Varios proyectos estratégicos de energía, minería e infraestructura en Colombia enfrentan retrasos asociados a los tiempos de las consultas previas y los procedimientos de licenciamiento ambiental. Un informe de Corficolombiana advierte que estas dificultades están generando incertidumbre, mayores costos y posibles efectos sobre la ejecución de inversiones fundamentales para el desarrollo del país.
El análisis, presentado en el foro de sostenibilidad Luz Verde: acuerdos para el desarrollo, señala que actualmente existen cerca de 2.197 consultas previas activas. De ese total, el 64 % lleva más de tres años en trámite y el 42 % permanece en su etapa inicial, una situación que evidencia las dificultades para avanzar en los procesos de participación comunitaria.
Colectora acumula cerca de diez años de trámites
Uno de los casos más representativos es el proyecto Colectora, considerado estratégico para conectar la generación de energía renovable de La Guajira con el Sistema Interconectado Nacional. La iniciativa acumula aproximadamente diez años de trámites e involucra a 261 comunidades en procesos de consulta previa.
La prolongación de estos procedimientos representa un desafío para el desarrollo de la infraestructura de transmisión eléctrica, necesaria para transportar la energía desde las zonas de generación hasta los principales centros de consumo.
El informe advierte que las consultas sucesivas y la incorporación de nuevas comunidades durante el desarrollo de los proyectos pueden extender los cronogramas y aumentar los costos asociados a su ejecución.
Sirius y Cerrejón también enfrentan procesos comunitarios
En el sector de hidrocarburos aparece Sirius, uno de los mayores descubrimientos de gas natural de Colombia. Su desarrollo enfrenta más de 120 procesos comunitarios, una condición que representa un reto para avanzar con las actividades necesarias para aprovechar el potencial energético del hallazgo.
Por su parte, Cerrejón, una de las principales operaciones de minería de carbón a cielo abierto del país, requiere consultas previas con 510 comunidades. De estas, 445 alcanzaron acuerdos entre 2024 y 2025, según las cifras presentadas por Corficolombiana.
Estos casos reflejan la complejidad de desarrollar proyectos de gran escala en territorios donde se requiere garantizar la participación de las comunidades y atender las condiciones sociales y ambientales correspondientes.
Licencias ambientales tardan más del doble del plazo legal
El estudio también identifica dificultades en los procedimientos de licenciamiento ambiental. Actualmente, Colombia expide alrededor de 130 licencias ambientales al año, menos de la mitad de las registradas en 2014.
Además, los tiempos de trámite ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se ubican entre 180 y 188 días hábiles en promedio, más del doble del plazo legal de 90 días.
Entre los proyectos afectados por esta situación se encuentra la subestación Norte-Sogamoso, una infraestructura de transmisión eléctrica que busca atender hasta el 32 % de la demanda nacional. Su licencia ambiental ante la ANLA tardó 943 días hábiles, desde el inicio del trámite en 2016 hasta su otorgamiento en 2020. Posteriormente, también registró suspensiones de términos y solicitudes de modificación entre 2023 y 2026.
Otro caso es Komodo-1, proyecto de exploración de hidrocarburos en aguas ultraprofundas del Caribe colombiano, cuyo potencial de gas se estima en hasta 17 veces las reservas probadas actuales del país. Su proceso ambiental incluyó solicitudes de estudios adicionales sobre biodiversidad marina y recursos de la Procuraduría con 57 objeciones, antes del otorgamiento de la licencia y la posterior simplificación de algunos requisitos.
Corficolombiana propone un modelo basado en tres ejes
Frente a este panorama, Corficolombiana plantea un modelo de acuerdos claros basado en tres principios: certidumbre, coordinación y confiabilidad. La propuesta busca mejorar la planeación de los proyectos, reducir duplicidades institucionales y fortalecer la relación entre las empresas, las autoridades y las comunidades.
En materia de certidumbre, el informe propone identificar desde las etapas iniciales a las comunidades involucradas y los posibles impactos de cada iniciativa. También plantea un licenciamiento ambiental diferencial, con exigencias proporcionales al nivel de riesgo y a los efectos reales de cada proyecto.
En cuanto a la coordinación, recomienda integrar las evaluaciones ambientales y unificar criterios entre la ANLA, las CAR y los ministerios, con el propósito de evitar procedimientos repetidos y decisiones contradictorias.
Finalmente, el eje de confiabilidad apunta a recuperar la confianza de las comunidades mediante acuerdos que permitan su participación en los beneficios de las iniciativas. El objetivo es que las poblaciones no sean consideradas únicamente como actores consultados, sino también como participantes activos en el desarrollo de los proyectos.
Trámites ambientales representan un desafío para la inversión
El diagnóstico pone de manifiesto la necesidad de mejorar los tiempos y la articulación de los procedimientos sin debilitar las garantías de participación comunitaria ni la protección ambiental.
Para Colombia, resolver estas dificultades será relevante para avanzar en proyectos de transmisión eléctrica, exploración de gas y minería, sectores que requieren inversiones de largo plazo y condiciones regulatorias previsibles.
La implementación de reglas más claras y mecanismos de coordinación institucional podría contribuir a reducir la incertidumbre en los cronogramas y facilitar la ejecución de iniciativas estratégicas para la infraestructura y la seguridad energética del país.


