Día: 17 de abril de 2026

En una declaración inesperada por el sector, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, aseguró que le prometió a Gustavo Petro que los estudios del tren interoceánico quedarán listos antes del 7 de agosto, es decir, previo al fin de su mandato presidencial en Colombia.

Según dijo el funcionario en un programa de la Presidencia de la República, emitido el pasado 8 de abril, esta es una posibilidad que se haría de forma rápida. No obstante, en una respuesta oficial posterior a Valora Analitik, la entidad aclaró que solo se concretarán los primeros estudios.

¿Qué dijo el presidente de la ANI del tren interoceánico de Petro?

En su declaración, presidente de la ANI explicó que, actualmente, el megaproyecto sigue en estudios iniciales (de prefactibilidad), los cuales están a cargo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y registran un avance del 90 %.

“Estamos esperando que la UPIT nos haga entrega de este importante corredor, que es el interoceánico, que conecta al Pacífico con el Atlántico. Estamos hablando de dos puertos y una vía férrea”, anotó Torres en la entrevista, tal como se ve a continuación.

Y añadió: “La buena noticia es que le dimos la palabra al presidente Gustavo Petro es que antes de que finalice su periodo de gobierno va a estar estructurado. Va a estar a nivel de factibilidad. Estamos esperando que la UPIT nos los entregue para nosotros llevarlo rápidamente a factibilidad”.

Torres cerró diciendo que este es un proyecto clave, que le dará a Colombia “ventaja competitiva, porque tendremos la oportunidad de conectar los dos océanos, a través de dos puertos y también conectar esos dos océanos con una vía férrea, que es el modo más eficiente en la movilidad de carga”.

Aclaración del presidente de la ANI sobre estudios del megaproyecto

A pesar de lo anterior, en una respuesta enviada a este medio, la entidad dijo que la afirmación a la que hizo referencia el presidente de la ANI “corresponde a la etapa de prefactibilidad del proyecto de corredor interoceánico que viene siendo adelantada por la UPIT”.

Y añadió: “En ese sentido, la meta institucional es que esa fase quede culminada antes de que finalice la actual administración”, pese a que en su entrevista repitió dos veces que la intención del Gobierno era dejar el tren interoceánico a nivel de factibilidad, es decir, con todos sus estudios culminados.

De hecho, expertos del sector consultados por este medio aseguraron que la promesa planteada inicialmente era imposible de cumplir, particularmente porque terminar de estructurar el proyecto podría tomar al menos un año adicional.

De hecho, indicaron que la sola UPIT se ha demorado más de dos años para terminar la primera etapa de estudios de esta iniciativa. Inicialmente, la entidad preveía dejar lista la etapa de prefactibilidad a finales de 2024, pero este es el momento en que no la ha culminado.

Con esto en mente, agregaron que unos estudios de factibilidad se demoran al menos ocho o nueve meses para ser ejecutados, cuando son obras de baja envergadura. Pero cuando se trata de megaproyectos como un corredor interoceánico, los plazos pueden multiplicarse por dos o tres.

En ese sentido, la promesa de que los estudios del tren interoceánico quedará listo antes del 7 de agosto no sería viable de cumplir. En su lugar, lo que sí podría pasar, es que, en los próximos cuatro meses, la ANI adjudique los estudios definitivos o de factibilidad y estos se sigan realizando después de que el Gobierno Petro deje la Casa de Nariño.

Eso sí, en la respuesta oficial, la ANI no aclaró si este nuevo paso se dará en los próximos meses o, en su lugar, si será tarea del nuevo presidente que elijan los colombianos en las urnas.

La secretaria de Planeación de Bogotá, Úrsula Ablanque, anunció que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) comenzará a emitir certificados de construcción y desarrollo para la subasta de suelo.

Según dijo la funcionaria en la Asamblea Anual de Camacol Bogotá & Cundinamarca, donde Valora Analtik es medio aliado, a partir del próximo 20 de abril, en el marco de un proceso que proyecta 7.438 unidades de vivienda y 287.517 certificados estimados.

El mecanismo de certificados de construcción es una herramienta de financiación de renovación urbana que permite a propietarios de suelo en zonas de desarrollo participar en proyectos de vivienda mediante la cesión anticipada de derechos edificatorios.

La entidad modificó su cronograma mediante la adenda número 7, con el fin de ampliar el plazo para la emisión de certificados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, atendiendo necesidades operativas del proceso.

Cronograma clave

Según el reglamento vigente, las etapas restantes del proceso se desarrollarán así: el 23 de abril RenoBo publicará el valor nominal de los certificados, de acuerdo con el Índice de Valorización Inmobiliaria Urbano.

El 27 de abril vence el plazo para la presentación de ofertas en sobre sellado y el aporte de garantía de seriedad, fecha que marca la ejecución formal de la subasta.

La adjudicación de tramos y notificación a los oferentes se realizará el 12 de mayo, posterior al cierre de recepción de ofertas. El pago de los certificados adjudicados deberá efectuarse a más tardar el 27 de mayo, una vez notificada la adjudicación.

La expedición de la constancia de titularidad está prevista para el 3 de junio, tras verificarse el recaudo de los recursos correspondientes, y el cambio de titularidad en el sistema de registro y control se completará el 9 de junio.

Camacol Bogotá & Cundinamarca cerró su Asamblea Anual con un diagnóstico preocupante y una hoja de ruta para quien llegue a la Casa de Nariño en 2026.

Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol, usó el espacio para trazar el estado crítico del mercado de vivienda y anticipar las propuestas que el gremio llevará a los candidatos presidenciales.

El primer foco de alerta fue el volumen de desistimientos en vivienda de interés social. Según las cifras presentadas por Herrera, las unidades acumuladas de desistimientos en el segmento VIS ascienden a 32.002 viviendas y 9.669 VIP.

Dos factores explican el fenómeno: “La parálisis del programa Mi Casa Ya y los nuevos requisitos que terminaron afectando a familias que ya estaban en proceso de compra”, dijo Herrera en la asamblea donde Valora Analitik fue medio aliado.

Sus efectos se distribuyen en cuatro frentes: encarecimiento del arriendo ante la menor oferta de vivienda nueva, inflación persistente en el mercado inmobiliario, destrucción de empleo formal e informalización del sector, y caída de la inversión en construcción residencial.

Salario mínimo y MiPymes: la presión sobre los costos

Frente al impacto del alza del salario mínimo, el presidente del gremio fue preciso: los costos de construcción para un proyecto nuevo se incrementarían entre 10 % y 15 %. El dato cobra especial relevancia si se considera que el 90 % de las empresas del sector son MiPymes, con menor capacidad de absorber ese tipo de choques.

Herrera también advirtió sobre lo que calificó como el problema más importante del sector: la carrera perdida contra la informalidad urbana. Citó un informe de la Cepal de 2024 que registra un estancamiento en la reducción de asentamientos precarios en la región, una señal de que la política de vivienda formal no está ganando terreno frente al crecimiento informal de las ciudades.

Cinco propuestas para el próximo gobierno

Con ese diagnóstico sobre la mesa, Camacol anunció que prepara una propuesta formal de política de vivienda dirigida a los candidatos presidenciales. Herrera presentó cinco ejes iniciales, pero la lista se ampliará:

El primero es una versión renovada de Mi Casa Ya —denominada Mi Casa Ya 2.0— diseñada para reducir el costo fiscal para el Estado y ampliar la cobertura a más hogares. El segundo es un programa de reactivación que incluya cobertura a la tasa tanto para vivienda VIS como no VIS. El tercero apunta a recuperar los incentivos de las cuentas AFC y otros instrumentos orientados a fortalecer el ahorro y facilitar la compra de vivienda. El cuarto promueve nuevos modelos de negocio, en particular el arrendamiento especializado y la internacionalización del sector. El quinto plantea apostar por ciudades ordenadas y sostenibles, con habilitación de suelo urbanizable e incentivos de renovación urbana.

Nueva Junta Directiva 2026-2027

En paralelo al debate sectorial, la Asamblea eligió los 16 integrantes de la nueva Junta Directiva de Camacol Bogotá y Cundinamarca para el periodo 2026-2027, con la participación de más de 620 empresarios.

El gremio destacó que la nueva conformación busca fortalecer la representación de toda la cadena de valor del sector edificador de cara a los retos del próximo bienio.

Durante décadas, el debate sobre el ordenamiento productivo del territorio colombiano ha estado atravesado por una premisa que se repite con tal frecuencia que ha adquirido casi el estatuto de verdad incuestionable: la minería y la agricultura son actividades incompatibles, y la expansión de la primera ocurre necesariamente a expensas de la segunda. Una investigación de impacto económico y social elaborado por EConcept sobre el proyecto minero Quebradona, ubicado en el municipio de Jericó, Antioquia, aporta evidencia estadística que obliga a revisar esa premisa con rigor.

La investigación incluye la visión y análisis de EConcept, consultora liderada por Juan Carlos Echeverry, Andrés Escobar, Tomás González y Mauricio Santamaría, así como de Samuel Suesca de la Universidad Eafit.

El análisis, que cruza datos de producción agropecuaria con la presencia de actividad minera en municipios colombianos, encuentra una correlación positiva de 0,217 entre la existencia de minería de cobre y los niveles de producción agrícola. De esta manera, los municipios cupríferos y petroleros registran, en promedio, niveles de producción agropecuaria superiores al promedio nacional. La excepción estadísticamente significativa es la minería de oro ilegal, que sí muestra una relación negativa con el desarrollo agrícola, un matiz relevante en un departamento como Antioquia, donde esa actividad tiene presencia extendida y donde con frecuencia se generaliza indebidamente el impacto de la minería informal al conjunto del sector.

Este resultado tiene implicaciones de política pública que trascienden al proyecto Quebradona. Sugiere que el marco regulatorio y los instrumentos de ordenamiento territorial deberían distinguir con mayor precisión entre tipologías mineras —por escala, por formalidad, por mineral— en lugar de aplicar criterios de exclusión sectorial de alcance general.

La evidencia apunta a que la minería industrial de estándares elevados no solo coexiste con la agricultura, sino que puede generar condiciones —infraestructura, demanda local, ingresos fiscales municipales— que favorecen su desarrollo.

Jericó y su gran potencial con Proyecto Quebradona

El municipio de Jericó ofrece el caso más ilustrativo de lo que el estudio denomina «triple especialización» territorial. En la última década, el valor agregado per cápita del municipio creció a una tasa anual del 5,4 %, superando holgadamente los promedios departamental y nacional. Ese dinamismo no fue producto de un único sector sino de una transformación productiva simultánea en tres frentes.

El aguacate Hass pasó de una participación marginal a representar el 18,5 % de la producción agrícola regional en 2024, consolidando a Jericó como uno de los municipios más relevantes del sudoeste antioqueño en agricultura de exportación. En paralelo, el sector turístico registró un crecimiento del 163% en el número de agentes prestadores de servicios entre 2019 y 2025, impulsado en parte por la declaratoria de Jericó como Patrimonio Cultural de la Nación y por el posicionamiento de su oferta de turismo religioso y de naturaleza. La expectativa del desarrollo minero ha operado, en ese contexto, no como una amenaza sobre los otros dos motores sino como un elemento adicional que ha atraído inversión, atención institucional y mejoras de conectividad.

Esto pues el Proyecto Quebradona es, en términos técnicos, un yacimiento de pórfido andino con reservas probables de aproximadamente 1,47 millones de toneladas de cobre contenido. Su diseño contempla minería subterránea mecanizada mediante el método de sublevel caving, con una vida útil inicial de 19 años y una producción estimada de entre 60.000 y 88.000 toneladas de cobre fino anuales. Un rasgo técnico distintivo, con implicaciones directas sobre la compatibilidad ambiental con la actividad agrícola circundante, es el grado de electrificación del 80 % en sus equipos de cargue, acarreo y ventilación. Dado que la matriz eléctrica colombiana es predominantemente hidroeléctrica, esta configuración permitiría reducir en un 80 % las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de cobre producida frente a diseños convencionales, lo que posiciona al proyecto dentro de los estándares más exigentes de descarbonización operativa a nivel global.

La dimensión hídrica es el punto de mayor sensibilidad en la relación entre el proyecto y el sector agrícola. El suroeste antioqueño es una región con vocación cafetera y aguacatera que depende de una hidrología estable, y cualquier alteración de los sistemas de acuíferos y cuencas tendría consecuencias directas sobre la producción agropecuaria. Es precisamente por eso que el estudio ve en esta situación una recomendación de gobernanza central: la implementación de un sistema de monitoreo hidrogeológico en tiempo real con acceso público, que permita a los sectores agrícola y turístico verificar de manera continua e independiente el comportamiento de los recursos hídricos durante toda la vida operativa de la mina. La transparencia en ese frente es, según los autores, la condición ‘sine qua non’ para que la coexistencia sectorial sea sostenible y no quede reducida a una promesa sin respaldo técnico verificable.

Más allá de la compatibilidad productiva, el estudio cuantifica los mecanismos a través de los cuales la actividad minera puede fortalecer activamente el desarrollo agropecuario del territorio: las compras nacionales del proyecto dinamizarían 12 sectores de la economía mediante encadenamientos productivos estimados en $11,5 billones constantes de 2026, con impactos en comercio, servicios públicos e industria manufacturera que se traducen en mayor capacidad de consumo local.

En términos de empleo, la actividad inducida generaría 68.064 puestos de trabajo adicionales a nivel nacional entre 2029 y 2051, mientras que en la fase operativa la mina demandaría 767 empleos directos, de los cuales el 42,2 % provendría de la fuerza laboral local, con salarios significativamente superiores al promedio regional. Un mercado laboral más dinámico y mejor remunerado es, en la práctica, un factor que sostiene la demanda de bienes agrícolas producidos localmente y que puede reducir la migración rural que históricamente ha debilitado la disponibilidad de mano de obra en el campo antioqueño.

Regalías, impacto en comunidades y otros datos del estudio

Las regalías y el impuesto predial que recibiría Jericó constituyen el canal más directo de transferencia de valor desde el subsuelo hacia el desarrollo territorial. Las asignaciones directas de regalías sumarían $207.400 millones constantes de 2026 en valor presente, con un flujo anual máximo de $50.500 millones proyectado para 2038.

Esos recursos, canalizados con criterios de inversión bien diseñados, podrían financiar infraestructura de riego, vías terciarias, centros de acopio y programas de asistencia técnica agropecuaria que hoy son cuellos de botella para la competitividad del sector en la región. El estudio propone, en este sentido, que los mecanismos de inversión social derivados de los excedentes mineros queden blindados jurídicamente desde el inicio, para evitar que la volatilidad política municipal comprometa la continuidad de programas estructurales de largo plazo.

El efecto conjunto de estas medidas reduciría el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) en 10,8 puntos porcentuales, una caída del 47,8 % que equivale a más de 12 años de avance departamental en un solo horizonte de proyecto.

La metodología empleada para estimar estos impactos merece una mención específica porque condiciona la solidez de las conclusiones.

A diferencia de los estudios convencionales que utilizan proyecciones determinísticas construidas sobre un escenario único de precios y costos, EConcept aplicó simulaciones de Monte Carlo con 4.000 iteraciones, incorporando la variabilidad probabilística del precio internacional del cobre, el oro y la plata, la tasa de cambio, los costos de inversión —CAPEX— y los costos operativos —OPEX—, así como parámetros técnicos como la ley del mineral y la recuperación metalúrgica. Este enfoque permite presentar los resultados como distribuciones de probabilidad con sus percentiles correspondientes, haciendo visible el rango real de escenarios posibles en lugar de una cifra puntual que suele transmitir una falsa precisión. El modelo además captura interacciones entre variables que los análisis lineales omiten: por ejemplo, que un retraso regulatorio de tres años erosiona el valor presente de los beneficios fiscales de forma más profunda que una caída moderada en los precios internacionales del cobre, lo que convierte la certeza jurídica en una variable económica de primera importancia.

En el fondo, lo que el estudio plantea es una reconceptualización del desarrollo territorial en municipios con vocación múltiple. La pregunta relevante no es si Jericó debe ser minero o agrícola, sino en qué condiciones institucionales, ambientales y de gobernanza puede serlo simultáneamente y garantizar su sostenibilidad presente y futura.