El Estado peruano quedaría enfrentado a una obligación internacional definitiva luego de que el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a favor de la minera canadiense Lupaka Gold Corp. quedara firme, tras no haberse solicitado su anulación dentro del plazo legal. La información fue confirmada por la propia compañía minera.
El fallo, emitido el 30 de junio de 2025, ordena al Perú el pago de una indemnización que actualmente bordea los US$ 67 millones, monto que continúa incrementándose debido a la aplicación de intereses anuales del 9%, según detalló Lupaka.
La disputa se remonta a los bloqueos comunitarios que afectaron al proyecto aurífero Invicta, ubicado a unos 120 kilómetros al norte de Lima. Estas acciones impidieron el acceso al yacimiento y forzaron la paralización total de las operaciones, lo que derivó finalmente en la pérdida de la inversión realizada por la empresa.
Lupaka argumentó durante el arbitraje que las autoridades peruanas no actuaron de manera efectiva para proteger el proyecto ni restablecer el orden público, pese a que se trataba de una inversión extranjera amparada por el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Perú.
Tras varios años de proceso, el tribunal del Ciadi concluyó que el Estado peruano incumplió estándares internacionales fundamentales, incluyendo el trato justo y equitativo, así como la obligación de otorgar protección y seguridad plenas a la inversión. Además, determinó que los efectos de los bloqueos eran atribuibles al Estado por su inacción frente a los hechos.
De acuerdo con las normas del Ciadi, el Perú disponía de 120 días para solicitar la anulación del laudo. Dicho plazo venció el 28 de octubre de 2025 sin que se presentara ningún recurso, dejando el fallo cerrado, firme y plenamente exigible, sin posibilidad de apelación o revisión.
En un comunicado, Lupaka señaló que espera un pago voluntario por parte del Estado peruano, aunque advirtió que ya ha iniciado acciones para identificar activos del país en el extranjero que podrían ser objeto de embargo, conforme a la Convención Ciadi. La demora en el cumplimiento de la obligación no solo incrementa el costo financiero por la acumulación de intereses, sino que también puede afectar la reputación del Perú como destino de inversión en un contexto donde la seguridad jurídica resulta clave.
