Un fondo público creado para mejorar el entorno urbano en las comunas del país permanece, en gran parte, sin ser utilizado. Así lo detalla el gerente inmobiliario de Colliers, Sergio Correa, quien alerta sobre el bajo avance de los municipios en la implementación de los planes necesarios para canalizar esos recursos.
“De 346 comunas a nivel nacional, solamente 44 tienen su plan de inversiones aprobado. Estamos hablando del 13% de las comunas de Chile. Esa baja ejecución, ha dejado más de $75 mil millones inmovilizados».
La Ley de Aportes al Espacio Público —vigente desde 2021— obliga a los proyectos inmobiliarios a destinar parte de su inversión a financiar infraestructura urbana, como ciclovías, áreas verdes, plazas o mobiliario urbano. Sin embargo, para poder utilizar esos fondos, los municipios deben contar con el Plan de Inversiones en Infraestructuras de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP) aprobado.
Correa atribuye esta situación a un desconocimiento y a una falta de preparación técnica en los municipios para ejecutar los planes necesarios. “Creo que ahí está gran parte del problema, justamente las capacidades técnicas de los distintos municipios. Aunque existen consultoras que pueden apoyar en este proceso, muchas comunas no han mostrado el interés suficiente para avanzar con la elaboración y aprobación de sus planes de inversión (…) Se puede. Yo creo que ha sido un poco más de dejación, de falta de interés o de poca información por parte de los municipios, pero no se justifica bajo ningún punto de vista porque es mucha la plata que se está acumulando en una cuenta”, recalcó.
Correa plantea la necesidad de generar incentivos para que los municipios desarrollen sus planes de inversión, proponiendo que, por ejemplo, se les permita seguir cobrando estos derechos de la ley de aportes mientras no tengan su plan de inversiones aprobado, o, derechamente, que intervenga el gobierno central vía Subdere o los gobiernos regionales que les instalen la capacidad técnica o el recurso humano que se necesite para poder sacar esos planes de inversión. “No tiene ningún sentido que una ley que fue aprobada hace casi diez años, en la práctica, no haya entrado en régimen porque los municipios no están haciendo el trabajo”, afirma.
Según el experto, la falta de transparencia preocupa. “Es peligroso que haya cuentas municipales juntando plata y que no exista la total transparencia de cuánto es lo que han recaudado a la fecha, muchas comunas no publican esta información, pese a que la ley lo exige», concluye.
