Colfercar y otras empresas que hacen parte del gremio de transporte encendieron las alarmas frente a la situación de la infraestructura vial en el país y pidieron al Gobierno Nacional que se atienda con carácter prioritario, ya que se trata de una nueva emergencia.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones advirtieron sobre el aumento en el número de puentes colapsados o con daños estructurales graves en los últimos años y señalaron la necesidad de una respuesta institucional más ágil.
De acuerdo con las cifras expuestas por los gremios, en los últimos 12 años se han registrado 29 eventos relacionados con la caída o afectación severa de puentes en Colombia.
De ese total, 18 casos, equivalentes al 62 %, se han presentado entre 2023 y lo corrido de 2026. Solo en lo que va de este año se contabilizan cinco episodios, lo que representa el 17 % del total reportado en más de una década.
Según destacaron, para el 2026, en medio de la actual temporada de lluvias, se han reportado cinco colapsos en menos de dos meses, con consecuencias directas sobre la movilidad en el Urabá antioqueño y en los departamentos de Córdoba y Magdalena.
Los firmantes consideran que estas cifras reflejan una situación que “no puede normalizarse en ningún país” y sostienen que, al revisar la información por entidad responsable, el mayor número de novedades corresponde al Instituto Nacional de Vías (Invías).
En el caso del puente de Mendihuaca, en Magdalena, el 13 de febrero se anunció el inicio de la construcción de un paso provisional. Para las estructuras afectadas en la vía Necoclí–Arboletes, una comisión del Invías llegó a la zona el 25 de febrero, 22 días después de los hechos. Sin embargo, según el comunicado, a la fecha no se ha restablecido el tránsito en ninguno de los cinco puntos críticos.
¿Cómo afecta esto al gremio transportador en Colombia?
Los gremios advierten que la situación ha generado “graves afectaciones al sector transportador, tanto de carga como de pasajeros”, con impactos económicos y sociales que repercuten en empresas, conductores, auxiliares y en cientos de familias que dependen de esta actividad. También alertan sobre dificultades en el abastecimiento, el comercio y la movilidad de los habitantes de las regiones afectadas.
En su pronunciamiento, las organizaciones solicitan al Ejecutivo, a través del Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), bajo la articulación del Ministerio de Transporte, tres acciones concretas.
En primer lugar, piden priorizar la emergencia en la agenda institucional, con intervención técnica y logística inmediata, acompañada de un cronograma claro para restablecer la movilidad.
En segundo término, proponen la adopción de medidas transitorias que mitiguen las pérdidas económicas y sociales, tanto para el transporte de carga como de pasajeros. Advierten que soluciones parciales o excluyentes podrían incentivar la informalidad y afectar la seguridad de los usuarios.
Finalmente, exigen cronogramas y presupuestos definidos para las soluciones estructurales. Recuerdan que situaciones similares ocurridas en 2023 y 2024 derivaron en la instalación de puentes militares que, aunque concebidos como temporales, permanecen en operación. Como ejemplo citan la vía Cúcuta–Pamplona, que desde 2023 funciona con este tipo de estructuras sin que, tres años después, se haya ejecutado una solución definitiva.
