Más de S/5.193 millones permanecen comprometidos en obras viales de gobiernos regionales y locales que se encuentran paralizadas o abandonadas en el Perú. Según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE), al cierre de 2025 existían 11.581 proyectos viales en esta condición, equivalentes al 60% de los proyectos en curso de la función Transporte.
El problema se refleja en el estado de las redes viales departamentales y vecinales. En 14 regiones, más del 70% de estas vías presenta condiciones inadecuadas, pese a que el presupuesto de los gobiernos subnacionales destinado a la función Transporte aumentó 61% en términos reales entre 2016 y 2025, hasta alcanzar S/14.804 millones. En el mismo periodo, la satisfacción de la población con las carreteras cayó de 44% a 31%.
La mayor concentración de proyectos viales paralizados o abandonados se encuentra en la provincia de Lima, con 1.019 obras valorizadas en S/757 millones. Le siguen Áncash, con 823 proyectos, y Junín, con 778. El volumen de intervenciones evidencia que la brecha no está asociada únicamente a la disponibilidad de recursos, sino también a la capacidad de gestión, seguimiento y ejecución de las inversiones públicas.
El deterioro de la infraestructura vial forma parte de un problema más amplio de obras públicas paralizadas. Un informe de la Contraloría General de la República registró a marzo de 2026 un total de 2.241 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con una inversión acumulada de S/73.166 millones y un saldo pendiente de ejecución superior a S/35.196 millones. El sector Transportes y Comunicaciones concentraba 626 de estas obras.
Entre las principales causas de paralización identificadas por la Contraloría aparecen los incumplimientos contractuales, que representan 27,6% de los casos; la falta de recursos financieros y liquidez, con 24,2%; y las deficiencias en los expedientes técnicos, con 9,1%. Otro 9,1% corresponde a discrepancias, controversias o procesos de arbitraje.
Las brechas también alcanzan servicios básicos como agua y saneamiento. De acuerdo con el Censo 2025, en 15 regiones más de la mitad de la población no cuenta con acceso adecuado a agua mediante red pública o pilón, o recibe el servicio durante 12 horas al día o menos. En total, la población afectada alcanza aproximadamente 14,8 millones de personas.
La infraestructura para el manejo de residuos sólidos presenta igualmente rezagos. Al 2024, unos 7,3 millones de habitantes, equivalentes al 21,7% de la población, residían en distritos cuyas municipalidades no disponían sus residuos en rellenos sanitarios ni los destinaban a procesos de reciclaje. Huánuco, Amazonas y Ucayali registraban las mayores proporciones de población bajo esta condición.
Otro factor que limita la capacidad de ejecutar infraestructura es el débil seguimiento de las inversiones. Al segundo trimestre de 2026, los gobiernos subnacionales solo habían actualizado información sobre avance y culminación para 11,3% de sus proyectos de inversión. A ello se suman riesgos en las contrataciones: durante 2025, el 35% de los procesos de selección en adjudicaciones de gobiernos regionales y locales tuvo un solo postor.
El escenario plantea un reto para las próximas administraciones regionales y locales, que deberán priorizar la culminación y mantenimiento de las obras existentes antes de generar nuevas inversiones sin capacidad suficiente de ejecución. La recuperación de los proyectos viales paralizados, junto con el cierre de las brechas de agua, saneamiento y residuos, será determinante para que los recursos públicos se traduzcan en infraestructura operativa y mejores servicios para la población.
