El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú plantea implementar una evaluación paralela de expedientes y una ventanilla única digital para agilizar la tramitación de proyectos sin disminuir los estándares ambientales y sociales.
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) propuso una reforma administrativa que permita reducir de siete a aproximadamente tres años el tiempo requerido para obtener los permisos de proyectos mineros. La iniciativa fue presentada por el presidente del gremio, Juan Carlos Ortiz, durante el Jueves Minero “WMC 2026: Conclusiones estratégicas para la agenda minera del Perú”, donde sostuvo que una mayor eficiencia en los procesos fortalecería la competitividad del país como destino de inversiones mineras.
Ortiz explicó que el sistema actual obliga a las empresas a tramitar los permisos de manera secuencial, es decir, obtener una autorización antes de iniciar el procedimiento siguiente. Según indicó, este esquema puede extender la aprobación de un proyecto por varios años e incluso obligar a reiniciar trámites avanzados cuando surgen observaciones en las etapas finales del proceso. Frente a esta situación, planteó adoptar un modelo de evaluación paralela, similar al utilizado en países como Brasil, Canadá, Chile y Australia, donde las diferentes entidades estatales revisan simultáneamente un mismo expediente.
Como parte de la propuesta, el titular del IIMP planteó consolidar una ventanilla única digital, herramienta que permitiría a todas las instituciones involucradas acceder al mismo expediente, formular observaciones en tiempo real y realizar un seguimiento conjunto de las respuestas presentadas por las empresas. De acuerdo con Ortiz, este sistema generaría una trazabilidad completa del proceso y facilitaría que las certificaciones se obtengan prácticamente al mismo tiempo, manteniendo el rigor técnico y los estándares ambientales y sociales vigentes.
El presidente del gremio sostuvo que estas mejoras no requieren una reforma integral de la legislación minera, sino ajustes en los procedimientos administrativos que actualmente condicionan el inicio de una evaluación a la aprobación previa de otra entidad. En ese sentido, afirmó que existe margen para introducir cambios mediante decisiones administrativas que agilicen la tramitación de proyectos sin afectar la calidad de las evaluaciones.
Finalmente, Ortiz expresó su expectativa de que el próximo gobierno impulse una agenda orientada a recuperar la competitividad del sector mediante un enfoque proinversión. A su juicio, la reducción de los tiempos de aprobación contribuiría a acelerar el desarrollo de nuevos proyectos mineros, fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar la posición del Perú frente a otras jurisdicciones mineras internacionales.
