El Gobierno peruano prepara una nueva estrategia para fortalecer el control sobre las plantas de procesamiento de oro y avanzar en la lucha contra la minería ilegal. La medida formaría parte de una nueva Ley para la Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), orientada a ordenar el sector y acelerar los procesos de formalización.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, señaló que el Ejecutivo trabaja en una propuesta legislativa que podría ser presentada en un plazo máximo de dos meses. La iniciativa deberá contemplar también la situación de los mineros actualmente inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Uno de los principales objetivos de la nueva normativa será establecer mayores mecanismos de control sobre las plantas que reciben y procesan mineral aurífero. El seguimiento de estas instalaciones resulta relevante debido a que constituyen un punto clave dentro de la cadena de producción y comercialización del oro.
La estrategia busca mejorar la trazabilidad del mineral desde su extracción hasta su procesamiento y posterior comercialización. De esta manera, las autoridades podrían identificar con mayor precisión el origen del oro y detectar posibles operaciones vinculadas con actividades mineras que se desarrollan fuera del marco legal.
Nuevo enfoque para la minería artesanal y pequeña minería
La propuesta de Ley MAPE pretende establecer nuevas reglas para ordenar las actividades de los pequeños productores mineros y facilitar que aquellos que cumplen con las condiciones establecidas puedan incorporarse a la economía formal.
El Gobierno también deberá definir mecanismos para diferenciar a los operadores que buscan completar su proceso de formalización de aquellos que utilizan los registros existentes como cobertura para continuar desarrollando actividades ilegales.
En este contexto, el control de las plantas de beneficio y procesamiento adquiere especial importancia, debido a que permite intervenir en una etapa posterior a la extracción y fortalecer los mecanismos de fiscalización sobre la cadena comercial del oro.
Control y trazabilidad del oro
El fortalecimiento de la trazabilidad constituye uno de los principales desafíos para combatir la minería ilegal. El seguimiento de los volúmenes de mineral procesados, su procedencia y los actores que participan en las distintas etapas de la cadena permitiría mejorar la capacidad del Estado para detectar operaciones irregulares.
La medida también busca reducir los espacios que permiten que mineral proveniente de actividades ilegales ingrese a los circuitos comerciales formales.
Para ello será necesario fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Energía y Minas, las autoridades regionales, los organismos de fiscalización y las entidades encargadas del control financiero y tributario.
Formalización como parte de la estrategia
La nueva legislación no se limitaría a incrementar los controles. También tendría como objetivo acelerar la formalización de los pequeños productores que desarrollan actividades mineras y que cuentan con condiciones para incorporarse al marco legal.
El proceso de formalización enfrenta actualmente importantes desafíos relacionados con requisitos técnicos, ambientales, administrativos y de titularidad de las operaciones. La simplificación de estos procedimientos podría permitir que un mayor número de operadores avance hacia la formalidad.
Sin embargo, el Gobierno deberá mantener mecanismos de fiscalización suficientemente rigurosos para evitar que los instrumentos de formalización sean utilizados por organizaciones dedicadas a la minería ilegal.
La nueva regulación se plantea en un momento en que el Estado busca fortalecer su respuesta frente al crecimiento de las actividades mineras ilegales y mejorar el ordenamiento del sector aurífero.
El control de las plantas de procesamiento, junto con una mayor trazabilidad del mineral y un proceso de formalización más eficiente, podría convertirse en uno de los principales componentes de la nueva estrategia gubernamental.
La propuesta legislativa será presentada en los próximos meses y deberá definir los mecanismos concretos mediante los cuales el Estado busca ordenar la minería artesanal y pequeña minería, controlar la cadena de comercialización del oro y reducir los espacios de operación de la minería ilegal en el país.
