Un reciente informe sobre la evolución de las concesiones mineras en el Perú revela que Apurímac, La Libertad y Áncash tienen actualmente más del 50 % de su territorio concesionado para actividades mineras, un escenario que plantea importantes desafíos para la gestión territorial, el desarrollo de nuevos proyectos y la prevención de conflictos sociales durante el próximo periodo gubernamental.
De acuerdo con el análisis, las concesiones mineras continúan expandiéndose a nivel nacional y ya abarcan alrededor de 22,7 millones de hectáreas, equivalentes al 17,6 % del territorio peruano. Apurímac registra el mayor nivel de concesiones, con aproximadamente el 76,5 % de su superficie comprometida, seguida por La Libertad con 63,1 % y Áncash con 55,1 %. Otras regiones como Lima y Moquegua también presentan porcentajes cercanos al 50 %.
El crecimiento de las áreas concesionadas responde al interés por desarrollar nuevos proyectos de exploración y explotación de minerales estratégicos, especialmente cobre, oro y plata, cuya demanda internacional continúa impulsada por la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, especialistas advierten que la ampliación de las concesiones requiere una adecuada planificación territorial y mecanismos de diálogo que permitan compatibilizar la actividad minera con otros usos del suelo.
El informe señala que el incremento de concesiones podría generar mayores retos para el próximo Gobierno en materia de gobernanza, gestión ambiental y relacionamiento con las comunidades. En este contexto, se considera prioritario fortalecer los procesos de consulta, la coordinación entre autoridades nacionales y regionales, así como la ejecución de proyectos de desarrollo que permitan distribuir de manera más equitativa los beneficios de la actividad minera.
La minería continúa siendo uno de los principales motores de la economía peruana y concentra una cartera de inversiones superior a US$64.000 millones, por lo que garantizar un entorno de estabilidad social y seguridad jurídica será determinante para la continuidad de los proyectos y la atracción de nuevos capitales. El equilibrio entre crecimiento económico, protección ambiental y desarrollo territorial se perfila como uno de los principales desafíos para el sector en los próximos años.
El panorama evidencia la necesidad de consolidar políticas públicas que promuevan una minería responsable, con mayor articulación entre el Estado, las empresas y las comunidades, asegurando que el aprovechamiento de los recursos minerales contribuya al desarrollo sostenible de las regiones y al fortalecimiento de la competitividad del país.
