Columna de opinión de Paula Bedecarratz, presidenta Grupo de trabajo Humedales de la CChC
Los humedales son ecosistemas muy diversos, que incluyen marismas, pantanos y turberas, superficies cubiertas de agua permanente o temporalmente, naturales o artificiales, de agua dulce o salada. Dependiendo de sus características, pueden generar una serie de beneficios al medio ambiente, desde su capacidad para infiltrar y almacenar agua dulce, para depurar contaminantes, reducir riesgos climáticos, proveer hábitats para diferentes especies, e incluso, pueden ser espacios de esparcimiento y desarrollo cultural para la población.
A partir del año 2020, los humedales urbanos están protegidos en Chile por la Ley 21.202, la que introdujo modificaciones a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y generó un conjunto de normativa que busca evitar la afectación de estos ecosistemas, asegurando su cuidado y protección. El año 2021, se observó una explosión de declaratorias, con 54 humedales declarados en terrenos públicos y privados. En 2022, si bien la superficie declarada aumentó (5.500 has), esta se concentró en 38 nuevos humedales y los últimos dos años, la tendencia fue a la baja en las declaratorias, reduciendo fuertemente la intensidad de estos procesos.
Lo anterior muestra la presión que existió por avanzar rápidamente en la protección de estos ecosistemas, sin embargo, también dejó en evidencia el desconocimiento que existía en materia de identificación, caracterización y valoración de estos objetos de protección. De hecho, aproximadamente un tercio de los humedales declarados fueron objeto de reclamaciones en los Tribunales Ambientales, prueba del nivel de conflicto generado y las dificultades existentes en la normativa y su aplicación. Desde la promulgación de la Ley a diciembre de 2024, un total de 120 humedales urbanos habían sido reconocidos en las regiones de Arica a Magallanes, en su mayoría por solicitud municipal, lo que equivale a cerca de 12.276 hectáreas.
Como gremio hemos monitoreado y analizado esta regulación, identificando sus consecuencias prácticas, desde la incertidumbre para invertir hasta la suspensión de actividades y la paralización de proyectos, la incerteza jurídica, la afectación de terrenos sin incentivos ni compensaciones, los conflictos y judicialización. Paralelamente, hemos aprendido la importancia de estos ecosistemas y comprendemos el creciente interés de las comunidades por resguardarlos. Por eso consideramos fundamental generar los mecanismos, recursos e incentivos necesarios para compatibilizar la necesaria protección de los humedales con el desarrollo sostenible de nuestras ciudades.
El año 2021 conformamos un grupo de trabajo para recoger la visión e inquietudes de nuestros socios de diferentes regiones, estudiar la normativa de humedales, entender sus objetivos e implicancias, evaluar los impactos que ha tenido en los escasos suelos urbanos y proponer mejoras que contribuyan a la protección de los humedales y su integración a las ciudades.
Con el apoyo de especialistas en materia ambiental y de los profesionales de la CChC, analizamos el proceso de delimitación de humedales en Chile, en comparación con la normativa internacional, evaluamos la jurisprudencia de las declaratorias con las causales de reclamaciones, como también las implicancias de las nuevas guías del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Hemos tratado de estar presentes en las instancias de discusión de nuevas normativas y en diferentes convocatorias, aportando con una mirada, a veces diferente, pero siempre propositiva. En 2023, con el apoyo de Asuntos Internacionales de la CChC, pudimos participar de una misión a Estados Unidos para conocer la interesante experiencia del estado de Florida en esta materia. El trabajo y aprendizaje ha sido intenso, pero entendemos que es un tema complejo y debe ser abordado en toda su magnitud.
A cinco años de la aprobación de la Ley, reconocemos el avance en la información y valoración de los humedales urbanos, existiendo conciencia en la ciudadanía de su importancia. Sin embargo, hemos visto que los procesos de declaratoria han presentado algunos problemas de fondo y de forma que deberían ser abordados.
En general observamos, sobre todo los primeros años, una tendencia a sobre declarar superficies, imponiendo restricciones a terrenos que posiblemente no poseen un valor ecosistémico relevante para su entorno, y que podrían tener otros usos valiosos para el desarrollo de las ciudades.
Esto se debe en parte a que la normativa establece que basta con que se cumpla uno de los tres criterios de delimitación establecidos (régimen hidrológico de saturación, vegetación hidrófita y suelos hídricos) para que se considere la existencia de un humedal, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde se hace un análisis más integral de los ecosistemas. Consideramos que deberíamos avanzar en esa dirección, solicitando evidencia de, al menos, un indicador por cada criterio.
Tampoco se dimensionan los costos asociados a sobreproteger terrenos, lo que ha derivado en declaratorias con superficies muy extensas en terrenos públicos y privados. Dado que el costo alternativo y la mantención son relevantes, se requiere contar con mecanismos para que su conservación no signifique solo una carga económica para los propietarios, sin incentivos o compensaciones. Con incentivos adecuados creemos que todos deberían interesarse en conservar y poner en valor los humedales urbanos, evitando que estos queden abandonados o incluso transformados en microbasurales.
En cuanto a los procesos de declaratoria, resulta claro que el MMA no ha contado con suficientes recursos para realizar las delimitaciones en tiempo y forma adecuados, existiendo, en algunos casos, problemas con la transparencia de la información, insuficiente participación, por ejemplo, frente a ampliaciones de polígonos, falta de ponderación de los antecedentes aportados por terceros, plazos excesivos, además de dificultades en la justificación técnicas de las declaratorias. Estos aspectos deben ser corregidos para evitar la judicialización de los procesos, que termina generando mayores costos e incertidumbre para todos.
Los desafíos aún son muchos. Como gremio debemos ser capaces de incorporar en nuestros proyectos estos ecosistemas, ajustando los diseños, aplicando nuevos sistemas constructivos, implementando drenajes urbanos sostenibles y diferentes soluciones que integran los humedales a las ciudades. Esperamos que las dificultades asociadas a los procesos de declaratoria puedan subsanarse y que podamos avanzar en conjunto hacia un desarrollo sostenible, contando con una regulación equilibrada, que asegure y promueva la protección del medio ambiente de forma compatible con las múltiples necesidades que tienen nuestras ciudades y sus habitantes.
