La Procuraduría de Colombia pidió frenar el decreto del gobierno de Gustavo Petro que impone una delimitación a reservas ambientales y establece prohibiciones a la minería.
De acuerdo con la entidad, es necesario que se defina la legalidad de la norma, por lo cual hizo la solicitud ante el Consejo de Estado.
Así las cosas, solicitó que se defina la legalidad del Decreto 1374 de 2013 y que se imponga una medida cautelar sobre el Decreto 044 de 2024, expedido con el mismo fundamento legal.
Para el ente de control, es “pertinente” que los ministerios de Ambiente y Minas no emitan resoluciones que declaren reservas temporales hasta que el Consejo de Estado expida su pronunciamiento.
¿Por qué la Procuraduría pide frenar decreto de reservas ambientales?
Sumado a lo anterior, la Procuraduría indicó que, si el alto tribunal llegara a declarar nulo el decreto origen, se estaría ante un acto vigente semejante a la nueva norma y serían engañosos los efectos jurídicos de esta decisión.
Ahora bien, si se declara ajustado a la legalidad, será determinante conocer si se ajusta o no al orden jurídico y se comprenderá mejor la forma en que el Gobierno debe implementarlo y ejecutarlo.
Por esta situación, la Procuraduría pidió frenar el decreto sobre delimitación de reservas ambientales y exclusión minera.
Además, indicó que le preocupa el hecho de que se podrían estar expidiendo declaratorias de reservas temporales que impidan que las autoridades mineras decidan sobre la procedencia o no del otorgamiento de títulos mineros en áreas geográficas del territorio colombiano.
En la práctica, esto implica una exclusión de la actividad minera hasta por 10 años, “generando riesgos de parálisis en la exploración y explotación de minerales”.
La entidad también alertó que algunos títulos legalmente autorizados puedan quedar traslapados con áreas que se declaren como reservas de recursos naturales, por lo cual podrían sean caducados y cerrados.
Esto “solo generará que se incrementen los volúmenes de explotación ilícita de yacimiento minero y aumenten los frentes de minería ilegal”, anotó.
Finalmente, en el marco de la vigilancia preventiva, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios requirió al Ministerio de Ambiente el plan de acción detallado de actividades y fechas planteadas para implementar las disposiciones derivadas del mencionado decreto.
Con esto, la cartera deberá presentar informes mensuales en el que se expongan las áreas que, a su consideración, deben ser declaradas como reservas de recursos naturales de carácter temporal y los fundamentos técnicos que soportan esto.
