Tribunal Constitucional evaluará continuidad de protección penal a mineros tras vencimiento del REINFO

El Tribunal Constitucional (TC) dejó al voto la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la Ley N.° 32537, que amplió la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de 2026, y contra disposiciones del Código Penal relacionadas con la exclusión de responsabilidad penal para quienes se encuentran en proceso de formalización minera.

La controversia se centra en determinar si la protección penal vinculada al proceso de formalización terminará automáticamente cuando venza el REINFO o si podría mantenerse bajo el nuevo régimen de consolidación planteado en el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). La discusión se desarrolló durante la audiencia pública del 12 de noviembre, en la que participaron representantes del Colegio de Abogados de Loreto, el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Magistrados cuestionan interpretación del Gobierno

Uno de los principales puntos debatidos fue la posición del Ejecutivo, que sostiene que la protección penal vinculada al REINFO concluirá el 31 de diciembre de 2026. Durante la audiencia, el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, defendió esta interpretación y señaló que el término del registro también eliminaría el supuesto que permite aplicar dicha protección.

Sin embargo, los magistrados cuestionaron si el vencimiento del registro sería suficiente para modificar los efectos de las disposiciones penales vigentes. El presidente del TC, Pedro Hernández Chávez, planteó que, si no se modifica expresamente el artículo 307-A del Código Penal, podría mantenerse la exclusión de responsabilidad penal para quienes continúen dentro de un proceso de formalización.

El representante del Ejecutivo sostuvo que corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial interpretar las normas cuando entre en funcionamiento el nuevo régimen. No obstante, durante el intercambio también surgió la posibilidad de incorporar una modificación expresa al Código Penal para evitar interpretaciones sobre la continuidad de esta protección.

Colegio de Abogados advierte posible continuidad bajo la Ley MAPE

El abogado Samuel Abad Yupanqui, representante del Colegio de Abogados de Loreto, argumentó que la disposición penal cuestionada no hace referencia exclusiva al REINFO, sino a las personas que se encuentran en proceso de formalización minera.

Por ello, sostuvo que la protección podría continuar si el nuevo régimen MAPE permite que los inscritos pasen a una etapa de consolidación y sigan siendo considerados dentro de un procedimiento de formalización. Desde esta perspectiva, el vencimiento del registro no necesariamente eliminaría los efectos de la norma penal.

La demanda busca que el TC determine la constitucionalidad de la ampliación del REINFO y de las disposiciones que, según los demandantes, establecen un régimen de exclusión de responsabilidad penal para quienes desarrollan actividades mineras mientras permanecen en proceso de formalización.

Ejecutivo y Congreso defienden ampliación del registro

Durante la audiencia, el Poder Ejecutivo defendió las disposiciones cuestionadas y sostuvo que la demanda no distingue adecuadamente entre las actividades de minería informal en proceso de formalización y aquellas que constituyen el delito de minería ilegal.

Por su parte, el representante del Congreso, Juan Carlos Prado Herrera, justificó la ampliación del REINFO como una medida de transición hacia un nuevo marco normativo para la pequeña minería y minería artesanal. En su exposición, mencionó que en 2025 existían 29.580 expedientes vigentes y que numerosos inscritos todavía tenían requisitos pendientes para completar su formalización, entre ellos instrumentos de gestión ambiental y documentación relacionada con sus operaciones.

La audiencia también contó con la participación del penalista Dino Carlos Caro Coria como amicus curiae, quien cuestionó que la inscripción en el REINFO pueda generar un tratamiento penal diferenciado entre personas que realizan actividades mineras en condiciones similares.

Durante el debate, el procurador del Ejecutivo informó que solo 66 personas habían culminado su proceso de formalización entre 2025 y 2026, cifra que evidenció las dificultades para avanzar en la incorporación de los operadores mineros a la legalidad.

TC deberá resolver antes del vencimiento del REINFO

La controversia se relaciona con un pronunciamiento anterior del Tribunal Constitucional, emitido en abril de 2025, en el que la institución dispuso que los poderes del Estado se abstengan de establecer mecanismos de exención de responsabilidad penal, civil y administrativa vinculados con la formalización minera.

En esta nueva demanda, el Colegio de Abogados de Loreto busca que se determine si las disposiciones aprobadas posteriormente respetan ese criterio constitucional. La decisión tendrá implicancias para el marco legal que regirá a los operadores mineros inscritos en el proceso de formalización y para la implementación de una eventual transición hacia la Ley MAPE.

Por ahora, el expediente permanece pendiente de resolución. El REINFO mantiene su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme a la Ley N.° 32537, y el Tribunal Constitucional deberá emitir su sentencia para definir el alcance de las disposiciones cuestionadas.

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