El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones con el objetivo de acelerar la atención de inversiones públicas en zonas declaradas en emergencia. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 199-2026-EF, publicado el 24 de septiembre, y busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a desastres y situaciones de peligro inminente.
La nueva disposición establece que las inversiones destinadas a atender ámbitos de emergencia dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) podrán ejecutarse mediante Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR), cuando corresponda. Este mecanismo permitirá orientar recursos hacia intervenciones necesarias para recuperar o mantener servicios públicos afectados por eventos naturales.
Uno de los cambios principales consiste en que estas inversiones podrán incorporarse a la cartera del Programa Multianual de Inversiones (PMI) durante la fase de ejecución. De esta manera, las entidades públicas podrán atender determinadas intervenciones sin esperar a que sean incorporadas previamente a la cartera, manteniendo los mecanismos de registro y seguimiento establecidos por el sistema.
La modificación cobra relevancia ante escenarios asociados a lluvias intensas, inundaciones, movimientos sísmicos y otros fenómenos naturales que puedan interrumpir servicios públicos o generar daños en infraestructura. La posibilidad de gestionar inversiones bajo el esquema de IOARR busca facilitar intervenciones de rehabilitación y reposición con mayor rapidez en los territorios afectados.
El decreto también dispone que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del MEF emita las disposiciones necesarias para implementar este mecanismo y comunique las reglas correspondientes a las entidades comprendidas en el sistema. Mientras estas nuevas disposiciones entren en vigencia, las inversiones aprobadas bajo las normas anteriores continuarán rigiéndose por ellas.
Con esta modificación, el Gobierno busca mejorar los mecanismos de inversión pública destinados a responder ante emergencias y reducir los tiempos asociados a la atención de infraestructura y servicios afectados. La medida se produce además en un contexto de preparación frente a posibles impactos climáticos, incluido el escenario previsto por el Fenómeno El Niño, que puede generar nuevas demandas de intervención en infraestructura pública.
