La organización ambientalista Greenpeace México realizó una protesta frente a la playa Santiago, en Manzanillo, para exigir una moratoria global a la minería en aguas profundas y pedir que el país rechace los intentos del gobierno de Estados Unidos de autorizar de manera unilateral la explotación de minerales en el fondo del océano Pacífico.
A unos días de que inicie, el 13 de julio en Kingston, Jamaica, la reunión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), la organización ambiental denunció que el gobierno del presidente Donald Trump impulsa una ruta paralela al organismo internacional para acelerar licencias y permisos de minería submarina mediante una orden ejecutiva emitida en abril de 2025, con lo que, aseguró, rompe el marco multilateral que regula la explotación del fondo marino.
Como parte de su protesta, Greenpeace desplegó en la bahía de Manzanillo una imagen gigante de Donald Trump flotando sobre el mar, al que representó como un “monstruo marino” por promover la extracción de minerales del lecho oceánico pese a los riesgos ambientales que, afirmó, serían irreversibles y de larga duración.
“Estados Unidos podría desencadenar el inicio de la minería comercial en aguas profundas y una competencia internacional por la explotación de los recursos del fondo marino, en la que los ecosistemas y la humanidad pagarían el precio; no podemos permitirlo”, advirtió Viridiana Lázaro Lembrino, campañista de Greenpeace en Cambio Climático y Océanos.
La organización pidió que durante las sesiones de la ISA se fortalezca una moratoria global que impida el inicio de la minería en aguas profundas hasta contar con evidencia científica independiente sobre sus efectos ambientales.
“Cuando no existen certezas científicas sobre el impacto que pueden generar las acciones humanas en los ecosistemas, se debe considerar el principio precautorio, como enfoque preventivo para proteger los océanos del mundo”, sostuvo Lázaro Lembrino.
Greenpeace entregó además a la delegación mexicana un informe elaborado junto con el Centro para la Diversidad Biológica, en el que advierte que las acciones unilaterales de Estados Unidos podrían debilitar el régimen internacional que regula los fondos marinos y afectar ecosistemas bajo jurisdicción mexicana, incluidas áreas naturales protegidas conectadas con el Pacífico.
