Representantes de organizaciones sociales, comunidades, trabajadores y especialistas hicieron un llamado a impulsar una nueva gobernanza minera que priorice la protección de los ecosistemas, la formalización del sector y una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
Diversas organizaciones sociales y sindicales plantearon que el futuro de la minería en el Perú debe definirse con la participación activa de las comunidades, los trabajadores y los pueblos indígenas, durante el Foro Social: Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería, realizado en Lima como un espacio paralelo al Congreso Mundial de Minería 2026. La iniciativa reunió a dirigentes sociales, especialistas y representantes del sector para debatir propuestas orientadas a construir una minería legal, competitiva y ambientalmente responsable.
Entre los principales planteamientos se destacó la necesidad de fortalecer la formalización minera y recuperar para el Estado el control de una actividad que, según los participantes, ha sido ampliamente capturada por economías ilegales. Durante el encuentro se señaló que la minería ilegal no solo representa un problema ambiental, sino también de seguridad nacional, debido a su impacto sobre los ecosistemas, las comunidades y el financiamiento de organizaciones criminales.
Los asistentes también coincidieron en que la Ley General de Minería, vigente desde la década de 1990, requiere una actualización para responder a desafíos como la expansión de la minería informal, la aparición de minerales estratégicos para la transición energética y la necesidad de fortalecer la gobernanza social y ambiental del sector. Asimismo, se propuso revisar el régimen de concesiones mineras y promover mecanismos que faciliten una formalización sostenible de la minería artesanal y de pequeña escala.
El foro concluyó con un llamado a promover un diálogo nacional que incorpore la protección de los derechos de las personas, la conservación de los ecosistemas y el bienestar colectivo como ejes centrales de la política minera. El pronunciamiento elaborado por las organizaciones participantes será presentado a instituciones del Estado y a las nuevas autoridades con el propósito de impulsar una agenda de reformas orientada a fortalecer la sostenibilidad y la participación en el desarrollo de la actividad minera.
