El empresario minero advirtió sobre el impacto económico, social y ambiental de esta actividad y pidió acciones más firmes para combatir su expansión en diversas regiones del país.
El presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, afirmó que el Estado peruano debe asumir un papel más activo y contundente en la lucha contra la minería ilegal, una actividad que, según señaló, continúa generando graves consecuencias para la economía, el medio ambiente y la seguridad del país.
Durante sus declaraciones, el empresario sostuvo que la minería ilegal representa uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el sector minero peruano, debido a los daños ambientales que ocasiona, la evasión de obligaciones tributarias y su vinculación con actividades ilícitas que afectan a las poblaciones locales.
Benavides señaló que el avance de estas operaciones ilegales perjudica no solo a la minería formal, sino también a las comunidades y al desarrollo económico de las regiones donde se desarrolla esta actividad al margen de la ley.
Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, mediante acciones coordinadas entre las entidades responsables de la fiscalización, el control territorial y la seguridad pública.
El empresario también remarcó la importancia de promover la formalización minera como una herramienta que permita incorporar a pequeños productores al marco legal, garantizando el cumplimiento de estándares ambientales, laborales y de seguridad.
En ese sentido, consideró que la lucha contra la minería ilegal requiere una estrategia integral que combine fiscalización, control efectivo, presencia institucional y generación de oportunidades de desarrollo para las poblaciones involucradas.
Benavides recordó que el Perú cuenta con una industria minera formal que aporta significativamente a la economía nacional a través de inversiones, exportaciones, empleo y recursos para las regiones, por lo que resulta fundamental proteger su sostenibilidad y competitividad.
Las declaraciones se producen en un contexto en el que diversos actores del sector vienen expresando preocupación por el crecimiento de la minería ilegal en distintas zonas del país y por los impactos que esta actividad genera sobre ecosistemas, fuentes de agua y comunidades.
Finalmente, el empresario reiteró que enfrentar este problema exige decisiones firmes y una intervención efectiva del Estado para preservar los recursos naturales, fortalecer la legalidad y garantizar el desarrollo ordenado de la actividad minera en el Perú.
