El Gobierno de Colombia estableció el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para poner en marcha un paquete de medidas preventivas frente al fenómeno de El Niño, con el objetivo de reducir el riesgo de racionamiento eléctrico durante la temporada de altas temperaturas y menores lluvias. El presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación de un equipo especial de trabajo encargado de coordinar las acciones, asignar responsabilidades y garantizar que las medidas se ejecuten dentro del plazo establecido.
La estrategia contempla tres líneas prioritarias: reforzar la generación térmica, administrar de manera responsable los niveles de los embalses y proteger la continuidad del servicio eléctrico, especialmente en las regiones más vulnerables. El Gobierno busca anticiparse a las posibles dificultades del sistema energético ante la reducción de los aportes hídricos y el incremento de la demanda de electricidad asociado a las altas temperaturas.
De acuerdo con el mandatario, el equipo especial tendrá tareas concretas y responsables definidos para acelerar la implementación de las medidas. La iniciativa pretende mejorar la coordinación entre las entidades públicas y los actores del sector energético, además de establecer una ruta de prevención que permita identificar riesgos y actuar antes de que se produzcan restricciones en el suministro.
El anuncio se produce después de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmara oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia. Las autoridades han advertido que sus efectos podrían intensificarse durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027, periodo en el que la disminución de las lluvias podría presionar las reservas de agua y limitar la generación hidroeléctrica.
En ese contexto, el Gobierno también solicitó al Congreso la aprobación urgente de un traslado presupuestal de $1,2 billones dentro de la adición al presupuesto de 2026. Los recursos estarían destinados a atender la emergencia climática y respaldar las medidas necesarias para mitigar sus efectos. El Ejecutivo sostiene que la financiación es fundamental para ejecutar acciones preventivas y reducir la exposición del país a posibles interrupciones del servicio.
El fortalecimiento de la generación térmica constituye uno de los componentes centrales del plan, debido a que estas plantas pueden aportar electricidad cuando disminuye la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, su operación requiere garantizar el suministro de combustibles, la disponibilidad de las unidades de generación y la coordinación con los agentes responsables del sistema eléctrico.
La administración de los embalses será otro factor determinante. Las autoridades deberán equilibrar el uso del agua para la generación eléctrica con las necesidades de abastecimiento de la población y otros sectores productivos. Esta gestión será especialmente relevante en las zonas donde las reservas hídricas puedan verse más afectadas por la reducción de las precipitaciones.
El Gobierno afirmó que su prioridad es reducir al máximo la posibilidad de un racionamiento y evitar que el país enfrente el fenómeno sin una planificación suficiente. Para ello, el seguimiento de las condiciones climáticas, la evolución de la demanda y la disponibilidad de generación serán fundamentales durante los próximos meses.
El cumplimiento del plazo anunciado permitirá evaluar la capacidad de respuesta institucional ante el evento climático. La efectividad del plan dependerá de que las medidas se traduzcan en acciones operativas, cuenten con los recursos necesarios y se coordinen oportunamente con las empresas del sector para proteger el suministro de energía durante el periodo de mayor riesgo.
