Día: 13 de mayo de 2026

La minera británica Nativo Resources informó la definición de un objetivo de exploración bajo el estándar internacional JORC (2012) para los sistemas de vetas Bonanza, Tesoro, Tesoro 1 y Morrocota, ubicados dentro de su concesión Tesoro, en la región de Arequipa. La compañía destacó que este avance representa un paso importante para evaluar el potencial aurífero del proyecto.

De acuerdo con las estimaciones preliminares de la empresa, el proyecto podría contener entre 6.686 y 195.434 onzas de oro, asociadas a un volumen de roca mineralizada estimado entre 79.051 y 316.200 toneladas. Además, la minera identificó aproximadamente 6.200 metros de vetas aflorantes en superficie, estructuras visibles donde se concentra la mineralización aurífera.

El director ejecutivo de Nativo Resources, Stephen Birrell, señaló que los resultados obtenidos refuerzan la confianza de la compañía en el potencial de crecimiento del proyecto. Según indicó, las altas leyes identificadas respaldan la posibilidad de desarrollar una producción significativa de oro en distintas vetas dentro de la concesión.

La compañía explicó que las estructuras mineralizadas identificadas presentan espesores estimados entre 5 y 20 centímetros. Sin embargo, precisó que un objetivo de exploración bajo estándar JORC corresponde únicamente a una evaluación conceptual temprana, por lo que todavía no existe información suficiente para definir un recurso mineral formal ni confirmar viabilidad económica.

En ese contexto, la empresa indicó que la siguiente etapa del proyecto estará enfocada en desarrollar una estimación de recursos minerales conforme al estándar JORC, avanzando hacia evaluaciones más detalladas que permitan determinar el verdadero potencial productivo de la concesión Tesoro.

A inicios de este año, Nativo Resources ya había informado resultados positivos de muestreo superficial en las vetas de la concesión, validando registros históricos y respaldando su estrategia para reiniciar operaciones en la mina Bonanza. Los trabajos incluyeron excavación de zanjas, rehabilitación de labores subterráneas e identificación de nuevas zonas con potencial aurífero.

El programa de exploración de la minera abarca cerca de 400 hectáreas e incluye actividades de mapeo geológico, análisis geoquímico y muestreo sistemático en superficie y labores subterráneas. Hasta el momento, la empresa ha recolectado unas 250 muestras superficiales y más de 150 muestras subterráneas en la mina Bonanza, con el objetivo de caracterizar las leyes de mineralización presentes en las vetas.

A partir de los resultados obtenidos, la compañía identificó tres zonas clave dentro del sistema de vetas: Bonanza, Tesoro 1 y Tesoro, además del sector Morrocota. Según Stephen Birrell, las leyes registradas en la veta Bonanza serían suficientes para respaldar el reinicio de la explotación, mientras que otras zonas cercanas también muestran potencial para el desarrollo de nuevos yacimientos auríferos.

La minería ilegal en Perú continúa expandiéndose y consolidándose como una de las principales amenazas económicas, ambientales y de seguridad del país. Durante 2025, las exportaciones de oro de origen ilegal superaron los US$11.500 millones, una cifra que representa un crecimiento de 55% respecto al año anterior y multiplica por 6,5 el valor registrado hace una década.

El crecimiento de esta actividad también se refleja en el sistema penal y financiero. Las denuncias relacionadas con minería ilegal registradas por el Ministerio Público pasaron de 1.266 en 2021 a 2.601 en 2025. Las regiones más afectadas fueron La Libertad, Cajamarca y Madre de Dios, donde el incremento de casos ha sido particularmente acelerado en los últimos años.

En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas vinculados a minería ilegal presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, cuadruplicando el monto registrado durante 2024. En comparación con otros delitos, el crecimiento de estos reportes ha sido considerablemente mayor, evidenciando la creciente dimensión económica de esta actividad ilícita.

Especialistas atribuyen esta expansión principalmente a dos factores. El primero es el fuerte aumento del precio internacional del oro, que durante 2025 superó los US$4.500 por onza, elevando significativamente la rentabilidad de la minería ilegal. El segundo es la limitada capacidad del Estado para ejercer control efectivo sobre territorios donde convergen distintas economías ilícitas, como ocurre en zonas de Pataz y Tambopata.

Las consecuencias no solo afectan al medio ambiente y a la recaudación fiscal. El avance de la minería ilegal también ha comprometido inversiones formales superiores a US$12.000 millones, incluyendo proyectos como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira. A ello se suma la pérdida de competitividad minera del país, reflejada en el retroceso de Perú dentro del ranking del Instituto Fraser.

Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía (IPE) evaluó las propuestas de los partidos con mayores posibilidades de avanzar a una segunda vuelta presidencial: Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El análisis consideró siete ejes prioritarios relacionados con formalización minera, fiscalización, trazabilidad, presencia estatal y cooperación interinstitucional. Según el estudio, Fuerza Popular presenta iniciativas en seis de esos ejes, mientras que Juntos por el Perú aborda dos.

Pese a las diferencias entre ambas agrupaciones, ninguna plantea eliminar el REINFO ni establecer plazos definitivos para la formalización minera, pese a que solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de una década. Además, Juntos por el Perú propone impulsar cooperativas y parques mineros bajo administración estatal, además de una mayor intervención del Estado en la comercialización del oro. Analistas advierten que, sin mecanismos sólidos de trazabilidad y control, estas medidas podrían terminar facilitando la legitimación del oro ilegal en lugar de reducir su expansión.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), supervisó el vaciado de concreto del reservorio Las Palmas, como parte del proyecto de agua potable y alcantarillado de los esquemas José Gálvez y Villa Alejandro, que beneficiará a más de 159 000 vecinos de Villa María del Triunfo, Pachacamac y Lurín.

El reservorio tiene una capacidad de 2000 metros cúbicos y está destinado al almacenamiento y regulación de agua para abastecer exclusivamente su área de servicio proyectada, denominada AP-8. Además, será alimentada mediante una línea de impulsión proveniente de la cisterna proyectada C-Palmas, así como por una línea de conducción que llegará desde la nueva cámara de ingreso 315-452.

Entre sus componentes, la estructura hidráulica de tipo apoyado incluye casetas de válvulas, caseta del operador, caseta de telemetría y cerco perimétrico, convirtiéndose en un elemento clave para el abastecimiento de agua de Lima Sur.

Durante la inspección se reportó que, hasta abril del 2026, las obras civiles alcanzan un 52,99 % de avance, mientras que el equipamiento hidráulico, electromecánico y comunicaciones registra un 37,86 % de avance, cifras que mantienen la tendencia positiva del proyecto.

“El vaciado de concreto del reservorio Las Palmas es un hito concreto de que las obras avanzan a buen ritmo y con estándares técnicos exigentes. Esta infraestructura, junto con las redes de agua y desagüe que ya se ejecutan, cambiará la calidad de vida de los habitantes de Lima Sur”, señalaron desde el Ministerio de Vivienda.

El proyecto integral, cuya culminación está prevista para agosto del 2027, incluye la instalación de 6587 nuevas conexiones de agua potable, 1008 conexiones mejoradas, 5738 nuevas conexiones de alcantarillado y 1508 conexiones mejoradas, así como más de 70 kilómetros de redes secundarias, estaciones de bombeo y reservorios.

Asimismo, contempla la planificación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cuya gestión del terreno ya se coordina con Sedapal.

De esta manera, el MVCS reafirma su compromiso con el cierre de brechas en saneamiento, por medio de acciones que garanticen el acceso al agua y alcantarillado de las poblaciones más vulnerables, mejorando sus condiciones de salubridad y calidad de vida.

Con el objetivo de impulsar acciones concretas para recuperar la transitabilidad y la atención integral de la vía que conecta las regiones de Cusco y Madre de Dios, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora regional de Madre de Dios, Lisett Revollar Cáceres, así como con alcaldes de la provincia del Manu y del distrito de Fitzcarrald.

En la reunión también participaron el viceministro de Transportes, Juan del Carmen Haro Muñoz, y el director ejecutivo de Provías Descentralizado, César Alvis Tafur, junto a autoridades regionales y locales, quienes abordaron la problemática del corredor vial alimentador N° 04 Pisac (Cusco) – Nuevo Edén (Madre de Dios), una vía fundamental para la integración territorial, el desarrollo económico y la conectividad de cientos de familias de ambas regiones.

Durante la jornada, se informó que, debido a las constantes inundaciones en la zona, la vía se ha visto afectada. Ante esta situación, las autoridades lograron establecer una ruta de solución conjunta. Como parte de los acuerdos alcanzados, el Gobierno Regional de Madre de Dios realizará la transferencia física contable del corredor vial alimentador N° 04, posteriormente se gestionará un convenio que permitirá garantizar la continuidad de los servicios, la atención de emergencias y el mantenimiento de la carretera en beneficio de la población.

El ministro Aldo Prieto Barrera reafirmó el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), de trabajar de manera articulada con las autoridades regionales y locales para asegurar una conectividad segura, eficiente y sostenible, especialmente en zonas estratégicas para el desarrollo social y económico del país.

Por su parte, la gobernadora regional destacó la importancia de esta coordinación interinstitucional para atender las demandas de las provincias y distritos beneficiados por esta importante vía de integración entre Cusco y Madre de Dios.

Las autoridades coincidieron en que el trabajo conjunto permitirá avanzar hacia una solución definitiva que mejore las condiciones de transitabilidad, fortalezca la integración regional y garantice una mejor calidad de vida para la población de ambos departamentos.