La operación minera Cerro Verde, ubicada en Arequipa, transfirió aproximadamente US$9.045 millones al Estado peruano entre 2005 y 2025, según cifras presentadas por Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la compañía. El dato fue expuesto durante el Jueves Minero Descentralizado organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Durante el encuentro, denominado “El futuro de la minería y el cobre en el Perú: potencial de la macrorregión sur”, Torreblanca puso el foco en la capacidad de los gobiernos regionales y locales para transformar los recursos provenientes de la actividad minera en infraestructura y servicios públicos. Entre las áreas mencionadas se encuentran agua, saneamiento, educación, salud, carreteras y actividades productivas.
La ejecutiva también señaló que Arequipa recibió S/1.488 millones en transferencias mineras durante 2026, cifra que utilizó para plantear la necesidad de fortalecer la planificación y priorización de proyectos públicos. El planteamiento apunta a que los recursos transferidos por la minería puedan traducirse en obras con impacto directo en el desarrollo territorial.
El reto de convertir recursos en infraestructura
Uno de los puntos centrales expuestos durante el encuentro fue la necesidad de contar con planes de desarrollo de largo plazo que permitan definir las obras prioritarias y dar continuidad a los proyectos independientemente de los cambios de autoridades. En ese sentido, Torreblanca sostuvo que los gobiernos subnacionales deben establecer prioridades para sectores como infraestructura vial, servicios básicos, salud y educación.
La discusión cobra relevancia por el volumen de recursos que genera la actividad minera en las regiones productoras. En el caso de Cerro Verde, los US$9.045 millones transferidos al Estado durante dos décadas representan aportes acumulados que forman parte de los recursos públicos destinados a los distintos niveles de gobierno conforme a los mecanismos establecidos por la legislación peruana.
Torreblanca cuestionó, en ese contexto, la visibilidad de las obras financiadas con estos recursos y planteó revisar qué proyectos se han ejecutado y cuál ha sido su impacto. El planteamiento coloca nuevamente en el debate la relación entre recaudación minera, inversión pública y desarrollo territorial en las regiones donde se concentra la producción de minerales.
Más exploración para sostener la actividad minera
Durante su participación, la presidenta de la SNMPE también destacó la importancia de incrementar la exploración minera para garantizar nuevas oportunidades de producción. Señaló que el desarrollo de nuevos proyectos requiere ampliar el conocimiento geológico y facilitar las condiciones para que las empresas puedan avanzar desde la exploración hacia nuevas operaciones.
En esa línea, planteó la necesidad de hacer más dinámicos los procesos de autorización para la exploración, manteniendo los estándares ambientales y de seguridad. La discusión ocurre mientras el sector busca incrementar la inversión y desarrollar nuevos proyectos que permitan sostener la producción minera peruana en los próximos años.
El debate sobre el uso de los recursos mineros también se produce en un contexto de incremento de la inversión del sector. Entre enero y julio de 2026, la inversión minera en Perú alcanzó US$4.116,7 millones, según cifras reportadas por el Ministerio de Energía y Minas, con infraestructura como uno de los principales componentes de los desembolsos.
Así, los aportes generados por operaciones como Cerro Verde vuelven a poner sobre la mesa la importancia de articular producción minera, transferencia de recursos y ejecución de infraestructura pública. La discusión planteada por la SNMPE apunta a fortalecer la planificación regional para que los ingresos asociados a la actividad extractiva se vinculen con proyectos de largo plazo en las zonas donde se generan.
