El incidente ocurrió en un tramo de la infraestructura operada por Petroperú y volvió a encender las alertas sobre la seguridad de uno de los principales activos energéticos del país.
Un nuevo atentado contra el Oleoducto Norperuano (ONP) se registró en la región Piura, dejando como saldo a un vigilante herido tras un ataque perpetrado por desconocidos en las inmediaciones de la infraestructura petrolera.
De acuerdo con la información reportada, el trabajador de seguridad resultó lesionado durante el incidente y recibió atención médica luego de que se activaran los protocolos de emergencia correspondientes. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque.
El hecho se produjo en una zona donde el Oleoducto Norperuano atraviesa áreas estratégicas para el transporte de hidrocarburos, infraestructura que ha sido objeto de diversos actos de sabotaje y atentados en los últimos años.
Petroperú manifestó su preocupación por este nuevo episodio de violencia y reiteró la necesidad de fortalecer las medidas de protección y vigilancia a lo largo del sistema de transporte de crudo, considerado clave para el abastecimiento energético nacional.
Además del impacto sobre la seguridad del personal, este tipo de ataques genera riesgos operativos, ambientales y económicos, debido a la posibilidad de afectar la continuidad de las operaciones y provocar derrames o daños en la infraestructura.
Las autoridades competentes, junto con las fuerzas del orden, vienen coordinando acciones para reforzar la seguridad en la zona y garantizar la integridad de los trabajadores que desempeñan labores de vigilancia y mantenimiento.
El Oleoducto Norperuano es una de las principales infraestructuras energéticas del Perú, con una extensión superior a los 1.000 kilómetros, utilizada para transportar petróleo desde la Amazonía hasta la costa norte del país.
Este nuevo atentado vuelve a poner en agenda la necesidad de proteger la infraestructura crítica nacional y de implementar mecanismos que permitan prevenir actos que comprometan la seguridad energética y la continuidad de las operaciones petroleras.
