Las cargas regulatorias y los procesos administrativos suelen representar uno de los principales retos para las microempresas, pequeñas y medianas empresas. En Nuevo León, el acuerdo Cero Clausuras: Confianza y Legalidad para el Desarrollo apuesta por facilitar la regularización de los negocios antes que recurrir a clausuras por faltas administrativas menores.
El nuevo modelo contempla que las autoridades estatales privilegien medidas como orientación, plazos de cumplimiento y acompañamiento para que las empresas puedan regularizarse antes de aplicar sanciones más severas. La medida estará enfocada principalmente en negocios de bajo impacto que no representen riesgos en materia de seguridad, salud o medio ambiente.
Para las Pymes, el esquema representa mayor margen operativo ante observaciones administrativas que anteriormente podían derivar en cierres temporales, afectaciones al flujo de operación y riesgos para el empleo.
Nuevo León impulsa simplificación regulatoria para las Pymes
El objetivo del programa es facilitar la formalización y operación de los negocios locales mediante procesos más ágiles y criterios similares a los que actualmente se aplican para atraer inversión extranjera.
“Lo que hoy publicamos es el arranque de toda la facilidad que el gobierno da a una inversión extranjera, para que se aplique el mismo criterio a las Pymes de Nuevo León”, señaló el gobernador Samuel García Sepúlveda durante la presentación del acuerdo.
La estrategia forma parte del programa Nuevo León Cumple, impulsado por la Secretaría de Economía y la Oficina Ejecutiva del Gobierno del Estado, enfocado en simplificación regulatoria, digitalización de trámites e inspecciones más transparentes.
De acuerdo con la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, las dependencias estatales trabajarán de manera coordinada para apoyar a las empresas en sus procesos de regularización durante un periodo de hasta un año.
Inspecciones y protección civil seguirán aplicándose en Nuevo León
El acuerdo mantiene las facultades de inspección y sanción en temas relacionados con protección civil, salud pública, medio ambiente, riesgos a la seguridad o casos de reincidencia.
La administración estatal busca impulsar un entorno más competitivo para las Pymes, reduciendo barreras regulatorias sin comprometer el cumplimiento normativo en áreas críticas.
