rescata que ello debe hacerse en colaboración con el sector privado, que ya implementa, en algunos casos, mecanismos de trazabilidad para identificar el mineral formal e informal.

“El alto comisionado debería reunirse con países como Bolivia y proponer cerrojos a las fronteras. Ellos no tienen muchas minas de oro, pero venden a montones. Ese mineral llega de Perú”, agrega el ex ministro.

Enfoque “mixto”

En el último pedido de facultades, el Minem ha solicitado asumir temporalmente la dirección de la formalización minera en el Perú, que hoy está en manos de cada gobierno regional (Gore). Aparte, crearían un único sistema para este proceso, dejando atrás el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

García indica que están trabajando en modificaciones legales aparte de la solicitud al Congreso para alentar la formalización. Una de ellas, clave a su consideración es dejar claro en normas que la minería ilegal es un delito que no solo genera daños ambientales.

“Debe verse igual o peor que el narcotráfico. Es una acción criminal que explota personas y defrauda al fisco. Mejorar la tipicidad penal le podría dar más fuerza legal a la Policía y Fiscalía para intervenir”, opina sobre ello Incháustegui.

Sobre que el Minem tome la batuta, García considera que debe evaluarse a detalle qué competencias serían exclusivas de cada nivel de gobierno.

“Hay que buscar una fórmula mixta, tampoco se le puede quitar toda la responsabilidad al gore porque ellos, en teoría, conocen mejor las zonas críticas. Las direcciones regionales de formalización y la central del Minem deben trabajarlo”, plantea.

Para Incháustegui la postura de García pasaría porque el Minem otorgue más capacidad presupuestal a los gores y les dé asistencia técnica constante.

A Gestión, el alto comisionado no le precisó qué vendrá para la formalización minera luego del Reinfo, registro extraordinario que caduca a finales de este año y que desde 2012 no ha mostrado mayores resultados.

“Hoy sigue generando impunidad. Incluso si identifican mineros con Reinfo suspendidos, hay que hacer un trámite aparte para que la dirección regional los retire del registro. Puede tomar tres meses”, comenta Incháustegui sobre la situación actual.

Para este año el presupuesto proveniente del rubro 18, es decir, del canon, sobrecanon y regalías, asciende a S/ 12,027 millones para la ejecución de obras en los gobiernos locales, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 28 de mayo. A la fecha, ya se ha ejecutado el 26.7%.

Sin embargo, este avance no es trasversal a todos los distritros. De las 18 municipalidades en el país que tienen más de S/ 100 millones asignados para obras provenientes del rubro 18, en ocho de ellas, el avance aún es lento, y está por debajo del promedio. Estos municipios son: San Marcos (Áncash), Marcona (Áncash), Chavín de Huántar (Áncash), Vista Alegre (Ica), Ica (Ica), Torata (Moquegua), Cerro Colorado (Arequipa) y Yarabamba (Arequipa).

El menor avance lo registra San Marcos. Pese a ello, esta municipalidad es la que más recursos normalmente recibe del canon, sobrecanon y regalías. El año pasado, por ejemplo, S/ 660.1 millones fueron asignador a este gobierno local, de los cuales, solo se ejecutó el 34.5% en todo el año. En ese momento, la baja ejecución podría haber respondido al primer año de las autoridades subnacionales.

Sin embargo, este año, ad portas de finalizar el primer semestre, el avance de sus recursos es de solo 9.6%. Ya el alcalde del distrito, Manuel Ugarte, había reconocido las dificultades para ejecutar los recursos que reciben provenientes del canon, sobrecanon y regalías. De hecho, el burgomaestre del distrito adelantó a Gestión el mes pasado que estaba por cerrar dos convenios con ministerios para revertir esta situación.

Análisis

“(San Marcos) es una las municipalidades que tienen poca población, pero reciben tanto canon que es materialmente imposible gastarlo todo. Ahí hay un problema con el sistema, incluso reciben más que la provincia de Lima, que tiene más habitantes. Es mucha cantidad de recursos para tan poca cantidad de población y esto está relacionado con una baja capacidad de gestión”, señala el exdirector general de Inversión Privada del MEF y associate partner de EY Perú, Camilo

Por ello, recientemente también se dio a conocer que el distrito de San Marcos firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) para revertir la baja ejecución que viene registrando en los últimos años. El acuerdo se hará mediante el esquema “bono canon”, mecanismo con el cual los gobiernos regionales y locales podrán delegar parte de sus recursos de canon para financiar el Bono Familiar Habitacional que permita realizar proyectos de vivienda en las localidades.

Adicionalmente, Carrillo señala que se debería cambiar la fórmula con la que actualmente se establece la asignación del canon, fijando un tope para la distribución.

“Está bien darle un 10% del canon al distrito, pero cuando calculas el 10% para el distrito de San Marcos, cada poblador recibe S/ 70,000 al año, es ilógico, entonces deberían poner un tope de UIT per cápita. Por ejemplo, 10% va al distrito, pero con un máximo de S/ 5,000 o S/ 10,000 por habitante, superado el límite todo ese restante que vaya al gobierno regional o provincial”, agregó.

La especialista en gestión pública y docente de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, coincide en que, aunque se debería evaluar la fórmula con la que se entrega el canon, refiere que es políticamente muy complejo hacer una modificación sin que se genere una molestia por parte de las localidades que actualmente reciben más canon.

“Esto podría terminar politizándose. Ya hubo intentos en los últimos años, pero nunca parece un momento adecuado para implementarse. No veo a este gobierno con la capacidad de poder hacer una reforma de esta fórmula arriesgándose a perder el apoyo de los gobiernos regionales y locales”, explicó.

Comparación

Otra forma de ver el tema es comparando lo que se ha ejecutado este año, respecto al año anterior. En este caso, se tomó información solo hasta abril para tener la data completa de cada mes.

Hasta abril, los dos distritos más ricos que tienen una ejecución peor que la del 2023 son la Municipalidad de Vista Alegre, ubicada en Ica, y la Municipalidad de Cerro Colorado, en el departamento de Arequipa. La inversión de los recursos de canon y regalías es menor al 20% en ambas regiones, donde, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cerca de cuatro de cada diez personas no tienen acceso a los servicios de agua, saneamiento, electricidad, telefonía e internet.

Para el 2024, la Municipalidad de Vista Alegre tiene un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/ 113.5 millones por canon, sobrecanon y regalías, pero, entre enero y abril, solo gastó un 6% equivalente a S/ 6.8 millones. Esto es menor a los cerca de S/ 11 millones que utilizó en los primeros cuatro meses del 2023.

En el caso de Cerro Colorado, para este año se tienen recursos que ascienden los S/ 107.2 millones, de los cuales ya se usaron alrededor de S/ 17 millones (15.9%) hasta abril, por debajo de los más de S/ 21 millones que se gastaron en el mismo periodo del año pasado.

Esta baja ejecución está relacionada principalmente a que las normas de contratación pública están muy desfasadas y a que las capacidades logísticas de los gobiernos locales son muy bajas, señala Carrillo.

Carrillo indica que suele haber una relación muy directa entre canon y nivel de pobreza, porque estos recursos los reciben los distritos que están al lado de las zonas mineras, donde es complicado encontrar especialistas, por lo que no tienen el personal ni la capacidad logística para poder avanzar.

“Hay muy poco expertise en los gobiernos locales y las áreas de logística que tienen que hacer los términos de referencia, las bases, las contrataciones, los estudios y expedientes técnicos. Las capacidades son muy bajas para la cantidad de recursos que tienen, entonces muchos se ven con una cantidad de recursos que no está acorde a su nivel de desarrollo de gestión”, comentó a Gestión.

Además de estos factores, Gaviño, comenta que también hay problemas con los sistemas del Estado, pues no se ven acciones concretas para impulsar acciones concretas para poder apoyar a estas municipalidades.

“No se ven mesas de trabajo conjuntas para ayudarlos a planificar sus proyectos de inversión, tampoco hay acciones concretas para desarrollar buenas bases de procesos de selección con transparencia, tampoco se ven asistencias técnicas dedicadas a ayudar a formular sus estudios de preinversión y expedientes técnicos, entre otros. Hay una fuerte indiferencia de parte del rector que, más allá de sacar estadísticas, transferir recursos o dar alguna capacitación temporal, no se ven acciones puntuales y concretas”, precisó.

Los altos precios de los metales en los mercados internacionales favorecen a la inversión y producción minera en el Perú, destacó el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

“La inversión minera aumentó 17.2 % interanual en el primer trimestre del presente año, superando nuestras estimaciones de un crecimiento del 13%”  subrayó la entidad financiera.

Indicó que si bien el mayor incremento en la inversión provino de Quellaveco, con un aumento de 46 %, esto era lo esperado.

“Lo que menos se esperaba era el rápido avance de varios proyectos brownfield, incluidos  Toromocho Ampliación Fase II (Chinalco), Yumpag (Buenaventura), Reposición Inmaculada (Ares) y Reposición Antamina (Antamina)”, subrayó.

Asimismo, señaló que hay  otros  proyectos  brownfield  que están en la Cartera de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) pero aún están a la espera de la aprobación de permisos, entre ellos resaltan: Reposición Raura (Minera Raura), Reposición Tantahuatay  (Minera  Coimolache) y Ampliación de Huancapetí (Minera Lincuna). Una vez obtenidos los permisos, estas minas comenzarían a producir entre tres a cinco años después de que comience la construcción.

También, refirió que San Gabriel (Buenaventura) es el único proyecto greenfield en construcción y se espera que inicie operaciones en 2025.

Por otro lado, Romina (Minera  Chungar), también un proyecto greenfield, podría tomar más tiempo en iniciar su construcción  debido a la falta de permisos, además, según sus resultados del primer trimestre de este año, la compañía continúa evaluando alternativas para el financiamiento.

El Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, detalló que hubo recientes anuncios de inversión:

1) Corani (Bear Creek), otro proyecto greenfield, se convertiría en el proyecto de plata más grande del mundo. En sus resultados del primer trimestre del 2024, la minera afirmó que está a la espera de los resultados de las pruebas metalúrgicas, y cuando mejoren las condiciones de inversión en Perú, retomará la búsqueda de financiamiento.

Corani está ubicada en Puno, región sensible a las protestas sociales ocurridas durante 2023.

2) Chalcobamba –  Fase I (Las Bambas), la minera MMG anunció que aún está pendiente un acuerdo de largo plazo con la comunidad de Huanquire para asegurar la operación del tajo.

Según  sus  resultados  del  primer trimestre del presente año, la minera invertirá entre 400 millones y 450 millones de dólares este año, destinados a la ampliación del depósito de  relaves, la infraestructura del tajo Ferrobamba (actual operación) y la ejecución de Chalcobamba.

3) Minera  Yanacocha  (Newmont) volvió a posponer la decisión de ejecutar Yanacocha Sulfuros y afirmó que se determinaría en dos años. Respecto a los planes de inversión para 2024, Newmont afirmó que el gasto será similar al del año pasado, entre 300 millones y 350  millones de dólares, destinados al desarrollo de ingeniería avanzada, adquisiciones, movimientos de tierras iniciales y construcción de plantas.

4) San Gabriel (Buenaventura) continúa en  construcción y se proyecta que inicie operaciones en 2025. Según sus resultados del primer trimestre del presente año,  el  proyecto  tiene  un  avance de 47%.

Respecto al proyecto Yumpag,  Buenaventura recibió la aprobación operativa  final el 18 de marzo de 2024, necesario para comenzar las operaciones (producción) en la mina. Para 2024, la minera espera ejecutar una inversión de entre 300 millones y 320 millones de dólares, de los cuales 220  millones de dólares serán para San Gabriel.

Producción minera

Por otra parte, el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, señaló que la producción en el primer trimestre de este año tuvo un desempeño favorable para todos los metales, en parte debido a una base interanual más baja en ciertas minas, que habían operado por debajo de su capacidad en el primer bimestre del 2023 debido a protestas sociales.

“Además, las empresas mineras siguen aumentando su  producción  y  recuperaciones  beneficiándose de los altos precios de los metales, especialmente el oro y el cobre”, subrayó la entidad financiera.

En cuanto a los metales industriales, indicó que la producción de cobre aumentó 3.5 % en el primer trimestre 2024 respecto al similar periodo del 2023, con un fuerte crecimiento de Minera Antamina (12.8 %) debido a un mayor tonelaje que compensó las menores leyes;  Southern  Perú (19.9 %) debido a mayores leyes y recuperación de minerales; y Anglo American (21 %) debido a un mayor procesamiento que compensó las menores leyes.

Por otro lado, también se incrementó la producción de zinc (4.7 %), plomo (13.4 %), hierro (6.1 %) y molibdeno (26.2 %).

Sobre la producción de metales preciosos, la producción de oro aumentó 22.1 % interanual en el primer trimestre 2024, debido a una mayor producción de Minera Yanacocha (63.5 %) debido a mayores recuperaciones  de  lixiviación  (lixiviación  por  inyección).

Además, Poderosa  (10 %) también viene incrementando su producción por mayores leyes y tras el inicio de operaciones de su proyecto Ampliación Santa María a mediados del 2023.

También Minera Boroo Misquichilca (+211.8%) incrementó significativamente su producción debido al inicio del Proyecto de Optimización de Material Carbonáceo (CMOP) en Lagunas Norte, que implica el procesamiento de óxidos de oro de alta ley que habían sido acumulados por el propietario anterior (Barrick Gold). La producción de plata aumentó 9.3% interanual.

“Finalmente, la producción de estaño creció significativamente en el primer trimestre 2024 (279.9 %), debido a una menor producción en el primer trimestre 2023, cuando la mina redujo su capacidad de producción debido a las protestas sociales en su mina ubicada en Puno”, puntualizó.

La australiana AusQuest Limited inició actividades de perforación en un nuevo objetivo de cobre y oro en el proyecto Cerro de Fierro (Arequipa), sobre la base de resultados históricos positivos reportados previamente en la zona. Dicho yacimiento está ubicado en el extremo sur de un cinturón metalogénico IOCG (óxido de hierro-cobre-oro), a 150 kilómetros del depósito Mina Justa, el cual es explotado por el joint venture Marcobre.

En detalle, la perforación iniciada consiste en una circulación inversa (RC) que comprende tres agujeros de 800 metros de profundidad. El programa tiene como objetivo extender la mineralización conocida, con resultados de ensayo previstos para el próximo mes.

El director general de AusQuest, Graeme Drew, señaló que las perspectivas de perforar nuevamente en Perú son positivas, dado el potencial del objetivo recientemente identificado en Cerro de Fierro. En ese depósito, han hallado fuertes indicios de mineralización de cobre y oro tanto en superficie, así como en perforaciones históricas de amplio alcance.

“Creemos que hay un excelente potencial para encontrar extensiones de la mineralización de cobre y oro interceptada por perforaciones anteriores, sobre todo en la actualidad, donde tenemos una mejor comprensión de los controles sobre la mineralización”, comentó el ejecutivo.

Respecto a los siguientes pasos, Drew afirmó que todavía hay mucho espacio para encontrar un depósito de tamaño considerable. “Esperamos informar a los accionistas sobre los resultados de las perforaciones en las próximas semanas”, anotó.

Antecedentes de Cerro de Fierro

Cerro de Fierro fue adquirido inicialmente para probar un objetivo magnético discreto identificado por el estudio aeromagnético regional de AusQuest, que ha reunido prospectos de exploración de clase mundial en Perú durante los últimos 10 años. El prospecto se encuentra dentro de una gran área de volcánica alterada potásicamente, un indicador común de los sistemas de mineralización de estilo IOCG.

El mapeo geológico y el muestreo identificaron numerosos objetivos tanto de IOCG, como de mineralización de pórfidos de cobre, dentro del área del proyecto.

La perforación inicial se centró en el potencial de IOCG del proyecto, interceptando una extensa mineralización de cobre dentro de volcánicos andesíticos a profundidades relativamente bajas.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, lamentó que en el Perú se haya normalizado la actividad informal e incluso la ilegal, como se ve en la minería ilegal.

“No se considera actividades informales, incluso ilícitas, como un problema. Nuestra normalización a la acción criminal es parte del problema”, dijo en entrevista con el podcast Propuestas del Bicentenario.

Enfocando este problema en el sector minero, Zegarra consideró que como primer paso se debe diferenciar al minero artesanal del minero ilegal. Esto para que al minero artesanal, que está en un proceso informal, se le dé un camino predecible, eficiente y transparente para formalizarse. Mientras que a la acción criminal se le investigue y erradique.

Resaltó la importancia de atraer al Estado en los territorios para fomentar la inversión y empleo formal, punto en el cual la minería puede contribuir, dada su presencia en zonas remotas del país.

“Es importante reconocer que parte del rol (de la minería), si bien naturalmente ha sido generar inversión, que a su vez genera infraestructura y conecta mercados, hay que sumarle algo que no está sucediendo de manera natural que es atraer al Estado”, señaló.

De acuerdo con lo planteado, “la inversión formal es el camino para fomentar empleo formal”.

En ese sentido, el presidente del IIMP detalló que cada año en el país se gradúan 300 mil jóvenes y empiezan a buscar empleo, pero se les ofrece 70% de trabajo informal. Agregó también que 8 de cada 10 personas tienen un empleo informal, lo que significa que tienen un trabajo vulnerable y sin acceso a derechos básicos.

“Por eso es tan importante que en los territorios nos propongamos atraer inversión diversificada, fortalecer nuestras potencialidades y buscar la formalidad. Creo que ese es el camino más efectivo para ir generando barreras hacia las economías ilegales”, recalcó.