Gobierno prepara decreto legislativo para acelerar la construcción de nuevos penales en el Perú

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos prepara un proyecto de decreto legislativo que busca acelerar la construcción de establecimientos penitenciarios en el Perú mediante un procedimiento especial para reducir los plazos administrativos y facilitar la ejecución de las obras. El anuncio fue realizado por el ministro Ernesto Álvarez Miranda, quien señaló que la propuesta contempla un periodo máximo de ocho meses para los trámites previos.

La iniciativa plantea incorporar sistemas de construcción modular, utilizando estructuras prefabricadas y moldes de concreto previamente elaborados. Bajo este modelo, el titular del sector estima que la ejecución física de los proyectos podría tomar alrededor de un año y algunos meses, frente a los plazos habituales que pueden extenderse entre cinco y seis años debido a los procedimientos administrativos y técnicos.

Construcción modular para reducir los plazos

El planteamiento contempla la participación de empresas nacionales y extranjeras con experiencia en sistemas constructivos industrializados, capaces de implementar módulos prefabricados y acelerar las distintas etapas de edificación.

Esta alternativa busca optimizar los procesos de construcción sin depender exclusivamente de los métodos tradicionales. Para ello, el Gobierno también ha recibido ofrecimientos de cooperación técnica y tecnológica de organismos internacionales y otros países.

Entre las entidades que han manifestado su disposición a colaborar se encuentra el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, El Salvador ha ofrecido tecnología vinculada a su experiencia en infraestructura penitenciaria, mientras que Estados Unidos, a través de su embajada, también ha planteado brindar apoyo tecnológico.

Penales de Huacho contemplan más de 24.000 plazas

El ministro Álvarez también se refirió a los proyectos penitenciarios Huacho 10 y Huacho 14, que contemplan capacidades para albergar a 10.000 y 14.000 internos, respectivamente. En conjunto, ambos establecimientos representarían una ampliación de 24.000 plazas para el sistema penitenciario nacional.

Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos del Ejecutivo para ampliar la infraestructura carcelaria y atender el déficit de capacidad existente. El desarrollo de los proyectos requerirá avanzar en los procedimientos técnicos, administrativos y presupuestales correspondientes.

La propuesta normativa todavía se encuentra en elaboración, por lo que los plazos anunciados constituyen estimaciones del sector y no un cronograma definitivo de ejecución. Su implementación dependerá de la aprobación del decreto legislativo y de las condiciones necesarias para llevar adelante las obras.

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