La falta de trazabilidad del oro se ha convertido en uno de los principales obstáculos para que los pequeños mineros y mineros artesanales que buscan formalizarse puedan acceder al sistema financiero. Para Dante Vera, especialista de V&C Analistas, las dificultades de bancarización no responden únicamente a la percepción de inseguridad que existe alrededor del manejo de efectivo, sino también a la imposibilidad de demostrar con claridad el origen lícito del mineral y de los recursos obtenidos por su comercialización.
Vera señaló que existe una tendencia a colocar en un mismo grupo a la minería ilegal y a la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) que busca avanzar hacia la formalización. Según el especialista, cambiar esta percepción requiere mecanismos que permitan verificar el origen del oro y diferenciar a los productores que operan dentro de la legalidad. Para las entidades financieras, contar con esa información resulta fundamental antes de asumir el riesgo de manejar recursos cuyo origen no puede ser comprobado.
Una de las propuestas planteadas consiste en implementar un sistema nacional, digital e interoperable de trazabilidad, capaz de registrar el recorrido del mineral desde su extracción hasta su llegada al mercado internacional. El mecanismo no debería limitarse al productor minero, sino incorporar también a acopiadores, comerciantes, transportistas, plantas de procesamiento y empresas exportadoras, de manera que cada actor pueda acreditar el origen y destino del oro que maneja.
La necesidad de este mecanismo se refleja en la diferencia entre las cifras de producción y exportación. De acuerdo con los datos citados por Vera, durante 2025 el Ministerio de Energía y Minas registró alrededor de 109 toneladas de producción de oro, mientras que los registros de Aduanas contabilizaron exportaciones por aproximadamente 209 toneladas. El especialista cuestionó el origen de la diferencia y señaló que el volumen adicional representaría alrededor de US$11.000 millones.
La trazabilidad también podría incorporar herramientas de control desde el primer punto de la cadena. La propuesta contempla laboratorios que permitan determinar el peso, la ley y la humedad del mineral extraído, generando información para establecer su valor desde el momento en que sale del socavón. Además de facilitar la supervisión, estos mecanismos podrían reducir espacios para prácticas abusivas en las operaciones entre pequeños productores, compradores y acopiadores.
Otro componente planteado es la bancarización de las operaciones de la cadena aurífera. La contratación de trabajadores, adquisición de maquinaria e insumos y pagos por productos y servicios podrían quedar registrados mediante el sistema financiero. Para Vera, este seguimiento permitiría generar un historial de las operaciones y, al mismo tiempo, contribuiría a identificar movimientos asociados con el comercio ilegal de insumos químicos fiscalizados y mercurio.
El proceso de formalización también debería incorporar a los trabajadores de la pequeña minería. La propuesta considera que el registro no se limite al mineral y al dinero, sino que incluya aspectos relacionados con derechos laborales, seguridad ocupacional, seguro social y pago de remuneraciones mediante canales bancarios. De esta manera, la trazabilidad abarcaría diferentes etapas de la actividad y no solamente el recorrido físico del oro.
El acceso a servicios financieros es precisamente una de las brechas identificadas en estudios sobre la minería artesanal y de pequeña escala en Perú. Un diagnóstico publicado en el marco de planetGOLD Perú encontró que 86,7% de las operaciones de la MAPE se realizaban sin bancarización, mientras que las entidades financieras identificaban riesgos legales, ambientales y económicos como factores que limitaban su atención al sector.
La política pública peruana también reconoce la trazabilidad y el acceso a financiamiento como elementos vinculados a la incorporación de la pequeña minería y minería artesanal a cadenas formales de valor. La Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030 plantea mejorar los mecanismos de trazabilidad y generar ofertas formales de crédito como parte de las medidas para reducir estas brechas.
En este contexto, la discusión sobre la formalización de la MAPE trasciende el registro de los productores y plantea la necesidad de conocer el recorrido completo del mineral. Para el sector, contar con información verificable sobre quién extrae, compra, transporta, procesa y comercializa el oro podría convertirse en una condición para facilitar su integración al sistema financiero formal y fortalecer el control de la cadena productiva.
