El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepara una reforma de sus procedimientos administrativos con el objetivo de reducir y simplificar cerca de la mitad de los procesos vinculados al desarrollo de proyectos mineros en Perú. La medida busca eliminar trámites considerados innecesarios, agilizar aquellos que puedan simplificarse y acelerar el avance de las inversiones.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que la cartera ha identificado alrededor de 96 permisos y procedimientos que actualmente forman parte de sus procesos administrativos. De ese universo, 27 serían eliminados, mientras que otros 14 podrían pasar a mecanismos simplificados mediante declaraciones juradas y esquemas de aprobación automática.
Entre las medidas que se encuentran en evaluación figura también un régimen simplificado para las actividades de exploración minera, además de mecanismos como la devolución del IGV para proyectos exploratorios y la aplicación del silencio administrativo positivo en determinados trámites. El planteamiento busca que una mayor parte de la fiscalización se concentre durante la etapa operativa de los proyectos.
La reforma se plantea en un contexto en el que Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos de inversión minera, principalmente vinculados con cobre, oro, hierro, zinc y plata. A ello se suman 57 proyectos de exploración, de los cuales alrededor del 40% corresponde al oro, con inversiones estimadas en US$672 millones.
El Minem también evalúa cambios en los mecanismos de formalización de la minería artesanal y de pequeña escala. Shinno indicó que el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) culmina su vigencia a fines de 2026 y que el Gobierno plantea reemplazarlo por un nuevo esquema simplificado, con un periodo de entre uno y dos años para que los inscritos puedan avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones.
Con estas modificaciones, el Gobierno busca reducir los tiempos asociados a los procedimientos administrativos y generar condiciones para que los proyectos mineros puedan avanzar con mayor predictibilidad. La reforma deberá definir qué trámites serán eliminados, cuáles pasarán a esquemas simplificados y cómo se implementarán los nuevos mecanismos de aprobación y fiscalización.
