El Gobierno de Colombia prepara un decreto para reducir los tiempos de tramitación de grandes proyectos de infraestructura, energía y otros sectores estratégicos. La propuesta busca permitir que los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental avancen de manera simultánea, con el objetivo de evitar retrasos derivados de la gestión secuencial de ambos procedimientos y acelerar el desarrollo de obras consideradas prioritarias para el país.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el borrador del decreto ambiental ya fue presentado. Según explicó, la iniciativa pretende que los responsables de los proyectos puedan adelantar los estudios y las gestiones necesarias para obtener las licencias ambientales mientras continúan las consultas previas con las comunidades correspondientes. El planteamiento busca reducir los periodos de espera sin eliminar las exigencias técnicas ni desconocer los derechos de participación de las poblaciones involucradas.
Entre los proyectos que podrían beneficiarse figura Sirius, uno de los principales desarrollos de gas natural identificados en Colombia. De acuerdo con el ministro, la iniciativa podría avanzar en su proceso de licenciamiento ambiental mientras culminan alrededor de 120 consultas previas relacionadas con su ejecución. La posibilidad de desarrollar ambos trámites en paralelo permitiría reducir los tiempos de preparación del proyecto y avanzar en la gestión de una infraestructura relevante para el abastecimiento energético nacional.
Otra iniciativa mencionada es la Línea Colectora, infraestructura de transmisión eléctrica destinada a facilitar la conexión de proyectos de generación de energía, especialmente en La Guajira. Estas obras son importantes para transportar electricidad desde zonas con potencial de generación hacia el sistema nacional, por lo que los retrasos en su desarrollo pueden afectar la incorporación de nueva capacidad energética.
La propuesta también podría aplicarse a proyectos viales y energéticos en diferentes regiones del país. Según Lara, la coordinación de los procedimientos permitiría ahorrar hasta dos años en los cronogramas de algunas iniciativas, dependiendo de sus características y de las etapas pendientes. La reducción de los tiempos administrativos podría contribuir a mejorar la planificación de las inversiones y disminuir la incertidumbre para las empresas responsables de ejecutar las obras.
Actualmente, cuando las consultas previas y los trámites ambientales se gestionan de forma consecutiva, el inicio de una etapa puede depender de la conclusión de la anterior. El decreto busca modificar esa dinámica para que determinadas actividades técnicas y administrativas puedan desarrollarse en paralelo. De esta manera, los promotores de los proyectos podrían avanzar en la preparación de sus expedientes sin esperar a que finalice por completo el proceso de consulta.
El Gobierno sostiene que la agilización no implica reducir los estándares ambientales ni eliminar la consulta previa, mecanismo de participación que permite a las comunidades involucradas intervenir en decisiones que puedan afectar sus territorios y condiciones de vida. El desafío será establecer una coordinación efectiva entre las entidades responsables, garantizar información suficiente para las comunidades y mantener el cumplimiento de las obligaciones legales durante todas las etapas.
La iniciativa se suma a otras medidas planteadas por el Ejecutivo para ordenar y digitalizar los expedientes de consulta previa, establecer responsables por proyecto y mejorar el seguimiento de los cronogramas. La intención es reducir la acumulación de trámites y facilitar la ejecución de inversiones en sectores como infraestructura, electricidad, minería, petróleo y gas.
El impacto definitivo del decreto dependerá de su aprobación, de las disposiciones que finalmente se establezcan y de su aplicación por parte de las autoridades competentes. Si se implementa conforme a lo anunciado, la medida podría modificar la gestión de los permisos para megaproyectos en Colombia y contribuir a reducir los retrasos que afectan el desarrollo de infraestructura estratégica.
