Los retrasos en la delimitación del páramo de Santurbán estarían facilitando el crecimiento de la minería ilegal dentro de uno de los ecosistemas más estratégicos del nororiente colombiano. Esa fue la principal conclusión expuesta por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo en un nuevo informe de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017.
Los organismos de control advirtieron que, después de más de ocho años de la orden impartida por la Corte Constitucional para realizar una nueva delimitación participativa del complejo de páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín, el proceso continúa sin completarse. Según señalaron, esta situación ha generado consecuencias ambientales, sociales e institucionales que hoy afectan a las comunidades de la región.
La Procuraduría concluyó que la demora ha propiciado el aumento de la extracción ilícita de minerales dentro del ecosistema, además del crecimiento de la informalidad y nuevas dificultades para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones que habitan la zona. Las observaciones quedaron consignadas en el XXV Informe de Seguimiento presentado ante el Tribunal Administrativo de Santander, según información publicada por Blu Radio.
El documento, con corte al 30 de abril de 2026, expone una serie de incumplimientos que, a juicio de los organismos de control, han impedido avanzar hacia una solución definitiva para la delimitación del páramo.
La situación preocupa especialmente porque Santurbán es una de las principales fuentes de agua para miles de habitantes de Santander y Norte de Santander, por lo que cualquier afectación ambiental genera repercusiones que van más allá de las zonas donde se desarrollan actividades extractivas.
Procuraduría llevará hallazgos a la Fiscalía
Uno de los puntos más delicados del informe tiene relación con la capacidad del Estado para ejercer control sobre actividades ilegales dentro del ecosistema.
La Procuraduría sostuvo que la prolongación del proceso ha limitado la capacidad institucional para enfrentar fenómenos como la minería ilegal, situación que continúa generando afectaciones ambientales en la zona de influencia del páramo.
Ante ese panorama, el organismo anunció que remitirá copia del informe a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las actividades de extracción ilícita de minerales que presuntamente se estarían desarrollando en áreas cercanas a Santurbán.
Los organismos de control consideran que la ausencia de una delimitación definitiva ha generado incertidumbre sobre el manejo del territorio y ha dificultado la adopción de medidas más efectivas para proteger el ecosistema.
Además de las preocupaciones relacionadas con la minería ilegal, el informe identifica otros incumplimientos que comprometen el avance del proceso ordenado por la Corte Constitucional.
Cuestionan al Ministerio de Ambiente por nuevos incumplimientos
La Procuraduría también formuló observaciones sobre el desempeño del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la ejecución de las órdenes judiciales asociadas a la delimitación.
Entre los hallazgos figura la falta de entrega oportuna del informe de seguimiento correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril de 2026. Según el ente de control, esta situación no es nueva y se viene registrando de manera reiterada desde 2019.
El documento también señala que el Ministerio no ha entregado información técnica solicitada por la Procuraduría relacionada con resoluciones que declararon una zona de reserva temporal de recursos naturales renovables en municipios como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga, en Santander.
Otro de los puntos cuestionados tiene que ver con los retrasos en las mesas de concertación con las comunidades. De acuerdo con el cronograma oficial, durante el primer cuatrimestre de 2026 debían desarrollarse encuentros en 15 municipios. Sin embargo, el informe concluye que ninguna de las reuniones programadas fue realizada.
Los organismos de control también encontraron deficiencias en la actualización del portal oficial “Santurbán Avanza”, donde identificaron ausencia de información reciente, diferencias entre cronogramas publicados y reportados oficialmente, así como la falta de publicación de varios informes de seguimiento.
Frente a este panorama, la Procuraduría y la Defensoría recomendaron al Ministerio de Ambiente presentar un cronograma definitivo, público y verificable para culminar la delimitación del páramo, establecer fechas concretas para las mesas pendientes y fijar un plazo para expedir el acto administrativo definitivo. Además, anunciaron el traslado de copias a dependencias disciplinarias para evaluar posibles responsabilidades de funcionarios relacionados con los incumplimientos detectados.
