Especialistas del sector sostienen que el próximo Gobierno debe colocar a la minería en el centro de la agenda nacional, fortaleciendo la institucionalidad, la competitividad y el desarrollo territorial para aprovechar plenamente su potencial como motor del crecimiento económico.
La minería peruana atraviesa un contexto favorable por la creciente demanda mundial de minerales estratégicos; sin embargo, especialistas advierten que el país enfrenta el desafío de convertir ese potencial en desarrollo sostenible mediante una estrategia de largo plazo. En una columna de opinión publicada por El Comercio y reproducida por Dipromin, Víctor Gobitz y Armando Gallegos sostienen que la minería debe dejar de ser gestionada únicamente como un sector económico para convertirse en una política de Estado capaz de articular crecimiento, competitividad y desarrollo territorial.
Los autores señalan que uno de los principales problemas es la falta de continuidad institucional. Como ejemplo, destacan que el Perú ha tenido 22 ministros de Energía y Minas en los últimos diez años, mientras que Chile registró solo ocho durante el mismo período. Esta alta rotación, afirman, ha debilitado la memoria institucional, interrumpido políticas públicas y reducido la confianza de inversionistas, comunidades y gobiernos regionales. Por ello, plantean que la primera prioridad del próximo Gobierno debe ser reconstruir una gobernanza estable, con reglas claras, coordinación multisectorial y mecanismos efectivos para destrabar decisiones de inversión.
El análisis también propone fortalecer el vínculo entre minería y desarrollo territorial. Para ello, sostienen que la inversión minera, el canon y las compras locales deben traducirse en mejoras concretas en infraestructura, acceso al agua, educación, salud, empleo y diversificación productiva. Según los especialistas, la legitimidad de la actividad minera dependerá cada vez más de que los beneficios sean visibles y sostenibles para las poblaciones de las zonas donde se desarrollan los proyectos.
Como tercer eje estratégico, los autores plantean recuperar la competitividad del país. Aunque la inversión minera continúa creciendo, advierten que otros países de la región avanzan a un ritmo mayor debido a marcos regulatorios más predecibles y procesos de autorización más eficientes. En ese contexto, consideran indispensable fortalecer la seguridad jurídica, agilizar los permisos, promover el diálogo temprano con las comunidades y avanzar en una formalización integral de la minería de pequeña escala mediante trazabilidad, asistencia técnica y transparencia comercial. Concluyen que el Perú tiene la oportunidad de transformar la minería en una verdadera fuerza de tracción para financiar el desarrollo nacional, siempre que exista una gestión estratégica sostenida desde el Estado.
