La lucha contra la minería ilegal en el Perú requiere fortalecer los controles no solo sobre los lugares de extracción, sino también sobre las empresas y los intermediarios que compran el mineral. Así lo plantea Raúl Benavides Ganoza, director de Compañía de Minas Buenaventura, en un artículo publicado por Dipromin, en el que sostiene que la primera compra formal constituye un punto clave para impedir que el oro de procedencia irregular ingrese al mercado legal. La propuesta se apoya en un estudio del Instituto Igarapé sobre las cadenas de comercialización de oro en Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador.
Según el análisis, uno de los principales desafíos consiste en verificar el origen del mineral adquirido por plantas de procesamiento y comercializadores. La inscripción en registros oficiales o la presentación de facturas no garantizan, por sí solas, que el oro provenga de una operación autorizada. Por ello, Benavides plantea comprobar la identidad del vendedor, los derechos que respaldan su actividad, la concesión de origen y la correspondencia entre el volumen comercializado y la capacidad productiva declarada.
El planteamiento también pone el foco en los mecanismos de trazabilidad. Cada transacción debería dejar un registro verificable que incluya al comprador y al vendedor, la procedencia declarada, la fecha, la cantidad, la pureza, el precio y el medio de pago. Esta información podría contrastarse entre las autoridades mineras, tributarias, aduaneras y de inteligencia financiera para identificar inconsistencias y detectar posibles operaciones vinculadas con el comercio ilegal de oro.
Otra de las medidas propuestas es reducir progresivamente el uso de efectivo mediante alternativas como las billeteras digitales y otros medios electrónicos de pago. El objetivo es facilitar el seguimiento de las operaciones sin excluir a los pequeños productores del sistema comercial. Asimismo, el autor plantea registrar las compras rechazadas por inconsistencias documentales o de procedencia, de modo que esos lotes puedan ser objeto de seguimiento y no simplemente trasladados a otro comprador.
El artículo también aborda la necesidad de reforzar la coordinación entre los países amazónicos. Debido a que el oro puede cruzar fronteras y utilizar distintas rutas comerciales, la aplicación de controles más estrictos en un solo país podría desplazar parte de las operaciones ilegales hacia mercados con exigencias menos rigurosas. La adopción de estándares mínimos comunes permitiría reducir esas diferencias y mejorar la cooperación regional.
En el Perú, la propuesta abre un nuevo ángulo en la discusión sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los mecanismos de formalización: además de supervisar a quienes extraen el mineral, resulta necesario examinar las responsabilidades de quienes lo compran y procesan. El planteamiento apunta a complementar la fiscalización en las zonas mineras con controles comerciales y financieros que dificulten la incorporación de oro ilegal a los circuitos formales.
De acuerdo con esta perspectiva, combatir la minería ilegal exige intervenir en toda la cadena de suministro, desde la extracción hasta la comercialización. Reforzar la verificación de proveedores, la trazabilidad de las operaciones y la coordinación entre autoridades podría ayudar a identificar a los actores que facilitan el ingreso del oro de origen irregular al mercado legal.
