El avance electoral de Podemos Perú en zonas afectadas por la minería ilegal ha puesto el foco sobre los vínculos entre las autoridades locales electas y la actividad minera informal en el Perú. En el distrito de Pataz, provincia del mismo nombre, en La Libertad, José Torrealva Yparraguirre obtuvo el 67% de los votos en el último conteo citado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), lo que lo convirtió en alcalde virtualmente electo, de acuerdo con la información publicada por Dipromin el 12 de octubre de 2026.
Torrealva es presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA-Pataz) y ha reconocido que se encuentra en proceso de formalización minera desde 2012. Su elección se produce en una provincia afectada por la violencia vinculada a la extracción aurífera y el crimen organizado, donde se han registrado ataques en socavones y reiteradas declaratorias de emergencia.
Presencia electoral en la provincia de Pataz
Además de la alcaldía distrital de Pataz, Podemos Perú obtuvo la alcaldía provincial con Cláver López Medina y ganó en otros cuatro distritos: Huayo, Chilia, Pías y Buldibuyo. Estos resultados consolidan la presencia de la agrupación política en una zona donde la minería constituye una actividad económica importante, pero también representa un desafío en materia de seguridad, control territorial y formalización.
La victoria de Torrealva ha generado atención debido a su trayectoria en el sector minero y su participación en organizaciones de mineros artesanales. En septiembre de 2024, el dirigente y otros integrantes de la directiva de AMA-Pataz se afiliaron a Podemos Perú, partido cuya bancada parlamentaria votó a favor de ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La relación entre representantes de la minería informal y los cargos públicos plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán las políticas de formalización, fiscalización y lucha contra las operaciones ilegales en los territorios mineros.
Empresas y registros vinculados al alcalde virtual
Según la información difundida por Dipromin, Torrealva ha gerenciado tres empresas relacionadas con actividades mineras y logísticas. Entre ellas figura Inversiones Daymart, dedicada al transporte de mineral y con inscripción vigente en el Reinfo.
También administró Logística y Suministros La Cruz, enfocada en el traslado de explosivos, y Comercial Aires Pataz, propietaria de una planta de procesamiento que fue destruida por las autoridades durante un operativo contra la minería ilegal.
Estos antecedentes forman parte del contexto en el que se evaluará la futura gestión municipal. Sin embargo, los vínculos empresariales y la condición de minero en proceso de formalización no constituyen, por sí solos, una prueba de responsabilidad penal por actividades ilícitas.
Reuniones con el Ministerio de Energía y Minas
Tras los resultados electorales, Torrealva viajó a Lima para reunirse con el director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem). El encuentro tuvo como objetivo revisar el borrador de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape), en representación de AMA-Pataz.
Posteriormente, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino, anunció que la propuesta legislativa sería enviada al Congreso el 15 de octubre de 2026. Según lo informado, el proyecto contempla una etapa transitoria que permitiría continuar operando a los mineros en proceso de formalización hasta diciembre de 2028.
La iniciativa legislativa será relevante para miles de trabajadores y operadores que buscan regularizar sus actividades. No obstante, su alcance y las condiciones definitivas dependerán del texto presentado y del debate parlamentario.
Formalización y seguridad, desafíos para Pataz
La provincia de Pataz enfrenta el desafío de distinguir entre las operaciones que buscan incorporarse a la legalidad y las estructuras que desarrollan minería ilegal vinculada con redes criminales. La situación exige fortalecer la fiscalización, mejorar la trazabilidad del mineral y coordinar las acciones de las autoridades nacionales, regionales y municipales.
La nueva administración local tendrá que responder a las demandas económicas de la población y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la seguridad y el cumplimiento de las normas mineras. La coordinación con el Minem y las entidades encargadas de combatir las actividades ilegales será fundamental para abordar estos problemas.
La elección de autoridades vinculadas al sector minero informal sitúa la formalización en el centro del debate político local. El desarrollo de la gestión municipal y las decisiones que adopten las nuevas autoridades permitirán evaluar cómo se articulan los intereses económicos del territorio con la seguridad, la legalidad y la protección ambiental.
