Autor: Cathy Montalva

En julio pasado, Nexa Resources, la empresa brasileña, anunció que estaba en conversaciones para la venta de su proyecto polimetálico de exploración Pukaqaqa, ubicado en Huancavelica. Ahora, Nexa ha firmado un contrato de venta con Olympic Precious Metals para transferir la totalidad de la Compañía Minera Cerro Colorado S.A.C., que posee las concesiones del proyecto Pukaqaqa.

El acuerdo establece un precio de compra de US$4.3 millones, con un monto adicional de hasta US$25 millones, condicionado al cumplimiento de ciertos hitos en el desarrollo del proyecto. Pukaqaqa se encuentra en la etapa de estudio de prefactibilidad y contempla la explotación de una mina a cielo abierto de cobre y molibdeno, con potenciales créditos de oro.

El cierre de la transacción está sujeto a la satisfacción de condiciones contractuales comunes en este tipo de acuerdos, y se espera que se concrete antes del 31 de diciembre de este año, según informó Nexa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Como parte de su estrategia de optimización de cartera, Nexa busca mejorar su flujo de caja libre mediante la venta de este proyecto minero. La compañía está evaluando alternativas para maximizar el valor y alinear su asignación de capital con un enfoque disciplinado.

Ignacio Rosado, CEO de Nexa Resources, comentó: “La venta de Pukaqaqa es un paso crucial para maximizar el valor para nuestra empresa y sus accionistas. La optimización de la cartera es clave para mejorar nuestra generación de flujo de caja y los rendimientos”.

El comprador, Olympic Precious Metals, es una empresa canadiense dedicada al desarrollo de proyectos de cobre y oro en las Américas. La compañía se enfoca en crear valor a largo plazo mediante la exploración eficiente y el avance rápido de proyectos mineros sostenibles, beneficiando a las comunidades locales y partes interesadas.

Olympic se compromete a llevar adelante proyectos mineros que prioricen el empleo local y colaboren con proveedores locales, además de empoderar a las comunidades cercanas a sus operaciones.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció hoy que ha finalizado las reuniones con diversos gremios mineros para discutir el proyecto de ley sobre la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Actualmente, el Minem está en proceso de elaborar la propuesta final de esta normativa clave.

El objetivo principal del proyecto de ley es regular y formalizar la actividad minera a nivel nacional, enfocándose en la minería artesanal y los pequeños productores. La propuesta busca promover una minería más sostenible y responsable mediante una serie de incentivos legales y mejoras en la regulación.

Una de las principales modificaciones incluidas en el proyecto es la transición del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a un sistema interoperable con procedimientos simplificados. Este nuevo sistema permitirá una evaluación más precisa del estado de las actividades mineras y estará integrado con los 26 gobiernos regionales para mejorar la coordinación.

El proyecto también propone fortalecer las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas de los gobiernos regionales en sus competencias de supervisión y fiscalización. Esto se logrará mediante convenios con entidades como OEFA, Osinergmin y Sunafil, y la posibilidad de tercerizar estas competencias a empresas calificadas acreditadas ante el Minem.

Además, el proyecto otorga al Ministerio de Energía y Minas la facultad de establecer zonas especiales y temporalmente exclusivas para la pequeña minería y minería artesanal. También se propone la creación de un sistema integrado de información y documentación pública sobre estas actividades, para aumentar la transparencia y el acceso a la información.

Otro aspecto relevante de la propuesta es la facilitación de la suscripción de contratos de explotación entre mineros en vías de formalización y titulares de concesiones mineras. Estos contratos estarán sujetos a procesos simplificados, beneficiando a ambas partes involucradas.

El Minem ha comprometido un proceso participativo para socializar el proyecto de ley desde el 15 de julio hasta finales de agosto de este año. Durante este período, se recogerán opiniones y aportes de entidades estatales, gobiernos regionales, organizaciones mineras, empresas y académicos.

Una vez que se haya recopilado la retroalimentación, la propuesta final será elevada a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a la Presidencia de la República y finalmente al Congreso de la República para su respectiva aprobación.

En una reciente entrevista en el programa Ampliación de Noticias de RPP, Gustavo Adrianzén, presidente del Gabinete Ministerial del Perú, brindó detalles sobre la situación actual de la Refinería Talara y las medidas que se implementarán para asegurar su plena operatividad. Adrianzén abordó el estado de Petroperú y los planes de la Presidencia del Consejo de Ministros para enfrentar los desafíos que enfrenta la refinería.

Adrianzén destacó que la Refinería Talara está atravesando una de las crisis más significativas en la historia de Petroperú. El Gobierno está enfocándose en tres áreas clave: la gobernanza, el financiamiento y la puesta en marcha efectiva de la empresa. Estos aspectos son esenciales para asegurar que la refinería pueda operar al máximo de su capacidad.

En cuanto a la Refinería Talara, el presidente del Gabinete resaltó que es una de las cinco refinerías más grandes y modernas del mundo, capaz de procesar lodos muy pesados. Sin embargo, enfatizó que la refinería necesitará de plantas adicionales y al menos dos años de afinamiento para alcanzar su plena capacidad operativa.

Adrianzén también aseguró que, una vez completado este proceso de optimización, la Refinería Talara debería alcanzar una producción máxima que permitirá a la empresa generar utilidades promedio de alrededor de 400 millones de dólares. Esta proyección subraya el potencial de la refinería para contribuir significativamente a la economía del país.

En relación con el oleoducto de Petroperú, el presidente del Gabinete explicó que se reforzará la línea de comercialización y distribución para recuperar espacios perdidos. Se prevé otorgar una fianza para asegurar una línea de crédito que permitirá a Petroperú continuar comprando y distribuyendo combustible.

Adrianzén también se refirió a las medidas de seguridad para proteger el oleoducto. Indicó que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ciudadanos desempeñarán un papel crucial como «guardianes» del oleoducto para garantizar su sostenibilidad. El gobierno compensará a estos grupos por su labor en la protección de esta infraestructura vital.

En julio de este año, Ronald Díaz, vicepresidente de operaciones de Gold Fields para la Región Américas y gerente general de Cerro Corona, informó a Forbes.pe sobre los planes de inversión de la compañía sudafricana. Díaz anunció que, para 2024 y los años siguientes, Gold Fields destinará aproximadamente US$40 millones a diversas mejoras, incluyendo la construcción de líneas, una nueva línea de bombeo, adecuación del nuevo pit y nuevas zonas de manejo. Esta inversión permitirá procesar materiales de baja ley almacenados, extendiendo así la vida útil de la operación.

Sin embargo, una reciente inspección realizada por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Cerro Corona ha revelado una situación preocupante. Según Marianela García Morales, jefa de personal de la contratista Newrest Perú SAC, la compañía tiene previsto cesar las actividades mineras en 2025 y comenzar el cierre de la mina. Esta declaración ha coincidido con una denuncia de despido arbitrario presentada por una trabajadora.

La inspección se llevó a cabo el 29 de agosto en el campamento de Gold Fields La Cima (Cerro Corona), ubicado en la provincia de Hualgayoc, región Cajamarca. La trabajadora afectada, identificada con las iniciales R. G., había presentado una queja sobre su despido, argumentando que no se le permitió regresar a su puesto de trabajo tras recibir una notificación de la jefa de personal de Newrest Perú SAC, Marianela García, el 17 de agosto.

Según el Acta de Verificación por Despido Arbitrario, elaborada por la fiscalizadora Patricia León Angulo, la trabajadora fue informada por teléfono de que su contrato no sería renovado, a pesar de que su contrato actual tiene como fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2024. La denunciante había comenzado a laborar el 18 de diciembre de 2019 y estaba cerca de obtener estabilidad laboral debido a una evaluación favorable por parte de sus superiores.

El despido es calificado como arbitrario por la trabajadora, quien argumenta que estaba en proceso de renovación de contrato y había demostrado un buen desempeño laboral. La denuncia está pendiente de resolución, y la trabajadora espera que Sunafil emita un pronunciamiento en defensa de sus derechos.

La situación subraya la necesidad de una revisión cuidadosa de las prácticas de empleo en el sector minero y la importancia de garantizar que los derechos de los trabajadores sean protegidos en todo momento.