El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) enfrenta importantes desafíos para recuperar dinamismo en los sectores minero y de hidrocarburos, en un escenario marcado por retrasos en proyectos, complejidad de trámites y el avance de actividades informales e ilegales. Un análisis publicado por Dipromin advierte que la cartera deberá abordar estos problemas tanto desde el ámbito regulatorio como desde la fiscalización.
En el sector minero, los proyectos que forman parte de la cartera de inversión registran un tiempo promedio de demora de alrededor de 15 años, según datos citados del Instituto Peruano de Economía (IPE). En hidrocarburos, el escenario también presenta dificultades: desde 2017 no se firma un nuevo contrato de licencia para exploración, mientras el sector espera medidas que permitan reducir los tiempos asociados a trámites y procesos.
Minería ilegal concentra parte del desafío
Uno de los principales problemas identificados es el avance de la minería ilegal, actividad que compite con las operaciones formales y utiliza mecanismos de formalización para dificultar su identificación y control.
Según las estimaciones citadas en el análisis, las exportaciones de oro de origen ilegal podrían superar por primera vez a las legales durante 2026. Además, Julio Velarde señaló que durante el primer semestre las exportaciones de oro ilegal ya representarían alrededor del 50% del total.
Este escenario plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de la cadena del oro, especialmente para diferenciar las actividades de pequeños mineros en proceso de formalización de aquellas operaciones que funcionan al margen de la normativa.
Fiscalización aparece como punto crítico
El análisis plantea que uno de los principales desafíos para el MINEM está relacionado con la capacidad del Estado para fiscalizar y hacer cumplir las normas. La discusión no se limita a crear nuevas regulaciones, sino también a garantizar que las disposiciones existentes puedan aplicarse de manera efectiva.
En este contexto, una eventual renovación de la legislación relacionada con la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) deberá estar acompañada de mecanismos de supervisión y control que permitan reducir los espacios utilizados por operadores ilegales.
La formalización constituye así uno de los procesos relevantes para ordenar el sector, pero requiere diferenciar claramente a quienes buscan incorporarse a la actividad formal de quienes utilizan los mecanismos administrativos para mantener operaciones ilegales.
Hidrocarburos también requieren nuevas inversiones
El desafío del MINEM se extiende además al sector de hidrocarburos. La ausencia de nuevos contratos de licencia para exploración desde 2017 refleja las dificultades que enfrenta el país para atraer nuevas inversiones hacia actividades de exploración y desarrollo de recursos.
La simplificación de procedimientos y la reducción de barreras administrativas aparecen como elementos relevantes para generar mejores condiciones para nuevos proyectos, al mismo tiempo que el Estado debe mantener los estándares técnicos, ambientales y de seguridad correspondientes.
Con estos desafíos, el MINEM tiene por delante la tarea de acelerar la inversión formal, fortalecer la fiscalización y reducir los espacios para la actividad ilegal, tanto en minería como en hidrocarburos. El resultado dependerá de la capacidad institucional para convertir las reformas regulatorias en medidas concretas y verificables.
