La minería ilegal en Perú ha dejado de ser un problema concentrado exclusivamente en el oro. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que esta actividad ilícita se está expandiendo con rapidez hacia el cobre, impulsada por los elevados precios internacionales del metal, y que ya podría representar hasta el 5% de las exportaciones cupríferas del país.
En su más reciente evaluación de la economía peruana, el organismo señaló que el crecimiento de la minería ilegal constituye uno de los principales riesgos para las perspectivas económicas de mediano plazo. Según sus estimaciones, una parte significativa de las exportaciones de cobre registradas en 2024 tendría origen en actividades fuera del marco legal.
Tomando como referencia las cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), que reportó exportaciones de cobre superiores a US$ 23,000 millones el año pasado, el cálculo del FMI sugiere que más de US$ 1,150 millones podrían estar vinculados a producción ilegal.
La preocupación del organismo radica en que el fenómeno, históricamente asociado a la extracción aurífera, está avanzando sobre el principal producto minero del país. Perú es actualmente el tercer productor mundial de cobre y cuenta con una cartera de proyectos mineros valorizada en alrededor de US$ 64,000 millones, considerada clave para sostener el crecimiento económico en los próximos años.
El FMI advirtió que la expansión de la minería ilegal genera incertidumbre para los inversionistas, afecta la competitividad del sector formal y podría retrasar el desarrollo de nuevos proyectos. Según el organismo, el avance de dichas inversiones podría elevar el crecimiento potencial de la economía peruana entre 0.5 y 1 punto porcentual.
Presencia creciente en zonas mineras
El análisis revela que la actividad ilegal se aceleró tras la pandemia y registró un fuerte crecimiento durante 2024. Entre 2018 y 2024, la probabilidad promedio de presencia de minería ilegal en los distritos del país aumentó 7.8 puntos porcentuales, y más de la mitad de ese incremento ocurrió entre 2023 y 2024.
La expansión se concentra principalmente en la Amazonía y en zonas andinas donde existen operaciones de oro y cobre. Además, el organismo advierte que la minería ilegal está penetrando cada vez más en áreas donde ya operan compañías formales.
De hecho, más del 80% de los distritos con actividad minera legal presentan una probabilidad superior al 50% de registrar también operaciones ilegales, según el informe.
Riesgo para la economía y el sistema financiero
El FMI también destacó el impacto de esta actividad sobre el sistema financiero. Entre 2020 y 2024, el valor de los reportes de operaciones sospechosas relacionadas con minería ilegal recibidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS equivalió, en promedio, al 1% del Producto Bruto Interno (PBI) por año.
Según el organismo, las redes criminales utilizan empresas formalmente constituidas, comercializadoras y plantas de procesamiento autorizadas para introducir minerales de origen ilegal en los canales legales de comercialización y lavar ganancias ilícitas.
El reporte señala además que las propias autoridades peruanas consideran actualmente a la minería ilegal como la principal actividad ilícita del país y el mayor riesgo para el lavado de activos y los flujos financieros ilegales.
Reinfo bajo cuestionamiento
El FMI también puso bajo observación al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo implementado en 2016 para facilitar la formalización de pequeños productores mineros.
De acuerdo con el organismo, las sucesivas ampliaciones de los plazos de formalización y las limitaciones en la supervisión estatal han generado una «zona gris» que permite a operadores ilegales ampararse en el registro para continuar realizando actividades fuera de la legalidad.
Ante este escenario, el FMI recomendó fortalecer la fiscalización de toda la cadena de suministro minera, cerrar vacíos normativos y reforzar las capacidades del Estado en materia de seguridad, control financiero y lucha contra la corrupción.
Para el organismo, contener el avance de la minería ilegal es una tarea urgente, ya que su expansión amenaza la inversión minera formal, la generación de empleo, la seguridad ciudadana y la estabilidad económica e institucional del país.
