El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) que permitiría a aproximadamente 30.000 mineros completar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2028. La propuesta establece un régimen transitorio para quienes mantengan su inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) al cierre de 2026 y todavía tengan requisitos pendientes. Según el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, el proyecto sería presentado el 15 de octubre de 2026.
La iniciativa plantea dos modalidades para regular la actividad: un régimen ordinario de carácter permanente y un régimen temporal de consolidación. Este último comenzaría el 1 de enero de 2027 y concluiría el 31 de diciembre de 2028. Durante ese periodo, los mineros comprendidos en la medida podrían subsanar las exigencias pendientes para incorporarse al régimen ordinario, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la futura normativa. La propuesta no contempla nuevas incorporaciones al régimen excepcional.
El proyecto busca modificar el modelo de formalización vigente, cuyo plazo actual termina el 31 de diciembre de 2026. En lugar de extender el Reinfo bajo las mismas condiciones, el Ejecutivo propone establecer un marco normativo específico para la pequeña minería y la minería artesanal, con procedimientos diferenciados según las características de las operaciones y mayores exigencias de supervisión, autorización y fiscalización.
Uno de los principales cambios sería la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), una entidad adscrita al Minem que tendría autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Entre sus funciones estarían gestionar los procedimientos de formalización, evaluar instrumentos de gestión ambiental, acreditar a pequeños productores mineros y administrar sistemas de información y trazabilidad. Mientras el nuevo organismo entre en funcionamiento, estas tareas continuarían a cargo de la Dirección de Formalización Minera.
La propuesta también incorpora medidas para mejorar la trazabilidad del mineral desde su extracción hasta la comercialización. Se prevé reforzar los controles sobre el origen, traslado, recepción, beneficio y procesamiento de los recursos, además de implementar una ventanilla única para centralizar trámites y una casilla electrónica obligatoria para las notificaciones administrativas. En materia ambiental, el proyecto mantiene la exigencia de certificación y plantea adecuar determinados requisitos al nivel de riesgo y a las características territoriales de cada actividad.
Otro componente contempla autorizar expresamente al Banco de la Nación para ofrecer cuentas corrientes y de ahorro a operadores de la pequeña minería y minería artesanal, ante las dificultades que enfrentan para acceder a servicios financieros. Asimismo, se proponen incentivos para facilitar contratos de explotación entre titulares de concesiones y operadores MAPE, con una duración mínima de tres años, además de disposiciones sobre derechos de vigencia y penalidades.
En cuanto a las responsabilidades ambientales, la iniciativa plantea que los operadores asuman las infracciones derivadas de sus actividades cuando exista un contrato de explotación o cesión. Si no hay un contrato vigente, el titular de la concesión podría responder solidariamente por los impactos ambientales cuando la autoridad competente acredite su participación. El proyecto también establece que el incumplimiento ambiental formalmente comprobado constituiría una causal de resolución del contrato de explotación.
La propuesta deberá completar su trámite en el Poder Ejecutivo y ser presentada al Congreso para su evaluación. Si se aprueba, el nuevo marco establecería un periodo de transición de dos años para los mineros que cumplan las condiciones del régimen de consolidación, junto con reglas permanentes para los nuevos operadores. Su implementación será clave para determinar si el país logra avanzar en la formalización de la actividad y fortalecer los controles frente a la minería ilegal.
